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Edith Alejandra Guzmán Saavedra con MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ Rol: C7044-20

Consejo para la Transparencia, 19/01/2021

Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Municipalidad de Maipú, ordenándose la entrega de copia de los antecedentes relativos a infracciones -registro de inicio de proceso de fiscalización, acta de fiscalización, apertura de proceso sancionatorio posterior, registro de multas, copia citación infractora, entre otros antecedentes- cometidas eventualmente por colegio que indica. Lo anterior, por cuanto se trata de información pública que obra en poder del órgano reclamado, respecto de la cual se ha desestimado la afectación al privilegio deliberativo pendiente y por no acreditarse una afectación al debido cumplimiento de las funciones del Servicio. En virtud del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia, se deberán tarjar los datos personales y sensibles de contexto, que allí se contengan, ello en conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre Protección de la Vida Privada. No obstante lo anterior, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento

Reclamaciones contra esta decisión (Ver estado procesal):



Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C7044-20

Entidad pública: Municipalidad de Maipú

Requirente: Edith Alejandra Guzmán Saavedra

Ingreso Consejo: 01.11.2020

RESUMEN

Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Municipalidad de Maipú, ordenándose la entrega de copia de los antecedentes relativos a infracciones -registro de inicio de proceso de fiscalización, acta de fiscalización, apertura de proceso sancionatorio posterior, registro de multas, copia citación infractora, entre otros antecedentes- cometidas eventualmente por colegio que indica.

Lo anterior, por cuanto se trata de información pública que obra en poder del órgano reclamado, respecto de la cual se ha desestimado la afectación al privilegio deliberativo pendiente y por no acreditarse una afectación al debido cumplimiento de las funciones del Servicio.

En virtud del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia, se deberán tarjar los datos personales y sensibles de contexto, que allí se contengan, ello en conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre Protección de la Vida Privada.

No obstante lo anterior, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen.

En sesión ordinaria N° 1150 del Consejo Directivo, celebrada el 19 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C7044-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 7 de octubre de 2020, doña Edith Alejandra Guzmán solicitó a la Municipalidad de Maipú -en adelante, indistintamente Municipalidad o Municipio- la siguiente información:

1.1) «Copia de registro de inicio de proceso fiscalización, acta de fiscalización y de apertura de proceso sancionatorio posterior;

1.2) Copia del registro de las multas cursadas por la Dirección de Obras Municipales de Maipú contra la infractora, de acuerdo al artículo 20° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que, previene que toda infracción a sus disposiciones, a su ordenanza general y los instrumentos de planificación territorial que se apliquen en las respectivas comunas, será sancionada con multa, a beneficio municipal, no inferior a un 0,5% ni superior al 20% del presupuesto de la obra;

1.3) Copia de registro de pago efectivo de dicha multa;

1.4) Copia de la citación a la infractora, cursada por la Dirección de Obras Municipales de Maipú, al Juzgado de Policía Local de Maipú, por infringir los artículos citados en antecedentes; y

1.5) Copia de Oficio de la Dirección de Obras Municipales de Maipú, solicitando a la señora alcaldesa de la comuna, dictar un decreto de clausura y/o demolición de las alteraciones y ampliaciones existentes en el inmueble en cuestión.

2) RESPUESTA: Mediante presentación, de fecha 30 de octubre de 2020, la Municipalidad de Maipú respondió a dicho requerimiento de información, denegando su entrega, por concurrir en la especie la causal de reserva prevista en el artículo 21° N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia.

Al respecto, hizo presente que lo peticionado se circunscribe a una serie de antecedentes, cuyo contenido no está completamente definido, pues dicha información será utilizada en un eventual acto administrativo que aún se encuentra pendiente. En tal sentido, razonó que lo solicitado contiene antecedentes relevantes que se refieren a deliberaciones previas a la revisión por parte del Municipio, que actualmente se encuentra en etapa de análisis, por lo que su develación -de manera previa a lo que se resuelva- afectaría el funcionamiento del Ente Edilicio.

