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Juan Andrés Álvarez Álvarez con SUBSECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Rol: C4746-20

Consejo para la Transparencia, 05/01/2021

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, referido a la entrega de copia del informe sobre Reorganización de Misiones Diplomáticas. Lo anterior, por afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido y el interés nacional, en especial, respecto de las relaciones internacionales del país. Aplica criterio contenido en decisión Rol C4660-20, en el cual se determinó que su comunicación afectaría con alta probabilidad y de modo sustancial las relaciones internacionales con los países que allí se mencionan, por cuanto en el referido informe, van incluidos aspectos metodológicos, analíticos y de evaluación de tipo estratégica y sugerencias de lineamientos para la conducción de la relaciones diplomáticas del país y que inciden de manera directa en eventuales decisiones de política exterior. A su vez, se rechaza el amparo respecto a la entrega de copia de la grabación de la reunión que mantuvo el Consejo Asesor de Política Exterior de la Cancillería a fines de Mayo de 2020, por cuanto la recurrida expresamente señaló la inexistencia de dicho registro, no contando este Consejo con antecedentes que permitan desvirtuar lo argumentado por el órgano reclamado, considerando que no existe imperativo legal para almacenar en un soporte en video reuniones como las consultadas. Hay voto disidente del Consejero don Francisco Leturia Infante, quien fue partidario de acoger parcialmente el amparo, por cuanto estima que respecto del informe de reorganización de misiones diplomáticas no concurre la causal de reserva de afectación al debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, y el interés nacional, en especial, respecto de las relaciones internacionales del país, considerando además que existe un interés público prevalente sobre el conocimiento del informe consultado, toda vez que posibilita a la ciudadanía ejercer control social, respecto de una materia particularmente relevante para el país, como lo son las relaciones internacionales o política exterior, como asimismo, de los planes y estrategias desplegadas por el órgano reclamado, permitiendo ponderar si dichas medidas se ajustan a los intereses generales de la Nación.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento

Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Ausente)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C4746-20

Entidad pública: Subsecretaría de Relaciones Exteriores

Requirente: Juan Andrés Álvarez Álvarez

Ingreso Consejo: 09.08.2020

RESUMEN

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, referido a la entrega de copia del informe sobre Reorganización de Misiones Diplomáticas.

Lo anterior, por afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido y el interés nacional, en especial, respecto de las relaciones internacionales del país. Aplica criterio contenido en decisión Rol C4660-20, en el cual se determinó que su comunicación afectaría con alta probabilidad y de modo sustancial las relaciones internacionales con los países que allí se mencionan, por cuanto en el referido informe, van incluidos aspectos metodológicos, analíticos y de evaluación de tipo estratégica y sugerencias de lineamientos para la conducción de la relaciones diplomáticas del país y que inciden de manera directa en eventuales decisiones de política exterior.

A su vez, se rechaza el amparo respecto a la entrega de copia de la grabación de la reunión que mantuvo el Consejo Asesor de Política Exterior de la Cancillería a fines de Mayo de 2020, por cuanto la recurrida expresamente señaló la inexistencia de dicho registro, no contando este Consejo con antecedentes que permitan desvirtuar lo argumentado por el órgano reclamado, considerando que no existe imperativo legal para almacenar en un soporte en video reuniones como las consultadas.

Hay voto disidente del Consejero don Francisco Leturia Infante, quien fue partidario de acoger parcialmente el amparo, por cuanto estima que respecto del informe de reorganización de misiones diplomáticas no concurre la causal de reserva de afectación al debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, y el interés nacional, en especial, respecto de las relaciones internacionales del país, considerando además que existe un interés público prevalente sobre el conocimiento del informe consultado, toda vez que posibilita a la ciudadanía ejercer control social, respecto de una materia particularmente relevante para el país, como lo son las relaciones internacionales o política exterior, como asimismo, de los planes y estrategias desplegadas por el órgano reclamado, permitiendo ponderar si dichas medidas se ajustan a los intereses generales de la Nación.

En sesión ordinaria N° 1146 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información rol C4746-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 9 de junio de 2020, don Juan Andrés Álvarez Álvarez requirió a la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, lo siguiente:

"1) Requiero copia de los informes, documentos o estudios de cualquier naturaleza que respaldaron el cierre de cinco Embajadas correspondientes a Siria, Argelia, Dinamarca, Rumania y Grecia, anunciado con fecha 7 de Junio de 2020. 2) Requiero copia de la grabación de la reunión que mantuvo el Consejo Asesor de Política Exterior de Cancillería a fines de Mayo de 2020".

