logo
 

C5098-20 Rol: C5098-20

Consejo para la Transparencia, 05/01/2021

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra del Estado Mayor Conjunto, ordenando informar al reclamante, en términos afirmativos o negativos, según sea el caso, si entre los funcionarios que prestó servicios en la Aduana Sanitaria dispuesta en plaza peaje Pichidangui, entre las 22:00 del 12 de julio y las 00:30 del 13 de julio de 2020, se encontraba uno de apellido Ruiz. Lo anterior, por tratarse de información pública, respecto de la cual no se acreditó cómo es que su entrega signifique la publicidad de la dotación en la zona de Pichidangui, la divulgación de las capacidades estratégicas del Estado, que pueda poner en riesgo los planes operativos y la estrategia que establece la Jefatura de la Defensa Nacional de la Región de Coquimbo o la afectación de los derechos de las personas, en los términos pretendidos por el órgano. Se rechaza el amparo en lo que se refiere a la entrega de nombre completo, dotación y cargo de los funcionarios de las Fuerzas Armadas que prestaron servicios en la Aduana Sanitaria Pichidangui, ciudad de Los Vilos, en el marco de las medidas sanitarias de control de la pandemia de Covid-19, por cuanto su divulgación genera una afectación cierta o probable y con la suficiente especificidad a la seguridad de la Nación, en tanto la información solicitada permitiría acceder a una parte de la dotación del Ejército de Chile, información estratégica para la defensa nacional y que ha sido reservada conforme al artículo 436 N° 1 del Código de Justicia Militar.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C5098-20

Entidad pública: Estado Mayor Conjunto

Requirente: Gonzalo Martínez Merino

Ingreso Consejo: 21.08.2020

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra del Estado Mayor Conjunto, ordenando informar al reclamante, en términos afirmativos o negativos, según sea el caso, si entre los funcionarios que prestó servicios en la Aduana Sanitaria dispuesta en plaza peaje Pichidangui, entre las 22:00 del 12 de julio y las 00:30 del 13 de julio de 2020, se encontraba uno de apellido Ruiz.

Lo anterior, por tratarse de información pública, respecto de la cual no se acreditó cómo es que su entrega signifique la publicidad de la dotación en la zona de Pichidangui, la divulgación de las capacidades estratégicas del Estado, que pueda poner en riesgo los planes operativos y la estrategia que establece la Jefatura de la Defensa Nacional de la Región de Coquimbo o la afectación de los derechos de las personas, en los términos pretendidos por el órgano.

Se rechaza el amparo en lo que se refiere a la entrega de nombre completo, dotación y cargo de los funcionarios de las Fuerzas Armadas que prestaron servicios en la Aduana Sanitaria Pichidangui, ciudad de Los Vilos, en el marco de las medidas sanitarias de control de la pandemia de Covid-19, por cuanto su divulgación genera una afectación cierta o probable y con la suficiente especificidad a la seguridad de la Nación, en tanto la información solicitada permitiría acceder a una parte de la dotación del Ejército de Chile, información estratégica para la defensa nacional y que ha sido reservada conforme al artículo 436 N° 1 del Código de Justicia Militar.

En sesión ordinaria N° 1146 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5098-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 15 de junio de 2020, don Gonzalo Martínez Merino solicitó al Estado Mayor Conjunto, la siguiente información:

a) Nombre completo, dotación y cargo de los funcionarios de las FF.AA. que prestan servicios en la plaza peaje de Pichidangui.

b) Se señale si existe un funcionario de apellido Ruiz que prestó servicios en la dotación que estuvo de control el día 12 de julio entre las 22:00 y 00:30 del día 13 de julio de 2020.

c) Solicita, por favor, se les entregue a los funcionarios medidas de seguridad (por ejemplo, guantes) ya que están solicitando cédulas de identidad y documentos sin dichas medidas.

d) Señalar bajo qué normativa sanitaria se encuentran los funcionarios del ejército bajo el mando e instrucciones del servicio de salud.

