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Sergio Varela Artigues con MUNICIPALIDAD DE GUAITECAS Rol: C5506-20

Consejo para la Transparencia, 12/01/2021

Se acoge el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Guaitecas, ordenándose la entrega de copia de las liquidaciones de remuneraciones del personal de planta del municipio reclamado, en junio de 2020. Lo anterior, por cuanto se trata de información de naturaleza pública, en la medida que las liquidaciones solicitadas dan cuenta de las remuneraciones percibidas por los funcionarios públicos, las cuales dicen relación directa con el ejercicio de cargos y funciones públicas, y que, además, son pagadas con fondos públicos, cuya divulgación, además, permite un adecuado control social por parte de la ciudadanía. En virtud del principio de divisibilidad, previo a la entrega de la información solicitada, el órgano reclamado deberá tarjar aquella información relativa a la singularización de la AFP y sistema de salud a la que se encuentren afiliados los funcionarios consultados, como también aquella relativa a los descuentos de carácter personal -créditos de consumo, ahorros voluntarios, pago de cuentas, entre otros-. Asimismo, deberá tarjar la información de naturaleza personal y sensible contenida en la información cuya entrega se ordena, en resguardo de la vida privada de los terceros involucrados.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Otros, especificar
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Decisiones o sentencias citadas en documento:



Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C5506-20

Entidad pública: Municipalidad de Guaitecas

Requirente: Sergio Varela Artigues

Ingreso Consejo: 04.09.2020

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Guaitecas, ordenándose la entrega de copia de las liquidaciones de remuneraciones del personal de planta del municipio reclamado, en junio de 2020.

Lo anterior, por cuanto se trata de información de naturaleza pública, en la medida que las liquidaciones solicitadas dan cuenta de las remuneraciones percibidas por los funcionarios públicos, las cuales dicen relación directa con el ejercicio de cargos y funciones públicas, y que, además, son pagadas con fondos públicos, cuya divulgación, además, permite un adecuado control social por parte de la ciudadanía.

En virtud del principio de divisibilidad, previo a la entrega de la información solicitada, el órgano reclamado deberá tarjar aquella información relativa a la singularización de la AFP y sistema de salud a la que se encuentren afiliados los funcionarios consultados, como también aquella relativa a los descuentos de carácter personal -créditos de consumo, ahorros voluntarios, pago de cuentas, entre otros-. Asimismo, deberá tarjar la información de naturaleza personal y sensible contenida en la información cuya entrega se ordena, en resguardo de la vida privada de los terceros involucrados.

Aplica criterio contenido en decisiones amparos C3183-17, C3184-17, C4153-18 y C7829-20, entre otros.

En sesión ordinaria N° 1148 del Consejo Directivo, celebrada el 12 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5506-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 10 de agosto de 2020, don Sergio Varela Artigues solicitó a la Municipalidad de Guaitecas, lo siguiente:

"copia digital de las liquidaciones de remuneraciones del personal que figura como de planta en junio de 2020 según portal de transparencia activa de la municipalidad".

2) RESPUESTA: Mediante Ordinario N° 589 de fecha 2 de septiembre de 2020, el municipio requerido respondió a dicho requerimiento y denegó lo solicitado fundado en la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia y, en la oposición de los terceros interesados, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia.

3) AMPARO: El 4 de septiembre de 2020, don Sergio Varela Artigues dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información.

El reclamante hizo presente que conforme a la jurisprudencia, las remuneraciones percibidas por los funcionarios públicos tienen el carácter de información pública, toda vez que dicen relación directa con el ejercicio de cargos y funciones públicas, y que, además, son pagados con fondos públicos.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Guaitecas, mediante Oficio N° E16319 de fecha 28 de septiembre de 2020 solicitándole que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos de los terceros; (3°) indique si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (4°) de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y, en la afirmativa, acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación al tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y de los antecedentes que den cuenta de la fecha en la que ésta ingresó ante el órgano que usted representa; y, (5°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros involucrados, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento.

Mediante correo electrónico de fecha 27 de octubre de 2020, se le concedió al órgano reclamado un plazo extraordinario de 3 días hábiles para que evacuara sus descargos u observaciones. Al respecto, por medio de Ordinario N° 735 remitido con fecha 28 de octubre de 2020, la municipalidad reclamada presentó sus descargos en los siguientes términos:

Reiteró la configuración de la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, por cuanto la divulgación de lo solicitado, atendido el fundamento de las oposiciones de los 3 funcionarios que se indican, provocaría un menoscabo al derecho a la intimidad y a la vida privada de los mismos. Además, señaló que respecto a lo pedido, se configura la causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación a lo dispuesto en el artículo 7°, 2°, letra f) y g) y 10 de la Ley N° 19.628, pues se trata de antecedentes que provienen de fuentes que no son accesibles al público en general.

