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Salmones Multiexport SA con SERVICIO NACIONAL DE PESCA (SERNAPESCA) Rol: C6890-20

Consejo para la Transparencia, 19/01/2021

Se acoge el amparo deducido en contra de del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA), ordenandose la entrega de copia íntegra del ORD/D.N./N° 152803 de fecha 30 de Julio de 2020, emitido por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, mediante el cual acompaña Informe Técnico 122.20 DEN_SPP de fecha 28 de Julio de 2020 contenido en memo interno N° DN100013-2020 de fecha 30 de Julio de 2020, en el contexto de la denuncia efectuada al centro de cultivo señalado, por supuestamente haber incurrido en la infracción dispuesta en el artículo 118 ter letra b) de la Ley General de Pesca y Acuicultura.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C6890-20

Entidad pública: Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA)

Requirente: Salmones Multiexport S.A.

Ingreso Consejo: 27.10.2020

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra de del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA), ordenandose la entrega de copia íntegra del ORD/D.N./N° 152803 de fecha 30 de Julio de 2020, emitido por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, mediante el cual acompaña Informe Técnico 122.20 DEN_SPP de fecha 28 de Julio de 2020 contenido en memo interno N° DN100013-2020 de fecha 30 de Julio de 2020, en el contexto de la denuncia efectuada al centro de cultivo señalado, por supuestamente haber incurrido en la infracción dispuesta en el artículo 118 ter letra b) de la Ley General de Pesca y Acuicultura.

En sesión ordinaria N° 1150 del Consejo Directivo, celebrada el 19 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C6890-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 9 de septiembre de 2020, Salmones Multiexport S.A. solicitó al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, en adelante e indistintamente SERNAPESCA: "copia íntegra del ORD/D.N./N° 152803 de fecha 30 de Julio de 2020, emitido por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, mediante el cual acompaña Informe Técnico 122.20 DEN_SPP de fecha 28 de Julio de 2020 contenido en memo interno N° DN100013-2020 de fecha 30 de Julio de 2020, en el contexto de la denuncia efectuada al centro de cultivo señalado, por supuestamente haber incurrido en la infracción dispuesta en el artículo 118 ter letra b) de la Ley General de Pesca y Acuicultura".

2) RESPUESTA: Mediante ordinario N° D.N. 10619/2020, de 05 de octubre de 2020, SERNAPESCA respondió a dicho requerimiento de información, remitiendo la resolución exenta N° DN-00044/2020, de 02 de octubre de 2020, emitida por el mismo órgano, por medio de la que se denegó el acceso a lo solicitado, alegando la concurrencia de la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia, por cuanto "la solicitud de información precitada, se refiere a antecedentes que son parte de un procedimiento de denuncia que fue enviado a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, para su conocimiento y resolución, por lo cual, tratándose de un antecedente fundamental previo a la adopción de una resolución, cual además no es de competencia de este Servicio, se cumple con el supuesto que establece el artículo 21 numeral 1 letra b) de la Ley 20.285, citada en Vistos, y por tanto el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, queda impedido de entregar la información solicitada."

