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Milton Bertin Jones con EJÉRCITO DE CHILE Rol: C5822-20

Consejo para la Transparencia, 19/01/2021

Se rechaza el amparo deducido en contra del Ejército de Chile, referido a la entrega de información del banco de pruebas de los 100 últimos rechazos de armas de particulares, identificándose arma, marca, modelo y calibre. Lo anterior, por cuanto en conformidad a la Ley N° 17.798 sobre control de armas, existe un deber de reserva respecto de lo solicitado, configurándose a su respecto la causal del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, como asimismo del N° 1 de la misma disposición, toda vez que la divulgación de lo requerido produciría una afectación al debido funcionamiento del órgano reclamado.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Defensa
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 



Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C5822-20

Entidad pública: Ejército de Chile

Requirente: Milton Bertin Jones

Ingreso Consejo: 16.09.2020

RESUMEN

Se rechaza el amparo deducido en contra del Ejército de Chile, referido a la entrega de información del banco de pruebas de los 100 últimos rechazos de armas de particulares, identificándose arma, marca, modelo y calibre.

Lo anterior, por cuanto en conformidad a la Ley N° 17.798 sobre control de armas, existe un deber de reserva respecto de lo solicitado, configurándose a su respecto la causal del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, como asimismo del N° 1 de la misma disposición, toda vez que la divulgación de lo requerido produciría una afectación al debido funcionamiento del órgano reclamado.

Aplica criterio contenido en amparos roles Nos. C711-16, C2135-16 y C2608-17 y C2404-20.

En sesión ordinaria N° 1150 del Consejo Directivo, celebrada el 19 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5822-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 08 de agosto de 2020, don Milton Bertin Jones solicitó al Ejército de Chile, la siguiente información:

"(...) información del banco de pruebas respecto a los 100 últimos rechazos de armas de particulares, identificando: Arma (marca modelo, calibre)."

2) RESPUESTA: El 03 de septiembre de 2020, el Ejército de Chile respondió a dicho requerimiento de información, mediante JEMGE DETLE (P) N° 6800/7994, de esa fecha, indicando, en síntesis, lo siguiente:

La ley 17.798, sobre control de armas y explosivos establece en su artículo 16 que el personal de la Dirección General de Movilización (DGMN) y el de los demás organismos que menciona el artículo 1°, entre los cuales está el Banco de Pruebas de Chile dependiente Instituto de Investigación y Control del Ejército (IDIC), no podrá revelar los hechos, informaciones y contenido de las solicitudes recibidas por ellos, relativos a las materias que regula esta ley. Dicha reserva también se establece respecto a las resoluciones, oficios y providencias que emita la Dirección General y los organismos indicados en la referida Ley y cuyas infracciones se sancionan con la pena establecida en el artículo 246, inciso segundo del Código Penal.

En virtud de lo anteriormente señalado, deniega la entrega de la información por las causales de secreto o reserva del artículo 21 N° 3° y 5° de la Ley de Transparencia en relación con el artículo 16 de la Ley 17.798 y al artículo 246 inciso segundo del Código Penal, ya citados.

3) AMPARO: El 16 de septiembre de 2020, don Milton Bertin Jones dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado fundado en la respuesta negativa a su solicitud.

Además, el reclamante hizo presente que "se interpreta la ley como si la información agregada, que no permite identificar ni documentos ni peticionarios, fuera secreta".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo y mediante Oficio N° E17331, de 13 de octubre de 2020, confirió traslado al Sr. Comandante en Jefe del Ejército de Chile, solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; y (2°) detalle cómo la entrega de dicha información afectaría la seguridad de la Nación.