Además, adjuntó los correos electrónicos con las 3 oposiciones de las funcionarias que refiere, en las cuales éstas últimas se opusieron a la entrega de la información solicitada, fundadas en que lo pedido se trata de información personal.

5) COMPLEMENTACIÓN DE DESCARGOS DEL ORGANISMO: Mediante correo electrónico de fecha 3 de noviembre de 2020, este Consejo solicitó al organismo reclamado complementar sus descargos y aclarar quienes son los funcionarios que se desempeñaron como planta municipal en el mes de junio de 2020 y si se les dio traslado a todos ellos, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, acompañando todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a los terceros, incluyendo las oposiciones deducidas y los datos de contacto de los mismos.

Por medio de correo electrónico de fecha 5 de noviembre de 2020, el municipio recurrido aclaró el nombre de los 13 funcionarios que se desempeñaron como planta en el mes consultado, indicando que el traslado se realizó a 9 de ellos. Así, explicó que conforme a lo señalado por la encargada de transparencia pasiva, debido a un error involuntario, no se envió a 4 funcionarios -por cesar sus funciones y por incorporación al servicio-, la comunicación para efectos de que dedujeran su oposición. Además, adjuntó documentos que dan cuenta de comunicación a los terceros que indica, junto a las 3 oposiciones de las funcionarias que refiere y los datos de contacto de 9 funcionarios de planta que indica.

Con fecha 9 de noviembre, mediante comunicación electrónica, el órgano reclamado remitió los datos de contacto de 4 funcionarios municipales faltantes.

6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INTERESADOS: De conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación, acordó dar traslado del amparo a los terceros interesados, mediante Oficios Nos. E19663, E19664, E19665, E19666, E19667, E19668, E19669, E19670, E19671, E19672, E19673, E19674, E19675, todos de fecha 11 de noviembre de 2020.

Al respecto, mediante correos electrónicos de fechas 19 y 27 de noviembre de 2020, 3 funcionarios manifestaron su oposición a la entrega de lo solicitado. Al efecto, señalaron que la información requerida contiene en gran medida datos personales y sensibles, yales como RUT, días trabajados, cargas familiares, bienios, AFP, Isapre y monto pactado, haberes (asociados a asignaciones, complementos, bonificaciones, etc.) descuentos, entre otros. Agregaron que, la información a entregar sin censurar; nombre, grado, escalafón, jornada, total haberes, renta bruta y líquido a pagar, correspondiente al mes de junio del presente año, se encuentra disponible al público a través del Portal de Transparencia del municipio. Por lo anterior, advirtieron que acceder a la entrega de lo pedido, esto es, al detalle de las liquidaciones de remuneración censurada y/o tachada, no es procedente. Además, añadieron que la municipalidad de Guaitecas no cuenta con licencia de un software computacional para censurar datos y que utiliza una versión gratuita para este fin, y que la persona encargada de realizar estas funciones trabaja a media jornada, la cual compatibiliza con otras labores.

Por otra parte, en relación a los restantes funcionarios de planta, a la fecha del presente acuerdo, no consta que hayan presentado sus descargos u observaciones en esta sede.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el objeto del presente amparo es la entrega de copia de las liquidaciones de remuneraciones del personal de planta del municipio reclamado en junio de 2020. Al efecto, la Municipalidad de Guaitecas denegó lo solicitado fundada en la concurrencia de la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en virtud de la oposición de los terceros interesados que refiere. Asimismo, advirtió la configuración de la causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación a lo dispuesto en la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada.

2) Que, primeramente, cabe tener presente que el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público" salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia

3) Que, unido a lo anterior, cabe recordar que la función pública, según lo establecido en el artículo 8 de la Constitución Política de la República y artículo 3 de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre el particular, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada de rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los servidores públicos ante la ciudadanía, por el solo hecho de ser tales y de encontrarse al servicio de aquella.

