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Miguel Toro Salamanca con SEREMI DE VIVIENDA Y URBANISMO REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO Rol: C5300-20

Consejo para la Transparencia, 12/01/2021

Se acoge el amparo deducido en contra de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo Región Metropolitana de Santiago, teniéndose por entregada la información reclamada, aunque de manera extemporánea; referida a la normativa que permitió aumentar la densidad del proyecto inmobiliario "Loteo Lo Cruzat" a 206,25 habitantes por hectárea y a la norma legal o reglamentaria que señala los habitantes por vivienda que se deben considerar para cumplir con las densidades establecidas en el artículo 11 transitorio letra d) de la Ordenanza del PRMS. Al respecto se hace presente que este Consejo estima que la disconformidad del reclamante con la respuesta entregada por el organismo en esta sede apunta más bien a cuestionamientos sobre el contenido de las respuestas y no con el derecho de acceso a la información pública, circunstancias que escapan al ámbito de competencias de esta Corporación.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Da por entregada


Descriptores analíticos:

Tema Gestión y administración territorial (Urbanismo)
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C5300-20

Entidad pública: SEREMI de Vivienda y Urbanismo Región Metropolitana de Santiago

Requirente: Miguel Toro Salamanca

Ingreso Consejo: 28.08.2020

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo Región Metropolitana de Santiago, teniéndose por entregada la información reclamada, aunque de manera extemporánea; referida a la normativa que permitió aumentar la densidad del proyecto inmobiliario "Loteo Lo Cruzat" a 206,25 habitantes por hectárea y a la norma legal o reglamentaria que señala los habitantes por vivienda que se deben considerar para cumplir con las densidades establecidas en el artículo 11 transitorio letra d) de la Ordenanza del PRMS.

Al respecto se hace presente que este Consejo estima que la disconformidad del reclamante con la respuesta entregada por el organismo en esta sede apunta más bien a cuestionamientos sobre el contenido de las respuestas y no con el derecho de acceso a la información pública, circunstancias que escapan al ámbito de competencias de esta Corporación.

En sesión ordinaria N° 1148 del Consejo Directivo, celebrada el 12 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5300-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 28 de julio de 2020, don Miguel Toro Salamanca solicitó a la SEREMI de Vivienda y Urbanismo Región Metropolitana de Santiago, la siguiente información:

Sobre el Informe de factibilidad territorial del proyecto inmobiliario "Loteo Lo Cruzat", comuna de Quilicura, aprobado por Ordinario N° 5080/2015, de 23 de octubre de 2015, modificado por Ordinario N° 5390/2015, de fecha 4 de noviembre del mismo año, ambos de la Seremi Metropolitana de Vivienda y Urbanismo:

"1) La comuna de Quilicura no cuenta con un Plan Regulador Comunal (PRC) que regule las condiciones urbanísticas de las Zonas Urbanizables Condicionadas (ZUC) creadas por la modificación N° 100 del PRMS o PRMS-100, y el artículo 11 transitorio letra d), de la Ordenanza del PRMS dispone que los proyectos que se emplacen en una ZUC tendrán una DENSIDAD HABITACIONAL BRUTA MÁXIMA de 165 HABITANTES POR HECTÁREA. ¿Bajo qué norma legal o reglamentaria el Informe de Factibilidad Territorial aprobado por Ord. N° 5080/2015, modificado por Ord. N° 5390/2015, de la Seremi Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, permitió aumentar la densidad del proyecto inmobiliario a 206,25 habitantes por hectárea?

2) ¿Qué norma legal o reglamentaria señala los HABITANTES POR VIVIENDA que se deben considerar para cumplir con las densidades establecidas en el artículo 11 transitorio letra d) de la Ordenanza del PRMS?"

2) RESPUESTA: El 17 de agosto de 2020, la SEREMI de Vivienda y Urbanismo Región Metropolitana de Santiago, mediante escrito de esa fecha, respondió a dicho requerimiento de información, en síntesis, lo siguiente:

Punto 1): Las declaratorias de utilidad pública destinadas a circulaciones, plazas y parques, incluidos sus ensanches, en las áreas urbanas, así como los situados en el área rural que los planes reguladores intercomunales destinen a vialidades se constituyen conforme lo dispone el artículo 59 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) y se consignan en los instrumentos de planificación de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de la ley la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), generando las afectaciones sobre los predios que quedan gravados por ello en el proceso de elaboración y modificación de los instrumentos de planificación territorial.

