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Carlos Medina Cari con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS (SII) Rol: C4995-20

Consejo para la Transparencia, 05/01/2021

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra del Servicio de Impuestos Internos, ordenando entregar al reclamante, con relación a la base de datos de los formularios N° 2980, de los últimos 10 años -a la fecha de a solicitud-, los datos relativos a los campos: 06: calle o nombre del predio, 16: número, 26: departamento, 36: local, box o bodega, 46: población villa o lugar, 08: nombre de comuna, 77: rol de avalúo asignado. Lo anterior, por tratarse de información pública, que obra en poder del SII como parte de su Base de Datos Catastral, respecto de la cual no se configuran las causales invocadas por el organismo de afectación de los derechos de las personas, secreto tributario ni distracción indebida. Se rechaza el amparo en lo que se refiere a la divulgación de los campos 700: fecha escritura, 27: código de naturaleza de escritura, 500: monto enajenación en uf, 501: monto enajenación en pesos, 100: fojas, 200: número, 300: año, 400: fecha inscripción, por tratarse de información que, en su conjunto y vinculadas a las demás variables a cuya entrega se accede, permitiría identificar al propietario de los inmuebles, configurándose a su respecto la causal de reserva de afectación a los derechos de las personas. Aplica criterio contenido en la decisión de amparo rol C2519-19. El Consejero don Francisco Leturia Infante se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Inhabilitación)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C4995-20

Entidad pública: Servicio de Impuestos Internos

Requirente: Carlos Medina Cari

Ingreso Consejo: 17.08.2020

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra del Servicio de Impuestos Internos, ordenando entregar al reclamante, con relación a la base de datos de los formularios N° 2980, de los últimos 10 años -a la fecha de a solicitud-, los datos relativos a los campos: 06: calle o nombre del predio, 16: número, 26: departamento, 36: local, box o bodega, 46: población villa o lugar, 08: nombre de comuna, 77: rol de avalúo asignado.

Lo anterior, por tratarse de información pública, que obra en poder del SII como parte de su Base de Datos Catastral, respecto de la cual no se configuran las causales invocadas por el organismo de afectación de los derechos de las personas, secreto tributario ni distracción indebida.

Se rechaza el amparo en lo que se refiere a la divulgación de los campos 700: fecha escritura, 27: código de naturaleza de escritura, 500: monto enajenación en uf, 501: monto enajenación en pesos, 100: fojas, 200: número, 300: año, 400: fecha inscripción, por tratarse de información que, en su conjunto y vinculadas a las demás variables a cuya entrega se accede, permitiría identificar al propietario de los inmuebles, configurándose a su respecto la causal de reserva de afectación a los derechos de las personas. Aplica criterio contenido en la decisión de amparo rol C2519-19.

El Consejero don Francisco Leturia Infante se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.

En sesión ordinaria N° 1146 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4995-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 15 de julio de 2020, don Carlos Medina Cari solicitó al Servicio de Impuestos Internos (en adelante e indistintamente el SII): la información que posee respecto de los antecedentes de los últimos 10 años anotados en los campos del formulario 2.890 identificados a continuación:

a) campo 06: calle o nombre del predio.

b) campo 16: número.

c) campo 26: departamento.

d) campo 36: local, box o bodega.

e) campo 46: población villa o lugar.

f) campo 08: nombre de comuna.

g) campo 77: rol de avalúo asignado.

h) campo 700: fecha escritura.

i) campo 27: código de naturaleza de escritura.

j) campo 500: monto enajenación en uf.

k) campo 501: monto enajenación en pesos.

l) campo 100: fojas.

m) campo 200: número.

n) campo 300: año.

o) campo 400: fecha inscripción.

2) RESPUESTA: El 5 de agosto de 2020, mediante Resolución Exenta N° LTNot 00118932, el Servicio de Impuestos Internos respondió a dicho requerimiento de información indicando, en resumen, que no es posible entregar la información, pues esta se obtiene dicha información desde una fuente no accesible al público, esto es, desde una declaración jurada denominada "Declaración sobre enajenación e Inscripción sobre Bienes Raíces", Formulario N° 2890, en el cumplimiento de sus funciones legales y habida consideración que la divulgación requerida conlleva la posibilidad cierta de afectación del derecho a la vida privada y los derechos comerciales y económicos las personas.

