logo
 

Matías Jara Hernández con SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO (SAG) Rol: C5014-20

Consejo para la Transparencia, 05/01/2021

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), ordenando la entrega de la cantidad de kilógramos de Urea importada por la empresa Anagra S.A. registrada por el SAG en el período 2018 al 2020, toda vez que accedió expresamente a su entrega. Se rechaza el amparo respecto de esta misma información en relación con las demás empresas importadoras de Urea en dicho periodo, por tratarse de antecedentes cuya divulgación afectaría los derechos comerciales y económicos de los terceros involucrados, como asimismo su capacidad competitiva; configurándose la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. Aplica criterio decisiones de amparo roles A 325-09 y C1015-15. Por otra parte, se rechaza el amparo en relación con los antecedentes consultados respecto de las empresas importadoras de Urea registradas por el SAG en el periodo 2014 a 2017, atendida la inexistencia de esta información en la forma pedida, sin que se cuente con antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria. Lo anterior, atendido que el Servicio reclamado señalo que no cuenta con estos antecedentes, ya que solo a partir del año 2018 existe el Sistema de Importaciones SAG (SIIS), que permite contar con información de importaciones estandarizada y consolidada a nivel nacional y obtener la reportabilidad correspondiente.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento



Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C5014-20

Entidad pública: Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)

Requirente: Matías Jara Hernández

Ingreso Consejo: 18.08.2020

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), ordenando la entrega de la cantidad de kilógramos de Urea importada por la empresa Anagra S.A. registrada por el SAG en el período 2018 al 2020, toda vez que accedió expresamente a su entrega.

Se rechaza el amparo respecto de esta misma información en relación con las demás empresas importadoras de Urea en dicho periodo, por tratarse de antecedentes cuya divulgación afectaría los derechos comerciales y económicos de los terceros involucrados, como asimismo su capacidad competitiva; configurándose la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

Aplica criterio decisiones de amparo roles A 325-09 y C1015-15. 

Por otra parte, se rechaza el amparo en relación con los antecedentes consultados respecto de las empresas importadoras de Urea registradas por el SAG en el periodo 2014 a 2017, atendida la inexistencia de esta información en la forma pedida, sin que se cuente con antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria. Lo anterior, atendido que el Servicio reclamado señalo que no cuenta con estos antecedentes, ya que solo a partir del año 2018 existe el Sistema de Importaciones SAG (SIIS), que permite contar con información de importaciones estandarizada y consolidada a nivel nacional y obtener la reportabilidad correspondiente.

En sesión ordinaria N° 1146 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5014-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 06 de julio de 2020, don Matías Jara Hernández solicitó al Servicio Agrícola y Ganadero, en adelante también denominado SAG, la siguiente información:

De las importaciones de Urea y fertilizantes que tienen que ser registrados por el SAG en el ingreso al país, detallando los siguiente:

a) Empresa y país de procedencia;

b) Cantidad (kilogramos o litros); y

c) Empresa que lo recepciona en el país

Lo anterior respecto al periodo enero de 2014 a julio de 2020.

2) PRÓRROGA DE PLAZO: Por carta N° 4116, de 03 de agosto de 2020, el órgano notificó a la parte solicitante la decisión de prorrogar el plazo de respuesta en 10 días hábiles, en los términos referidos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia.

3) RESPUESTA: El 17 de agosto de 2020, el Servicio Agrícola y Ganadero respondió a dicho requerimiento de información, mediante Resolución Exenta N° 5616, de esa fecha, señalando, en síntesis, lo siguiente:

Este Servicio estima que los antecedentes relativos a importaciones de Urea, detallando empresa, país de procedencia de manera estadística, y cantidad total entre los años 2018 y 2020, es información de acceso público, por lo que procede su entrega.

Respecto de la cantidad de kilogramos importados por empresa, es información que podría estimarse de carácter comercial por los usuarios, por tanto, si bien de conformidad con el artículo 20, de la Ley N° 20.285, debería procederse a la noti?cación de los terceros a quienes afectaría su entrega para que se pronunciaran en tal sentido; sin embargo, dado que se registra un total de 18 importadores, entre los años 2018 a 2020, no se procedió a su traslado. En cuanto a la documentación solicitada entre los años 2014 y 2017, ésta no se encuentra digitalizada, por tanto debieran analizarse las autorizaciones una a una, las cuales son aproximadamente 16.000.