2) RESPUESTA: El 3 de agosto de 2020, el Estado Mayor Conjunto respondió a dicho requerimiento indicando, en resumen, que de acuerdo con la respuesta proporcionada por el Jefe de Defensa Nacional de la Región de Coquimbo, se informa:

En relación a que se otorgue nombre completo, dotación y cargo de los funcionarios de las Fuerzas Armadas que prestan servicio en la Plaza Peaje Pichidangui, así como si existe un funcionario de apellido "Ruiz" que prestó servicios en la dotación que estuvo de control el día 12 de julio, entre las 22:00 y las 00:30 del día 13 de julio de 2020. El órgano se encuentra impedido de entregar dicha información, por disposición expresa del artículo 34, letras a) y b) de la ley N° 20.424, Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional", y del artículo 436 N° 1 del Código de Justicia Militar, ambos en relación artículo 21 N° 3 y 5 de la ley 20.285. Además, la entrega de esta información podría significar eventualmente, incurrir en algunos de los tipos penales militares, contenidos en los artículos 255 y siguientes del Código de Justicia Militar.

Por otra parte, la entrega de esta información dice relación con las actividades desarrolladas por el personal militar en el ámbito del Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por la propagación del Covid-19, lo cual necesariamente no puede vincularse únicamente a información de índole administrativa, sino que se trata de datos íntimamente relacionados con la función militar, la calificación profesional de sus integrantes y el presupuesto institucional, materias íntimamente relacionadas con la seguridad del Estado y la Defensa Nacional, por tanto, su entrega en los términos que ha sido ordenada, permite establecer la cantidad de personal militar que se desempeña en la Plaza Peaje de Pichidangui. Así, su revelación claramente debilita el rol esencial que a las Fuerzas Armadas les ha sido asignado por la Carta Fundamental, en relación con el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe decretado por S.E. el Presidente de la República con fecha 18 de marzo de 2020, toda vez que publicita parte de los recursos humanos con los que cuentan.

Respecto de señalar bajo cuál normativa sanitaria se encuentran los funcionarios del Ejército bajo el mando e instrucciones del Servicio de Salud.

La función militar se encuentra fundamentada en el Decreto Supremo N° 104 de S.E. Presidente de la República, del 18 de marzo de 2020, que Declara Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, por calamidad pública en el territorio de Chile, que designa al GDB Pablo Onetto Jara como Jefe de la Defensa Nacional para la Región de Coquimbo. El mismo decreto indica las facultades que le son delegadas por S.E. el Presidente de la República, dentro de las cuales está la de asumir el mando de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública que se encuentran en la zona declarada en estado de catástrofe, derivada de las consecuencias del Covid-19 en el país, situación que fue prorrogada mediante Decreto Supremo N° 269 de S.E. el Presidente de la República, del 12 de junio de 2020.

En ese contexto, la Autoridad Sanitaria ha dispuesto diversas medidas tendientes a resguardar la salud de la población a raíz de la propagación del Covid - 19, entre las que se encuentra la Resolución Exenta (MINSAL) N° 194, de 19 de marzo de2020, en la cual se dispuso la instalación de una aduana sanitaria en el punto de entrada a la Región de Coquimbo desde la Región de Valparaíso, en relación a la Resolución Exenta N° 02 de 20 de marzo de 2020 de la Jefatura de la Defensa Nacional, la cual señala los puntos de control terrestre y aéreo para la entrada a la precitada Región.

De esta forma, las labores que son realizadas por Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, dicen relación con la fiscalización y apoyo a las medidas y estrategia sanitaria dispuestas por instrucciones de S.E. el Presidente de la República, por intermedio de las Resoluciones Exentas emanadas del Ministerio de Salud - Subsecretaría de Salud Pública, como son las anteriormente citadas, no existiendo por tanto un "mando" ejercido por el Servicio de Salud al Ejército.

