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Osvaldo Gac Pabst con SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Rol: C6164-20

Consejo para la Transparencia, 12/01/2021

Se acoge parcialmente el amparo interpuesto en contra de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, ordenando la entrega de la información correspondiente a copia del denominado "Protocolo de Trabajo Interadministrativo de Proyectos", y demás antecedentes asociados. Lo anterior, por cuanto, el órgano no especificó ni detalló de qué manera la entrega de los antecedentes requeridos podría generar la afectación alegada, o la forma en que se vería perjudicado el privilegio deliberativo de la autoridad respectiva, considerando, a su vez, que la circunstancia de no encontrarse el protocolo aprobado, no puede constituir un motivo plausible para denegar su entrega, ya que, tal restricción por su sola concurrencia no convierte en reservada la información. Con todo, en el evento de no obrar en poder del órgano alguno de los antecedentes cuya entrega se ordena, dicha circunstancia se deberá explicar y acreditar en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de acuerdo al punto 2.3, de la instrucción general N° 10. Se rechaza el amparo respecto de la entrega de las actas del "Comité Asesor de Proyectos Sustentables" y sus sucesores legales, toda vez que, se encuentra satisfecho el estándar que, para la verificación de la circunstancia de hecho de inexistencia de la información en poder del órgano, ha determinado la normativa que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y que se ha reflejado en la jurisprudencia de este Consejo.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Economía y Finanzas
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 



Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C6164-20

Entidad pública: Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño

Requirente: Osvaldo Gac Pabst

Ingreso Consejo: 29.09.2020

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo interpuesto en contra de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, ordenando la entrega de la información correspondiente a copia del denominado "Protocolo de Trabajo Interadministrativo de Proyectos", y demás antecedentes asociados.

Lo anterior, por cuanto, el órgano no especificó ni detalló de qué manera la entrega de los antecedentes requeridos podría generar la afectación alegada, o la forma en que se vería perjudicado el privilegio deliberativo de la autoridad respectiva, considerando, a su vez, que la circunstancia de no encontrarse el protocolo aprobado, no puede constituir un motivo plausible para denegar su entrega, ya que, tal restricción por su sola concurrencia no convierte en reservada la información.

Con todo, en el evento de no obrar en poder del órgano alguno de los antecedentes cuya entrega se ordena, dicha circunstancia se deberá explicar y acreditar en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de acuerdo al punto 2.3, de la instrucción general N° 10.

Se rechaza el amparo respecto de la entrega de las actas del "Comité Asesor de Proyectos Sustentables" y sus sucesores legales, toda vez que, se encuentra satisfecho el estándar que, para la verificación de la circunstancia de hecho de inexistencia de la información en poder del órgano, ha determinado la normativa que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y que se ha reflejado en la jurisprudencia de este Consejo.

En sesión ordinaria N° 1148 del Consejo Directivo, celebrada el 12 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C6164-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 24 de agosto de 2020, don Osvaldo Gac Pabst solicitó a la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, la siguiente información:

AH001T0004953: "solicito todas las actas del "Comité Asesor de Proyectos Sustentables" y sus sucesores legales. Además el documento llamado "Protocolo de Trabajo Interadministrativo de Proyectos" firmado el 2018. En relación al Protocolo de Trabajo Interadministrativo de Proyectos, solicito adjuntar además sus modificaciones, si corresponde. Si el señalado protocolo se hubiere firmado los años 2019 y 2020, solicito enviar la copia así como los resoluciones o decretos que lo aprueben".

AH001T0004954: "solicito copia de los documentos contenidos en la rendición de cuentas del convenio suscrito entre dicha subsecretaría y la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, aprobado por Decreto 328 de 30-12-2019. Junto con ello, solicito informar si el referido convenio fue extendido para los años 2019 y 2020, y enviar los decretos que los aprueban".

AH001T0004955: "solicito enviar toda la documentación correspondiente a la rendición de cuentas del convenio firmado con la subsecretaria de pesca y acuicultura, que fue aprobado por decreto 31 de 15 de febrero de 2019".

