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Cesar Vásquez Castillo con MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA Rol: C5286-20

Consejo para la Transparencia, 19/01/2021

Se rechaza el amparo en contra de la Municipalidad de Quillota, relativo a la entrega de copia de plan seccional de las localidades que indica, inmerso en plan regulador intercomunal vigente, con sus respectivos planos en formato original. Lo anterior, toda vez que la reclamada ha explicado que la información solicitada no obra en su poder, al encontrarse el plan regulador intercomunal -y los antecedentes que lo conforman en etapa de elaboración y aprobación por parte de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo, tal como fuere aclarado por la Dirección de Obras Municipales de la reclamada, no disponiendo esta Corporación de antecedentes que desvirtúen lo alegado por el órgano requerido, en cuanto a que la información remitida con ocasión de sus descargos -el plan regulador comunal vigente-, es toda la que obra en su poder.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Gestión y administración territorial (Urbanismo)
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C5286-20

Entidad pública: Municipalidad de Quillota

Requirente: Cesar Vásquez Castillo

Ingreso Consejo: 28.08.2020

RESUMEN

Se rechaza el amparo en contra de la Municipalidad de Quillota, relativo a la entrega de copia de plan seccional de las localidades que indica, inmerso en plan regulador intercomunal vigente, con sus respectivos planos en formato original.

Lo anterior, toda vez que la reclamada ha explicado que la información solicitada no obra en su poder, al encontrarse el plan regulador intercomunal -y los antecedentes que lo conforman en etapa de elaboración y aprobación por parte de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo, tal como fuere aclarado por la Dirección de Obras Municipales de la reclamada, no disponiendo esta Corporación de antecedentes que desvirtúen lo alegado por el órgano requerido, en cuanto a que la información remitida con ocasión de sus descargos -el plan regulador comunal vigente-, es toda la que obra en su poder.

En sesión ordinaria N° 1150 del Consejo Directivo, celebrada el 19 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5286-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 9 de agosto de 2020, don Cesar Vásquez Castillo solicitó a la Municipalidad de Quillota, la siguiente información:

"copia fiel de su original de plan seccional que comprende las localidades de Quillota y San Pedro, inmerso en plan regulador intercomunal vigente, con sus respectivos planos en formato original".

Adicionalmente, señaló que la información solicitada debe copia fiel de sus originales, certificándolo en el documento entregado.

2) RESPUESTA: Mediante Ordinario N° 375 de fecha 11 de agosto de 2020, el municipio reclamado respondió a dicho requerimiento e informó que no se encuentra aprobado el plan regulador intercomunal, por estar este en etapa de elaboración y aprobación por parte de la SEREMI de Vivienda, y no existe el denominado plan seccional que comprende la localidad de Quillota y San Pedro.

3) AMPARO: El 27 de agosto de 2020, don Cesar Vásquez Castillo dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud.

El reclamante hizo presente que lo solicitado es copia del plan vigente, así como de sus respectivos planos, y no del plan que se encuentra en etapa de elaboración y/o aprobación por parte de la SEREMI de Vivienda, como fuere señalado por el organismo.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Quillota, mediante Oficio N° E15693 de fecha 17 de septiembre de 2020 solicitándole que: (1°) considerando lo indicado en el amparo, señale si, a su juicio, la respuesta otorgada al reclamante satisface íntegramente su requerimiento de información; (2°) señale si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; y, (5°) en caso de no existir inconvenientes para la entrega de la información pedida, se solicita la remisión de la misma a la parte recurrente con copia a este Consejo, a fin de evaluar el cierre del presente caso a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC). Lo anterior, dando aplicación de lo dispuesto en la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, al numeral 4.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo y a la Recomendación de esta Corporación sobre Protección de Datos Personales por parte de los Órganos de la Administración del Estado.

Mediante correo electrónico de fecha 14 de octubre de 2020, se le concedió al órgano reclamado un plazo extraordinario de 3 días hábiles para que evacuara sus descargos u observaciones. Al respecto, por medio de correo electrónico de fecha 14 de octubre de 2020, el órgano reclamado remitió Ordinario N° 465, en el cual el Director de Obras Municipales aclaró que el plan regulador vigente de la comuna de Quillota, fue publicado con fecha 10 de septiembre de 1966, fecha desde la cual se encuentra vigente. Luego, añadió que en el recurso presentado se hace alusión a lo que se define en el artículo 2.1.10, respecto de los contenidos y alcances que debe tener un plan regulador, aspecto que desarrolla señalando los artículos 2.1.17 y 2.1.18, así como el artículo 2.1.9, todos de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. En este sentido, advirtió que la presentación del requirente se basa en las consideraciones de dicha Ordenanza -es decir del D.S. N° 47, que entró en vigencia el año 1992-, y se refiere a los requisitos que deben cumplir los planes reguladores después del año 1992, por lo que no es posible que un plan regulador elaborado en el año 1966 reúna los requisitos obligatorios a contar del año 1992. En virtud de lo anterior, aclaró que el plan regulador vigente de la comuna de Quillota, cuenta con; memoria explicativa, ordenanza local, plano de la propuesta y plano de expropiación.

En efecto, agregó que los documentos solicitados por el peticionario no existen, toda vez que no eran exigibles en la fecha de su concepción y por tanto no resulta posible acceder al detalle de lo solicitado, por cuanto dicha documentación no fue elaborada en su oportunidad.

Sumado a lo anterior, el órgano acompañó antecedentes del plan regulador vigente, así como el plan regulador del año 1965, y copia de planimetrías y modificaciones de plan regulador remitido.

