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Ruselet Cyrille con SUBSECRETARIA DEL INTERIOR Rol: C5346-20

Consejo para la Transparencia, 12/01/2021

Se acoge el amparo en contra de la Subsecretaría del Interior, ordenándose la entrega información sobre el expediente administrativo de situación migratoria actual del requirente y de sus hijos, con la indicación del estado en que se encuentra su solicitud de permanencia definitiva y, en caso de encontrarse en una situación migratoria irregular, indicar cuál es en específico y el procedimiento para lograr su subsanación. En este último caso, en la medida que obre en alguno de los soportes documentales consignados en el inciso 2° del artículo 10 de la Ley de Transparencia. Lo anterior, toda vez que, respecto al expediente administrativo y la indicación de la eventual situación migratoria irregular del requirente y de sus hijos, se trata de información del propio reclamante y de sus hijos, asociada a un procedimiento administrativo de reconocimiento de solicitud de permanencia definitiva, que obra en poder del órgano requerido y respecto de la cual el órgano con ocasión de sus descargos accedió a la entrega de lo pedido. Asimismo, por cuanto en relación a la indicación del estado en que se encuentra su solicitud, se constató la imposibilidad de obtener la información en el enlace web referido por la reclamada.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Grupos de interés especial
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C5346-20

Entidad pública: Subsecretaría del Interior

Requirente: Ruselet Cyrille

Ingreso Consejo: 31.08.2020

RESUMEN

Se acoge el amparo en contra de la Subsecretaría del Interior, ordenándose la entrega información sobre el expediente administrativo de situación migratoria actual del requirente y de sus hijos, con la indicación del estado en que se encuentra su solicitud de permanencia definitiva y, en caso de encontrarse en una situación migratoria irregular, indicar cuál es en específico y el procedimiento para lograr su subsanación. En este último caso, en la medida que obre en alguno de los soportes documentales consignados en el inciso 2° del artículo 10 de la Ley de Transparencia.

Lo anterior, toda vez que, respecto al expediente administrativo y la indicación de la eventual situación migratoria irregular del requirente y de sus hijos, se trata de información del propio reclamante y de sus hijos, asociada a un procedimiento administrativo de reconocimiento de solicitud de permanencia definitiva, que obra en poder del órgano requerido y respecto de la cual el órgano con ocasión de sus descargos accedió a la entrega de lo pedido. Asimismo, por cuanto en relación a la indicación del estado en que se encuentra su solicitud, se constató la imposibilidad de obtener la información en el enlace web referido por la reclamada.

La Consejera doña Natalia González Bañados se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.

En sesión ordinaria N° 1148 del Consejo Directivo, celebrada el 12 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5346-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 10 de julio de 2020, don Ruselet Cyrille solicitó a la Subsecretaría del Interior -en adelante e indistintamente, también, la Subsecretaría-, lo siguiente:

"información sobre mi expediente administrativo, específicamente sobre mi situación migratoria actual. Hasta donde tengo entendido, se encuentra vigente una solicitud de permanencia definitiva, no obstante, agradecería que me aclararan en qué etapa del proceso se encuentra dicha solicitud en particular.

Junto con dicha información, agradecería que me informaran también el expediente administrativo y la situación migratoria de mis hijos, personas que indica. Ambos viven bajo mis expensas y son menores de edad. Respecto de ellos, he realizado una solicitud de permanencia definitiva pero no hemos tenido noticias al respecto desde el año 2018.

En caso de que yo y mis hijos estemos en una situación de irregularidad migratoria agradecería que informaran cual en específico y los pasos necesarios para subsanarla cuanto antes".

2) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: El 31 de agosto de 2020, don Ruselet Cyrille, debidamente representada por las personas que se indican en mandato adjuntado al efecto, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la ausencia de respuesta a su solicitud.

El reclamante hizo presente que a la fecha, no ha recibido información acerca del estado de su solicitud de permanencia definitiva, intentando revisar el estado de su solicitud en el portal establecido al efecto, sin otorgarle la información requerida.

3) SISTEMA ANTICIPADO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (SARC): Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo y derivarlo a SARC, a fin de obtener por parte del órgano requerido la entrega de la información solicitada.