AH001T0004956: "solicito enviar toda la documentación correspondiente a la rendición de cuentas del convenio firmado con CONAF, que fue aprobado por decreto exento 46 de marzo de 2019".

AH001T0004957: "solicito enviar toda la documentación correspondiente a la rendición de cuentas del convenio firmado con la dirección general de aguas, que fue aprobado por decreto exento 28 de 13 de marzo de 2019".

AH001T0004958: "solicito copia de los documentos contenidos en la rendición de cuentas del convenio suscrito entre dicha subsecretaría y el servicio nacional de patrimonio cultural, aprobado por Decreto 45 de 22 de marzo de 2019. Junto con ello, solicito informar si el referido convenio fue extendido para los años 2020, y enviar los decretos que los aprueban".

2) RESPUESTA: El 22 de septiembre de 2020, la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño respondió al requerimiento de información indicando que cumple con adjuntar copia digitalizada de una serie de renciones de cuenta.

Igualmente, indica que el Decreto N° 99, que crea el Comité Asesor de Proyectos Sustentables, no exige registrar en actas los temas tratados ni las decisiones adoptadas en sus sesiones. Sin perjuicio a lo anterior, aquellas sesiones en que se logren acuerdos relevantes o que sirvan de sustento o fundamento o complemento directo o esencial para un acto o resolución, se han plasmado en actas debidamente firmadas por todos los intervinientes y que se adjuntan a la respuesta.

Respecto del protocolo solicitado, alega la causal de secreto o reserva del artículo 21, N° 1, letra b), de la Ley 20.285, ya que, los documentos requeridos dicen relación con la toma de decisiones que, a la fecha, se encuentran aún pendientes. Por tanto, tratan sobre antecedentes que servirían de base a una medida o política de la autoridad requerida. Por otra parte, divulgar información de naturaleza preliminar, supone inmiscuirse en el ámbito de decisión del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y otros Servicios en forma previa a la adopción de una medida en particular, afectando con ello el privilegio deliberativo.

3) AMPARO: El 29 de septiembre de 2020, don Osvaldo Gac Pabst dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud. Además, el reclamante hizo presente que el órgano negó la entrega de información referida a las actas, bajo el argumento de que el Decreto N° 99, que crea el Comité Asesor, no exige registrar en actas los temas tratados ni las decisiones adoptadas en sus sesiones, lo que está al margen del mandato contenido en el artículo 3 de la Ley N° 19.880, que obliga a los órganos de la Administración del Estado a plasmar por escrito sus decisiones en actos administrativos. El no hacerlo, atenta contra el principio constitucional de publicidad y transparencia, y representa una vulneración al principio de probidad.

Luego, tratándose del "Protocolo de Trabajo interadministrativo de Proyectos" respecto del cual se invoca la causal del artículo 21, N° 1, letra b), de la Ley N° 20.285, la respuesta no es suficiente para desvirtuar la presunción de publicidad que emana de la letra c) del artículo 11 de la mencionada ley, por cuanto no explica: (i) cuáles son las funciones -de aquellas comprendidas en el Decreto N° 99- que, en su entendimiento, se verían afectadas por la divulgación del referido protocolo; (ii) de qué forma su publicidad produciría una efectiva afectación a "el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido", en otras palabras, deberá probar cómo la publicidad de los protocolos solicitados entorpece el desarrollo de sus funciones; y, (iii) probar las circunstancias antes descritas, con el objeto de desvirtuar la presunción de publicidad.

La información solicitada no constituye "antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una política", y tampoco se trata "de información de naturaleza preliminar", ello, según lo expuesto en las consideraciones quinta, sexta y séptima de los decretos que aprueban Convenios de Transferencia de Recursos suscritos por la Subsecretaría con distintos organismos de la Administración Pública, de las que se desprende que los Convenios tienen como objetivo materializar la decisión contenida -adoptada- en el "Protocolo de Trabajo Interadministrativo de Proyectos" cuyo objetivo es "comprometer a los Servicios a cumplir con la tramitación oportuna de permisos, mediante la firma de un protocolo con plazos e hitos que faciliten la coordinación en la tramitación de proyectos de inversión". En la especie, el uso de los verbos "comprometer" y "cumplir", dan cuenta de la existencia de una medida o política adoptada, que no está en sus etapas deliberativas y respecto de la cual existe el legítimo derecho de escrutinio público, más todavía cuando ello supone interferir en las funciones que deben ejercer otros órganos de la Administración.