3) AMPARO: El 27 de octubre de 2020, Salmones Multiexport S.A. dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que se le entrego una respuesta negativa a la solicitud de información. Además, el reclamante hizo presente que: "en nuestra calidad de parte interesada en el proceso, contar con el Informe Técnico en forma íntegra es de suma relevancia, puesto que, por medio de dicho documento es la forma por la que tomamos conocimiento acerca de la infracción imputada y su fundamentación. Así las cosas, podemos hacer presente que el mismo Informe, bajo su título, señala que "Entrega antecedentes del incumplimiento a la densidad de cultivo en el centro código N° 103701 de titularidad de Salmones Multiexport S.A (...) La Constitución Política de la República de Chile - en adelante "CPR" -, en su artículo 19 N° 3, asegura a todas las personas la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, y se consagra el Derecho a Defensa que asiste a cada persona. Por su parte, en el inciso 5° de este precepto, se cimientan las bases y normas del Debido Proceso, bajo las que deben ser consideradas como garantías básicas: la bilateralidad de las partes, la contradictoriedad, la apreciación de la prueba, el impulso procesal de las partes, la publicidad y cualquier otra garantía básica del debido proceso que se contemple en la CPR y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. En base a lo dispuesto en la ley N° 19.880 que "Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado", el artículo 10 dispone el Principio de Contradictoriedad que rige los procedimientos administrativos, señalando que "Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento, aducir alegaciones...". En el mismo orden de ideas, el artículo 17 reconoce los Derechos de las personas en sus relaciones con la Administración, entre ellos: "a) Conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tenga la condición de interesados, y obtener copia autorizada de los documentos que rolan en el expediente y la devolución de los originales...". De esta forma, el mismo Servicio en su denuncia señala que mi representada habría cometido la infracción establecida en el artículo 118 ter letra b) de la LGPA. De forma particular, el inciso final del citado precepto dispone que la infracción de dicho artículo será impuesta por resolución de la Subsecretaría, previo informe del Servicio y audiencia del interesado. En Doctrina Administrativa, según señala el Profesor Osvaldo Oelckers Camus, la garantía del debido proceso que reconoce el artículo 19 N° 3 inc. 5., en el ámbito administrativo se manifiesta en una doble perspectiva: "a) el derecho a defensa que debe ser reconocido como la oportunidad para el administrado de hacer oír sus alegaciones, descargos y pruebas y también b) como el derecho de exigir de la Administración Pública el cumplimiento previo de un conjunto de actos procedimentales que le permitan conocer con precisión los hechos que se imputan y las disposiciones legales aplicables a los mismos". Por su parte, resulta pertinente señalar lo descrito por don Cristóbal Osorio Vargas en su Manual de Procedimiento Administrativo Sancionador, en cuanto describe que es posible indicar que toda formulación de cargos debe contener al menos, entre otras: "Una descripción de los hechos que se estiman constitutivos de infracción y de la fecha de su verificación". Sobre el particular, dicho autor indica que la Autoridad sancionadora, de manera clara y precisa, deberá señalar los hechos que se estiman constitutivos de infracción y la fecha de su verificación, indicando cuáles son los antecedentes o documentos que le permiten realizar dicha afirmación, tales como, acta de fiscalización, fotografías, declaraciones de testigos, etc./ En el marco de los preceptos señalados, queda claramente establecido que a mi representada le asiste derecho a efectuar sus descargos, y para ello, resulta necesario para nuestra Compañía conocer la totalidad de los antecedentes en que se funda la infracción imputada, siendo el Informe Técnico solicitado por mi representada, el que precisamente da cuenta de la infracción denunciada por dicho organismo. Dicho de otro modo, es imprescindible contar con dicho antecedente, puesto que, de otra forma, simplemente no podemos tener conocimiento acerca de lo que se nos está imputando, fecha de comisión de la supuesta infracción, supuestos de hecho y derecho, entre otros de suma relevancia. Solo de este modo, contaremos con todos los antecedentes necesarios para realizar nuestros descargos bajo el derecho que nos asiste. En consecuencia, el Servicio al denegar la información solicitada, aludiendo a causales de excepción de acceso a información pública, no considera a mi representara como parte interesada del procedimiento, lo que atenta directamente en contra de nuestro Derecho a Defensa - Derecho a ser Informado de la Acusación, ambos principios que inspiran al Derecho Administrativo Sancionador, infringiendo las propias garantías constitucionales relativas al debido proceso y las bases dispuestas para un procedimiento sancionatorio regido ley N° 19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado. Del mismo modo, se infringen las garantías consagradas en la ley sobre acceso a la información pública, puesto que no es efectivo que dicho informe constituya un antecedente fundamental previo a la adopción de una resolución, dado que, de ser así, cómo se explica que la Subsecretaría acompañara el referido informe para que nuestra empresa, previo conocimiento de la infracción que se le imputa y sus antecedentes fundantes, pueda realizar sus descargos. El Servicio cae en una evidente contradicción al señalar que lo solicitado se refiere a antecedentes que son parte de un procedimiento de denuncia que fue enviado a la Subsecretaría, para su conocimiento y resolución, por lo cual, se trataría de un antecedente previo a la adopción de una resolución, la que además no es de competencia del Servicio. Justamente, en este procedimiento Sernapesca no tiene competencia para conocer y resolver, sino que, únicamente efectúa la denuncia asociada, en base a lo que Subpesca, eventualmente, podría llegar a dictar una Resolución que resuelva el procedimiento sancionatorio. Y, precisamente, dentro de este procedimiento uno de sus componentes o elementos integrantes es la denunciada dada por el Informe Técnico. Tal como se ha venido señalando, es pertinente volver a recalcar que la misma comunicación de la Subsecretaría, al conferirnos traslado para efectuar descargos, señalaba que "para tales efectos se acompaña el Informe Técnico", es decir, un antecedente elemental para poder efectuar descargos ante la denuncia. En efecto, no procede la causal de excepción de la letra b), numeral 1 del artículo 21 de la ley N° 20.285 a la que alude el Servicio, dado que dicho antecedente no tiene el carácter de información pública que deba ser reservada ante nuestra Compañía, puesto que, el Informe constituye parte integrante de la misma denuncia, y no es un antecedente distinto o previo a la adopción de una resolución, sino que por el contrario, podemos indicar que es aquel antecedente que precisamente da inicio al procedimiento sancionatorio dirigido en contra de mi representada, el cual ya se ha iniciado al ponernos en conocimiento mediante el emplazamiento legal del mismo"- énfasis agregado-.