Al respecto, mediante correo electrónico de fecha 11 de septiembre de 2020, el órgano reclamado remitió Oficio N° 18920, de fecha 10 de agosto de 2020 -junto al respectivo correo de notificación al requirente con la misma fecha-, en el cual denegó lo solicitado fundado en la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia, toda vez que los trámites consultado aún no han sido debidamente notificados al domicilio señalado por el requirente, encontrándose pendiente la última etapa de tramitación que, de no llevarse a cabo, afectaría el debido proceso y la validez del acto administrativo en cuestión. Así, agregó que, teniendo en consideración que los documentos solicitados componen el expediente del requirente y el de sus hijos, corresponden a antecedentes previos a la adopción de una resolución, en un proceso continuo e indivisible, cuya divulgación afectaría el funcionamiento del servicio, que tiene como misión velar por el cumplimiento de la normativa migratoria vigente en el país, relativa al ingreso y egreso, residencia definitiva o temporal, expulsión y regulación de los ciudadanos extranjeros que permanecen en el territorio nacional, justamente, dictando actos administrativos para tales efectos, cuya notificación debe ser realizada por los medios legales dispuesto al efecto, puesto que no solo corresponde a la comunicación del acto en cuestión, sino que, a la vez, constituye una garantía para su titular que lo habilita para presentar los descargos ante las autoridades que correspondan según sea el contenido de la misma.

Además, indicó que para poder consultar el estado de la solicitud migratoria, se encuentran habilitado canales destinados al esclarecimiento de procesos y a la consulta de la situación migratoria, en la página web www.extranjería.gob.cl, seleccionando la sección "Estado de Trámites" o directamente en la dirección https://consultas.extranjería.gob.cl, ingresando la clave única.

4) SOLICITUD DE SUBSANACIÓN: Este Consejo, mediante Oficio N° E16530 de fecha 30 de septiembre de 2020, solicitó al reclamante aclarar la infracción cometida por el órgano reclamado, considerando que éste otorgó una respuesta a su requerimiento, notificada por correo electrónico con fecha 10 de agosto de 2020, con anterioridad a la interposición del presente amparo; y señalar si la información proporcionada por el órgano satisface su requerimiento.

Mediante presentación remitida con fecha 5 de octubre de 2020, el peticionario manifestó su disconformidad con la respuesta otorgada por la Subsecretaría del Interior. Así, indicó que respecto de los 4 puntos solicitados en su requerimiento -el expediente administrativo, el estado de su solicitud de permanencia definitiva, la eventual situación de irregularidad suya y de sus hijos y, los pasos necesarios para subsanar una posible irregularidad-, sólo fue respondido 1 -el referido al expediente-, de forma denegatoria, sin haberse mencionado en la respuesta del organismo los 3 puntos restantes. En este sentido, agregó que respecto a la consulta sobre el estado de su solicitud, advirtió que, tal como se demuestra en las imágenes que acompañó al efecto, al momento de ingresar a los enlaces referidos por el organismo para poder realizar las consultas del estado de su solicitud de permanencia definitiva, no se arroja información al respecto.

Añadió, además, que la entrega de la información pedida por la vía de una solicitud de acceso a la información pública no contraría las normas sobre notificación de actos administrativos, puesto que implica precisamente una forma complementaria -y no opuesta-, de poner en conocimiento del administrado una decisión de la autoridad, que responde además a una obligación que la ley impone a la autoridad reclamada. Así, señaló que se le entregue una resolución por dicha vía no impide que la autoridad dé cumplimiento al mismo tiempo a las normas sobre notificación de la Ley N° 19.880.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Subsecretario del Interior, mediante Oficio N° E19057 de fecha 3 de noviembre de 2020 solicitándole que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) señale cómo la entrega de la información reclamada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa, precisando, en qué medida lo solicitado serviría de antecedente para la adopción de una medida o política futura; detallando las implicancias de dicha medida, y explicitando las características particulares de lo solicitado que, a juicio del órgano que usted representa, justificaría que su comunicación vulnera el correcto cumplimiento de los objetivos de la medida o política en curso, identificando los efectos que produciría su comunicación; y, (3°) informe el estado del proceso sobre el que recae la información denegada y fecha aproximada del término del mismo.

Mediante correo electrónico de fecha 20 de noviembre de 2020, el órgano reclamado remitió Oficio N° 28.272 con sus descargos, en los siguientes términos:

Hizo presente que no obstante haberse denegado la información solicitada, con ocasión de su respuesta, en virtud de la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia, encontrándose notificados los actos que son materia de la información requerida, accede al requerimiento, adjuntando para tal efecto los antecedentes pedidos, sin que existan más documentos sobre la materia.

No obstante lo anterior, advirtió que aquella parte del requerimiento sobre la información para regularizar una eventual situación migratoria irregular de él y de sus hijos, se encuentra fuera del marco de competencia de la Ley de Transparencia, correspondiendo al ejercicio del derecho de petición contemplado en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la República.