Al efecto agregó que atendido el número de terceros involucrados, el solo proceso de noti?cación a dichas personas implicaría para los funcionarios del Servicio destinar un tiempo excesivo para la elaboración de las respectivas cartas de noti?cación, sin considerar el tiempo que debería destinarse, con posterioridad, al análisis de las respuestas, para efectos de determinar quiénes han accedido o denegado la entrega de la información y sumado a lo anterior, la revisión de las 16.000 autorizaciones de fertilizantes mencionadas en el párrafo anterior, inevitablemente supondría distraer a los funcionarios del cumplimiento de otras funciones públicas que el organismo debe desarrollar, o bien, desatender otras solicitudes de acceso a información pública.

En mérito de lo anterior, se deniega esta información en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 1, letra c) y N° 2 de la Ley de Transparencia.

4) AMPARO: El 18 de agosto de 2020, don Matías Jara Hernández dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta parcial a su solicitud.

Además, el reclamante hizo presente, en lo fundamental, que "se denegó la cantidad de kilogramos importados de Urea por cada empresa porque "podría" estimarse un carácter comercial por el tercero, como también se denegó la entrega de información entre los años 2014 a 2017 porque no se encuentra digitalizada "siendo 16 mil registros" de autorizaciones (...)". Agrega "(...) que en ningún momento la solicitud busca vulnerar el negocio de terceros, de hecho, por eso se solicita el desglose por kg o tonelada y no el detalle de precio de la importación (que también están detallados en la ficha de ingreso al país). (...) La publicación del precio es lo que, a mi opinión, terminaría afectando comercialmente a los terceros, mas no la cantidad que ingresan al país".

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo y mediante Oficio E15045, de 4 de septiembre de 2020, confirió traslado al Sr. Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), solicitante que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa y los derechos de terceros; (3°) aclare si la información denegada se encuentra en formato digital y/o papel; y, (4°) se refiera al volumen de la información solicitada, la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilar la información requerida.

Por Oficio N° 2927, de 17 de septiembre de 2020, el órgano evacuó sus descargos, reiterando lo señalado con ocasión de la respuesta.

6) GESTIÓN OFICIOSA: Con fecha 03 de noviembre de 2020, esta Corporación requirió al órgano lo siguiente:

a) Nombres y datos de contacto -por ejemplo: dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los 18 importadores de los productos consultados, registrado por su Servicio entre los años 2018 al 2020, a fin de dar aplicación a los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento; (por motivos de la pandemia remitir preferentemente correos electrónicos para sus notificaciones).

b) Referirse específicamente a la concurrencia de la causal del artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia para denegar la información de los años 2014 al 2017 y especificar cuántas empresas importadoras se encuentran registradas en este periodo (distintas a las referidas en el punto anterior).

Mediante correo electrónico de fecha 06 de noviembre de 2020 el órgano informó lo siguiente:

a) Con respecto a la solicitud de los contactos de las empresas importadoras de Urea entre los años 2018 y 2020, se adjunta información en formato Excel con los campos requeridos.

b) "En cuanto al segundo punto, se comunica que el Servicio no cuenta con la información de los importadores de urea entre los años 2014 y 2017, ya que solo a partir del año 2018 existe el Sistema de Importaciones SAG (SIIS), que permite contar con información de importaciones estandarizada y consolidada a nivel nacional y obtener la reportabilidad correspondiente".

7) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INTERESADOS: De conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación, acordó dar traslado del amparo a los 21 terceros interesados informados por la reclamada, mediante el oficio número E19803, de fecha 12 de noviembre de 2020, según distribución; recepcionándose los descargos de las siguientes 5 empresa, quienes señalaron lo siguiente:

- Excer Ltda. por escrito de fecha 18 de noviembre de 2020, se opuso a la entrega de la información pedida, en síntesis, por desconocer las razones por las cuales fue requerida y el uso que se puede dar a documentación absolutamente confidencial; ya que con ello, se podría determinar cuántas hectáreas plantadas tiene la empresa, cantidad de fruta entregada, volumen de venta e ingresos aproximados por caja, o comparar por qué una empresa importa un determinado producto por sobre otro, lo cual es información absolutamente interna, que no tiene por qué ser exhibida a un tercero ajeno a la empresa, lo cual podría alterar las condiciones del mercado con el acceso a esta información.