Por Oficio JEMGE DETLE AJ (P) N° 6800/10371, de fecha 06 de noviembre de 2020, el órgano recurrido formuló sus descargos señalando, en síntesis, lo siguiente:

Luego de reiterar su respuesta agrega que el inciso 2, del artículo 1, de la ley 17.798, sobre control de armas y explosivos , expresa que: " (...) la Dirección General de Movilización Nacional actuará como autoridad central de coordinación de todas las autoridades ejecutoras y contraloras que correspondan a las Comandancias de Guarnición de las Fuerzas Armadas y autoridades de Carabineros de Chile y, asimismo, de las autoridades asesoras que correspondan al Banco de Prueba de Chile y a los servicios especializados de las Fuerzas Armadas, en los términos previstos en la ley y en su reglamento". A su tumo, el inciso 5, del artículo 4 del mismo cuerpo legal, consigna que el Banco de Pruebas de Chile continuará asesorando a la Dirección General de Movilización, a través del Instituto de Investigaciones y Control del Ejército (IDIC), en la determinación de la peligrosidad, estabilidad y calidad de las armas y elementos sometidos a control.

Por consiguiente, encontrándose el Instituto de Investigaciones y Control del Ejército entre los organismos previstos en el artículo 1 de la Ley N° 17.798, la información que maneja el Banco de Prueba de Chile se encuentra amparada de su conocimiento conforme se dispone en el artículo 16 de la misma, representando una excepción al principio de publicidad establecido en el artículo 8° de la Constitución Política de la República, pues forma parte de una ley que posee rango de quórum calificado, según lo disponen los artículos 103 y 4° transitorio de la Carta Fundamental, en relación con el artículo 1° transitorio de la Ley N° 20.285, configurándose la excepción de denegación del artículo 21 N° 5 de la referida Ley.

Refuerza lo anterior, el hecho que la misma disposición del artículo 16, sobre control de armas, en su inciso 3°, establece el deber de confidencialidad de dicha información, cuya infracción será sancionada con las penas establecidas en el inciso 2, del artículo 246 del Código Penal, por lo que legalmente se está impedido de la entrega de lo pedido, so pena de cometer el delito de "violación de secreto"; siendo el propio legislador quien por la trascendencia de la información analizada se ocupó de restringir su publicidad y resguardarla, estableciendo específicamente un delito a aquel funcionario público, que entregue, revele o divulgue antecedentes de carácter reservados o secretos como ocurre en la especie.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo tiene por objeto la entrega de información del banco de pruebas respecto a los 100 últimos rechazos de armas de particulares, identificándose tipo de arma, marca, modelo y calibre. Al efecto, el órgano tanto en su respuesta como en los descargos evacuados en esta sede denegó lo solicitado fundado en la causal de reserva del artículo 21 N° 5, de la Ley de Transparencia, en relación a lo previsto en el artículo 16 de la Ley N° 17.798.

2) Que, a modo de contexto, cabe tener presente que la Ley N° 17.798 -sobre Control de Armas-, en su artículo 16 dispone que "El personal de la Dirección General de Movilización Nacional y el de los demás organismos que menciona el artículo 1°, no podrá revelar los hechos, informaciones y el contenido de las solicitudes recibidas por ellos, relativos a las materias que regula esta ley. La misma obligación tendrá respecto de las resoluciones, oficios y providencias que emitan la Dirección General y los organismos indicados en el artículo 1° de esta ley. La infracción a lo dispuesto en los incisos anteriores será sancionada con las penas establecidas en el inciso segundo del artículo 246 del Código Penal. Sin perjuicio de lo anterior y de las facultades de supervigilancia y control de las armas que corresponden al Ministerio encargado de la Defensa Nacional o a organismos de su dependencia, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile estarán interconectados con la base de datos sobre inscripciones y registro de armas que debe mantener la Dirección General de Movilización Nacional. Sólo tendrán acceso a ella los funcionarios de las instituciones indicadas hasta los niveles de Oficiales Superiores y Prefectos. El reglamento fijará las normas con arreglo a las cuales se consultará dicha base de datos debiendo, en todo caso, registrarse dicha consulta y resguardarse la reserva de los antecedentes contenidos en aquélla".