Así las cosas, dicha información se encuentra protegida por la reserva tributaria, la cual prohíbe la develación de rentas de los contribuyentes y datos relativos a ellas, así como información contenida en Declaraciones Juradas de éstos, como lo es la declaración realizada en el Formulario N° 2890, antecedentes que se encuentran resguardados de divulgación por el artículo 35 del Código Tributario.

Precisa que al entregar lo solicitado, se estaría develando información asociada a la fuente de las rentas, gastos y datos relativos a ellas respecto de diversos contribuyentes específicos y determinados, quienes han proporcionado la misma de manera obligatoria al Servicio, más aun considerando que tal entrega se haría en forma precisa y determinada, lo que implicaría la afectación de los derechos de los mismos, principalmente en lo relativo a la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico, acto que sin lugar a dudas constituiría una vulneración a sus derechos establecidos y resguardados por el legislador, lo cual se encuentra protegido, además, por la causal de reserva establecido en el artículo 21 N° 2 de la ley N° 20.285.

Cita las sentencias Roles N° 15.406-2019, de 06 de septiembre de 2019 y N° 6333-2018, DE 31 de diciembre de 2018, de la Excma. Corte Suprema.

3) AMPARO: El 17 de agosto de 2020, don Carlos Medina Cari dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de información.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, mediante Oficio E14656, de 31 de agosto de 2020, solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos de los terceros; (3°) indique si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (4°) de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y, en la afirmativa, acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación al tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y de los antecedentes que den cuenta de la fecha en la que ésta ingresó ante el órgano que usted representa; y, (5°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros involucrados, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento.

Mediante escrito ingresado con fecha 14 de septiembre de 2020, el SII presentó sus descargos en esta sede señalando, en síntesis, lo siguiente:

El amparo adolece de vicios de admisibilidad pues en la reclamación no se señala la existencia de alguna infracción cometida ni aun menos indica los hechos que la configurarían. En efecto, no se invoca causal legal ni fundamento alguno, así como tampoco se aportan antecedentes para sustentar su reclamo, más que solamente intentar reclamar por vía electrónica a la decisión de este Servicio sin fundamento ni justificación.

En cuanto al fondo de la controversia, sostiene que existen tres causales de secreto o reserva legal que, a juicio de este Servicio, fundamentan la denegación de la información solicitada, a saber, la reserva tributaria, establecida en el inciso 2° del artículo 35 del Código Tributario en relación al artículo 21 N° 5 de la ley N° 20.285 y la distracción indebida de funciones, de conformidad al artículo 21 N° 1 letra c) y N° 2 de la ley N° 20.285.

En primer término, la información solicitada se encuentra protegida por el secreto tributario establecido en el inciso 2° del artículo 35 del Código Tributario en relación al artículo 21 N° 5 de la ley N° 20.285, por cuanto el Servicio mantiene la información denegada en formato digital, en una Base de datos que no se obtiene completamente desde una fuente accesible al público, toda vez que ella se alimenta, por un lado, con la información que aportan los Notarios y Conservadores, Municipios y otros organismos públicos y, por otro lado, por información que entrega el propio contribuyente, por lo cual la Base Catastral de inmuebles del Servicio se alimenta tanto de información que proviene de declaraciones obligatorias, principalmente el Formulario 2890, como de otras declaraciones que pueden presentar los propios contribuyentes, ya sea a través de otras declaraciones obligatorias como voluntarias. Luego, el Servicio no mantiene una Base Catastral con información obtenida exclusivamente de declaraciones obligatorias y otra, con información exclusivamente obtenida de declaraciones voluntarias, por cuanto para efectos tributarios y de fiscalización dicha diferenciación resulta irrelevante, pensando que el fin último es la correcta aplicación y fiscalización de todos los tributos, en especial en este caso de los establecidos en la ley N° 17.235, para lo cual lo importante es que la referida Base Catastral única cuente con la mayor información y detalle, obtenida ya sea en forma obligatoria y/o voluntaria.

