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Carlos Alberto Richter Bórquez con MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ Rol: C6570-20

Consejo para la Transparencia, 19/01/2021

Se rechaza el amparo interpuesto en contra de la Municipalidad de Maipú, referido a la entrega del fundamento jurídico que respalda el rechazo del Director de Asesoría Jurídica para cumplir con la realización del Concejo Extraordinario, y si dicho respaldo fue enviado a los concejales y en qué fecha. Lo anterior, por cuanto, si bien lo requerido puede considerarse como el fundamento de un eventual acto de la administración pública, no se han aportado antecedentes que acrediten su dictación o realización, por lo que, no es posible concluir que la información requerida obre en alguno de los soportes que establecen los artículos 5, inciso segundo, y 10, de la Ley de Transparencia, correspondiendo por ello más bien el requerimiento al ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 19, N° 14, de la Constitución Política de la República.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Ausente)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C6570-20

Entidad pública: Municipalidad de Maipú

Requirente: Carlos Alberto Richter Bórquez

Ingreso Consejo: 15.10.2020

RESUMEN

Se rechaza el amparo interpuesto en contra de la Municipalidad de Maipú, referido a la entrega del fundamento jurídico que respalda el rechazo del Director de Asesoría Jurídica para cumplir con la realización del Concejo Extraordinario, y si dicho respaldo fue enviado a los concejales y en qué fecha.

Lo anterior, por cuanto, si bien lo requerido puede considerarse como el fundamento de un eventual acto de la administración pública, no se han aportado antecedentes que acrediten su dictación o realización, por lo que, no es posible concluir que la información requerida obre en alguno de los soportes que establecen los artículos 5, inciso segundo, y 10, de la Ley de Transparencia, correspondiendo por ello más bien el requerimiento al ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 19, N° 14, de la Constitución Política de la República.

En sesión ordinaria N° 1150 del Consejo Directivo, celebrada el 19 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C6570-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 18 de agosto de 2020, don Carlos Alberto Richter Bórquez solicitó a la Municipalidad de Maipú la siguiente información: "En virtud de la ley 18.883 se solicita entregar el fundamento jurídico que respalda el rechazo del Director de asesoría jurídica para cumplir con la realización del concejo extraordinario. Se solicita, entregar si dicho respaldo fue enviado a los concejales y en qué fecha".

2) PRÓRROGA DE PLAZO: Por resolución de fecha 15 de septiembre de 2020, el órgano notificó a la parte solicitante la decisión de prorrogar el plazo de respuesta en 10 días hábiles, en los términos referidos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia.

3) RESPUESTA: A través de Resolución N° 973/2020, del 30 de septiembre de 2020, la Municipalidad de Maipú respondió al requerimiento indicando que no constituye una solicitud de acceso a la información pública, sino que se enmarca en el derecho de petición consagrado en el artículo 19, N° 14, de la Constitución Política de la República, por lo que remitirá los antecedentes a la Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias.

4) AMPARO: El 15 de octubre de 2020, don Carlos Alberto Richter Bórquez dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que los antecedentes entregados no corresponden a los solicitados.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Maipú, mediante Oficio E19280, de 6 de noviembre de 2020, solicitando que: (1°) indique las razones por las que a su juicio, lo requerido no constituye una solicitud de información amparable por la Ley de Transparencia; (2°) señale si la información solicitada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información requerida; (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; y, (5°) en caso de no existir inconvenientes para la entrega de la información pedida, se solicita la remisión de la misma a la parte recurrente con copia a este Consejo, a fin de evaluar el cierre del presente caso a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC). Lo anterior, dando aplicación de lo dispuesto en la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, al numeral 4.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo y a la Recomendación de esta Corporación sobre Protección de Datos Personales por parte de los Órganos de la Administración del Estado.

Mediante Oficio N° 81/2020, de fecha 27 de noviembre de 2020, el órgano reclamado formuló descargos, en los que, en síntesis, manifestó que con fecha 18 de octubre de 2020, informó al solicitante, a través de correo electrónico, que se procedió a dar respuesta a su solicitud a través de Resolución N° 973/2020, otorgada y suscrita por el Director de Asesoría Jurídica, dándose respuesta al requerimiento, informando que sería respondido por la Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias.

Indica que, en consecuencia, se procedió a dar respuesta, la que debía ser desde la Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias, encontrándose llano el municipio a entregar toda la información que se le solicite siempre que se cumpla con los requerimientos que la propia Ley N° 20.285 indica, sólo que en esta ocasión se estimó que ello era mejor responderlo por otra oficina en atención al tenor de lo solicitado, considerando, además, que se está pidiendo algo de carácter subjetivo, que escapa del ámbito de la mencionada ley, como es el fundamento que tuvo el Director Jurídico para no realizar un Concejo Extraordinario, sin perjuicio de que dicho director ya no ostenta el cargo, por haber sido removido con fecha 16 de octubre de 2020.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el objeto del presente amparo dice relación con la falta de entrega de la información correspondiente al fundamento jurídico que respalda el rechazo del Director de Asesoría Jurídica para cumplir con la realización del Concejo Extraordinario, entregando si dicho respaldo fue enviado a los concejales y en qué fecha. El órgano, por su parte, derivó la petición a la oficina OIRS, por considerar que lo requerido no corresponde a una solicitud de acceso a la información pública.

2) Que, de acuerdo con el artículo 8, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que: "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10, de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo las excepciones legales.

3) Que, en el presente caso, del tenor expreso de la solicitud efectuada por el reclamante, se desprende que la misma tiene por finalidad conocer las razones jurídicas que la autoridad consultada habría tenido para no realizar un Concejo Extraordinario, indicando si dichos motivos fueron enviados a los Concejales. Al respecto, se debe hacer presente que, si bien lo requerido puede considerarse como el fundamento de un eventual acto de la administración pública, lo cierto es que no se han aportado antecedentes que acrediten su dictación o realización, por lo que, no es posible concluir que la información requerida obre en alguno de los soportes que establecen los artículos 5, inciso segundo, y 10, de la Ley de Transparencia.

4) Que, a consecuencia de lo anterior, la atención de la solicitud conllevaría la elaboración de un documento en el que se manifiesten las fundamentaciones jurídicas requeridas, lo que más que constituir una solicitud de acceso a la información pública, representaría el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 19, N° 14, de la Constitución Política de la República, razones por las cuales, el presente amparo será rechazado.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Carlos Alberto Richter Bórquez en contra de la Municipalidad de Maipú, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Carlos Alberto Richter Bórquez y a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Maipú.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y don Bernardo Navarrete Yáñez. El Consejero don Francisco Leturia Infante no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.