Así, la suscripción de Convenios de Transferencia de Recursos se impone como el mecanismo para concretar la decisión adoptada -y en ejecución- por el órgano administrativo, por lo que no se ajusta a derecho la justificación de la decisión de la Subsecretaría de negar acceso al texto de dicho protocolo, toda vez que se trata de una política o decisión ya adoptada, en base a la cual se transfirieron recursos.

Sumado a lo anterior, en los decretos que aprueban los Convenios se reconoce como fundamento central para su suscripción la existencia del "Protocolo de Trabajo interadministrativo de Proyectos", por lo que, si el acto administrativo que aprueba el convenio de transferencia de recursos es de carácter público, lo son también aquellos documentos o antecedentes que le sirven de fundamento.

En consecuencia, el "Protocolo de Trabajo Interadministrativo de Proyectos" suscrito el año 2018, así como aquellos suscritos en las anualidades posteriores, si los hubiere, sus modificaciones, y las resoluciones o decretos que los aprueban, se encuentra amparados por la presunción de publicidad y el derecho fundamental de acceso a la información pública por lo que no ajusta a derecho la negativa a su entrega.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño, mediante Oficio E17957, de 21 de octubre de 2020, solicitando que: (1°) se refiera a las circunstancias de hecho que hacen procedente la denegación de parte de la información reclamada; (2°)se refiera, específicamente, a las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (3°) señale cómo la entrega de la información reclamada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa, precisando, en qué medida lo solicitado serviría de antecedente para la adopción de una resolución o política futura; detallando las implicancias de dicha medida, y explicitando las características particulares de lo solicitado que, a juicio del órgano que usted representa, justificaría que su comunicación vulnera el correcto cumplimiento de los objetivos de la resolución o política en curso, identificando en forma precisa los efectos que produciría su publicidad o comunicación; (4°) informe detalladamente el estado actual del proceso de decisión de la medida, resolución o política, sobre el que recae la información denegada y fecha aproximada del término del mismo; y (5°) remita copia íntegra del proceso de decisión que podría afectar la publicidad de la información, a fin de ponderar la concurrencia de la causal de reserva. Hago presente a usted que, de acuerdo al artículo 26 de la Ley de Transparencia y mientras no se adopte la decisión definitiva, el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia mantendrá el debido resguardo de los antecedentes que le sean remitidos. Asimismo, si la decisión final del Consejo declara que la información es secreta o reservada tendrán este carácter los escritos, documentos y actuaciones que hayan servido de base para su pronunciamiento.

Mediante presentación de fecha 4 de noviembre de 2020, el órgano reclamado formuló descargos, en los que, en síntesis, manifestó que, en lo que respecta a las actas del Comité Asesor de Proyectos Sustentables, la información entregada se encuentra completa, toda vez que fueron entregadas todas las actas debidamente firmadas que obran en poder de la Subsecretaria, ello, debido a que el decreto N° 99, que crea el Comité Asesor no exige registrar en actas los temas tratados ni las decisiones adoptadas en sus sesiones, no obrando en poder del órgano mayores antecedentes.

Por otra parte, el protocolo solicitado, se trata de un protocolo de un proyecto piloto que a la fecha no se ha concretado, debido a que no ha sido suscrito por todos los intervinientes, ni aprobado por el Comité Asesor. El objetivo del "Protocolo de Trabajo Interadministrativo de Proyectos" era comprometer a los Servicios a cumplir con la tramitación oportuna de permisos, mediante la firma de un protocolo con plazos e hitos que faciliten la coordinación en la tramitación de proyectos de inversión, si bien se expuso sobre avances en la segunda sesión del Comité Asesor, finalmente este mandató a la Secretaría Ejecutiva identificar a lo menos cinco Servicios a los cuales transmitir recursos durante el año 2019, con el objeto de mejorar sus procesos de trámite y de coordinación con la Secretaría Ejecutiva.