En este mismo orden argumental, es necesario indicar que, si entregáramos la información solicitada por el requirente, relativa a la totalidad de los formularios N° 2890, se estaría develando información asociada a la fuente de las rentas, gastos y datos relativos a ellas respecto de diversos contribuyentes específicos y determinados, quienes han proporcionado la misma de manera obligatoria a este Servicio, más aun considerando que tal entrega se haría en forma precisa y determinada, lo que implicaría la afectación de los derechos de los mismos, principalmente en lo relativo a la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico, acto que sin lugar a dudas constituiría una vulneración a sus derechos establecidos y resguardados por el legislador, lo cual se encuentra protegido, además, por la causal de reserva establecido en el artículo 21 N° 2 de la ley N° 20.285.

Además, la información solicitada se encuentra protegida por la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 1 letra c) de la ley N° 20.285, toda vez que en la práctica la entrega de dicha información no implica tan solo el simple acopio o recopilación de datos, sino que debe determinar qué datos fueron obtenidos desde una declaración obligatoria y cuáles no, a fin de, luego, extraer, filtrar y procesar manualmente los datos que resulta posible entregar por no estar amparados en el secreto tributario al no haber sido obtenidos desde una declaración obligatoria en los términos establecidos en el artículo 35 del Código Tributario. Este Servicio, hoy no cuenta con estadísticas, documentos, estudios o una base de datos diferenciados para datos aportados de forma voluntaria y datos aportados por declaraciones obligatorias, porque tal como ya se señaló, dicha diferenciación para efectos de fiscalización tributaria y en particular de la ley N° 17.235, resulta innecesaria e irrelevante.

Esto sólo considerando aquellos que han sido inscritos en el respectivo Conservador de Bienes Raíces, por lo que el procesamiento de la información requerida a fin de entregar los datos posibles sin vulnerar la reserva tributaria, implica necesariamente una distracción indebida de funciones, en atención al altísimo número de inmuebles que se comprenden en operaciones para el período solicitado, más de cinco millones, considerando el mayor aún número de transacciones -transferencias o transmisiones de dominio- respecto a cada inmueble y peor aún, a la enorme cantidad de datos a distinguir respecto a cada situación particular, por cuanto habría que realizar un análisis detallado por cada inmueble a fin de determinar qué datos, de los que figuran en nuestra Base Catastral, fueron obtenidos desde una declaración obligatoria y cuáles desde una presentación voluntaria, a fin de solo entregar estos últimos, para no infringir la reserva tributaria que debe respetar este Servicio.

En lo puntual, considerando los datos numéricos antes esgrimidos respecto a datos a procesar, cabe informar que la cantidad de tiempo destinado a extraer, filtrar y procesar manualmente la información que resultaría posible entregar, esto es, no afecta a reserva tributaria, significaría que este Servicio destinara a un funcionario de la Subdirección de Informática con dedicación exclusiva a dicha labor de recopilación, filtro y procesamiento de antecedentes, durante un tiempo estimado mínimo de una semana solo para el año 2019, por lo que, considerando una jornada semanal de 5 días con una extensión diaria de 8 horas, significaría destinar un aproximado de al menos 160 horas laborales sólo para dicha labor.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, previo a resolver el fondo, respecto a lo alegado por el Servicio de Impuestos Internos, en el sentido de que el presente amparo adolece de vicios de cuanto a su admisibilidad, cabe tener presente que el fundamento de dicho reclamo es la respuesta parcialmente negativa otorgada por la institución, y en el que se acompañaron los antecedentes que requiere el artículo 24 de la Ley de Transparencia, por lo tanto, la resolución del presente reclamo corresponde al fondo del asunto debatido, dado que, en virtud de lo dispuesto en la letra b) del artículo 33 de la citada ley, corresponde a este Consejo "Resolver fundadamente, los reclamos por denegación de acceso a la información que le sean formulados de conformidad a esta ley", en relación con el artículo 24 de dicha ley, que establece que "la reclamación deberá señalar claramente la infracción cometida y los hechos que la configuran, y deberá acompañarse de los medios de prueba que los acrediten, en su caso", requisitos que, en la especie, han sido cumplidos por la reclamante. En consecuencia, este Consejo desechará dicha alegación.