Al efecto, la parte reclamante acompañó la siguiente documentación:

1. Copia de D.J. N° 2421, de 03 de septiembre de 2020 de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura;

2. Copia de Solicitud de Acceso a la Información Pública, SIAC N° 460231520;

3. Copia de Oficio ORD. N° DN-10619/2020 y Res. Exe. N° DN-00044/2020 de fecha 02 de octubre de 2020 del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura;

4. Copia de Mandato Judicial en que consta personería para representar a Salmones Multiexport S.A.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Directora Nacional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) , mediante el oficio N° E19348, de 06 de noviembre de 2020, solicitándole que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) señale cómo la entrega de la información reclamada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa, precisando, en qué medida lo solicitado serviría de antecedente para la adopción de una medida o política futura; detallando las implicancias de dicha medida, y explicitando las características particulares de lo solicitado que, a juicio del órgano que usted representa, justificaría que su comunicación vulnera el correcto cumplimiento de los objetivos de la medida o política en curso, identificando los efectos que produciría su comunicación; y, (3°) informe el estado del proceso sobre el que recae la información denegada y fecha aproximada del término del mismo; (4°) indique si la publicidad de la información requerida, a su juicio, afecta derechos de terceros y, en la afirmativa, si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (5°) de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y en la afirmativa acompañe a este Consejo todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a los terceros, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y los antecedentes que den cuenta de la fecha en que ésta se presentó ante el órgano que usted representa; (6°) proporcione los datos de contacto de los terceros -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento; y, (7°) remita copia íntegra de la información denegada, haciéndole presente a usted que, de acuerdo al artículo 26 de la Ley de Transparencia y mientras no se adopte la decisión definitiva, el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia mantendrá el debido resguardo de los antecedentes que le sean remitidos. Asimismo, si la decisión final del Consejo declara que la información es secreta o reservada tendrán este carácter los escritos, documentos y actuaciones que hayan servido de base para su pronunciamiento.