3) Que, del referido marco normativo, se colige que la información consultada en el presente amparo -relativa a los 100 últimos rechazos de armas de particulares, identificándose arma, marca, modelo y calibre -, es información de uso exclusivo de la reclamada y de los respectivos organismos policiales. En efecto, según señaló el órgano recurrido, encontrándose el Instituto de Investigaciones y Control del Ejército entre los organismos previstos en el artículo 1 de la Ley N° 17.798, la información que maneja el Banco de Prueba de Chile, se encuentra amparada de su conocimiento conforme se dispone en el artículo 16 de la misma, representando una excepción al principio de publicidad establecido en el artículo 8° de la Constitución Política de la República, pues forma parte de una ley que posee rango de quórum calificado, según lo disponen los artículos 103 y 4 transitorio de la Carta Fundamental, en relación con el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, configurándose la excepción de denegación del artículo 21 N° 5 de la referida Ley.

4) Que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 y del artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, este Consejo ha concluido, que para la aplicación de una norma que disponga el secreto o reserva de determinados antecedentes dictada con anterioridad a la ley señalada, no sólo basta que ésta sea de rango legal y entendida por este hecho de quórum calificado, sino que además, debe reconducirse a alguno de los motivos constitucionales de secreto o reserva que además establece el artículo 8°, inciso 2°, de la Carta Fundamental. Por tanto, si bien artículo 16 de la ley N° 17.798, en tanto norma legal, está formalmente sujeta a lo dispuesto por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia (y puede por tanto ser objeto de reconducción formal), es igualmente menester determinar si el contenido de dicha disposición guarda correspondencia con las causales de secreto señaladas por el constituyente (es decir, si puede tener lugar a su respecto la reconducción material).

5) Que, la reconducción material señalada debe estar guiada por la exigencia de "afectación" de los bienes jurídicos indicados en el artículo 8, inciso 2°, de la Constitución Política, esto es, debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, derechos de las personas, seguridad de la Nación o el interés nacional. Pues bien, a juicio de este Consejo la divulgación de la información requerida podría afectar el debido cumplimiento de las labores de fiscalización de los organismos antes mencionados. En efecto, y ante solicitudes similares, esta Corporación en las decisiones recaídas en los amparos roles Nos. C711-16, C2135-16, C2608-17y C2404-20, ha razonado que "la información solicitada [detalle de armas compradas por un privado] se encuentra establecido exclusivamente en favor de aquellos órganos que requieren dichos antecedentes para dar adecuado cumplimiento a los fines de prevención e investigación de delitos. En consecuencia, atendida la finalidad especifica en virtud de la cual ha sido concebido el registro en el cual se encuentra contenida la información solicitada la divulgación de los datos que allí se contienen a un tercero distinto de aquellos que expresamente se encuentran autorizados reviste un potencial de afectación suficiente para mermar la actuación de los órganos a los que el legislador ha permitido su acceso (...)". De esta forma el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo, relativo a que la afectación debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo que no se presume sino que debe ser acreditado por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad, queda suficientemente acreditado en este caso, razón por la cual se configuran, a juicio de este Consejo, las causales de reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con el N° 1 de la misma disposición, y el artículo 16 de la ley N° 17.798.

6) Que en virtud de lo señalado precedentemente se rechazará el presente amparo por configurarse la causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con el N° 1 de la misma disposición y del artículo 16 de la ley N° 17.798. Atendido lo resuelto este Consejo no se pronunciará sobre la causal de reserva del artículo 21 N° 3 de la Ley de Transparencia aludida por el órgano en su respuesta, por resultar inoficioso.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Milton Bertin Jones en contra del Ejército de Chile, por configurarse la causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con el N° 1 del mismo artículo y el artículo 16 de la ley N° 17.798; ello en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Milton Bertin Jones y al Sr. Comandante en Jefe del Ejército de Chile.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y don Bernardo Navarrete Yáñez. El Consejero don Francisco Leturia Infante no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.