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Cristian Gálvez Bravo con SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA Rol: C6089-20

Consejo para la Transparencia, 19/01/2021

Se acoge el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Salud Pública, referido a residencias sanitarias según indica. Lo anterior, por tratarse de una solicitud de acceso a la información pública, amparada por la Ley de Transparencia, respecto de la cual el órgano reclamado no alegó la inexistencia de los antecedentes requeridos, ni la concurrencia de causales de reserva o secreto sobre la materia. No obstante lo anterior, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Salud
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C6089-20

Entidad pública: Subsecretaría de Salud Pública

Requirente: Cristian Gálvez Bravo

Ingreso Consejo: 28.09.2020

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Salud Pública, referido a residencias sanitarias según indica.

Lo anterior, por tratarse de una solicitud de acceso a la información pública, amparada por la Ley de Transparencia, respecto de la cual el órgano reclamado no alegó la inexistencia de los antecedentes requeridos, ni la concurrencia de causales de reserva o secreto sobre la materia.

No obstante lo anterior, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen.

En sesión ordinaria N° 1150 del Consejo Directivo, celebrada el 19 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C6089-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 6 de julio de 2020, don Cristian Gálvez Bravo solicitó a la Subsecretaría de Salud Pública la siguiente información:

1.- Si esa Sub Secretaria está en conocimiento de las reiteradas declaraciones del SEREMI de la quinta región (...) - difundidas ampliamente en los medios de comunicación y redes sociales- en el sentido de que la residencia de Hotel Puerto Mayor cobraba valores sobre lo establecido: "respecto a hotel Puerto Mayor es una residencia que excede los montos Establecidos y que " la secretaria regional ministerial de salud no dará continuidad a ese contrato en especial". Y que "se han instruido algunas precisiones específicas y bajo la supervisión administrativa de la Contralaría General de República se establecen algunos parámetros máximos para traspasar una residencia que tiene que ver con el valor máximo a cancelar por habitación y por los servicios que se prestan en esos establecimientos ".

Al respecto solicito informar:

1.1- Tienen las declaraciones del señor (...) algún efecto administrativo

1.2- Cuáles serían las indicaciones de contraloría

1.3- Validez, continuidad y procedimientos de traspasos de los contratos válidamente emitidos.

1.4- Si procede hablar de que los precios exceden los montos autorizados existiendo una oferta de orden de compra del MINSAL aceptada por el proveedor.

1.5- Si de ser así, de quién es la responsabilidad; y si afecta la vigencia del contrato y los derechos del proveedor.

2.- Monto de todos los contratos y/o órdenes de compra, celebrados entre el SSVSA y los prestadores de residencia sanitarias en la V región; valores a pagar y servicios contratados.

3- Contrato con hotel Enjoy, en la comuna de san Antonio. Naturaleza y monto del contrato. Servicios incluidos en él.

Quien, como y donde se prestan los servicios de alimentación y lavandería y sus montos. Personal del hotel o prestador que trabaja en la residencia. Administración de la misma y quien es parte y contra parte en la relación de residencia -servicio SSVSA.

4.- La misma información anterior respecto a la residencia Hotel Puerto Mayor de San Antonio.

5.-Si es efectivo que a raíz de la resolución exenta 479, del MINSAL de 26 de julio del 2020, el traspaso de administración desde la SSVSA a la SEREMI regional de Valparaíso se concretara a partir el 8 de julio del 2020 y bajo que procedimiento.

6.-Si este cambio afecta la validez y continuidad de los contratos suscritos entre los proveedores y SSVSA.

7.-Si corresponde que el SEREMI regional emita pronunciamiento de los contratos o adoptar medidas respecto a ellos, en forma previa a asumir la coordinación de las residencias sanitarias.

8.-Si esa Subsecretaria está en conocimiento que la noche del 30 de junio se precedió al traslado de todos los pacientes y equipo clínico de la residencia del Hotel Puerto Mayor a otra residencia, permaneciendo hasta la fecha residuos sanitarios, zonas sucias y áreas restringidas; sin que hasta la fecha se hallan enviado nuevos residentes.

9.- Quien adoptó la referida medida y con qué fundamento y autoridad, sin además comunicación alguna ni explicación, hasta hoy, a la administración de la residencia.

10.-Si hay algún procedimiento irregular en la contratación (O/C) de Hotel Puerto Mayor como residencia sanitaria y de haberlo, de quien sería la responsabilidad. En especial, si existiendo oferta y aceptación de contrato a través de orden de compra, se puede hablar de sobre precio o de exceder los montos autorizados.

11.- Si existiendo una revisión o investigación por parte de la contraloría General de República, procede que alguna autoridad sanitaria acuse alguna irregularidad, antes del pronunciamiento de la Contraloría.

12.-Si en relación a la resolución exenta 479 del MINSAL de 26 de junio del 2020 es efectivo que el traspaso de administración desde SSVSA a la SEREMI regional se concretara a partir del 8 de Julio del 2020.

