logo
 

Pedro Ramírez Pinto con GENDARMERÍA DE CHILE Rol: C5475-20

Consejo para la Transparencia, 05/01/2021

Se rechaza el amparo deducido en contra de Gendarmería de Chile, sobre el número de personas recluidas en recintos penitenciarios de Gendarmería, que provengan de las poblaciones/villas/barrios que se indica, y sus respectivos delitos, desagregada por tipo de régimen de reclusión, situación procesal y situación de reincidencia criminógena. Lo anterior, en atención a que no se disponen de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano en orden a que se trata de información que no obra en su poder, en el formato y con el nivel de detalle requerido. Además, se ha acreditado que la satisfacción del requerimiento en la forma pedida no implica una simple o fácil labor de acopio o levantamiento de datos sino el despliegue de esfuerzos que configuran la causal de reserva de distracción indebida de los funcionarios del órgano, atendida la cantidad de tiempo y recursos humanos que plausiblemente han de dedicarse a la sistematización de información en la forma requerida.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento

Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C5475-20

Entidad pública: Gendarmería de Chile

Requirente: Pedro Ramírez Pinto

Ingreso Consejo: 03.09.2020

RESUMEN

Se rechaza el amparo deducido en contra de Gendarmería de Chile, sobre el número de personas recluidas en recintos penitenciarios de Gendarmería, que provengan de las poblaciones/villas/barrios que se indica, y sus respectivos delitos, desagregada por tipo de régimen de reclusión, situación procesal y situación de reincidencia criminógena.

Lo anterior, en atención a que no se disponen de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano en orden a que se trata de información que no obra en su poder, en el formato y con el nivel de detalle requerido.

Además, se ha acreditado que la satisfacción del requerimiento en la forma pedida no implica una simple o fácil labor de acopio o levantamiento de datos sino el despliegue de esfuerzos que configuran la causal de reserva de distracción indebida de los funcionarios del órgano, atendida la cantidad de tiempo y recursos humanos que plausiblemente han de dedicarse a la sistematización de información en la forma requerida.

En sesión ordinaria N° 1146 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5475-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 23 de julio de 2020, don Pedro Ramírez Pinto solicitó a Gendarmería de Chile la siguiente información: "Número de personas recluidas en recintos penitenciarios de Gendarmería a la fecha que provengan de las siguientes poblaciones/villas/barrios (Ver documento anexo N° 1) y sus respectivos delitos. La información se pide desagregada por tipo de régimen de reclusión, situación procesal y situación de reincidencia criminógena".

Observaciones: "La información solicitada corresponde a datos que obran en poder de la Unidad de Investigación Criminológica de la Dirección Nacional de Gendarmería, tal como este mismo solicitante pudo corroborar el año 2012 al recibir respuesta satisfactoria a la solicitud AK006W-0000420. En esa oportunidad, frente a una petición muy similar a ésta, obtuvimos como respuesta el documento que se anexa en la presente solicitud (ver documento anexo N° 2), a modo de referencia. Lo que se pide, es que se pueda dar una respuesta similar, actualizada según los parámetros mencionados previamente en esta solicitud".

2) RESPUESTA: El 20 de agosto de 2020, Gendarmería de Chile respondió a dicho requerimiento señalando, en resumen, que la información no se encuentra disponible en la estructura ni en el formato solicitado; sin perjuicio de lo anterior, se envía adjunto archivo MS Excel, que contiene el de total de internos recluidos al 31-07-2020 que declaran tener domicilio en alguna de las comunas solicitadas en anexo, incluyendo las variables disponibles para envío.

En ese sentido, indica que los documentos disponibles referentes a "situación de reincidencia criminógena", es lo disponible y publicado en la página web institucional, que se encuentra en el siguiente vínculo https://www.gendarmeria.gob.cl/publi_esta.html, en el título "Estudios de Reincidencia".

3) AMPARO: El 3 de septiembre de 2020, el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada. Alega que "se solicitó información respecto a poblaciones/villas específicas (indicadas en un anexo), pero la institución entregó los datos respecto a comunas completas. La Fundación CIPER ya había solicitado la misma información sobre villas/poblaciones en dos ocasiones anteriores (2009 y 2012) y Gendarmería contestó de acuerdo a lo solicitado en ambas oportunidades. Se adjunta respuesta del año 2012 a modo de ejemplo".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional del Gendarmería de Chile, mediante Oficio N° E16218, de 25 de septiembre de 2020, solicitando que: (1°) considerando lo expuesto por la parte reclamante y la respuesta proporcionada por el órgano que Ud. representa, aclare si la información requerida obra en su poder, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (2°) se refiera a las circunstancias de hecho que hacen procedente la denegación de la información solicitada; (3°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información requerida; y, (4°) en el evento de pretender complementar la respuesta inicialmente otorgada, remítasela directamente a la parte recurrente, con copia a este Consejo, a fin de evaluar la finalización del presente amparo, a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC). Lo anterior, tarjando previamente los datos personales de terceros que pudiere contener, como; por ejemplo, el número de cédula nacional de identidad u otro dato personal de contexto, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada.

Mediante Ord. N° 1286, de 21 de octubre de 2020, Gendarmería de Chile presentó sus descargos en esta sede señalando, en síntesis, que el Servicio cumplió con la entrega de la información requerida, en el formato que obraba en su poder y en el periodo más reciente que fue posible.