En cuanto a la afectación del debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado, expresó que la publicidad de lo requerido facilitará la interposición de alegaciones u oposiciones de terceros, de manera anticipada, al contener información sensible respecto del ejercicio de las facultades y deberes propios del órgano, que comprometen sus posibilidades o formas de actuación en el caso, y dilatando innecesariamente los procedimientos y plazos para la toma de decisiones. Asimismo, indicó que divulgar información que está siendo recabada para su análisis, supone inmiscuirse en el ámbito de decisión del referido órgano, en la adopción de una medida particular sobre la materia.

A efectos de ilustrar lo anterior, citó jurisprudencia emanada de esta Corporación.

3) AMPARO: El 1 de noviembre de 2020, doña Edith Alejandra Guzmán Saavedra dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la denegación de los antecedentes consultados.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Maipú, mediante Oficio N° E19820, de fecha 12 de noviembre de 2020, solicitándole que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) señale cómo la entrega de la información reclamada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa, precisando, en qué medida lo solicitado serviría de antecedente para la adopción de una resolución o política futura; detallando las implicancias de dicha medida, y explicitando las características particulares de lo solicitado que, a juicio del órgano que usted representa, justificaría que su comunicación vulnera el correcto cumplimiento de los objetivos de la resolución o política en curso, identificando en forma precisa los efectos que produciría su publicidad o comunicación, teniendo en consideración que parte de la información requerida se refiere a sanciones ya aplicadas al colegio y multas cursadas o pagadas por el infractor; y, (3°) informe detalladamente cuál es la medida o resolución pendiente de ser adoptada por parte de la institución, y el estado actual del proceso de decisión de dicha medida, resolución o política, sobre el que recae la información denegada y fecha aproximada del término del mismo.

Mediante presentación, de fecha 27 de noviembre de 2020, el Municipio evacuó sus descargos y observaciones, reiterando, en síntesis, lo expuesto en su respuesta. Al efecto, agregó que se está evaluando la posibilidad de dictar un decreto de demolición, pero previo a ello se está explorando otras alternativas menos invasivas y más amistosas o de mejor conveniencia que puedan llegarse, a fin de evitar un mal posterior, ello está en análisis. Al respecto, expresó que la develación de la información en cuestión podría alterar cualquier acuerdo al cual se podría eventualmente arribar.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo de acceso a la información se funda en la denegación de los antecedentes consultados por la peticionaria, concernientes a la copia de los antecedentes relativos a infracciones -registro de inicio de proceso de fiscalización, acta de fiscalización, apertura de proceso sancionatorio posterior, registro de multas, copia citación infractora, entre otros antecedentes- cometidas eventualmente por colegio que indica. Al efecto, el órgano reclamado se opuso a la entrega de dichos antecedentes, por concurrir la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1, letra b) de la Ley de Transparencia.

2) Que, sobre la materia, el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, dispone que se podrá denegar el acceso a la información «tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas». A su vez, el artículo 7° N° 1, letra b), del Reglamento de la Ley de Transparencia, señala que «se entiende por antecedentes todos aquellos que informan la adopción de una resolución, medida o política, y por deliberaciones, las consideraciones formuladas para la adopción de las mismas, que consten, entre otros, en discusiones, informes, minutas u oficios». Según la jurisprudencia de este Consejo -contenida, entre otras, en sus decisiones recaídas en los amparos Roles A12-09, A47-09, A79-09, C248-10 y C67-12- para configurar la causal de reserva indicada, se requiere la concurrencia de dos requisitos copulativos, a saber: i) que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política; y, ii) que la publicidad, conocimiento o divulgación de dicha información afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano.

