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Alejandro Arancibia con SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES (SEC) Rol: C6694-20

Consejo para la Transparencia, 12/01/2021

Se acoge el amparo deducido en contra de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), ordenando a la reclamada indicar si el transductor usado por Chilquinta, esto es el equipo marca SONEL modelo PQM-710, cumple con la Norma IEC 61000-4-30: 2015, y en caso de ser positiva la respuesta, entregue copia de la documentación que acredite el cumplimiento de la misma.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Conformidad objetiva

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C6694-20

Entidad pública: Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC)

Requirente: Alejandro Arancibia

Ingreso Consejo: 20.10.2020

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), ordenando a la reclamada indicar si el transductor usado por Chilquinta, esto es el equipo marca SONEL modelo PQM-710, cumple con la Norma IEC 61000-4-30: 2015, y en caso de ser positiva la respuesta, entregue copia de la documentación que acredite el cumplimiento de la misma.

En sesión ordinaria N° 1148 del Consejo Directivo, celebrada el 12 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C6694-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 13 de septiembre de 2020, don Alejandro Arancibia solicitó a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, en adelante e indistintamente SEC, le indique: "si el transductor usado por Chilquinta, esto es el equipo marca SONEL modelo PQM-710, cumple con la Norma IEC 61000-4-30: 2015. De ser positiva vuestra respuesta, agradeceré copia de la documentación que acredita el cumplimiento"

2) RESPUESTA: El 6 de octubre de 2020, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, respondió a dicho requerimiento de información indicando que: "la información por este medio solicitada excede el ámbito de aplicación de la Ley N° 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública, debido a que lo requerido corresponde a una asesoría técnica, y no a documentos u actos administrativos que se hayan dictado o que pudieran obrar en poder de este Servicio", lo anterior, lo fundo en lo señalado en el artículo 10 inciso 2° de la Ley de Transparencia y en el artículo 3 letra e) del reglamento de la Ley de Transparencia, añadiendo finalmente que: "No obstante, lo señalado y explicado precedentemente, y como una forma de dar respuesta a su requerimiento, este Servicio informa a usted que dicha consulta será tramitada de forma ordinaria según lo ordena la Ley de Bases de Procedimientos Administrativos, para efectos de arribar a un pronunciamiento de esta Superintendencia sobre los diversos puntos que contiene su presentación, siendo derivada a la Unidad Técnica para su respuesta".

3) AMPARO: El 20 de octubre de 2020, don Alejandro Arancibia dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que se le otorgó una respuesta negativa a su solicitud de información. Además, el reclamante hizo presente que: "SEC emite un documento oficial firmado por Javier Assereto con fecha 10 de septiembre de 2020 (se incluye en mi consulta por Transparencia), con la cual hace parte de su respuesta, las mediciones obtenidas por este transductor de Chilquinta. Siendo de esta forma, al emitir SEC una respuesta oficial basada en mediciones realizadas por un transductor de Chilquinta, debe garantizar la veracidad de la información entregada y, por tanto, deben poseer la certificación del instrumento llamado transductor, luego de hacer parte de su respuesta oficial, el informe de un tercero, que en este caso es Chilquinta. De no cumplirse lo anterior, SEC estaría emitiendo respuestas oficiales sin el debido resguardo de la veracidad de la información de terceros que contienen sus respuestas o cartas oficiales. Se podría dar el caso de estar emitiendo en forma oficial, falsedades al no verificar la veracidad de la información que dicha Superintendencia considera para sus respuestas"

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Superintendente de Electricidad y Combustibles (SEC) , mediante oficio N° E19313, de 6 de noviembre de 2020, solicitándole que: (1°) indique las razones por las que, a su juicio, lo requerido no constituye una solicitud de información amparable por la Ley de Transparencia; (2°) señale si la información solicitada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información requerida; (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (5°) en caso de no existir inconvenientes para la entrega de la información pedida, se solicita la remisión de la misma a la parte recurrente con copia a este Consejo, a fin de evaluar el cierre del presente caso a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC). Lo anterior, dando aplicación de lo dispuesto en la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, al numeral 4.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo y a la Recomendación de esta Corporación sobre Protección de Datos Personales por parte de los Órganos de la Administración del Estado.

Mediante correo electrónico de 12 de diciembre del 2020, el órgano reclamado evacuó sus descargos, reiterando que lo pedido excede el ámbito de aplicación de la Ley de Transparencia, y por tanto no constituye una solicitud de acceso a la información, al efecto acompaño la presentación de 06 de octubre del 2020, entregada con ocasión de su respuesta, la que fue reproducida en el numeral 2 de lo expositivo, así como, presentación de 03 de diciembre del mismo año, mediante la cual, señalo que: "Considerando que, los transductores de medida referidos en el artículo 6-4 de la referida norma forman parte del Sistema de Monitoreo, el que a su vez forma parte del Sistema de Distribución, se concluye que dichos transductores son de propiedad de la empresa distribuidora y, en consecuencia, le corresponde a ella demostrar que dichos elementos cumplen con las exigencias establecidas en la norma IEC 61000-4- 30: 2015. También es la empresa la que debe aportar la documentación correspondiente."