2) PRÓRROGA Y RESPUESTA: Con fecha 8 de julio de 2020, la Subsecretaría de Relaciones Exteriores comunicó al solicitante la prórroga del plazo del artículo 14, inciso 2° de la Ley de Transparencia.

Posteriormente, el 23 de julio de 2020, informan al reclamante una nueva prórroga de 10 días hábiles adicionales para el otorgamiento de respuesta, en atención a las especiales circunstancias de calamidad pública existentes en el país, producto del brote mundial del SARS-CoV-2, señalando la imposibilidad de contar con el personal especializado para examinar la información requerida. Citan al efecto lo previsto por este Consejo en Oficio N° 252, de 20 de marzo de 2020.

Finalmente, por Resolución Exenta N° 2046, e 5 de agosto de 2020, el organismo da respuesta al requerimiento, al siguiente tenor:

- La solicitud se traduce en la entrega del informe elaborado por la Dirección de Planificación Estratégica de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, referente a la propuesta de reorganización de misiones diplomáticas de Chile en el exterior, información que corresponde sea denegada por concurrir a su respecto la causal prevista en el artículo 21 N° 4 de la Ley de Transparencia.

- La publicidad de las piezas del documento solicitado podría en términos presentes y específicos, afectar el interés nacional, conforme lo estipula la disposición ya referida, especialmente las relaciones internacionales con los países que allí se singularizan, por cuanto se contienen aspectos metodológicos, analíticos y de evaluación que podrían ser percibidos erróneamente, o bien, apreciaciones o valoraciones que, sin mediar una adecuada interpretación, podrían perjudicar, dañar, afectar severamente o incluso interrumpir las relaciones de amistad con esas naciones.

- En ese orden de ideas destacan, que las relaciones internaciones se sostienen sobre la base de complejos equilibrios políticos, económicos y culturales, cuyo devenir trasciende a un determinado Gobierno. De ahí que la lectura de los antecedentes que informan los análisis internos en materia de política exterior, constituye siempre una cuestión de la mayor delicadeza, pues cualquier sesgo o inteligencia negativa acerca de su real sentido y alcance puede afectar gravemente las sensibilidades y apreciaciones de los países involucrados en esos procesos de reflexión.

- En consecuencia, expresan, es dable comprender que la entrega y posterior publicidad del informe solicitado, puede tener el efecto de menoscabar gravemente la política exterior de Chile, en específico nuestras relaciones con los países aludidos en el informe pedido.

- Hacen presente lo señalado por este Consejo en sus decisiones Roles C1326-15, C3555-17 y C3919-19, a partir de un informe elaborado por don Jorge Correa Sutil, relativo a la reserva de antecedentes que versen en relaciones exteriores.

- Precisan que el Ministerio de Relaciones Exteriores es la Secretaría de Estado encargada de colaborar con el Presidente de la República en el diseño, planificación, prospección, conducción, coordinación, ejecución, control e información de la política exterior que éste formule, proponiendo y evaluando las políticas y planes orientados a fortalecer la presencia internacional del país y velando por los intereses de Chile, con el propósito de elevar la calidad del desarrollo, seguridad y bienestar nacional - tal como lo prescribe el artículo 1 de la Ley N° 21.080, en concordancia a lo previsto en el artículo 32 N° 15 de la Constitución Política de la República- de manera que solo a este órgano del Estado, como colaborador directo e inmediato de la Primera Magistratura del país, le corresponde calificar si la develación de la información requerida afecta el interés nacional. Lo anterior, argumentan, se ajusta a lo resuelto por la Excma. Corte Suprema en causa rol N° 13510-2013, en orden a que es el Presidente de la República a quien le corresponde exclusivamente la conducción de las relaciones internacionales del país, y por ende, solo a él, mediante los organismos estatales establecidos para tal efecto en su representación, cabe calificar si un determinada decisión les afectará.