2) Que, el presente amparo se encuentra circunscrito al permitir el acceso a la base de datos de los formularios N° 2980, de los últimos 10 años -a la fecha de a solicitud-, específicamente: campo 06: calle o nombre del predio, campo 16: número, campo 26: departamento, campo 36: local, box o bodega, campo 46: población villa o lugar, campo 08: nombre de comuna, campo 77: rol de avalúo asignado, campo 700: fecha escritura, campo 27: código de naturaleza de escritura, campo 500: monto enajenación en uf, campo 501: monto enajenación en pesos, campo 100: fojas, campo 200: número, campo 300: año, campo 400: fecha inscripción.

3) Que, por su parte, el SII denegó el acceso a la información pedida por tratarse de datos que no se obtienen desde una fuente accesible al público, sino que de una declaración obligatoria para los Notarios y Conservadores de Bienes Raíces, a través de la Declaración sobre Enajenación e Inscripción de Bienes Raíces, Formulario N° 2890, cuya divulgación conlleva la afectación del derecho a la vida privada y los derechos comerciales y económicos de una o más personas, tratándose además de información protegida por la reserva tributaria del artículo 35 del Código Tributario. Asimismo, sostiene que la información obra en su poder, en formato digital, en una Base de datos que no se obtiene completamente desde una fuente accesible al público, pues se alimenta, por un lado, con la información que aportan los Notarios y Conservadores, Municipios y otros organismos públicos y, por otro lado, por información que entrega el propio contribuyente, por lo cual la Base Catastral de inmuebles del Servicio se alimenta tanto de información que proviene de declaraciones obligatorias, principalmente el Formulario 2890, como de otras declaraciones que pueden presentar los propios contribuyentes, ya sea a través de otras declaraciones obligatorias como voluntarias. De esta forma, la divulgación de información implicaría la afectación de los derechos de estos, principalmente en lo relativo a la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico, protegidos por la hipótesis de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. Finalmente, argumenta que el procesamiento de la información requerida a fin de entregar los datos posibles sin vulnerar la reserva tributaria implica una distracción indebida de funciones en los términos del artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia, pues tendría que procesar más de cinco millones de operaciones.

4) Que, siguiendo el razonamiento de los amparos roles C592-11 y C452-14, C1162-16, C3403-17, entre otras, debe tenerse presente que la información contenida en las escrituras de enajenación de bienes raíces y su respectiva inscripción es plasmada en el formulario N° 2890 por el Notario y el Conservador respectivos, remitiéndola al SII mediante el formulario N° 2.895, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 76 del Código Tributario y de acuerdo a los dispuesto en la Circular N° 10, de 19 de febrero de 2004 del SII. Por su parte, dicho antecedente tiene como principal objetivo que el SII pueda ejercer las potestades que le encomienda la ley N° 17.235, sobre impuesto territorial. En tal sentido, la información pedida, tal como lo reconoció expresamente en sus descargos, obra en su poder no solo como consecuencia de la presentación de los aludidos Formularios N° 2890 sino porque dichos datos son incorporados a su base de datos o Base Catastral de Inmuebles. En conclusión, conforme a lo prescrito en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, los datos objeto del presente amparo constituyen en principio información pública, salvo la concurrencia de alguna de las causales de reserva contempladas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia.

5) Que, asimismo, ha de tenerse presente que respecto de una parte de los datos objeto del presente amparo, el órgano ha sostenido con ocasión de un procedimiento de acceso a información pública referida a una materia similar a la discutida, y en esta sede, específicamente, con ocasión de los amparos roles C183-14 y C184-14, que "los datos relativos al nombre y código de la comuna en que se ubica el predio, número de rol de avalúo, nombre de la calle o predio, número, departamento, box o bodega, población, villa o lugar, requeridos en la primera presentación, se encuentran contenidos en el catastro actualizado de bienes raíces de este Servicio, cuya copia íntegra solicito en la segunda. En consecuencia, por aplicación del principio de divisibilidad previsto en el artículo 11 de la Ley N° 20.285, cabe entender que satisface parcialmente la pretensión contenida en la primera solicitud, la entrega de la base de datos catastral a que se refiere la segunda petición

