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Franco Pardo Carvallo con PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Rol: C6208-20

Consejo para la Transparencia, 19/01/2021

Se acoge el amparo deducido en contra de la Presidencia de la República, solo en cuanto no derivó inmediatamente el requerimiento al órgano competente para pronunciarse sobre la materia consultada. Lo anterior, por cuanto lo requerido dice relación con el listado de asistentes a las reuniones en que se decidió la adopción de las medidas sanitarias dispuestas por las resoluciones exentas N° 210, de 26 de marzo del año 2020 y N° 668, de 12 de agosto del mismo año, ambas del Ministerio de Salud, Subsecretaría de Salud Pública. En consecuencia, el órgano público competente o quien se encuentra en mejor posición para resolver la solicitud de información reclamada es el Ministerio de Salud por medio de su Subsecretaría de Salud Pública. Por facilitación este Consejo procederá a derivar de oficio la solicitud de información al órgano competente. Se representa al órgano su infracción al artículo 13 de la Ley de Transparencia.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente


Descriptores analíticos:

Tema Grupos de interés especial
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C6208-20

Entidad pública: Presidencia de la República

Requirente: Franco Pardo Carvallo

Ingreso Consejo: 30.09.2020

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra de la Presidencia de la República, solo en cuanto no derivó inmediatamente el requerimiento al órgano competente para pronunciarse sobre la materia consultada.

Lo anterior, por cuanto lo requerido dice relación con el listado de asistentes a las reuniones en que se decidió la adopción de las medidas sanitarias dispuestas por las resoluciones exentas N° 210, de 26 de marzo del año 2020 y N° 668, de 12 de agosto del mismo año, ambas del Ministerio de Salud, Subsecretaría de Salud Pública. En consecuencia, el órgano público competente o quien se encuentra en mejor posición para resolver la solicitud de información reclamada es el Ministerio de Salud por medio de su Subsecretaría de Salud Pública.

Por facilitación este Consejo procederá a derivar de oficio la solicitud de información al órgano competente.

Se representa al órgano su infracción al artículo 13 de la Ley de Transparencia.

En sesión ordinaria N° 1150 del Consejo Directivo, celebrada el 19 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C6208-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 13 de agosto de 2020, don Franco Pardo Carvallo solicitó a la Presidencia de la República: "el listado de asistentes a la reunión en la que se decidió la entrada en cuarentena de la comuna de Santiago, medida que comenzó a regir el 26 de marzo de 2020, y listado de asistentes a la reunión en la que se decidió el paso a la etapa de "transición" de la misma comuna, medida que se aplicará desde el 17 de agosto de 2020. Asimismo, solicito las actas de ambas reuniones".

2) RESPUESTA: El 10 de septiembre de 2020, por medio de correo electrónico, a Presidencia de la República respondió a dicho requerimiento de información indicando, en resumen, que las reuniones de S.E. el Presidente de la República, y el listado de asistente a ellas, no son materia de registro en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos o acuerdos de esta entidad.

Lo anterior, puesto que no existe norma constitucional o legal que mandate a la Presidencia de la República a llevar un registro de la totalidad de actividades en las que participa S.E. el Presidente de la República.

Finalmente, indica que aun cuando la información requerida constare en alguno de los soportes señalados por la Ley de Transparencia, se encontraría amparada por la causal de reserva del artículo 21 N° 1, atendida la potencial afectación de las funciones del órgano. De esta forma, la naturaleza misma de la información requerida (reuniones en que participa el Jefe de Estado y sus asistentes) permitiría, aplicar la causal de reserva contenida en el numeral 1° del artículo 21 de la Ley de Transparencia.

3) AMPARO: El 30 de septiembre de 2020, doña Franco Pardo Carvallo dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que recibió respuesta negativa a su solicitud. Al efecto, expone los motivos por los cuales la información debiese obrar en su poder, pues "por ejemplo, para asistir a una reunión se realiza previamente una convocatoria, o que, habiéndose estas desarrolladas en La Moneda, existe registro sobre las personas que asisten a Palacio". Agrega, además, que el organismo no acreditó de manera específica cómo es que la divulgación de la información afectaría sus funciones, y que se trata de un antecedente de interés público, relativa a una comuna en la que él es vecino. Finalmente, señala "En consecuencia, solicito al Consejo acoger el presente amparo e instruir a la Presidencia de la República que informe los nombres de quienes participaron en las citadas reuniones".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Administrativo de la Presidencia de la República, mediante Oficio E18425, de 26 de octubre de 2020, solicitando que: (1°) aclare si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (2°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada, detallando cómo la entrega dicha información afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; y, (3°) remita copia de la información solicitada, haciendo presente a usted que, de acuerdo al artículo 26 de la Ley de Transparencia y mientras no se adopte la decisión definitiva, el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia mantendrá el debido resguardo de los antecedentes que le sean remitidos. Asimismo, si la decisión final del Consejo declara que la información es secreta o reservada tendrán este carácter los escritos, documentos y actuaciones que hayan servido de base para su pronunciamiento

Mediante Ord. N° 851, de 10 de noviembre de 2020, el órgano reclamado presentó sus descargos en esta sede reiterando, en síntesis, lo expuesto con ocasión de la respuesta a la solicitud. En tal contexto, sostiene que no existe actas de las reuniones en las que se tomaron las decisiones formalizadas en las Resoluciones Exentas N° 210 y 668 de la Subsecretaría de Salud Pública, ni tampoco un registro de sus asistentes, lo que habría sido corroborado por la Dirección de Asesoría Presidencial y por el Gabinete Presidencial.