Es por estas razones, que esta parte entiende que los datos pretendidos son absolutamente reservados. Ahora, si el solicitante quiere saber qué cantidad de importaciones de Urea y fertilizantes tienen que ser registrados por el SAG en el ingreso al país, sin los demás detalles consultados no tiene problemas que se entregue; si, por el contrario, se indica la empresa, ello claramente puede ocasionar perjuicios insospechados en una industria sumamente regulada y controlada por las autoridades pertinentes en la materia.

- Agrogestión Vitra S.A., por escrito de fecha 18 de noviembre de 2020, se opuso a la entrega de la información pedida fundada, en síntesis, que su entrega vulnera la debida reserva de su negocio, afectándolo comercialmente respecto de la competencia; ya que cualquier información relativa a montos, cantidades, lugares de importación y no sólo a precios, es la que en conjunto determina las condiciones de un mercado y de libre competencia.

Agrega que el sujeto de la obligación de transparencia son los órganos de Administración del Estado y no los privados sujetos a su fiscalización. Esto ha sido ratificado en abundante jurisprudencia del Tribunal Constitucional que cita, donde se reitera que la información entregada por empresas privadas al Estado no se puede obtener mediante el derecho de acceso a la información pública.

En consecuencia, no se autoriza la entrega de los antecedentes solicitados, por cuanto acceder a aquello supone una vulneración a los derechos de igualdad ante la ley, infracción al principio de proporcionalidad, de libertad económica, derecho de propiedad y garantía del contenido esencial de los derechos.

- Comercial Russfin Ltda., por escrito de fecha 18 de noviembre de 2020, se opuso a la entrega de la información, en virtud de los mismos fundamentos expuestos por el tercero señalado precedentemente.

- Adama Chile S.A., por escrito de fecha 20 de noviembre de 2020, luego de manifestar que debió ser notificada por el SAG, en virtud de artículo 20 de la Ley Transparencia, se opuso a la entrega de los antecedentes pedidos, fundado, en síntesis, en que la información privada está excluida del conocimiento de terceros, porque forma parte de la esfera de privacidad de sus titulares, y que el Estado está llamado a respetar y proteger esta información, la cual no pierde su naturaleza por el sólo hecho de ser recibida por un órgano del Estado. En conformidad a lo señalado, deniega su entrega, toda vez que dentro de la documentación requerida existen antecedentes propios y confidenciales de la empresa, cuya publicidad afecta, entre otros, sus derechos de carácter comercial, económico y patrimonial, en los términos de los artículos 20, inciso 2° y artículo 21 N° 2 de la ley 20.285.

- Anagra S.A., por escrito de fecha 26 de noviembre de 2020, señaló, en síntesis, que la información relativa al proceso de importación de la Urea en cuanto a su origen, destino y cantidad es objeto de comercialización y parte de diferentes reportes, lo que genera posiblemente varias fuentes para la obtención de estos datos, los cuales si bien son eminentemente privados en el sentido que no son propiamente datos de propiedad de la autoridad, son en el hecho, susceptibles de obtención por los particulares interesados.

Sin perjuicio de lo anterior, hace presente que la información relacionada con otros aspectos del proceso de importación de Urea tales como los precios, tienen un carácter comercial y eminentemente confidencial, por lo que debe ser objeto de resguardo por las autoridades. Por tanto, "(...) Anagra no presentará oposición respecto de la entrega de información específicamente sobre los kilogramos de urea que son importados por esta parte, pues como dijimos anteriormente, es de nuestro entendimiento que esta información es parte de declaraciones de internación y/u otros procesos reglamentarios por medio de los cuales la información puede ser obtenida siguiendo los canales adecuados".

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta parcial entregada por el Servicio Agrícola y Ganadero a la solicitud que se señala en el N° 1 de lo expositivo; circunscrito, específicamente, a la entrega de la cantidad de kilógramos de Urea importada por las empresas registradas por el SAG en su ingreso al país, en el período 2018 a 2020; y de esta misma información, más las empresas del país de procedencia y las que las recepciona en Chile, en el período 2014 a 2017.