Mediante ordinario N° D.N. 11229/2020, de fecha 25 de noviembre de 2020, el órgano reclamado evacuó sus descargos, haciendo una relación sintética de los hechos, y reiterando lo señalado con ocasión de su respuesta, añadiendo que: "en el caso particular, dado que la información solicitada, corresponde a un antecedente fundamental que forma parte de un procedimiento de denuncias a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, por infracción a la Ley General de Pesca y Acuicultura, antecedente que una vez enviado a la referida Subsecretaría, es este última Institución, la que dirime y analiza si es que procede aplicar una determinada sanción, quedando entonces este Servicio impedido de entregar cualquier información al efecto, razón por la cual se denegó la entrega de la misma, mediante resolución exenta fundada N° DN-00044/2020 de fecha 2 de octubre de 2020. A mayor abundamiento, el oficio requerido, que contiene la denuncia ya mencionada, constituye, como se explicará un acto trámite, siendo el acto de término del procedimiento aquel que adopte o determine la referida Subsecretaría (...) Tal como fue precisado previamente, la información solicitada mediante solicitud de información SIAC 460231520, ya individualizada, se enmarca dentro de un procedimiento de envío de denuncias a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, por infracción a la Ley General de Pesca y Acuicultura. Específicamente, y a fin de contextualizar a su Consejo, el D.F.L N° 5 de 1983 que legisló sobre la Industria Pesquera y sus derivados creó al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, y le encomendó ejecutar la política pesquera nacional, y fiscalizar su cumplimiento, y, en especial velar por la debida aplicación de las normas legales y reglamentarias, sobre pesca, caza marítima y demás formas de explotación de recursos hidrobiológicos. Dentro de este contexto, y en especial relativo al expreso mandato, que debe asumir el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, es pertinente señalar que la función principal de este Servicio, es fiscalizar a aquellas personas ya sea naturales o jurídicas, que ejerzan actividades de Pesca y Acuicultura, y velar porque la normativa asociada a estas materias se cumpla. Por lo tanto y en el particular, el artículo 118 ter establece una serie de sanciones a los titulares de concesiones y autorizaciones de acuicultura, que incurran en las conductas que la misma norma establece. Una de aquellas conductas, prescrita en la letra b), dice relación con "No dar cumplimiento a las condiciones de densidad o descanso en los centros de cultivo dispuestas de conformidad con la Ley y sus reglamentos". Así también el mencionado artículo finaliza indicando que: "las infracciones de este artículo no se someterán al procedimiento establecido en el párrafo 2° del Título IX. Tales sanciones serán impuestas por resolución de la Subsecretaría, previo informe del Servicio y audiencia del interesado [...]". En el particular, lo requerido mediante la solicitud de información presentada por la Empresa Salmones Multiexport S.A., es precisamente el oficio de envío de denuncia del centro de cultivo de salmónidos, código N° 103701, de su titularidad, que de acuerdo a la fiscalización realizada por este Servicio, incurrió en la conducta infraccional referida en el artículo 118 ter letra b), de la Ley General de Pesca y Acuicultura, precitado y por tal razón fue enviada a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, organismo encargado de gestionar el proceso, requerir los descargos pertinentes al sujeto infractor, y finalizar el procedimiento mediante resolución que determinará si se aplica una sanción o bien se absuelve al titular de la infracción, todo conforme al procedimiento descrito en la misma norma. Como fue señalado, el procedimiento lo lleva la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, no obstante, lo anterior y de acuerdo un procedimiento interno, que surgió de una mesa de trabajo con la referida Subsecretaría, este Servicio, efectúa un seguimiento de dichas denuncias, consultando el estado de las mismas, a los 6 meses de haber sido enviadas. No cumpliéndose aún el plazo para dicha consulta, no se conoce el estado de la misma, por lo cual este Servicio desconoce si aunado al oficio de denuncia requerido por la reclamante, se hicieron valer otros cargos. Bien, pudo ocurrir que al momento de la solicitud SIAC, la Subsecretaría aún estaba dentro de plazo para solicitar alguna complementación o rectificación de la denuncia al Servicio, por lo cual si podría existir una afectación en el debido cumplimiento de las funciones, de no solamente de este Servicio, sino que de la Subsecretaría, ya que ambas instituciones deben actuar en concordancia ante los administrados, más aun teniendo en cuenta la estrecha relación que existe entre ambas instituciones públicas, viendo las mismas materias, y al pertenecer al mismo Ministerio. A mayor abundamiento, y por las mismas razones esgrimidas podría existir también un menoscabo en el derecho de defensa, ante la formulación de cargos al titular de un determinado centro de cultivo, toda vez que, al proporcionarle la información requerida, podría existir una dualidad innecesaria en su entrega, generando confusión acerca del órgano que conozca del procedimiento, y ante quien el titular debe dirigirse de acuerdo a la Ley vigente, a fin de ejercer su derecho a defensa. Finalmente, no es menor precisar, que conforme a que el procedimiento está de cargo de la mencionada Subsecretaría, es aquella institución quien decide si formular cargos, ante una denuncia que derive el Servicio Nacional de Pesca, por cuanto, al efectuar dicha formulación de cargos, deberá entregarle al titular infraccionado todos los antecedentes, documentaciones y gestiones a fin de que pueda efectuar en conformidad a la Ley, su derecho a defensa. (...) Como ya fue señalado, el oficio ordinario N° DN° 152803 de fecha 30 de Julio de 2020, que contiene la denuncia al centro de cultivo 103107, de titularidad de Salmones Multiexport S.A., por infracción a la Ley General de Pesca y Acuicultura, fue derivado a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, para que dicho organismo continúe con el Procedimiento, determine si se acreditó la infracción a la referida Ley y aplique las sanciones que correspondan. Dicho procedimiento, aún se encuentra en tramitación en la referida Subsecretaría, y conforme ya fue explicado, este Servicio, hace un seguimiento a las denuncias, a los 6 meses de su envío, y en la denuncia particular, se cumpliría en febrero del año 2021. La razón del seguimiento es una que dice relación con la medición del éxito de las medidas en las técnicas de fiscalización que ha ido implementando el Servicio. Por su parte, cabe señalar que tampoco existe una obligación legal de este Servicio en conocer el estado de la denuncia, sino que funciona meramente para una medición interna, para lograr una fiscalización más eficaz. Finalmente, el procedimiento descrito y su término no es de responsabilidad de este Servicio, por lo que no se puede informar una fecha aproximada de término del mismo (...) Debido que, a juicio de este Servicio, no fue pertinente analizar si el requerimiento podría haber vulnerado derechos de terceros, este Servicio no dio curso al procedimiento indicado en el artículo 20 de la Ley 20.285, por lo cual no se hará mención a aquello referido en los numerales 4°, 5° y 6° de su oficio ordinario N° E19348, de fecha 6 de noviembre del año 2020"- énfasis agregado- .