Asimismo, adjuntó copia de correo electrónico de fecha 23 de noviembre de 2020, remitido al requirente, en el cual informó que, dado que los antecedentes a cuya entrega se accedió dicen relación con la vida privada de las personas, éstos estarán disponibles en la Oficina de Partes y Archivo Central del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, ubicada en el lugar que indica, previa acreditación de identidad.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el objeto del presente amparo es la entrega de información relativa al expediente administrativo sobre situación migratoria actual del requirente y de sus hijos, con la indicación del estado en que se encuentra su solicitud de permanencia definitiva y, en caso de encontrarse en una situación migratoria irregular, indicar cuál es en específico y el procedimiento para lograr su subsanación. Al efecto, el órgano reclamado en su respuesta, denegó lo solicitado fundado en la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia y accedió, no obstante lo anterior, con ocasión de sus descargos, luego de haberse realizado la notificación pendiente de los documentos requeridos, a la entrega presencial de lo pedido -previa acreditación de identidad-, aclarando, sin perjuicio de lo anterior, que la consulta sobre el procedimiento a seguir para subsanar una eventual situación irregular del requirente y de sus hijos, corresponde al ejercicio del derecho de petición contemplado en el artículo 19 N° 14 de la Carta Fundamental.

2) Que, primeramente, en relación a la causal de secreto o reserva prevista en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia que fuere esgrimida por el órgano requerido con ocasión de su respuesta, cabe hacer presente que, se podrá denegar total o parcialmente lo requerido, cuando la divulgación de lo pedido afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, particularmente tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas. Además, según lo previsto en el artículo 7 N° 1, letra b), del Reglamento de la Ley de Transparencia, se entiende por antecedentes todos aquellos que informan la adopción de una resolución, medida o política, y por deliberaciones, las consideraciones formuladas para la adopción de las mismas, que consten, entre otros, en discusiones, informes, minutas u oficios. Así, según lo razonado sostenidamente por este Consejo, en las decisiones de los amparos rol C12-09, C79-09 y C3014-15, entre otras, para que se configure la causal de reserva en comento, se requiere la concurrencia de dos requisitos copulativos: a) que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política; y, b) que la publicidad, conocimiento o divulgación de dicha información afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano.

3) Que, en la especie, respecto del primero de los requisitos, cabe tener presente que, no obstante encontrarse pendiente a la fecha de presentación de la solicitud de información, la notificación de los antecedentes consultados, en el marco del procedimiento de solicitud de permanencia definitiva y situación migratoria de las personas que fueren consultadas, la reclamada ha reconocido con ocasión de sus descargos, que la respectivas notificaciones ya fueron realizadas, encontrándose finalizada la tramitación de los expedientes consultados.

4) Que, asimismo, en relación al segundo requisito, la reclamada explicó que la divulgación de los antecedentes solicitados, antes de realizadas las notificaciones respectivas, implicarían una afectación al funcionamiento del servicio respecto del cumplimiento de la normativa migratoria vigente, en la medida que la notificación constituye una garantía para su titular que lo habilita para presentar descargos ante la autoridad. Al respecto, cabe hacer presente que el órgano reclamado no indicó la forma específica en que la falta de notificación esgrimida, podría afectar el debido cumplimiento de las funciones de la Subsecretaría del Interior, especialmente en lo referido a la adopción de una medida o decisión en los procedimientos migratorios que se consultan. Así, el órgano reclamado se limitó a indicar genéricamente, que la divulgación -previa a la notificación- de los antecedentes pedidos podría afectar la misión del servicio de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en el país, sin otorgar suficientes elementos de juicio en orden a acreditar la concurrencia de la causal alegada.

5) Que, en efecto, según la jurisprudencia reiterada de este Consejo, no basta con invocar una causal de secreto o reserva para eximir al órgano reclamado del cumplimiento de su obligación de entregar la información requerida, sino que, además, debe indicar los hechos que la configuran y aportar los antecedentes que acrediten la afectación a los bienes jurídicos respectivos, circunstancias que no se advierten en la especie. Así, del análisis de los antecedentes se advierte que el órgano no especificó ni detalló de qué manera la entrega de los antecedentes pedidos -con notificación pendiente-, podría generar la afectación alegada, o la manera en que se vería perjudicado el privilegio deliberativo de la autoridad respectiva, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, teniendo en consideración que, por tratarse de normas de derecho estricto, las causales de secreto deben aplicarse en forma restrictiva. En este sentido, además, tras la realización de las notificaciones señaladas -tal como fuere reconocido por el órgano reclamado con ocasión de sus descargos- esta Corporación no advierte cómo la divulgación de lo solicitado podría afectar el debido cumplimiento de las funciones de la Subsecretaría reclamada, por lo que se desestimará la alegación del organismo en este punto.