- Acto seguido, el órgano manifestó que la documentación requerida no se encuentra dentro de los supuestos del inciso 2° del artículo 8° de la Constitución Política de la República, dado que no se refiere a actos, resoluciones, fundamentos o procedimientos empleados, conforme los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional, sino que a un informe o estudio elaborado por la Dirección de Planificación Estratégica de esta Secretaría de Estado; citando diversa jurisprudencia, en particular, la concentrada en la STC 5950/2019, en orden a puntualizar, en relación con las reformas constitucionales, que el principio de Transparencia no estaría consagrado en la Carta Fundamental (STC Rol N° 1990/20012); que la Constitución no consagra un derecho de acceso a la información de un modo expreso (STC Rol C634/2007); y, que la Constitución no habla de información (STC Roles N° 2246/2012, 2153/2013 y 2379/2013).

- Finalmente, respecto a la segunda parte de la solicitud, relativa a la entrega de copia de la grabación de la reunión que mantuvo el Consejo Asesor de Política Exterior de esta Secretaría de Estado a fines de mayo de 2020, informan que no existe ningún registro en audio o video de aquella sesión.

3) AMPARO: El 9 de agosto de 2020, don Juan Andrés Álvarez Álvarez dedujo amparo a su derecho de acceso a información pública en contra de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, fundado en la respuesta negativa a la solicitud. A su vez, argumenta: "Existieron dos solicitudes de prórroga del organismo, con fechas 08 y 23 de Julio de 2020, cuales también se adjuntan, en las que aludió dificultad para reunir la información, pero nada se dijo respecto de otras motivaciones. En cuanto a la solicitud de grabación de la reunión del Consejo Asesor, la negativa resulta siquiera curiosa, toda vez que por redes sociales propias y de la ANEPE incluso se difundieron fotogramas de la referida reunión por videoconferencia, por lo que es atípico que existan éstas y no grabaciones de la misma".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el presente amparo, y mediante oficio N° E14198, de fecha 25 de agosto de 2020, confirió traslado a la Sra. Subsecretaria de Relaciones Exteriores, notificando el reclamo y solicitando que formule sus descargos u observaciones.

Por medio de correo electrónico de fecha 26 de agosto de 2020, la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, solicitó prórroga para dar respuesta a los descargos.

Posteriormente, por medio de Oficio RR.EE. (DIGEJUR) OF. PUB. N° 5677, de fecha 14 de septiembre de 2020, el órgano remitió sus descargos, en los cuales reitera los argumentos de su denegación expuestos en la respuesta objetada, sin embargo, agrega:

- Respecto a la copia de grabación de la reunión que mantuvo el Consejo Asesor de Política Exterior a fines del mes de mayo de 2020, conforme fue informado por el Gabinete del Ministro de Relacione Exteriores y la Dirección de Planificación Estratégica, reiteran la inexistencia de algún registro, sea en audio o video, de la sesión consultada. Al efecto, con ocasión de lo expuesto por el reclamante en su amparo, en la hipótesis que otras personas o entidades hayan difundido capturas de pantalla (fotogramas) de esa sesión por videoconferencia, no implica que esta Secretaría de Estado tenga o deba tener grabaciones o registros de la misma y que dan cuenta de las intervenciones de los miembros del referido consejo asesor, más aún si ese organismo consultivo, reglado en el artículo 6 de la Ley 21.080, carece de potestades decisorias para efectos de lo dispuesto en los artículos 3 y 41 de la Ley N° 19.880, en concordancia a lo prescrito en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la República.