Es importante destacar, que, a los descargos antes indicados, el órgano reclamado acompaño la siguiente documentación:

1.- Oficio ORD. N° DN° 152803 de fecha 30 de Julio de 2020.

2.- Resolución exenta N° DN-00044/2020 de fecha 2 de octubre de 2020.

3. Oficio de contestación de Solicitud de Información SIAC 460231520 de fecha 5 de octubre de 2020.

4. Captura de pantalla simple de envío de documentos en respuesta a Solicitud de Información SIAC 460231520 de fecha 5 de octubre de 2020.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa entregada al requerimiento de información del reclamante por medio del que solicitó copia íntegra del ORD/D.N./N° 152803 de fecha 30 de Julio de 2020, mediante el cual acompañó Informe Técnico 122.20 DEN_SPP de fecha 28 de Julio de 2020. Al efecto, el órgano reclamado denegó lo solicitado alegando la concurrencia de la causal de reserva del articulo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia.

2) Que, a modo de contexto, es preciso señalar que de conformidad con el artículo 13 del decreto ley N° 2442, que Establece funciones y atribuciones del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, en materia de pesca organiza la subsecretaria de pesca crea el Consejo Nacional de Pesca y el Servicio Nacional de Pesca, de 1978, en relación con el artículo 25 del decreto con fuerza de ley N° 5, que Fija texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley 34, de 1931, que legisla sobre la industria pesquera y sus derivados, de 1983 "Corresponde en general al Servicio Nacional de Pesca ejecutar la política pesquera nacional y fiscalizar su cumplimiento y, en especial, velar por la debida aplicación de las normas legales y reglamentarias sobre pesca, caza marítima y demás formas de explotación de recursos hidrobiológicos". Luego, el artículo 118 ter del decreto N° 430, fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.892, de 1989 y sus modificaciones, ley general de pesca y acuicultura, de 1991, establece una serie de sanciones a los titulares de concesiones y autorizaciones de acuicultura, que incurran en las conductas que la misma norma establece. Una de aquellas conductas, prescrita en la letra b), dice relación con "No dar cumplimiento a las condiciones de densidad o descanso en los centros de cultivo dispuestas de conformidad con la Ley y sus reglamentos". Así también el mencionado artículo finaliza indicando que: "las infracciones de este artículo no se someterán al procedimiento establecido en el párrafo 2° del Título IX. Tales sanciones serán impuestas por resolución de la Subsecretaría, previo informe del Servicio y audiencia del interesado (...)".