Y CONSIDERANDO:

1) Que, previo a resolver el fondo del asunto, respecto a lo alegado por el órgano reclamado, en el sentido de que lo solicitado excede el ámbito de aplicación de la Ley de Transparencia, y por tanto no constituye una solicitud de acceso a la información, cabe tener presente que el fundamento de dicho reclamo es la respuesta negativa otorgada por la institución, y en el que se acompañaron los antecedentes que requiere el artículo 24 de la Ley de Transparencia, por lo tanto, la resolución del presente reclamo corresponde al fondo del asunto debatido, dado que, en virtud de lo dispuesto en la letra b) del artículo 33 de la citada ley, corresponde a este Consejo "Resolver fundadamente, los reclamos por denegación de acceso a la información que le sean formulados de conformidad a esta ley", en relación con el artículo 24 de dicha ley, que establece que "la reclamación deberá señalar claramente la infracción cometida y los hechos que la configuran, y deberá acompañarse de los medios de prueba que los acrediten, en su caso", requisitos que, en la especie, han sido cumplidos por la reclamante. En consecuencia, este Consejo desechará dicha alegación.

2) Que, sobre el fondo del asunto, el presente amparo se funda en la respuesta negativa a la solicitud de información mediante la que se requirió información relativa al transductor usado por Chilquinta.

3) Que, en este sentido, se debe recordar que el artículo 8, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional".

4) Que, entre las disposiciones legales que regulan la materia, se debe tener presente que, de conformidad con el artículo 2, de la Ley N° 18.410, que Crea la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, de 1985, dispone que: "El objeto de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles será fiscalizar y supervigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, y normas técnicas sobre generación, producción, almacenamiento, transporte y distribución de combustibles líquidos, gas y electricidad, para verificar que la calidad de los servicios que se presten a los usuarios sea la señalada en dichas disposiciones y normas técnicas, y que las antes citadas operaciones y el uso de los recursos energéticos no constituyan peligro para las personas o cosas". Luego, según el articulo 3, del mismo cuerpo legal: "Corresponderá a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles: 23.- Sancionar el incumplimiento de las normas técnicas y reglamentarias vigentes o que se establezcan en virtud de la legislación eléctrica, de gas y de combustibles líquidos relativas a las instalaciones correspondientes, con desconexión de éstas, multas o ambas medidas./ Para la fiscalización del cumplimiento de las normas vigentes en las instalaciones a que se refiere el párrafo anterior, la Superintendencia podrá autorizar a laboratorios, entidades o instaladores, para que efectúen inspección de las mismas y realicen o hagan realizar, bajo su exclusiva responsabilidad, las pruebas y ensayos que dicho organismo estime necesarios, para constatar que cumplen con las especificaciones normales y no constituyen peligro para las personas o cosas (...) 25.- Verificar que las características de los recursos energéticos cumplan con las normas técnicas y no constituyan peligro para las personas o cosas."- énfasis agregado- .

5) Que, en mérito de las atribuciones fiscalizadoras de la SEC, expuestas en la normativa citada en el considerando anterior, es que se acogerá el presente amparo ordenando la entrega de lo requerido. En virtud del principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia, en forma previa a la entrega de la información, el órgano reclamado deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto, como, por ejemplo, la cédula de identidad, domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros, que pudieren estar contenidos en la información cuya entrega se ordena. Asimismo, el órgano reclamado deberá anonimizar los datos sensibles detallados en la información consultada. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), y 4° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Alejandro Arancibia, en contra del/de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Superintendente de Electricidad y Combustibles (SEC), lo siguiente;

a) Indique al reclamante si el transductor usado por Chilquinta, esto es el equipo marca SONEL modelo PQM-710, cumple con la Norma IEC 61000-4-30: 2015, y en caso de ser positiva la respuesta, entregue copia de la documentación que acredite el cumplimiento de la misma. En virtud del principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia, en forma previa a la entrega de la información, el órgano reclamado deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto, como por ejemplo, la cédula de identidad, domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros, que pudieren estar contenidos en la información cuya entrega se ordena. Asimismo, el órgano reclamado deberá anonimizar los datos sensibles detallados en la información consultada. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), y 4° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Alejandro Arancibia y al Sr. Superintendente de Electricidad y Combustibles (SEC).

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.