4) Que, asimismo, respecto de las liquidaciones de sueldo, este Consejo a partir de la decisión de amparo Rol C211-10, ha razonado que ellas "(...) contienen, información relativa a descuentos que la ley permite y personales relativos a pagos de seguros; asociaciones gremiales, y ahorros voluntarios, entre otros (...) las remuneraciones percibidas por los funcionarios públicos tienen el carácter de información pública ya que dicen relación directa con el ejercicio de cargos y funciones públicas, y que, además, son pagados con fondos públicos. Sin embargo, el objeto al cual los funcionarios destinen voluntariamente dichas remuneraciones no guarda relación con el desempeño de sus funciones ni interfiere en el ejercicio de las mismas, siendo más bien una materia propia de la esfera de su vida privada, lo que lleva a este Consejo a concluir que la información pedida respecto a las liquidaciones de sueldo deberá ser entregada, aplicando el principio de divisibilidad, tarjando la información relativa a los gastos voluntarios efectuadas por los funcionarios a las que éstas se refieren (...) el mismo criterio debe aplicarse respecto de la identificación de las Administradoras de Fondos de Pensión, como de las instituciones de salud a la cual se encuentren afiliados, ya que es información irrelevante y meramente de contexto para el control que la ciudadanía puede realizar respecto del ejercicio de la función pública que desempeña cada funcionario". Dicho criterio ha sido refrendado por esta Corporación en las decisiones C3183-17, C3184-17, C4153-18 y C7829-20, entre otras.

5) Que, en mérito de lo expuesto precedentemente, tratándose lo solicitado de información que da cuenta de las remuneraciones de los funcionarios públicos que fueren consultados, y teniendo en consideración que conforme al principio de divisibilidad establecido en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia conforme al cual "si un acto administrativo contiene información que puede ser conocida e información que debe denegarse en virtud e causal legal, se dará acceso a la primera y no a la segunda", es posible conciliar el resguardo de los bienes jurídicos que subyacen a la información de carácter personal y sensible de la cual darían cuenta parte de las liquidaciones solicitadas -en adecuación con las causales de reserva esgrimidas por la reclamada artículo 21 N° 2 y N° 5 de la Ley de Transparencia y lo advertido por los terceros interesados con ocasión de sus descargos-, con el control social sobre el ejercicio de cargos y funciones públicas, y que, además, en la especie, respecto de información que da cuenta del destino de fondos públicos, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, y conjuntamente con ello, ordenará la entrega de lo solicitado, debiendo la Municipalidad requerida, de forma previa a la entrega, tarjar toda aquella información relativa a la singularización de la AFP y sistema de salud al que se encuentren afiliados los funcionarios consultados, como también aquella relativa a los descuentos de carácter personal (créditos de consumo, ahorros voluntarios, pago de cuentas, entre otros). Asimismo, deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto, como por ejemplo, RUN, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, así como todos los datos sensibles detallados en la información consultada. Lo anterior, en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 2, letra f), y 4 de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia. No obstante lo anterior, en el evento de que de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen.

6) Que, por último, respecto a la alegación de los terceros interesados sobre la ausencia en el municipio de un sistema de software computacional para censurar datos, consignada en el numeral 7° de lo expositivo, cabe hacer presente que este Consejo no advierte la imposibilidad de aplicar el principio de divisibilidad en la entrega de lo pedido, considerando que los mismos terceros, en sus descargos, reconocen, a su vez, la utilización de una versión gratuita para este fin por parte del organismo reclamado, la cual se lleva a cabo por una persona particularmente destinada al efecto. Por lo anterior, y teniendo en consideración, además, que no se ha señalado por parte del órgano encargado de aplicar el tarjamiento de los datos personales y sensibles en la información cuya entrega se ordena, la imposibilidad de realizar la labor referida, se desestimará la alegación de los terceros interesados en este punto.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Sergio Varela Artigues, en contra de la Municipalidad de Guaitecas, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Guaitecas, lo siguiente;

a) Entregue al reclamante la información consignada en el numeral 1° de lo expositivo, sobre copia de las liquidaciones de remuneraciones del personal de planta del municipio reclamado, en junio de 2020. En virtud del principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia, en forma previa a la entrega de la información, el municipio requerido deberá tarjar toda aquella información relativa a la singularización de la AFP y sistema de salud a la que se encuentren afiliados los funcionarios consultados, como también aquella relativa a los descuentos de carácter personal (créditos de consumo, ahorros voluntarios, pago de cuentas, entre otros). Asimismo, deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto, como por ejemplo, RUN, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, así como todos los datos sensibles detallados en la información consultada. Lo anterior, en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 2, letra f), y 4 de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia.

No obstante lo anterior, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Sergio Varela Artigues, al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Guaitecas y a los terceros involucrados.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yañez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.