3) Que, analizados los antecedentes aportados por las partes en el proceso, este Consejo estima que lo solicitado por el reclamante son antecedentes esenciales para poder efectuar descargos ante la denuncia realizada por SERNAPESCA, por cuanto, el ordinario e informe técnico requeridos, constituyen parte integrante de dicha denuncia, lo anterior es reafirmado por el D.J. N° 2421, de 03 de septiembre de 2020 de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, mediante el cual se le notifica la presunta infracción al artículo 188 ter letra b) a la reclamante, otorgándole la oportunidad de evacuar sus descargos sobre la base de los antecedentes solicitados por el requirente - parte de los cuales, se constata fueron acompañados por la Subsecretaria- . Por tanto, no hacer entrega de los antecedentes pedidos vulnera el principio de bilateralidad de la audiencia y de contradictoriedad, principios básicos del debido proceso consagrado en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la Republica, por cuanto el desconocimiento de la totalidad de los antecedentes en que se funda la imputación de la infracción antes mencionada impide a la requirente ejercer su derecho a defensa.

4) Que, respecto de la hipótesis de reserva consagrada en el artículo 21 N° 1 letra b) invocada por la reclamada para justificar la denegación de la información consultada, cabe señalar que ésta permite denegar la información que se solicite cuando su comunicación afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente "tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquellas sean públicos una vez que sean adoptados". Conforme lo establece el artículo 7° N° 1, letra b), del Reglamento de la Ley de Transparencia, se entiende por "antecedentes" todos aquellos que informan la adopción de una resolución, medida o política, y por "deliberaciones", las consideraciones, formuladas para la adopción de las mismas, que consten, entre otros, en discusiones, informes, minutas u oficios. Así, ésta causal de reserva, permite denegar la información que se solicite cuando su comunicación afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, tratándose del denominado privilegio deliberativo; y tal como lo ha señalado reiteradamente este Consejo, la configuración de esta causal de reserva, requiere la concurrencia de dos requisitos copulativos, a saber: a) que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política; y, b) que la publicidad, conocimiento o divulgación de dicha información afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano. Asimismo, respecto del primer requisito, debe existir, además, un vínculo preciso de causalidad entre el antecedente o deliberación previa y la resolución, debiendo dicho vínculo ser claro y evidente. En tal sentido, la aplicación de la causal supone que exista certidumbre de la adopción de la resolución, medida o política dentro de un plazo prudencial, incluso si la decisión consistiese, al final, en no hacer nada.

5) Que, examinados los antecedentes del presente caso, particularmente los argumentos expresados por el órgano requerido para justificar la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia, a juicio de este Consejo no se ha logrado acreditar los requisitos para configurar la causal de reserva alegada, razón por la cual se desestimará tal alegación, y en definitiva acogerá el presente amparo ordenándose la entrega de los antecedentes pedidos por la reclamante. En virtud del principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia, en forma previa a la entrega de la información, el órgano reclamado deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto, como por ejemplo, la cédula de identidad, domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros, que pudieren estar contenidos en la información cuya entrega se ordena. Asimismo, el órgano reclamado deberá anonimizar los datos sensibles detallados en la información consultada. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), y 4° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por Salmones Multiexport S.A., en contra del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA), en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir a la Sra. Directora Nacional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA), lo siguiente;

a) Entregue al reclamante copia íntegra del ORD/D.N./N° 152803 de fecha 30 de Julio de 2020, emitido por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, mediante el cual acompaña Informe Técnico 122.20 DEN_SPP de fecha 28 de Julio de 2020 contenido en memo interno N° DN100013-2020 de fecha 30 de Julio de 2020, en el contexto de la denuncia efectuada al centro de cultivo señalado, por supuestamente haber incurrido en la infracción dispuesta en el artículo 118 ter letra b) de la Ley General de Pesca y Acuicultura. En virtud del principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia, en forma previa a la entrega de la información, el órgano reclamado deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto, como por ejemplo, la cédula de identidad, domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros, que pudieren estar contenidos en la información cuya entrega se ordena. Asimismo, el órgano reclamado deberá anonimizar los datos sensibles detallados en la información consultada. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), y 4° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a Salmones Multiexport S.A. y a la Sra. Directora Nacional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA)

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y don Bernardo Navarrete Yáñez. El Consejero don Francisco Leturia Infante no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.