Por último, en cuanto a la solicitud de que se entreguen a los funcionarios de Ejército medidas seguridad en el ejercicio de sus funciones, es menester señalar que se han ocupado las implementadas por la Autoridad Sanitaria, siendo un caso fortuito el hecho que alguna persona de la patrulla no contara con ellos. Por lo anterior, se reiterarán las indicaciones al respecto, a fin de mitigar los riesgos y evitar la propagación del virus Covid-19.

3) AMPARO: El 21 de agosto de 2020, don Gonzalo Martínez Merino dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que recibió respuesta negativa a la solicitud de información. Alega que se deniega la solicitud efectuada en relación a los nombres, dotación y cargo de los funcionarios de las FFAA que prestan servicios en la Plaza de Peaje de Pichidangui, comuna de Los Vilos, Región de Coquimbo.

Argumenta que, con esta denegación, se le impide el ejercicio de una serie de derechos como ciudadano, suponiéndose claramente y de manera errónea que el Ejército de Chile, a través de sus miembros, no puede ser responsable administrativa o penalmente de un ilícito o infracción administrativa durante el ejercicio de sus funciones públicas - como cualquier otro ciudadano-, lo que se contrapone directamente al principio de responsabilidad administrativa del Estado. "Es del caso, el personal militar apostado en dicha Plaza de Peajes se encuentra exigiendo cédulas de identidad sin medidas de seguridad, no quedando claro las funciones específicas que se le han otorgado en este marco sanitario. Lo cierto, es que al negarme la información, no solo me impide hacer la denuncia específica a las autoridades correspondientes, sino que también tengo derecho en exigir la responsabilidad administrativa del personal, con nombre y apellido".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa de Chile, mediante Oficio E15218, de 7 de septiembre de 2020, solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; y (2°) detalle cómo la entrega de dicha información afectaría la seguridad de la Nación.

Mediante EMCO.OTIP (P) N° 6803/ 1972, de 22 de septiembre de 2020, el organismo reclamado presentó sus descargos en esta sede señalando, en resumen, lo siguiente:

En primer término, es preciso señalar a esa Corporación que los Jefes de la Defensa Nacional, en el cumplimiento de las funciones asignadas por S.E. el Presidente de la República en un Estado de Excepción Constitucional, no están sujetos a la Ley de Transparencia, en atención a que la petición de acceso a la información recae sobre autoridades que han sido nombrados en forma transitoria y ocasional por el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, por calamidad pública, de conformidad al artículo 1° de la referida ley N° 20.285.

Así, del texto de la propia ley, queda claramente establecido que el ámbito de aplicación orgánico y funcional de la denominada Ley de Transparencia, sólo dice relación con los órganos de la Administración del Estado, de lo cual se desprende que no procede ejercer el derecho de acceso a la información conforme a la citada Ley N° 20.285, respecto de entidades que no revisten tal calidad, como precisamente acontece en este caso respecto de los Jefes de la Defensa Nacional, ya que de acuerdo a la propia Ley de Transparencia, estos no integran la Administración Pública. En idéntico sentido cabe tener presente lo dispuesto en el artículo 1 ° de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que tampoco los considera dentro de aquella.

Por otra parte, el Jefe de la Defensa Nacional de la Región de Coquimbo (JEDENA), es quien argumenta la afectación de la entrega de la información a un tercero.

Las causales de secreto o reserva fueron latamente expuestas en la respuesta proporcionada, donde se señalaron, entre otras, el artículo 34, letras a) y b) de la ley N° 20.424, estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional; el artículo 436, número 1 del Código de Justicia Militar, el artículo 21 N° 3 y 5 y primero transitorio de la ley 20.285, y artículo cuarto transitorio de la Constitución Política de la República.

Adicionalmente, en la zona de Pichidangui, en que el único despliegue militar es el destinado al respectivo cordón sanitario, revelar su cantidad importa dar a conocer la dotación en las respectivas zonas, información que tiene carácter secreto, de conformidad al artículo 436, números 1 ° y 2° del Código de Justicia Militar.