Se trata de un documento que aún se encuentra en borrador, incluso la copia que obra en poder de la Subsecretaría, contiene cometarios y opiniones de algunos Servicios involucrados, por lo que no se trata de un documento formal aprobado a través del respectivo acto administrativo, en los términos del artículo 3, inciso 2°, de la Ley 19.880.

Así, respecto del protocolo se configura la causal de secreto o reserva del artículo 21, N° 1, letra b), de la Ley 20.285, en atención a que se trata de un documento borrador que no ha sido suscrito por todos los intervinientes, no ha sido aprobado por el Comité, ni tampoco ha sido ejecutado.

Luego, respecto del cumplimiento de los requisitos que se han determinado para la configuración de la causal, afirma que se cumple con el primero, atendido a que los documentos solicitados constituyen un antecedente previo para la adopción de una resolución medida o política de la autoridad, que se materializa a través de los acuerdos que adopte el Comité Asesor y que posteriormente mandata a la Oficina GPS de conformidad a lo dispuesto en el Decreto N° 99 de 2018. Respecto del segundo de los requisititos, la causal se configuraría, ya que, el protocolo no constituye un elemento que será reconocido o aplicado de manera automática, sino que su validez dependerá del análisis de mérito o conveniencia que realice el Comité Asesor, razón por la cual no puede ser proporcionado al público, toda vez que, por tratarse de un protocolo que aún puede ser modificado, presenta un evidente estado de precariedad y su publicidad puede generar cuestionamientos que pueden afectar, de manera cierta, probable y específica, la adopción de la decisión por parte de la autoridad, disminuyendo o restringiendo su margen de discrecionalidad e independencia. Divulgar información de naturaleza preliminar, supone inmiscuirse en el ámbito de decisión del Comité Asesor, en forma previa a la adopción de una medida en particular sobre la materia, afectando con ello claramente el privilegio deliberativo de la institución que, en tal sentido, ha consagrado el legislador en el artículo 21, N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia.

Si bien los órganos públicos deben actuar con publicidad, no es la única finalidad de la Administración, sino que, además, para cumplir con las labores que se le encarga, debe observar varios otros principios, entre los que están la publicidad y la participación, pero también, la eficiencia y la eficacia de su actuación.

El decreto N° 99, de 2018, crea el Comité Asesor, cuyo objetivo es asesorar al Comité de Ministros para el Área Económica en el seguimiento y coordinación de las iniciativas de inversión en el país, sean privadas o públicas, señala en su artículo 2, que le corresponde al Comité Asesor las funciones que transcribe.

Por su parte, el artículo 5, del mismo decreto, dispone que: "La Secretaría Ejecutiva del Comité estará radicada en la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño. El Subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño designará un Secretario Ejecutivo, quien desarrollará las siguientes tareas: a. Gestionar el cumplimiento de los acuerdos y compromisos que el Comité adopte; b. Informar al Comité de Ministros para el Área Económica, una vez al mes o las veces que dicho Comité de Ministros lo estime adecuado, sobre el estado de avance de la labor del Comité; y c. Las demás funciones que el Comité le encomiende. La Secretaría Ejecutiva podrá utilizar el nombre de "Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables".

En dicho contexto, las tareas de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables, están específicamente relacionadas con realizar la gestión de los acuerdos adoptados por el Comité Asesor, por lo que, entregar información que aún no se encuentra aprobada por aquel, afectaría la labor de la oficina GPS ya detallada.

Además, atendido a que la validez del protocolo depende del análisis de mérito o conveniencia que realice el Comité Asesor, de entregarse en esta etapa un protocolo piloto en borrador, que además contiene comentarios y observaciones de otros órganos del Estado, podría generar cuestionamientos que pueden afectar, de manera cierta, probable y específica, la adopción de la decisión por parte de la autoridad competente.

En este orden de ideas y atendido a que existe un proceso deliberativo pendiente, consistente en la revisión y análisis del protocolo que aún no se encuentra firmado por los intervinientes existe un vínculo preciso de causalidad entre el protocolo solicitado y la medida que en definitiva se tomará por el Comité Asesor.