3) Que, a su vez, en cuanto a la verificación del primer requisito copulativo señalado precedentemente, es necesario advertir que, conforme ha establecido la misma jurisprudencia de este Consejo, supone a su vez, la concurrencia de otros 2 presupuestos, a saber: a) Que el proceso deliberativo sea realmente tal, es decir, que se trate efectivamente de un proceso que se encuentra pendiente de decisión por parte de la autoridad que invoca la causal en examen. b) Que exista certidumbre en la adopción de la resolución, medida o política dentro de un plazo prudencial. Esto no apunta a conocer el momento preciso en que se tomará la decisión, sino que a la existencia de una causalidad clara entre los antecedentes que se quiere reservar y la adopción de una decisión sobre la base de aquéllos, de manera que ésta última se vaya a producir y no sea solamente una posibilidad cuya probabilidad de concreción sea incierta. Con ello se ha buscado impedir que la causal pueda invocarse de manera permanente sin más, pues de lo contrario cualquier antecedente podría ser considerado posible fuente de una futura resolución y, por lo mismo, estimarse reservado (Decisión Rol C3298-18) (énfasis agregado).

4) Que, en armonía con lo anterior, en la decisión recaída en el amparo Rol A79-09 se estableció que: «ésta también supone que exista certidumbre de la adopción de la resolución, medida o política dentro de un plazo prudencial, incluso si la decisión consistiese, al final, en no hacer nada. No entenderlo así llevaría a que los fundamentos de la decisión fuesen indefinidamente reservados, lo que pugna con el sentido de la Ley de Transparencia y los principios de su artículo 11. En otras palabras, la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 1 letra b) no puede quedar sometida a una condición meramente potestativa, esto es, no puede depender de la mera voluntad o discrecionalidad del órgano requerido» (énfasis agregado).

5) Que, sobre la materia, conviene, además, tener presente lo razonado por la Corte de Apelaciones de San Miguel, en sentencia de 12 de noviembre de 2014 (Rol N° 61-2014), que al referirse a la causal de reserva en comento, entre otras cosas, precisó la necesidad de: «un proceso deliberativo que se encuentra pendiente -vigente, existe y es real-, unido a la relación de causalidad evidente entre los antecedentes que se quiere reservar y la adopción de una decisión en base a ellos» (énfasis agregado).

6) Que del análisis de los antecedentes aportados por el Municipio, con ocasión de sus presentaciones, esta Corporación estima que no existe certidumbre con respecto a la adopción de una resolución o medida que tengan como antecedente la información consultada. Al efecto, la denegatoria del Municipio se fundamenta en la eventual dictación de un acto administrativo, que aún se encuentra pendiente -en etapa de análisis-, específicamente, de un decreto de demolición. Sobre este punto, la Municipalidad complementó que se está evaluando la posibilidad de dictar un decreto de demolición y previo a ello, se está explorando otras alternativas, por lo que la develación de la información en cuestión podría alterar un acuerdo al cual se podría eventualmente arribar. De esta manera, el presupuesto referido -certidumbre en una decisión-, como se puede apreciar, no concurre en la especie, pues sus argumentaciones se sustentan en situaciones hipotéticas o meras apreciaciones subjetivas. Por lo tanto, aceptar la posición del órgano, atendida la falta de certeza en la toma de una decisión, podría dar pie a mantener la reserva de documentación de manera indefinida, no debiéndose perder de vista que la causal de reserva alegada es esencialmente temporal. En el mismo orden de ideas, el Municipio, con ocasión de sus presentaciones, no acompañó antecedentes suficientes que permitan ponderar el vínculo existente de causalidad entre los antecedentes peticionados que se quieren reservar y la adopción de una decisión sobre la base de aquellos. Al efecto, el Municipio reclamado, no proporcionó elementos suficientes que permitan identificar el proceso administrativo consultado, tales como el número del expediente administrativo, la fecha de inicio del referido procedimiento sancionatorio y antecedentes sobre su estado de tramitación (énfasis agregado).