2) Que, en primer lugar, respecto de la cantidad de kilógramos de Urea importada por las empresas registradas por el SAG en el período 2017 a 2020, el organismo denegó estos antecedentes por estimar que con su entrega se podrían afectar los derechos de carácter comercial o económicos de los terceros interesados, cuya notificación, atendida la cantidad de importadores, - ascendente a 18 empresas- distraería el debido cumplimiento de las funciones del Servicio; invocando las causales de reserva del artículo 21 N° 1, letra c) y N° 2 de la Ley de Transparencia.

3) Que, respecto de la concurrencia de la causal de secreto o reserva de distracción indebida de los funcionarios del órgano, este Consejo ha establecido que sólo puede configurarse, en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que suponen tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información o el costo de oportunidad, relación entre funcionarios y tareas.

4) Que, en dicho contexto, cabe considerar lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales".

5) Que, en la especie, no resultan plausibles los fundamentos esgrimido por el órgano para probar fehacientemente de qué manera se configura la concurrencia de la causal alegada, que impidió aplicar el procedimiento de notificación a terceros establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, ya que sólo se limitó a señalar que debería notificar a las 18 empresas registradas en el periodo 2017-2020, sin señalar el tiempo y cantidad de funcionarios que debería destinar a dichas labores, los costos de oportunidad, relación entre funcionarios y tareas, entre otros; por lo que la causal del artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley invocada será desestimada.

6) Que, dicho lo anterior, atendida la naturaleza de la información pedida, este Consejo de conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, procedió a notificar a los 21 importadores de Urea registrados en el SAG en el período 2017-2020, de los cuales, 5 empresas evacuaron sus descargos y 4 de ellas se opusieron a la entrega de estos antecedentes, por tratarse de información confidencial que forma parte de su esfera privada, y estimar que cualquier antecedente relativo a montos, cantidades, precios, es la que en conjunto determina las condiciones de un mercado y de libre competencia. Asimismo, por estimar que la información privada está excluida del conocimiento de terceros, pues forma parte de la esfera de privacidad de sus titulares, y que el Estado está llamado a respetar y proteger, ya que esta no pierde su naturaleza por el sólo hecho de ser recibida por el SAG para efectos exclusivamente de fiscalización; cuya divulgación afectaría en definitiva sus derechos comerciales y económicos.

7) Que, sobre la base de lo expuesto, este Consejo entiende que, los datos requeridos constituyen un bien económico estratégico, respecto del cual existen titulares, en la especie empresas importadoras, que ejercen derechos de carácter comercial o económico, por corresponder al concepto internacionalmente aceptado de información no divulgada y, en concreto, al de secreto empresarial que recoge la legislación nacional, lo que exige a los órganos de la Administración del Estado otorgarle una protección adecuada para mantener ese carácter de secreto. Lo anterior, tiene fundamento constitucional en el derecho a desarrollar cualquier actividad económica sin estar sometido a una competencia desleal por parte de los demás competidores, y en el derecho de propiedad, que se ejerce en este caso respecto de este cúmulo de información que es el objeto del secreto señalado, respectivamente contemplados en los numerales 21° y 24°, del artículo 19° de la Constitución Política de la República.

8) Que, asimismo, cabe señalar que el precedente análisis e interpretación de la legislación nacional en correspondencia con los tratados internacionales de los que Chile es parte, manifiesta la particular preocupación de este Consejo por dar aplicación a las normas internacionales y a las de adecuación de aquéllas, con la finalidad de evitar la afectación del interés nacional, en particular, de las relaciones internacionales y de los intereses económicos o comerciales del país, según lo dispone el artículo 21 N° 4 y lo exige el artículo 33, letra j), de la Ley de Transparencia, en la medida que esos acuerdos internacionales contemplan obligaciones de confidencialidad a las que el Estado de Chile debe dar justo cumplimiento al adecuar su legislación, en especial cuando se trata de materias que afectan derechos comerciales o económicos de los sujetos protegidos por éstas.