Por tanto, debido a que el protocolo es parte del proceso de análisis antes indicado y se podría plasmar en una decisión de Comité Asesor cuya Secretaría Ejecutiva se encuentra radicada en esta Cartera, tienen estrecha relación con la toma de decisiones que a la fecha se encuentran pendientes, acarreando a este Ministerio eventuales consecuencias adversas configurándose de esta forma una afectación al debido cumplimiento de las funciones de este órgano.

Hace presente que la jurisprudencia de este Consejo ha señalado que en el ámbito del derecho comparado, hay experiencias en la materia que se viene analizando, entre ellas, el privilegio ejecutivo, el cual no solo tiene por objeto proteger la mera documentación, sino también la integridad del proceso deliberativo mismo, en el que su publicidad podría resultar perjudicial para la decisión final. De esta manera, se suele reservar información relativa a opiniones, consejos o recomendaciones ofrecidas en el transcurso de la toma de decisiones, así como los documentos en estado de borrador, calidad que no se determina por su mera designación formal como "borrador", sino que más bien, ha de apuntarse dicha calidad en términos de fondo.

Actualmente, el protocolo no ha sido aprobado por todos los intervinientes, razón por la cual, la Oficina GPS no ha presentado mayores avances del mismo ante el Comité Asesor, razón por la cual no ha sido objeto de análisis. Lamentablemente, no se cuenta con una fecha exacta del término del proceso, no obstante, será analizado por la Oficina GPS, presentar esta situación ante el Comité.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, como consta de lo expuesto en el número 3 de la parte expositiva, el objeto del presente amparo dice relación con la falta de entrega de la información correspondiente a las actas del "Comité Asesor de Proyectos Sustentables", y, al denominado "Protocolo de Trabajo interadministrativo de Proyectos". Por su parte, el órgano reclamado manifiesta haber entregado las actas que obran en su poder, no existiendo otros antecedentes que proporcionar, mientras que, respecto del protocolo, invoca la causal de reserva o secreto del artículo 21, N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia.

2) Que, de acuerdo con el artículo 8, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que: "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo las excepciones legales.

3) Que, tratándose de la primera información reclamada, esto es, las actas del "Comité Asesor de Proyectos Sustentables", el órgano ha manifestado que no obran en su poder, toda vez que, el Decreto N° 99, de 2018, del Ministerio de Economía, que crea el mencionado Comité Asesor, no exige registrar en actas los temas tratados ni las decisiones adoptadas en sus sesiones, lo que, a juicio del reclamante, está al margen del mandato contenido en el artículo 3 de la Ley N° 19.880, que obliga a los órganos de la Administración del Estado a plasmar por escrito sus decisiones en actos administrativos. Al respecto, cabe consignar que este Consejo ha sostenido reiteradamente en las decisiones de amparo Roles C1179-11, C409-13, C3691-17 y C3692-17, entre otras, que la inexistencia de la información solicitada constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. En efecto, esta alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual la información requerida no obra en su poder y debiendo acreditarla fehacientemente.

4) Que, según lo prescrito en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 de esta Corporación "Si realizada la búsqueda, el órgano público constata que no posee la información deberá: (...) b) De no existir un acto administrativo que haya dispuesto la expurgación de los documentos pedidos, agotar todos los medios a su disposición para encontrar la información y, en caso de estimarse que los hechos son susceptibles de ser sancionados con una medida disciplinaria, instruir el correspondiente procedimiento sancionatorio. Si la información no fuere habida, deberá comunicarse esta circunstancia al solicitante, indicándole detalladamente las razones que lo justifiquen" (énfasis agregados).