La afectación de la seguridad nacional se produce cuando se divulgan antecedentes vinculados a las capacidades estratégicas del Estado, que contempla entre otros aspectos, los planes de empleo de las fuerzas armadas, los estándares en que éstas operan, las especificaciones técnicas y cantidades de equipamiento bélico y material de guerra, razón por la cual el legislador ha previsto que serán secretos o reservados, conforme lo expresa el artículo 34, inciso 2° de la ley N° 20.424, Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa.

El revelar dichos datos o información podría poner en riesgo los planes operativos y la estrategia que establece la Jefatura de la Defensa Nacional de la Región de Coquimbo para el cumplimiento de la misión encomendada por el Supremo Gobierno, y que ha dado origen al Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, como también en tiempos de normalidad constitucional frente a otros Estados. Al dar a conocer la cantidad de patrullas, su integración y localización, todas medidas dinámicas y variables, se podría determinar la forma de operar, permitiendo con ello la vulneración o quebrantamiento de la eficiencia militar en torno a la fiscalización de las medidas sanitarias, como también las labores adicionales de control del orden público en un determinado territorio con motivo del Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, poniendo en riesgo a la ciudadanía y funcionarios llamados a otorgar dicha protección.

El dar a conocer tal información podría ser empleado por delincuentes, antisociales y narcotráfico, quienes podrían utilizarla en beneficio propio para organizar, planificar y dirigir focalizadamente el caos, el desorden público y delitos contra la propiedad pública y privada, por cuanto conocerían la forma de operar, las estrategias de las fuerzas desplegadas, lugares donde actúan, cantidad de efectivos empleados, entre otros, por lo que al entregar este tipo de información se afecta de manera concreta y específica la defensa nacional o la mantención del orden público o la seguridad pública, pues implica necesariamente entregar un componente estratégico de información que contempla detalles de las operaciones y planificación del JEDENA de la Región de Coquimbo.

Independiente de la afectación de la seguridad de la Nación, también afecta la integridad física de quienes cumplen labores de control, por cuanto podrían eventualmente ser objeto de venganza y "funas", ya sean ellos mismos como sus familias.

Finalmente, solicita "remitir a este organismo Ministerial, copia de la minuta que la Unidad encargada de presentar el caso al Consejo Directivo elabora, previo a resolver el amparo en comento".

Y CONSIDERANDO:

1) Que, en primer término, cabe señalar que la ley N° 20.424, de 2010, que establece el Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional, dispone en su artículo 25 que el Estado Mayor Conjunto «es el organismo de trabajo y asesoría permanente del Ministro de Defensa Nacional en materias que tengan relación con la preparación y empleo conjunto de las Fuerzas Armadas». Así las cosas, se desestimarán las alegaciones del organismo relativas a que los Jefes de la Defensa Nacional en el cumplimiento de las funciones asignadas por S.E. el Presidente de la República en un Estado de Excepción Constitucional, no están sujetos a la Ley de Transparencia, toda vez que, el organismo reclamado no corresponde a estos últimos sino al Estado Mayor Conjunto en su calidad de servicio de la Administración del Estado sujeto a la Ley de Transparencia.

2) Que, de los dichos del reclamante se colige que el presente amparo se encuentra circunscrito a lo pedido en los literales a) y b) del numeral 1° de lo expositivo, y se funda en la respuesta negativa otorga al efecto por el Estado Mayor Conjunto. Al respecto, el organismo requerido negó el requerimiento por tratarse de información protegida por las causales de reserva de los artículos 34, letras a) y b) de la ley N° 20.424, 436, N° 1 del Código de Justicia Militar y 21 N° 3 y 5 de la Ley de Transparencia. En relación con al literal a) del numeral 1° de lo expositivo, este Consejo entiende que lo pedido apunta a obtener información sobre la identidad (nombre completo) dotación y cargo de los funcionarios de las Fuerzas Armadas que prestaron servicios en la Aduana Sanitaria de la plaza peaje de Pichidangui, desde la fecha de su instalación, esto es, 19 de marzo de 2020, según Resolución Exenta N° 194, del Ministerio de Salud y la fecha de la solicitud de acceso.

3) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales.

4) Que, el artículo 4° de la ley N° 18.948, orgánica constitucional de las Fuerzas Armadas, "El personal de las Fuerzas Armadas estará constituido por el personal de planta, el personal a contrata y el personal de reserva llamado al servicio activo (...)". Por su parte, el artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 1, de 1997, de Defensa Nacional, que establece el Estatuto de Personal de las Fuerzas Armadas, precisa que el personal de planta "es aquel que desempeña cargos permanentes y ocupa alguna de las plazas contempladas en las plantas y dotaciones del Ejército, Armada y Fuerza Aérea" (letra a). Por su parte, el citado artículo 436 del Código de Justicia Militar prescribe que se "entiende por documentos secretos aquellos cuyo contenido se relacionan directamente con la seguridad del Estado, la defensa nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas y, entre otros", específicamente su numeral 1°, "Los relativos a las plantas o dotaciones y a la seguridad de las instituciones de las Fuerzas Armadas o de Carabineros de Chile y de su personal".

5) Que, sobre el particular, este Consejo, a partir de la decisión del amparo rol C45-09, ha establecido que el artículo 436 del Código de Justicia Militar posee el carácter de ley de quórum calificado para efectos de establecer el secreto o reserva respecto de aquellos documentos que se relacionan directamente con la seguridad del Estado, la defensa nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas, algunos de los cuales menciona a título ejemplar. Ahora, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 y del artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, este Consejo ha concluido, que para la aplicación de una norma que disponga el secreto o reserva de determinados antecedentes dictada con anterioridad a la ley señalada, no sólo basta que ésta sea de rango legal y entendida por este hecho de quórum calificado, sino que, además debe reconducirse a alguno de los motivos constitucionales de secreto o reserva que además establece el artículo 8°, inciso 2°, de la Carta Fundamental. Por tanto, si bien el artículo 436 del Código de Justicia Militar, en tanto norma legal, está formalmente sujeta a lo dispuesto por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia (y puede por tanto ser objeto de reconducción formal), es igualmente menester determinar si el contenido de dicha disposición guarda correspondencia con las causales de secreto señaladas por el constituyente (es decir, si puede tener lugar a su respecto la reconducción material).

6) Que, la reconducción material señalada debe estar guiada por la exigencia de "afectación" de los bienes jurídicos indicados en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política, esto es, debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, derechos de las personas, seguridad de la Nación o el interés nacional. Lo anterior, en atención a la claridad del vocablo «afectare» que ha sido utilizado en el inciso segundo del precepto constitucional, por cuanto la referida afectación implica necesariamente la existencia de un perjuicio o daño al bien jurídico de que se trate, para el caso de divulgarse la información. En efecto, no basta sólo con que la información «se relacione» con el bien jurídico protegido o que le resulte «atingente» para los efectos de mantener tal información en secreto o reserva, sino que se precisa la afectación, resultando esta «(...) la forma, a juicio de este Consejo, en que la aludida disposición del Código de Justicia Militar debe ser interpretada para obtener un resultado que sea conforme con el texto vigente de la Constitución». En tal sentido, el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo que no se presume, sino que debe ser acreditado por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad.

7) Que, este Consejo estima que las argumentaciones realizadas por la entidad reclamada en su respuesta y descargos, son suficientes para considerar que proporcionar la nómina de todo el personal de las Fuerzas Armadas destinado a prestar servicios en la Aduana Sanitaria Pichidangui, ciudad de Los Vilos, instruida por el Ministerio de Salud con el objeto de regular el acceso a la Región de Coquimbo, en el marco de las medidas sanitarias de control de la pandemia de Covid-19 y su consecuente Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, genera una afectación cierta o probable y con la suficiente especificidad a la seguridad de la Nación, en tanto la información solicitada permitiría acceder a una parte de la dotación del Ejército de Chile, información estratégica para la defensa nacional y que ha sido reservada conforme al artículo 436 N° 1 del Código de Justicia Militar. En efecto, el organismo ha especificado que en la zona de Pichidangui -a la fecha del requerimiento- el único despliegue militar era el destinado a la respectiva aduana sanitaria, razón por la cual revelar la cantidad de profesionales consultados importaría dar a conocer la dotación en dicha zona, información que tiene carácter secreto, de conformidad al citado artículo 436.