Por otra parte, mediante correo electrónico de fecha 11 de noviembre de 2020, la municipalidad reclamada adjuntó Ordinario N° 015T y, en línea con lo informado por el Director de Obras Municipal, informó que el D.S. N° 47 de 1992 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en su artículo 2.1.9 señala que los planes reguladores intercomunales (PRI) serán confeccionados por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo respectiva, con consulta a las institucionales que integran la Administración del Estado que estime conveniente. Así, explicó que según lo informado por la Dirección de Obras el PRI que abarca la comuna de Quillota, entre otras, a la fecha está en elaboración, por lo que aún no está vigente. Añadió que, por ende, no existe un plan seccional de las localidades de Quillota y San Pedro, por cuanto aún se encuentra en elaboración por la entidad que la ley faculta para la materia.

5) PRONUNCIAMIENTO DEL RECLAMANTE: En virtud de lo anterior, este Consejo, mediante Oficio N° E18982 de fecha 2 de noviembre de 2020, solicitó al reclamante manifestar su conformidad o disconformidad con la información proporcionada por el organismo, y en caso de disconformidad, señalar que información de la solicitada no le ha sido entregada.

Al respecto, mediante presentación remitida por correo electrónico de fecha 11 de noviembre de 2020, el peticionario manifestó su disconformidad con la respuesta entregada por el organismo. Así, el requirente manifestó que en los planos entregados, el Director de Obras Municipales de Quillota, omite injustificadamente el sector de San Pedro, que fuere señalado en la documentación acompañada. Agregó que su propiedad, ubicada en la comuna de Quillota, respecto del cual se pide el plan comunal, no se encuentra comprendido entre aquellos sectores de los que la Municipalidad recurrida hizo entrega de la documentación.

Por último, cuestionó la veracidad de los planos del plan regulador comunal remitido.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el objeto del presente amparo en la entrega de copia de de plan seccional de las localidades de Quillota y San Pedro, inmerso en el plan regulador intercomunal vigente, con sus respectivos planos en formato original, respecto de lo cual, el órgano reclamado, no obstante remitir con ocasión de sus descargos el plan regulador comunal de 1965, con sus modificaciones siguientes, sus planos, así como de los antecedentes de su formación, advirtió en su respuesta y con ocasión de sus descargos que la información solicitada no obra en su poder.

2) Que, el municipio recurrido explicó en su respuesta y con ocasión de sus descargos, que atendido a lo informado por la Dirección de Obras Municipales, el Plan Regulador Intercomunal que abarca la comuna de Quillota, entre otras, está en etapa de elaboración y aprobación por parte de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo -en conformidad a lo dispuesto en el artículo 2.1.9 del D.S. N° 47, de 1992, que aprueba Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones-, por lo que no existe un plan seccional de las localidades de Quillota y San Pedro -y sus planos-, al encontrarse en elaboración por la entidad que la ley faculta para la materia. Al respecto, agregó que el plan regulador vigente de la comuna de Quillota -publicado en 1966, el cual se encuentra vigente y que adjuntó al efecto, junto con sus antecedentes de elaboración, planos y sus modificaciones posteriores-, cuenta únicamente con los documentos que señala, al ser elaborado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, en 1992, no siendo posible que, dicho instrumento, reúna los requisitos obligatorios exigidos a contar de 1992, por lo que no resulta posible entregar lo solicitado, por cuanto dicha documentación no fue elaborada en su oportunidad.

3) Que, respecto a la inexistencia esgrimida por la reclamada, cabe consignar que este Consejo ha sostenido reiteradamente en las decisiones de amparo Roles C1179-11, C409-13, C3691-17 y C3692-17, entre otras, que la inexistencia de la información solicitada constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. En efecto, esta alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual la información requerida no obra en su poder y debiendo acreditarla fehacientemente. (énfasis agregado).

4) Que, a su turno, según lo prescrito en el numeral 2.3. de la Instrucción General N° 10 de esta Corporación "Si realizada la búsqueda, el órgano público constata que no posee la información deberá: (...) b) De no existir un acto administrativo que haya dispuesto la expurgación de los documentos pedidos, agotar todos los medios a su disposición para encontrar la información y, en caso de estimarse que los hechos son susceptibles de ser sancionados con una medida disciplinaria, instruir el correspondiente procedimiento sancionatorio. Si la información no fuere habida, deberá comunicarse esta circunstancia al solicitante, indicándole detalladamente las razones que lo justifiquen" (énfasis agregado).

5) Que, cabe tener presente además lo resuelto por este Consejo a partir de la decisión de amparo Rol C533-09. En dicha decisión, se resolvió que la información cuya entrega puede ordenar, debe contenerse "en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos" o en un "formato o soporte" determinado, según dispone el inciso segundo del artículo 10 de la Ley de Transparencia. Por tal motivo, no resulta procedente requerir al órgano reclamado que haga entrega de información que, de acuerdo a lo aclarado por el mismo en su respuesta y con ocasión de sus descargos, no obraría en su poder, toda vez que, la información remitida con ocasión de su descargos -plan regulador comunal- es toda la que obra en su poder, no contando con el plan seccional -y sus planos originales- de las localidades que se consultan, incorporados en el plan regulador intercomunal, al encontrarse este último -y los antecedentes que lo conforman- en etapa de elaboración y aprobación por parte de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo, tal como fuere aclarado por la Dirección de Obras Municipales de la reclamada. Por lo anterior, y atendida la falta de antecedentes suficientes en el procedimiento de acceso en análisis, que permitan desvirtuar lo expresado por el órgano requerido en esta sede, en cuanto a la inexistencia de la información en los términos pedidos, se rechazará el presente amparo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don César Vásquez Castillo, en contra de la Municipalidad de Quillota, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don César Vásquez Castillo; y, al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Quillota.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y don Bernardo Navarrete Yáñez. El Consejero don Francisco Leturia Infante no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.