Luego, en el caso de haber existido algún acta o registro de participantes de las reuniones en que se haya tomado la decisión de la entrada en cuarentena y, posteriormente, al Paso 2 del Plan Paso a Paso de la comuna de Santiago, dichos antecedentes estarían sujeto a la causal de reserva del numeral 1 ° del artículo 21 de la Ley de Transparencia. Dicha premisa se fundamenta en que este tipo de antecedentes se vincularían directamente a reuniones de trabajo de S. E. el Presidente de la República con Ministros de Estado y asesores, en las que se tratan, trabajan y coordinan diversas medidas y políticas públicas, las cuales requieren un espacio de presentación, debate y coordinación con los colaboradores directos e inmediatos del Presidente de la República, y cuya función se vincula con la misión constitucional de gobierno y administración atribuida a la máxima autoridad, tal como lo establecen los artículos 24 y 33 de la Constitución Política de la República. De esta forma, "la publicidad de antecedentes de esta naturaleza afectaría directamente el debido cumplimiento de las funciones de S.E. el Presidente de la República, en su calidad de Jefe de Estado, impactando de modo sustancial en las posibilidades de trabajo, debate y revisión de políticas, medidas, planes y programa con los Ministros de Estado y asesores, y cuya divulgación resultaría inconveniente para el adecuado funcionamiento del Gobierno en general y de la Presidencia de la República en particular, pudiendo afectar el privilegio deliberativo de aquél y de éste".

Con todo, solicita sea rechazado el amparo "por tratarse de información inexistente en este órgano del Estado, no obrando en poder de la Presidencia de la República en ninguno de los soportes documentales establecidos por el artículo 10 de la Ley de Transparencia".

Y CONSIDERANDO:

1) Que, de los dichos del reclamante expuestos en el numeral 3° de lo expositivo se desprende que el presente amparo se encuentra circunscrito a la falta de entrega del listado de asistente a la reunión en que se tomó la decisión de la entrada en cuarentena de la comuna de Santiago, medida que comenzó a regir el 26 de marzo del año 2020 y, posteriormente, el ingreso al paso 2, de "transición" del Plan Paso a Paso, de la misma comuna, que se aplicó a partir del 17 de agosto de 2020. Por su parte, la reclamación se funda en que recibió respuesta negativa a dicho requerimiento.

2) Que, Presidencia de la República justificó su denegación en la circunstancia de que se trata de información que no obra en su poder, por no estar contenida o registrada en ninguno de los soportes documentales establecidos en el artículo 10 de la Ley de Transparencia. Con todo, en el evento se ser información existente, su divulgación podría afectar las funciones del órgano, especialmente, el privilegio deliberativo del Presidente de la República.

3) Que, en cuanto al fondo del asunto, en primer término, es menester señalar que la información reclamada corresponde a antecedentes vinculados a decisiones administrativas adoptadas por la autoridad sanitaria en el marco del brote de Covid-19 en nuestro país, mediante las resoluciones exentas N° 210, de 26 de marzo del año 2020 y N° 668, de 12 de agosto del mismo año, ambas del Ministerio de Salud, Subsecretaría de Salud Pública, las que aparecen publicadas en https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/directorio-de-organismos-regulados/?org=AO001 pagina=58810236

4) Que, el artículo 10 de la Ley de Transparencia, dispone que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado "cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga (...)". En tal sentido y complementando lo anterior, el artículo 3°, letra d), del Reglamento del cuerpo legal citado, preceptúa que "toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información que obre en poder de cualquier órgano de la Administración (...)" (énfasis agregado). Luego, el artículo 13 artículo del mismo cuerpo normativo establece que "En caso que el órgano de la Administración requerido no sea competente para ocuparse de la solicitud de información o no posea los documentos solicitados, enviará de inmediato la solicitud a la autoridad que deba conocerla según el ordenamiento jurídico, en la medida que ésta sea posible de individualizar, informando de ello al peticionario (...)".

5) Que, de los antecedentes del caso, parece claro que el órgano público competente para resolver la solicitud de información reclamada es el Ministerio de Salud por medio de su Subsecretaría de Salud Pública, toda vez que como se indicó el requerimiento dice relación con decisiones administrativas adoptadas formalmente por dicho órgano de la Administración del Estado, siendo este último quien se encuentra en mejor posición para pronunciarse sobre la solicitud en análisis. No obstante, atendido que no consta que Presidencia de la República haya procedido a derivar el requerimiento a dicho órgano, se acogerá el amparo en esta parte solo en cuanto no haber procedido de conformidad al artículo 13 de la Ley de Transparencia, representando, además, dicha circunstancia en lo resolutivo de la presente decisión.

6) Que, sin perjuicio de lo resuelto, en aplicación del principio de facilitación consagrado en el artículo 11, literal f), de la Ley de Transparencia, este Consejo procederá a derivar de oficio la solicitud de información a la Subsecretaría de Salud Pública, a fin de que se pronuncie sobre el requerimiento.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Franco Pardo Carvallo en contra de la Presidencia de la República, solo en cuanto no derivó, inmediatamente, el requerimiento al órgano competente para pronunciarse sobre la materia consultada, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Representar al Sr. Director Administrativo de la Presidencia de la República la infracción al artículo 13 de la Ley de Transparencia, al no haber derivado la solicitud de información a la Subsecretaría de Salud Pública, en su calidad de órgano competente para pronunciarse sobre la solicitud de acceso. Lo anterior, a fin de que se adopten las medidas tendientes a evitar que dichas circunstancias vuelvan a repetirse.

III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente:

a. Derivar la solicitud de información de don Franco Pardo Carvallo a la Subsecretaría de Salud Pública.

b. Notificar la presente decisión a don Franco Pardo Carvallo y al Sr. Director Administrativo de la Presidencia de la República.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y don Bernardo Navarrete Yáñez. El Consejero don Francisco Leturia Infante no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.