6) Que, en tal orden de ideas, en lo que se refiere a aquella parte del requerimiento que comprende el acceso a los campos 06: calle o nombre del predio, 16: número, 26: departamento, 36: local, box o bodega, 46: población villa o lugar, 08: nombre de comuna y 77: rol de avalúo asignado, en relación a la alegación del órgano referida a que la entrega de la información pedida puede afectar los derechos a la privacidad e intimidad económica y de los derechos comerciales y económicos de un elevado número de personas, se debe tener presente también lo señalado por este Consejo en los amparos roles C577-11, C639-11 y C452-14, C1162-16, C3403-17, entre otras, que "la información contenida en la base de datos catastral de propiedades agrícolas y no agrícolas, proviene de fuentes de acceso público, de tal suerte que el SII, para efectuar el tratamiento de la misma -lo que involucra, entre otras operaciones, su comunicación o transferencia a terceros-, no requiere autorización de sus titulares, conforme a lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 4° de la Ley N° 19.628". A mayor abundamiento, la información requerida no constituye en sí misma datos personales, en la medida que no dicen relación con personas identificadas o identificables. Así las cosas, siendo la reserva de derecho estricto, y una excepción al régimen de publicidad, a juicio de este Consejo, la información contenida en la base de datos consultada, de carácter técnico y valorado, que se encuentra previamente parametrizada y disponibilizada en distintas plataformas para la consulta de cualquier interesado sin previa autenticación, no permite concluir que su divulgación pueda afectar alguno de los derechos de los propietarios de bienes raíces incluidos en el catastro, por lo que será desestimada la alegación del órgano requerido relativa a la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

7) Que, sin perjuicio de lo anterior, no es posible efectuar el mismo razonamiento respecto de aquellos datos relativos a los campos 700: fecha escritura, 27: código de naturaleza de escritura, 500: monto enajenación en uf, 501: monto enajenación en pesos, 100: fojas, 200: número, 300: año y 400: fecha inscripción. Al efecto, este Consejo a partir de la decisión de amparo rol C2519-19, razonó que " asociar la información espacial, geográfica, técnica, y valorada de los bienes raíces que consta en los catastros antes indicados, asociados éstos al nombre de una persona natural determinada o bien determinable - esto último mediante la información de los datos específicos de la escritura pública de enajenación o mediante la comunicación de los datos de inscripción de dichos bienes raíces en los registros conservatorios-; implica en la especie, dar a conocer datos personales de terceros, o bien, permitir su determinación". En virtud de esto, atendida la inexistencia de algún interés público comprometido que permita justificar la revelación de las identidades de la totalidad de las personas naturales que a nivel nacional constan el citado catastro del órgano reclamado, como propietarios de bienes raíces ni de los datos necesarios para determinar dicha identidad, resulta plausible y con cierto grado de especialidad que la información relativa al propietario del inmueble informado al SII, los datos relativos a la inscripción de los bienes raíces en el respectivo registro del Conservador de Bienes Raíces así como aquellos referidos a la escritura de transferencia respectiva, se encuentra protegida por la causal de reserva del artículo 21N° 2 de la Ley de Transparencia. En mérito de lo anterior, se rechazará el amparo en esta parte, por concurrir al efecto la causal de reserva de afectación de los derechos de las personas, toda vez que la divulgación de los campos en análisis, en su conjunto y vinculados con las demás variables requeridas, permitirían identificar al propietario de los inmuebles consultados.

8) Que, ahora bien, respecto de la alegación del SII, referida a que la entrega de la información contenida en los Formularios 2890 posiblemente infringe el secreto tributario regulado en el artículo 35 inciso 2° del Código Tributario, se debe tener presente que dicha norma legal prescribe que "El Director y demás funcionarios del Servicio no podrán divulgar, en forma alguna, la cuantía o fuente de las rentas, ni las pérdidas, gastos o cualesquiera dato relativos a ella, que figuren en las declaraciones obligatorias, ni permitirán que éstas o sus copias o los libros o papeles que contengan extractos o datos tomados de ellas sean conocidos por persona alguna ajena al Servicio salvo en cuanto fueren necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones del presente Código u otras normas legales".