9) Que, en la especie, pese a que efectuada las gestiones de emplazamiento a los terceros interesados, no todos evacuaron sus descargos, y sólo uno de ellos accedió a su entrega, se estima que en el presente caso resulta aplicable, lo resuelto por este Consejo en reiteradas jurisprudencias plasmadas en los amparos A 325-09 y C1015-15 entre otros, en el sentido que publicitar este tipo de información develaría aspectos estratégicos acerca del desarrollo de la actividad económica de las empresas, en este caso, específicamente, la cantidad de importaciones de mercancías que realiza en un rubro determinado, antecedentes que constituyen un bien económico estratégico, respecto del cual existe un titular que ejerce derechos de carácter comercial o económico, y una posible afectación cuya divulgación podría afectar su capacidad competitiva, configurándose así, a juicio de este Consejo, los tres requisitos exigidos para que los antecedente pedidos puedan afectar los derechos económicos y comerciales de una persona, natural o jurídica, a saber, que la información deba: a) ser secreta, es decir, no generalmente conocida, ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza ese tipo de información; b) ser objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto; y, c) tener una valor comercial por ser secreta, esto es, que dicho carácter proporcione a su titular una ventaja competitiva (y, por el contrario, su publicidad afectar significativamente su desenvolvimiento competitivo).

10) Que, de este modo, versando esta solicitud de acceso de información respecto de la cual existen titulares que ejercen derechos de carácter comercial o económico, que pueden resultar afectados con su divulgación, en virtud de la facultad conferida a este Consejo, por el artículo 33, letra j) de la Ley de Transparencia, y lo señalado por los terceros que evacuaron sus descargos en esta sede, se tendrá por configurada la causal de secreto o reserva reconocida en el artículo 21 N° 2 de dicha Ley, lo que exige mantener su carácter de secreto, por lo que cabe rechazar el presente amparo en esta parte.

11) Que, sin perjuicio de lo resuelto, atendido que la empresa Anagra S.A. señaló que "(...) no presentará oposición respecto de la entrega de información específicamente sobre los kilogramos de urea que son importados por esta parte (...)", se acogerá el amparo respecto de esta empresa, y se ordenará la entrega de la información pedida.

12) Que, en segundo lugar, en cuanto a los antecedentes pedidos en el N° 1 de lo expositivo, respecto de las empresas importadoras de Urea registrados por el SAG en el ingreso al país, en el período 2014 al 2017; cabe hacer presente, que si bien el órgano en su respuesta denegó esta información, por tratarse de 16.000 autorizaciones de fertilizantes, las cuales no se encontraban digitalizada, cuyo análisis supondría distraer a los funcionarios del cumplimiento de sus funciones habituales, sin embargo, en la gestión oficiosa decretada en esta causa el organismo precisó que "(...) el Servicio no cuenta con la información de los importadores de urea entre los años 2014 y 2017, ya que solo a partir del año 2018 existe el Sistema de Importaciones SAG (SIIS), que permite contar con información de importaciones estandarizada y consolidada a nivel nacional y obtener la reportabilidad correspondiente".

13) Que, en cuanto a la información que según el reclamante no habría sido entregada, se debe hacer presente que constituye un presupuesto básico para el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública el que la documentación requerida exista en poder del órgano solicitado, conforme preceptúan los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia. En consecuencia, atendido que el órgano reclamado sostiene que no obra en su poder la información en la forma pedida, este Consejo no se pronunciará respecto de la procedencia o no de su entrega, procediéndose a rechazar el presente amparo en esta parte, toda vez que no se cuenta con antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parciamente el amparo deducido por don Matías Jara Hernández en contra del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), lo siguiente;

a) Hacer entrega al reclamante:

Cantidad de kilógramos de Urea importada por la empresa Anagra S.A. registrada por el SAG en su ingreso al país, en el período comprendido entre el 01 enero del año 2018 al 06 de junio de 2020 (fecha de la solicitud).

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Rechazar el amparo respecto de la cantidad de kilógramos de Urea importada por las empresas registradas por el SAG en el período 2018 a 2020 - excepto la empresa Anagra S.A.- por configurase la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia; y lo requerido en el N° 1 de lo expositivo, para el período 2014 a 2017, atendida la inexistencia de la misma en la forma pedida.

IV. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Matías Jara Hernández, al Sr. Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y a los terceros interesados.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.