8) Que, en consecuencia, respecto de la información pedida en el literal a) del numeral 1° de lo expositivo, conforme lo antes indicado, este Consejo estima que se configuran las causales de reserva consagradas en el artículo 21 N° 3 y 5 de la Ley de Transparencia, esta última en relación con el artículo 436 N° 1 del Código de Justicia Militar, por lo que se rechazará el amparo en esta parte.

9) Que, no obstante, no es posible arribar a la misma conclusión respecto de lo solicitado en la letra b) del numeral 1° de lo expositivo, esto es, información relativa a la existencia de un funcionario de apellido Ruiz que haya prestado servicios en la dotación que estuvo de control entre las 22:00 del 12 de julio y las 00:30 del 13 de julio de 2020. En la especie, este Consejo no advierte de qué forma la entrega de dicho único antecedente signifique la publicidad de la dotación en la zona de Pichidangui, la divulgación de las capacidades estratégicas del Estado, que pueda poner en riesgo los planes operativos y la estrategia que establece la Jefatura de la Defensa Nacional de la Región de Coquimbo o la afectación de los derechos de las personas, en los términos pretendidos por el órgano. Lo anterior, sobre todo si se considera que, al tenor del requerimiento, este implica solo una respuesta en términos afirmativos o negativos.

10) Que, en mérito de lo anterior, se acogerá el amparo en este punto, ordenando al Estado Mayor Conjunto informar al reclamante, en términos afirmativos o negativos, según sea el caso, si entre los funcionarios que prestó servicios en la Aduana Sanitaria dispuesta en plaza peaje Pichidangui, entre las 22:00 del 12 de julio y las 00:30 del 13 de julio de 2020, se encontraba uno de apellido Ruiz.

11) Que, finalmente, en cuanto a la pretensión del organismo reclamado relativa a que, previo a la resolución del presente caso, le sea remitida copia de la minuta que la Unidad encargada de presentar el caso al Consejo Directivo elabora, se desestima por innecesaria para la resolución del presente caso. Además, se hace presente que de acuerdo a los artículos 33, letra b) de la Ley de Transparencia y 4°, letra b) de los Estatutos del Consejo para la Transparencia, la potestad de resolver, fundadamente, los reclamos por denegación de acceso a la información que le sean formulados en conformidad a la ley recaen en este Consejo, motivo por el cual la entrega de documentos previos a la adopción de una decisión de amparo entorpece el debido funcionamiento de la Corporación.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Gonzalo Martínez Merino en contra del Estado Mayor Conjunto, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa de Chile, lo siguiente:

a) Informar al reclamante, en términos afirmativos o negativos, según sea el caso, si entre los funcionarios que prestó servicios en la Aduana Sanitaria dispuesta en plaza peaje Pichidangui, entre las 22:00 del 12 de julio y las 00:30 del 13 de julio de 2020, se encontraba uno de apellido Ruiz.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Rechazar el amparo en lo que se refiere a la entrega de nombre completo, dotación y cargo de los funcionarios de las Fuerzas Armadas que prestaron servicios en la plaza peaje de Pichidangui consultados, por concurrir al efecto las causales de reserva del artículo 21 N° 3 y 5°, en relación con el artículo 436 del Código de Justicia Militar.

IV. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica de este Consejo (S), indistintamente, notificar la presente decisión a don Gonzalo Martínez Merino y al Sr. Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa de Chile.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.