5) Que, por otra parte, este Consejo, a partir de la decisión de amparo Rol C533-09, ha resuelto que la información cuya entrega puede ordenar, debe contenerse "en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos" o en un "formato o soporte" determinado, según dispone el inciso segundo del artículo 10 de la Ley de Transparencia. Por tal motivo, no resulta procedente requerir al órgano reclamado que haga entrega de información que expresamente ha reconocido no haber emitido, de manera acorde con el marco normativo establecido en el Decreto N° 99, de 2018, del Ministerio de Economía, en el que no se observa la obligación de levantar actas en los términos requeridos por el reclamante. En consecuencia, del mérito de lo expuesto, y no existiendo otros antecedentes que permitan desvirtuar lo expresado por el órgano requerido en su respuesta y descargos en esta sede, en cuanto a la inexistencia de la información solicitada, el amparo será rechazado en este aspecto, por considerarse satisfecho el estándar que, para la configuración de la circunstancia de hecho de inexistencia de la información en poder del órgano, ha definido la jurisprudencia de este Consejo.

6) Que, luego, en el caso del "Protocolo de Trabajo interadministrativo de Proyectos", cuya denegación se funda en la invocación de la causal de reserva o secreto prevista en el artículo 21, N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, se debe recordar que dicha norma prescribe que se podrá denegar total o parcialmente lo requerido, cuando su divulgación afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, particularmente tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas. Además, según lo previsto en el artículo 7, N° 1, letra b), del Reglamento de la Ley de Transparencia, se entiende por antecedentes todos aquellos que informan la adopción de una resolución, medida o política, y por deliberaciones, las consideraciones formuladas para la adopción de las mismas, que consten, entre otros, en discusiones, informes, minutas u oficios.

7) Que, así, y según lo razonado sostenidamente por este Consejo, en las decisiones de los amparos roles C12-09, C79-09 y C3014-15, entre otros, para que se configure la causal de reserva en comento, se requiere la concurrencia de dos requisitos copulativos:

a) Que lo solicitado esté constituido por antecedentes o deliberaciones previas que la autoridad respectiva tenga en cuenta para adoptar una determinada decisión, medida o política. Este requisito, según ha establecido la misma jurisprudencia de este Consejo, supone a su vez, la concurrencia de otros presupuestos, a saber:

i. Que el proceso deliberativo sea realmente tal, es decir, que se trate efectivamente de un proceso que se encuentra pendiente de decisión por parte de la autoridad que invoca la causal en examen.

ii. Que exista certidumbre en la adopción de la resolución, medida o política dentro de un plazo prudencial. Esto no apunta a conocer el momento preciso en que se tomará la decisión, sino que a la existencia de una causalidad clara entre los antecedentes que se quiere reservar y la adopción de una decisión sobre la base de aquéllos, de manera que ésta última se vaya a producir y no sea solamente una posibilidad cuya probabilidad de concreción sea incierta. Con ello se ha buscado impedir que la causal pueda invocarse de manera permanente sin más, pues de lo contrario cualquier antecedente podría ser considerado posible fuente de una futura resolución y, por lo mismo, estimarse reservado.

b) Que la publicidad, conocimiento o divulgación de los antecedentes o deliberaciones previas vayan en desmedro del debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido.

8) Que, en la especie, respecto del cumplimiento del primero de los requisitos explicados, el órgano se ha limitado a enunciar que el documento solicitado es un borrador que no ha sido suscrito por todos los intervinientes, ni aprobado por el Comité Asesor, ni ejecutado, constituyendo un antecedente previo para la adopción de una resolución medida o política de la autoridad, que se materializa a través de los acuerdos que adopte el Comité Asesor, la que consistiría en la revisión y análisis del protocolo que aún no se encuentra firmado. Dicha fundamentación general, en caso alguno tiene el mérito suficiente para considerar satisfecha la primera de las exigencias explicadas, al no proporcionar ningún antecedente que dé cuenta de cuál es la resolución, medida o política concreta cuya adopción se encontraría pendiente, afirmando el órgano que, por el contrario, lo que restaría es más bien la revisión y análisis del documento. Por otra parte, respecto del carácter "no oficial" o de "borrador" de la información, este Consejo se ha pronunciado reiteradamente, en particular, en las decisiones de amparo Roles C544-13, C1202-13, y C1422-14, entre otras, indicando que dicha circunstancia no puede constituir un motivo plausible para denegar lo solicitado, por cuanto, tal restricción, por su sola concurrencia, no convierte en reservada la información que se ha solicitado, procediendo que el órgano, al momento de hacer la entrega, si lo estima necesario o conveniente, advierta al requirente del estado en el que a la fecha se encuentran los documentos. De esta manera, no resulta procedente tener por verificado el primero de los requisitos exigidos para la configuración de la causal de reserva o secreto invocada.