9) Que, sobre la materia, resulta procedente seguir lo argumentado en de la decisión del amparo Rol C592-11, particularmente en su considerando 11°, en cuanto a que "tenido a la vista por este Consejo el referido Formulario N° 2890, "Declaración Sobre Enajenación e Inscripción de Bienes Raíces", no se observa cómo la información en él contenida pueda entenderse como renta en los términos definidos por la ley. En efecto, la información vertida en dicho formulario, que dice relación con la identificación de quienes concurren a la enajenación de un bien raíz, los datos del inmueble, monto de enajenación y forma de pago, datos del título traslaticio de dominio y de la inscripción en el respectivo Conservador de Bienes Raíces, a juicio de este Consejo no se encuentra referida a la fuente de los ingresos a que se refiere el artículo 2° N° 1 del Decreto Ley N° 824, ya transcrito, y, por lo tanto, ha de estimarse que, en la especie no se configura la causal de secreto o reserva alegada por el SII, por cuanto dentro de los antecedentes requeridos no se encuentra la renta de los contribuyentes, sino que sólo los datos de la transacción de un inmueble determinado, y los montos involucrados en dicha transacción, montos que, bajo ninguna circunstancia pueden ser considerados como renta, ya que, si bien en dicha transacción se obtiene un crédito que engrosara el patrimonio, esto va unido a una contraprestación equivalente, que constituye el objeto de la obligación de la otra parte, no existiendo en definitiva una utilidad o incremento de patrimonio para ninguna de las partes intervinientes. En efecto, si bien tal información es utilizada por el SII en el desarrollo de la operación renta, esto sólo ocurre en la medida que se relacionan con otros datos y antecedentes que obran en poder del Servicio, de modo que este Consejo desestimará la invocación de la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia en relación con el artículo 35 del Código Tributario, por no concurrir en la especie".

10) Que, a mayor abundamiento, el criterio antes expuesto fue seguido en la decisión de amparo rol C1162-16, y ratificado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, quien conociendo del reclamo de ilegalidad interpuesto contra la misma, estableció en la sentencia Rol 10047-2016, que "En un quinto aspecto, vinculado al deber de reserva tributaria, el dictamen dispone, teniendo en vista el inciso 2° del artículo 35 del Código Tributario y el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, que el formulario N° 2890, sobre declaración sobre enajenación e inscripción de bienes raíces, no es posible de su examen determinar cómo la información en él contenida puede comprenderse como renta en los términos definidos por el artículo 2 N° 1 del DL N° 824, esto es, a la fuente del ingreso mismo, ya que tan solo contiene datos del inmueble, monto, forma de pago, datos del título e inscripción, por lo que no se configura la causal de reserva alegada por el S.I.I., sin que dé cuenta de una utilidad o incremento de patrimonio para los celebrantes, datos que se relacionarán con otros que obran en poder del organismo para desarrollar la denominada operación renta, máxime si ni siquiera se ha pedido en el acceso a la información los valores, todo lo cual hizo insostenible la alegación de afectación al secreto tributario, lo que fue rechazado".

11) Que, por tanto, considerando que de acuerdo con lo resuelto en los considerandos 6° y 7° anterior, procedería únicamente la entrega de los datos asociados a información espacial, geográfica y valorada de los inmuebles que componen la base de datos pedida, no existe infracción del secreto tributario, pues no se dan a conocer los elementos básicos que permitirían acceder, respecto de personas específicas y determinadas, a sus ingresos, a la fuente de aquellos ni a la determinación de sus cargas impositivas, razón por la cual se desestimará la alegación del Servicio en cuanto a la concurrencia de la causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación al artículo 35 del Código Tributario.

12) Que, finalmente, en cuanto a la causal de reserva de distracción indebida invocada por el SII, es menester señalar que el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, dispone que se podrá denegar el acceso a la información, cuando su entrega afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, especialmente "tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales". Asimismo, el artículo 7 N° 1, letra c), del Reglamento de dicha ley, establece que "se considera que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales".

13) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden tareas de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras circunstancias.

14) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En la especie, éste no ha sido precisamente el estándar demostrado por el órgano reclamado.

15) Que, el SII sustenta la causal de reserva en análisis, bajo la hipótesis de que la Base Catastral de Inmuebles con la que cuenta no distingue entre datos obtenidos desde declaraciones voluntarias o declaraciones obligatorias de los contribuyentes, y siendo la Declaración sobre Enajenación e Inscripción de Bienes Raíces o Formulario 2890, una declaración obligatoria, protegida por el secreto tributario, a efectos de satisfacer la solicitud de acceso tendría que construir una nueva base con la información específica requerida, a efecto de que en ella se consignen solo datos que el Servicio haya obtenido desde declaraciones voluntarias, pero vinculadas a las transacciones de bienes raíces informadas entre en el periodo que comprende la solicitud, situación que le implicaría procesar -desde su Base Catastral de Inmuebles- más de cinco millones de registros. Con todo, la premisa antes descrita carece de sentido conforme a lo razonado precedentemente, en orden a que los datos cuya entrega procede corresponde a aquellos relativos a los campos 06: calle o nombre del predio, 16: número, 26: departamento, 36: local, box o bodega, 46: población villa o lugar, 08: nombre de comuna y 77: rol de avalúo asignado, los que constituyen información pública, respecto de la cual no se configura la causal de reserva del secreto tributario u otra hipótesis legal de secreto.

16) Que, en consecuencia, siendo innecesaria cualquier actividad destinada a elaborar una base de datos distinta a la que ya obra en poder del órgano, no es posible configurar una causal de reserva fundada en la distracción indebida de funciones en los términos alegados. Debido a lo anterior se desestimará también la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia.

17) Que, en virtud de todo lo expuesto, se acogerá parcialmente el amparo en análisis, ordenando al SII entregar al reclamante, en relación a la base de datos de los formularios N° 2980, de los últimos 10 años -a la fecha de a solicitud-, los datos relativos a los campos: 06: calle o nombre del predio, 16: número, 26: departamento, 36: local, box o bodega, 46: población villa o lugar, 08: nombre de comuna, 77: rol de avalúo asignado; rechazándose en lo que se refiere a los campos 700: fecha escritura, 27: código de naturaleza de escritura, 500: monto enajenación en uf, 501: monto enajenación en pesos, 100: fojas, 200: número, 300: año, 400: fecha inscripción, por tratarse de información que, en su conjunto y vinculadas a las demás variables a cuya entrega se accede, permitiría identificar al propietario de los inmuebles, configurándose a su respecto la causal de reserva de afectación a los derechos de las personas en los términos del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Carlos Medina Cari en contra del Servicio de Impuestos Internos, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, lo siguiente:

a) Hacer entrega al reclamante, con relación a la base de datos de los formularios N° 2980, de los últimos 10 años -a la fecha de a solicitud-, los datos relativos a los campos: 06: calle o nombre del predio, 16: número, 26: departamento, 36: local, box o bodega, 46: población villa o lugar, 08: nombre de comuna, 77: rol de avalúo asignado.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Rechazar el amparo en lo que se refiere a los campos 700: fecha escritura, 27: código de naturaleza de escritura, 500: monto enajenación en uf, 501: monto enajenación en pesos, 100: fojas, 200: número, 300: año, 400: fecha inscripción, por configurarse a su respecto la causal de reserva de afectación a los derechos de las personas en los términos del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

IV. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Carlos Medina Cari y al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y su Consejero don Bernardo Navarrete Yáñez. Se deja constancia que el Consejero don Francisco Leturia Infante en forma previa al conocimiento del presente caso, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el presente caso, por estimar que podría concurrir a su respecto la causal establecida en el número 6 del artículo 62 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado y en el numeral 1° del acuerdo de este Consejo sobre tratamiento de los conflictos de intereses, adoptado en su sesión N° 101, de 9 de noviembre de 2009, es decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido; solicitud y voluntad que este Consejo acoge en su integridad.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.