7) Que, en la misma línea, este Consejo, tampoco advierte la verificación del 2° requisito exigido por la jurisprudencia para la procedencia de la causal de reserva de la especie, esto es, que la publicidad, conocimiento o divulgación de dicha información afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, pues el Municipio no aportó suficientes antecedentes que permitan acreditar -de manera indubitada y fehaciente- la manera en que la entrega de la información pedida produciría una afectación presente o probable con suficiente especificidad en el cumplimiento de las funciones del organismo. En tal sentido, el órgano requerido sólo puntualizó que, lo pedido se circunscribe a información será utilizada en un eventual acto administrativo que aún se encuentra pendiente, por lo que la publicidad de lo requerido facilitará la interposición de alegaciones u oposiciones de terceros, de manera anticipada, al contener información respecto del ejercicio de las facultades del órgano. Asimismo, ilustró que la develación de la información en análisis podría alterar cualquier acuerdo al cual se podría eventualmente arribar. Sobre lo anterior, a juicio de esta Corporación, el órgano recurrido no especificó suficientemente la forma o la manera -en específico- en que la entrega de la información requerida podría afectar el debido cumplimiento de sus funciones y consecuentemente, el privilegio deliberativo de la autoridad respectiva, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia. Al respecto, es menester tener presente que, por tratarse de normas de derecho estricto, las causales de secreto deben aplicarse en forma restrictiva. En efecto, según la jurisprudencia reiterada de este Consejo, no basta con invocar una causal de secreto o reserva para eximir al órgano reclamado del cumplimiento de su obligación de entrega, sino que, además, debe indicar los hechos que la configuran y aportar los antecedentes que acrediten la afectación a los bienes jurídicos respectivos, circunstancias que no se advierten en la especie. Por tal motivo, se desestimarán las alegaciones esgrimidas en este punto (énfasis agregado).

8) Que, a su turno, es menester tener en consideración, que las materias consultadas por el reclamante, constituyen información pública, en la medida que se trata de antecedentes relativos a la Administración del Estado. En tal sentido, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, dispone que: «Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen». En este mismo orden de ideas, según lo dispuesto en los artículos 5°, inciso segundo y 10° de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado: «es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento»; y «El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga».

9) Que, en mérito de lo anterior; tratándose de información pública; y, no habiéndose acreditado suficiente y fehacientemente la hipótesis de reserva invocada por el órgano reclamado, este Consejo acogerá el presente amparo, ordenando entregar copia de los antecedentes consultados.

10) Que, con respecto de la información que se ordenó entregar, en virtud del Principio de Divisibilidad, en forma previa a la entrega de la información solicitada, el órgano reclamado deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto, como por ejemplo, el número de la cédula de identidad, el domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros, que pudieren estar contenidos en la información cuya entrega se ordena. Asimismo, el órgano reclamado deberá tarjar los datos sensibles detallados en la información consultada. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), y 4° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia. No obstante lo anterior, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por doña Edith Alejandra Guzmán Saavedra, en contra de la Municipalidad de Maipú, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Maipú, lo siguiente;

a) Entregue a la reclamante copia de: i) Registro de inicio de proceso fiscalización, acta de fiscalización y de apertura de proceso sancionatorio posterior; ii) Copia del registro de las multas cursadas por la Dirección de Obras Municipales de Maipú contra la infractora, de acuerdo al artículo 20° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que; iii) Copia de registro de pago efectivo de dicha multa; iv) Copia de la citación a la infractora, cursada por la Dirección de Obras Municipales de Maipú, al Juzgado de Policía Local de Maipú, por infringir los artículos citados en antecedentes; y v) Copia de Oficio de la Dirección de Obras Municipales de Maipú, solicitando a la señora alcaldesa de la comuna, dictar un decreto de clausura y/o demolición de las alteraciones y ampliaciones existentes en el inmueble en cuestión.

En virtud del Principio de Divisibilidad, en forma previa a la entrega de la información solicitada, el órgano reclamado deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto, como por ejemplo, el número de la cédula de identidad, el domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros, que pudieren estar contenidos en la información cuya entrega se ordena. Asimismo, el órgano reclamado deberá tarjar los datos sensibles detallados en la información consultada. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), y 4° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia.

No obstante lo anterior, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Edith Alejandra Guzmán Saavedra; y, a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Maipú.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y don Bernardo Navarrete Yáñez. El Consejero don Francisco Leturia Infante no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.