9) Que, sin perjuicio de lo anterior, y respecto de la segunda de las exigencias para la verificación de la causal de privilegio deliberativo, esto es, que la publicidad de los antecedentes o deliberaciones previas vayan en desmedro del debido cumplimiento de las funciones del órgano, este señala que el protocolo no constituye un elemento que será reconocido o aplicado de manera automática, sino que su validez dependerá del análisis de mérito o conveniencia que realice el Comité Asesor, a su vez, por presentar el documento un evidente estado de precariedad, su publicidad puede generar cuestionamientos que pueden afectar, de manera cierta, probable y específica, la adopción de la decisión por parte de la autoridad, disminuyendo o restringiendo su margen de discrecionalidad e independencia, suponiendo inmiscuirse en el ámbito de decisión del Comité Asesor. A juicio de este Consejo, las alegaciones del órgano deben ser desestimadas, por cuanto, no se refieren a la manera concreta en la que la entrega de la información podría afectar su privilegio deliberativo, al no relacionar el contenido del documento requerido con una decisión, medida o política concreta, explicando de qué manera específica esta última se vería afectada. En este sentido, el órgano señala que el conocimiento de la información, por su condición de borrador, podría generar cuestionamientos que afecten la toma de la decisión, alterando su discrecionalidad e independencia, argumento improcedente, por cuanto, los órganos del Estado deben actuar en el ámbito de las competencias y facultades que les otorga el marco legal aplicable, no debiendo verse alteradas aquellas por críticas, y mucho menos, pueden ver, por ellas, afectada su independencia. Razones por las cuales, no resulta procedente considerar perfeccionado el segundo de los requisitos necesarios para la configuración de la causal de reserva o secreto invocada.

10) Que, así, el órgano no especificó ni detalló de qué manera la entrega del antecedente requerido podría generar la afectación alegada, o la forma en que se vería perjudicado el privilegio deliberativo de la autoridad respectiva, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21, N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, teniendo en consideración que, por tratarse de normas de derecho estricto, las causales de secreto deben aplicarse en forma restrictiva, por lo que, no es posible concluir la procedencia de la causal de reserva o secreto alegada.

11) Que, en mérito de lo expuesto, el presente amparo será acogido de manera parcial, ordenando la entrega del "Protocolo de Trabajo Interadministrativo de Proyectos" y su información asociada, al desestimarse la configuración de la causal de reserva o secreto de privilegio deliberativo invocada por el órgano. No obstante, en el evento de no obrar en poder del órgano alguno de los antecedentes cuya entrega se ordena, dicha circunstancia se deberá explicar y acreditar en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de acuerdo al punto 2.3, de la instrucción general N° 10. A su vez, se rechaza el amparo en lo referido a la entrega de las actas del "Comité Asesor de Proyectos Sustentables", por considerarse satisfecho el estándar que, para la configuración de la circunstancia de hecho de inexistencia de la información en poder del órgano, ha definido la jurisprudencia de este Consejo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Osvaldo Gac Pabs en contra de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño, lo siguiente:

a) Hacer entrega al reclamante de copia del documento "Protocolo de Trabajo Interadministrativo de Proyectos" firmado el 2018, adjuntando sus modificaciones, si corresponde, además de copia de aquellos protocolos eventualmente firmados los años 2019 y 2020, así como las resoluciones o decretos que lo aprueben.

No obstante, en el evento de no obrar en poder del órgano alguno de los antecedentes cuya entrega se ordena, dicha circunstancia se deberá explicar y acreditar en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de acuerdo al punto 2.3, de la instrucción general N° 10.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Rechazar el amparo respecto de la entrega de la información correspondiente a las actas del "Comité Asesor de Proyectos Sustentables" y sus sucesores legales, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

IV. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Osvaldo Gac Pabst y al Sr. Subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.