6) Que, respecto a la información solicitada, cabe hacer presente que el peticionario tiene la calidad de interesado en el procedimiento consultado- como solicitante respecto de su propia solicitud de permanencia definitiva y en calidad de apoderado respecto de su hijos-, circunstancia que no ha sido desvirtuada por el órgano reclamado- por lo que resulta aplicable lo previsto en el artículo 17° de la Ley N° 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del estado, el cual dispone que: "Las personas, en sus relaciones con la Administración, tienen derecho a: a)Conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copia autorizada de los documentos que rolan en el expediente y la devolución de los originales, salvo que por mandato legal o reglamentario éstos deban ser acompañados a los autos, a su costa; d) acceder a los actos administrativos y sus documentos, en los términos previstos en la ley". (énfasis agregado).

7) Que, acto seguido, la materia consultada por la reclamante constituye información pública, en la medida que se trata de información relativa a un procedimiento administrativo de solicitud de permanencia definitiva -del solicitante y de sus hijos-, iniciado por el propio requirente, seguido ante la Administración del Estado y que, según los propios dichos del órgano requerido, obran en su poder. En tal sentido, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, dispone que: "Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen". En este mismo orden de ideas, según lo dispuesto en los artículos 5°, inciso segundo y 10° de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado: "es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento"; y "El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga".

8) Que, asimismo, revisado los antecedentes remitidos por la reclamada a esta Corporación, con ocasión de sus descargos, relativos a los expedientes de solicitud de permanencia definitiva del peticionario y sus hijos, este Consejo advierte que los mismos contienen datos personales y sensibles de la solicitante y de sus hijos, referidos a hechos o circunstancias de su vida privada, según la definición prevista en el artículo 2 letras f) y g) de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada. Al respecto, el artículo 12 del mismo cuerpo legal, reconoce que "toda persona tiene derecho a exigir a quien sea responsable de un banco, que se dedique en forma pública o privada al tratamiento de datos personales, información sobre datos relativos a su persona, su procedencia y destinatario, el propósito del almacenamiento y la individualización de las personas u organismos a los cuales sus datos son transmitidos regularmente". De esta forma, en la especie, el peticionario ha hecho uso del denominado "habeas data impropio" a efectos de acceder a sus propios datos de carácter personal y sensibles -y el de sus hijos- que obran en poder de un tercero, en este caso, del Ministerio del Interior. Tal derecho, puede ejercerse a través del procedimiento establecido por la Ley de Transparencia mediante el ejercicio del derecho de acceso a información pública, según ha sido resuelto anteriormente por este Consejo, por ejemplo, en las decisiones de amparos roles C134-10, C178-10, C432-13, entre otras.

9) Que, en mérito de lo expuesto precedentemente, tratándose de información referida a un expediente administrativo referido al propio solicitante -y sus hijos-, que obra en poder del órgano reclamado, respecto de lo cual, se constató por esta Corporación la improcedencia de la causal de reserva alegada por la reclamada a la época de la presentación de la solicitud de información, sobre lo cual, además, tras la realización de notificación de los antecedentes pedidos, la reclamada accedió a su entrega, se acogerá el presente amparo en este punto, ordenándose la entrega de lo solicitado, previa acreditación de identidad previa acreditación de la identidad del peticionario, por contener datos personales y sensibles del reclamante, al alero de la Ley N° 19.628 y el numeral 4.3. de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, y teniendo en consideración el estado de catástrofe declarado en el país, producto de la pandemia, así como las directrices otorgadas por el Oficio N° 000252 de fecha 20 de marzo de 2020, de esta Corporación, se recomienda al órgano reclamado que realice la entrega efectiva de lo solicitado al requirente o su apoderado, por un medio alternativo a la entrega personal. A modo meramente ejemplar, a través de correo electrónico o la que estime pertinente, previa acreditación de la identidad del titular o envío de mandato por mecanismos telemáticos del titular de la información o su apoderado -en el caso de los antecedentes referidos a los hijos del requirente-, en conformidad a lo dispuesto en el numeral 4.3. de la Instrucción General N° 10 de este Consejo.