Informa que, de acuerdo con las modificaciones internas del Servicio, en la actualidad no existe la Unidad de Investigación Criminológica, toda vez que mediante la Resolución Exenta N° 860 de fecha 8 de febrero de 2018, se estableció la organización interna y fijó las tareas del actual Departamento de Estadísticas y Estudios Penitenciarios, por lo tanto, la Unidad mencionada por el requirente se ha modificado.

Agrega, que la información proporcionada en el año 2012 obedeció a una intervención de los datos con que cuenta el Sistema de Internos del Servicio, toda vez que en el ingreso de información aparece un campo abierto denominado "Dirección, Población, Comuna". En virtud de ello se proporcionó oportunamente la base de datos de los internos recluidos al 31 de julio de 2020, señalando comuna (dato certero con que cuenta la Institución), región y Establecimiento Penitenciario, para obtener la villa o el barrio se requiere trabajar todas las direcciones, estableciendo parámetros de búsquedas, y en ciertas ocasiones ver el caso a caso, entendiendo que la forma de ingreso de la información puede ser incompleta.

Así las cosas, al revisar el consolidado de la información proporcionada, se puede observar que, para lograr la creación de la base de datos solicitada, se deben revisar más de 20 mil datos en el Sistema de internos, motivo por el cual estima que procede la aplicación de la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 1 letra c) de la ley 20.285. acompaña cuadro con número de internos condenados e imputados, que en total corresponden a 14.121.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, lo solicitado corresponde a información estadística sobre el número de personas recluidas en recintos penitenciarios de Gendarmería, que provengan de las poblaciones/villas/barrios que se indica, y sus respectivos delitos, desagregada por tipo de régimen de reclusión, situación procesal y situación de reincidencia criminógena. Luego, el amparo se funda en la respuesta negativa otorgada por Gendarmería de Chile, quien manifestó que la información requerida no obra en su poder en formato y con el nivel de desagregación requerido, y su elaboración implicaría una distracción indebida de sus funciones.

2) Que el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional".

3) Que, en primer lugar, en cuanto a la alegación de inexistencia invocada por el órgano, cabe señalar que a partir de la decisión de amparo Rol C533-09, este Consejo ha razonado que la información cuya entrega puede ordenar, debe contenerse "en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos" o en un "formato o soporte" determinado, según dispone el inciso segundo del artículo 10 de la Ley de Transparencia. Por tal motivo, y no existiendo antecedentes que permitan desvirtuar lo expuesto por la reclamada en esta sede, no resulta procedente requerir al órgano que haga entrega de información que, de acuerdo con lo señalado, no obraría en su poder por no existir en el formato y con el nivel de detalle requerido. Lo anterior no se ve alterado por la circunstancia de que, en el año 2012, frente a una solicitud similar, el organismo hubiese entregado información como la reclamada, por cuanto en la especie no se ha controvertido que en dicha anualidad obrase en su poder información estadística sobre las poblaciones/villas/barrios de origen de las personas recluidas en sus recintos. Por el contrario, Gendarmería de Chile reconoció que con anterioridad se proporcionó esos datos, los que entonces fueron elaborados por la Unidad de Investigación Criminológica, que en la actualidad no existe en su organigrama administrativo.

4) Que, de los antecedentes del caso resulta plausible que la satisfacción del requerimiento en la forma pedida no implica una simple o fácil labor de acopio o levantamiento de datos sino el despliegue de esfuerzos que justificadamente afecten las funciones del órgano reclamado en los términos del artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia. En efecto, conforme a esta disposición legal puede denegarse la entrega de la información cuando su publicidad "afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido por tratarse de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus funciones habituales". Dicha norma ha sido desarrollada en el artículo 7°, N° 1, letra c), del Reglamento de la citada ley, señalando que "...un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales".

5) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden tareas de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". En dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias que se estima concurren en la especie.

6) Que, efectivamente, de los antecedentes aportados, a juicio de este Consejo las alegaciones del órgano resultan plausibles y suficientes para tener por configurada la causal de reserva de distracción indebida, por cuanto Gendarmería de Chile informó que el procesamiento de la información en la forma pedida implica actividades de sistematización en 14.121 fichas de ingreso en el Sistema de Internos del Servicio. Así las cosas, si hipotéticamente estimáramos que la acción de recolección de datos toma 1 minuto por cada interno, efectuar dicho actuación respecto de 14.121 fichas de ingreso, se traducen en 480 horas hombre de trabajo, lo que distribuido en una jornada laboral de 8 horas diarias, implicaría destinar a lo menos 1 personas con dedicación exclusiva a dicha función durante aproximadamente 29 días, afectando con ello sin duda las labores y funcionamiento del órgano para satisfacer un solo requerimiento de información. En este contexto, se debe recordar que en la decisión del amparo Rol C1336-16, se razonó que para determinar si concurren los hechos constitutivos de la causal en análisis, se debe tener en cuenta los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, al cumplimiento de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, no pudiendo estos interrumpir la atención de las otras funciones públicas que el servicio debe desarrollar, o exigir una dedicación desproporcionada en desmedro de la que se destina a la atención de las demás personas. Esto, acorde con lo dispuesto en el artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, de MINSEGPRES, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de bases generales de la Administración del Estado, dichos órganos se encuentran sujetos al deber de atender las necesidades públicas en forma continua y permanente, debiendo observar, entre otros, los principios de eficiencia y eficacia.

7) Que, en mérito de todo lo expuesto, se rechazará el presente amparo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Pedro Ramírez Pinto en contra de Gendarmería de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Pedro Ramírez Pinto y al Sr. Director Nacional de Gendarmería de Chile.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.