13.- Si puede el SEREMI Regional pronunciarse sobre los contratos o adoptar medidas en forma previa a asumir la coordinación.

14.- Si el contrato vigente se ajusta a los términos de referencia a la fecha de su formalizacion en cuanto a los servicios señalados en ellos.

15.- Si existen cambios en los términos de referencia posteriores al contrato con Hotel Puerto Mayor y cuál es el procedimiento, si corresponde, para que el prestador lo incorpore en sus servicios y/o valores.

16.- Si existe por parte del Hotel Puerto Mayor y de las otras residencias sanitarias de la región algún incumplimiento en la calidad y oportunidad de los servicios y en el cumplimiento de los protocolos sanitarios de covid 19.

17.-Si los valores establecidos en la orden de compra N° 956.353-SE20 exceden algún monto permitido e informado al proveedor o adolece de disponibilidad presupuestaria. Así mismo si la contratación se ajusta a los procedimientos de Chile proveedores.

18.- Si la resolución exenta 2407, de fecha 27 de mayo de 2020, es de carácter reservado, como se nos ha informado, y de no ser así, se nos dé a conocer su contenido.

2) PRORROGA DE PLAZO: Por oficio de fecha 4 de agosto de 2020, el órgano notificó a la parte solicitante la decisión de prorrogar el plazo de respuesta en 10 días hábiles, en los términos referidos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia.

3) RESPUESTA: El 23 de septiembre de 2020, la Subsecretaría de Salud Pública respondió a dicho requerimiento, indicando que la información solicitada no constituye una solicitud de acceso a la información pública.

4) AMPARO: El 28 de septiembre de 2020, don Cristian Gálvez Bravo dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que respuesta negativa a la solicitud de información.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Subsecretaria de Salud Pública, mediante Oficio N° E17946, de 20 de octubre de 2020, solicitando que: (1°) indique las razones por las que, a su juicio, lo requerido no constituye una solicitud de información amparable por la Ley de Transparencia; (2°) señale si la información solicitada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información requerida; y, (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada.

A la fecha del presente acuerdo no consta que la reclamada haya evacuado descargos ante esta sede.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amaro se funda en respuesta negativa a la solicitud de información referida a residencias sanitarias, según indica. Al respecto, la reclamada denegó el acceso a la información, indicando que lo pedido no constituye una solicitud de acceso a la información pública.

2) Que, en cuanto a lo requerido, esta Corporación advierte que, el órgano reclamado no alegó la inexistencia de la información consultada, ni la concurrencia de causales de reserva o secreto sobre la materia. Sobre este punto, este Consejo confirió traslado del amparo al organismo reclamado, con la finalidad de que efectuara sus descargos y/o observaciones, y particularmente, para que señale si la información reclamada obra en poder del órgano en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10° de Ley de Transparencia, o bien se refiriera a las eventuales circunstancias de hecho o causales legales, que hicieran procedente la denegación de la misma. Sin embargo, a la fecha, no existe constancia de que el órgano haya presentado descargos u observaciones en esta sede, lo que impide a este Consejo contar con antecedentes o medios de prueba que pueda ponderar, para determinar la configuración de causales de reserva o secreto, o, en su defecto, la inexistencia de la información

3) Que, asimismo, en cuanto a la alegación sostenida por la reclamada, cabe señalar que en la medida que obren en su poder antecedentes referidos a la materia consultada, el requerimiento de información en análisis se encuentra amparado por lo previsto en la Ley de Transparencia en virtud de lo dispuesto en sus artículos 5° y 10°. Por lo anterior, las alegaciones de la reclamada acerca de la naturaleza del requerimiento serán desestimadas, por lo que este Consejo procederá a acoger el presente amparo de acceso a la información, y conjuntamente con ello, ordenará la entrega información sobre residencias sanitarias, según indica. No obstante lo anterior, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen.

4) Que, en virtud del principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia, en forma previa a la entrega de la información, el órgano reclamado deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto, como por ejemplo, la cédula de identidad, domicilio particular, la fecha de nacimiento, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros, que pudieren estar contenidos en la información cuya entrega se ordena. Asimismo, el órgano reclamado deberá anonimizar los datos sensibles detallados en la información consultada. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), y 4° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Cristian Gálvez Bravo, en contra de la Subsecretaría de Salud Pública, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir a la Sra. Subsecretaria de Salud Pública, lo siguiente;

a) Entregue al reclamante la información consignada en el numeral 1° de lo expositivo, relativa a las residencias sanitarias según indica, en la forma señalada en el considerando 4° del presente acuerdo. No obstante lo anterior, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Cristian Gálvez Bravo y a la Sra. Subsecretaria de Salud Pública.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y don Bernardo Navarrete Yáñez. El Consejero don Francisco Leturia Infante no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.