10) Que, en esta misma línea, respecto a aquella parte del requerimiento referida a la indicación por parte del organismo, en caso de encontrarse en una situación migratoria irregular el requirente y sus hijos, sobre cuál es en específico, cabe hacer presente que éste Consejo advierte, en adecuación a lo señalado por la reclamada con ocasión de la subsanación del presente amparo, que la reclamada no se refirió específicamente a este punto, en los términos en que fuere solicitado. Por lo anterior, y tratándose lo pedido de información referida al propio requirente -y sus hijos-, sobre la situación migratoria en que se encuentran, cuya entrega al requirente se fundamenta en las razones referidas en los considerados 6°, 7° y 8° del presente acuerdo, se acogerá el amparo en este punto, ordenándose la entrega de lo pedido, en la forma señalada en el considerando precedente.

11) Que, por otra parte, en cuanto a la indicación del estado de la solicitud de permanencia definitiva del requirente, respecto de lo cual el órgano reclamado informó al requirente en su respuesta sobre la posibilidad de verificar el estado de la misma en el enlace web consignado en el numeral 3° de lo expositivo, cabe hacer presente que, sin perjuicio de la imposibilidad de consultar por parte de este Consejo el estado del trámite en el link referido por el organismo, debido a la necesidad de ingreso de datos de carácter personal del solicitante y/o la clave única del mismo, en las imágenes que el requirente acompañó al efecto, consignadas en el numeral 4° de lo expositivo, que dan cuenta del ingreso a la página del Departamento de Extranjería y Migración por parte del requirente, se advierte que en las mismas consta que el estado de solicitud de permanencia definitiva "no se encuentra disponible", antecedentes que develan que el órgano reclamado no ha informado en este punto al requirente, según los términos en que fuere consultado. Por lo anterior, se acogerá el amparo en este punto, ordenándose al órgano reclamado que entregue la información requerida.

12) Que, en relación a la indicación por parte del organismo de los pasos necesarios para subsanar una eventual situación de irregularidad migratoria de él y de sus hijos, sobre lo cual la Subsecretaría recurrida alegó que lo pedido se condice con el ejercicio del derecho de petición dispuesto en el artículo 19 N° 14 de la Carta Fundamental, cabe hacer presente que en la medida que la información requerida sobre la regularización de una eventual situación migratoria irregular del requirente y de sus hijos, pueda estar contenida en alguno de los soportes documentales señalados en el artículo 10 inciso 2° de la Ley de Transparencia, es susceptible de ser requerida al amparo de la citada norma, circunscribiéndose lo pedido, dentro del debido ejercicio del derecho de acceso a la información pública, consagrado en el artículo 10 de la Ley de Transparencia. Por lo anterior, y tratándose lo solicitado de información de naturaleza pública, al alero de lo dispuesto en el artículo 8° de la Constitución Política de la República, referida a instrucciones y/o procedimientos de regularización de situaciones migratorias, respecto de la cual no se advierte la concurrencia de alguna causal de secreto o reserva que justifique la denegación de lo pedido, se acogerá el amparo en este punto, en la medida que lo solicitado obre en alguno de los soportes documentales referidos en el numeral 2° del artículo 10 de la Ley de Transparencia. No obstante lo anterior, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Ruselet Cyrille, en contra de la Subsecretaría del Interior, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Subsecretario del Interior, lo siguiente;

a) Entregue a la reclamante información consignada en el numeral 1° de lo expositivo, relativa al expediente administrativo sobre situación migratoria actual del requirente y de sus hijos, así como la indicación, en caso de encontrarse en una situación migratoria irregular, sobre cuál es en específico, en la forma señalada en el considerando 9° del presente acuerdo, sumado a la indicación del estado en que se encuentra su solicitud de permanencia definitiva y el procedimiento para lograr la regularización de una eventual situación migratoria irregular, en éste último caso, en la medida que obre en alguno de los soportes documentales consignados en el inciso 2° del artículo 10 de la Ley de Transparencia.

No obstante lo anterior, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Ruselet Cyrille y, al Sr. Subsecretario del Interior.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yañez. Se deja constancia que la Consejera doña Natalia González Bañados, sin perjuicio de concurrir para formar quórum, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el presente caso, por estimar que podría concurrir a su respecto la causal establecida en el número 6 del artículo 62 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado y en el numeral 1° del acuerdo de este Consejo sobre tratamiento de los conflictos de intereses, adoptado en su sesión N° 101, de 9 de noviembre de 2009, es decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido; solicitud y voluntad que este Consejo acoge en su integridad.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia don Ana María Muñoz Massouh.