- En cuanto a la copia de los informes, documentos o estudios de cualquier naturaleza que respaldaron el cierre de 5 embajadas, correspondientes a Siria, Argelia, Dinamarca, Rumania y Grecia, anunciado el 7 de junio de 2020, reiteran su negativa con base a lo dispuesto en el artículo 21 N° 4 de la Ley de Transparencia y los argumentos expuestos en la Resolución Exenta N° 2046, de 5 de agosto de 2020.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, respecto a la información requerida relativa a "copia de los informes, documentos o estudios de cualquier naturaleza que respaldaron el cierre de cinco Embajadas correspondientes a Siria, Argelia, Dinamarca, Rumania y Grecia, anunciado con fecha 7 de Junio de 2020", de lo expuesto por la recurrida en su respuesta y descargos, aquellos antecedentes se traducen en la entrega del informe sobre sobre "Reorganización de Misiones Diplomáticas", elaborado por la Dirección de Planificación Estratégica del organismo; cabe señalar que el Consejo Directivo de esta Corporación, en su sesión ordinaria N° 1139, de 27 de octubre de 2020, con ocasión al amparo Rol C4660-20, resolvió por acuerdo de la mayoría de sus miembros, rechazar la entrega del informe pedido, por cuanto, y previa descripción de su contenido por parte de la reclamada, se determinó que su comunicación afectaría con alta probabilidad y de modo sustancial las relaciones internacionales con los países que allí se mencionan, menoscabado no sólo el interés nacional, en los términos dispuestos en el artículo 21 N° 4 de la Ley de Transparencia, sino que, además, de manera probable, el debido funcionamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores, según lo establecido en el artículo 21 N° 1, de la misma ley, por cuanto en el referido informe, van incluidos aspectos metodológicos, analíticos y de evaluación de tipo estratégica y sugerencias de lineamientos para la conducción de la relaciones diplomáticas del país y que inciden de manera directa en eventuales decisiones de política exterior; razonamiento que en esta oportunidad de reitera, debiendo por tanto rechazar el amparo en esta parte.

2) Que, en cuanto a la entrega de "copia de la grabación de la reunión que mantuvo el Consejo Asesor de Política Exterior de Cancillería a fines de Mayo de 2020", realizada por videoconferencia, el 28 de mayo de 2020 ; cabe hacer presente que constituye un presupuesto básico para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública el que los antecedentes solicitados existan en poder del órgano requerido, conforme preceptúan los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia. En tal sentido, el inciso 2° del artículo 5° de la Ley de Transparencia, dispone que "es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración" (énfasis agregado). En la especie, la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, señaló en su respuesta y descargos la inexistencia de grabación o registro de video al efecto, no disponiendo de antecedentes que permitan controvertir dicha alegación, considerando que no existe imperativo legal para el organismo de almacenar en un soporte en video reuniones como las consultadas; en consecuencia, se rechazará el amparo igualmente en esta parte.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Juan Andrés Álvarez Álvarez en contra de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Juan Andrés Álvarez Álvarez y a la Sra. Subsecretaria de Relaciones Exteriores.

VOTO DISIDENTE

La presente decisión es acordada con el voto disidente del Consejero don Francisco Leturia Infante, quien no comparte lo razonado por este Consejo respecto al informe sobre "Reorganización de Misiones Diplomáticas", y fue partidario de acoger parcialmente el amparo interpuesto respecto a dicho antecedente, por las siguientes razones:

1) Que, a diferencia del voto mayoritario, este Consejero estima que es pública la información contenida en el informe aludido, de conformidad a lo previsto en el artículo 8° de la Constitución Política de la República, como también en virtud de lo dispuesto en la Ley de Transparencia en sus artículos 5° y 10°, no habiéndose aportado elementos suficientes que permitan acreditar el daño a los bienes jurídicos protegidos por las causales de reserva invocadas.

2) Que, en este contexto, es menester tener presente que, es de público conocimiento la información sobre la ubicación de las embajadas de Chile en el extranjero. Es más, dicha información es puesta libremente a disposición de la ciudadanía por parte de la institución en el siguiente enlace electrónico: https://chile.gob.cl/embajadas/ . Por tal motivo, este Consejero no advierte, cómo la develación de la información sobre la evaluación de la apertura o el cierre de aquellas puedan afectar el interés nacional, y en particular, las relaciones internacionales o política exterior del país, máxime si se considera que, dichas delegaciones son establecidas precisamente como resultado del fluido y profuso intercambio de intereses de tipo comercial, económico y cultural existentes con sus principales actores.

3) Que, asimismo, a juicio de este disidente, existe un interés público prevalente en el conocimiento de la información reclamada, por cuanto conocer la metodología y criterios de evaluación para la instalación de las embajadas, posibilita a la ciudadanía, tomar noticia y ejercer control social, respecto de una materia particularmente relevante para el país, como lo son las relaciones internacionales o política exterior, como asimismo, de los planes y estrategias desplegadas por el órgano reclamado, permitiendo ponderar si dichas medidas se ajustan a los intereses generales de la Nación.

4) Que, en consecuencia, este disidente estima que, se debe acoger este amparo respecto a la información requerida, desestimando la concurrencia de las causales de reserva previstas en el artículo 21° N° 1 y N° 4 de la Ley de Transparencia.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.