Concierne a los municipios informar a los interesados través de los certificados de informes previos (CIP), cuando un predio se encuentra o no afecto a una declaratoria de utilidad pública. Ello debe ser solicitado por los interesados a las Direcciones de Obras Municipales correspondientes, quienes deben emitirlos en un plazo máximo de 15 días, conforme lo regulado en el artículo 116 de la LGUC y artículo 1.4.4. de la OGUC. Dichos certificados contienen las condiciones aplicables al o los predios de que se trate, de acuerdo con las normas urbanísticas derivadas del instrumento de planificación territorial respectivo y mantendrán su validez mientras no se modifiquen.

Punto N° 2): Corresponde a las Secretarias Ministeriales, entre otros, interpretar las disposiciones de los instrumentos de planificación territorial. Esta facultad de "Interpretación" otorgada en el artículo 4° de la LGUC a la Seremi de Vivienda y Urbanismo respecto de las disposiciones de los Instrumentos de Planificación, consiste en precisar o aclarar las disposiciones de los instrumentos de planificación.

Conforme lo anterior, y solo si se considera que el certificado de informes previos emitido por la Dirección de Obras Municipales no se ajusta a derecho, se puede solicitar a esta Secretaria Ministerial, un pronunciamiento destinado a interpretar las disposiciones de los Instrumentos de Planificación, para lo cual es necesario solicitarlo adjuntando los antecedentes técnicos correspondientes que indica. Realizado el estudio normativo, la interpretación se oficializa mediante un oficio dirigido al DOM con copia al recurrente, acompañadas ambas de un plano en que se grafique la interpretación normativa efectuada.

3) AMPARO: El 28 de agosto de 2020, don Miguel Toro Salamanca dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada.

Además, el reclamante hizo presente, en síntesis, lo siguiente:

1. Quilicura no cuenta con un Plan Regulador Comunal (PRC) que regule las condiciones urbanísticas de las zonas urbanizables condicionadas (ZUC) creadas por el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), por lo que son aplicables únicamente las normas urbanísticas que señala el artículo 11 transitorio de la Ordenanza del PRMS.

2. El artículo 11 transitorio de la Ordenanza del PRMS dispone que en tanto no se actualice el Plan Regulador Comunal de Quilicura, los usos de suelo permitidos, así como las normas urbanísticas serán los prescritos en dicha norma.

3. Por su parte, el literal d) establece que la densidad habitacional bruta máxima para las zonas urbanizables condicionadas (ZUC) será de 165 habitantes por hectárea.

4. El acto administrativo consultado autorizó aumentar la densidad habitacional bruta máxima del proyecto a 206,25 habitantes por hectárea. La inmobiliaria confirmó en la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto "Loteo Lo Cruzat", respecto de la cual la Seremi Metropolitana de Vivienda y Urbanismo se pronunció conforme, que el Ord. N° 5080/2015, modificado por Ord. N° 5390/2015, permitió aumentar la densidad del proyecto a 206,25 habitantes por hectárea.

5. Por tanto, reitera su solicitud, la cual constituye información pública por no concurrir ninguna causal de secreto o reserva, y por no haber invocado ninguna el órgano requerido. La respuesta entregada por la reclamada no corresponde a la solicitada, puesto que nada tiene que ver con las consultas realizadas, y además se refiere a asuntos no solicitadas por esta parte.

6. En conclusión, la respuesta del organismo es incorrecta, deficiente e infringe los principios de probidad y de transparencia de la función pública y el derecho de acceso a la información a la información de los órganos de la Administración del Estado.

4) SOLICITUD DE SUBSANACIÓN: Este Consejo mediante Oficio N° E15715, de 17 de septiembre de 2020, solicitó al reclamante de acuerdo a lo previsto en el artículo 46, inciso segundo, del Reglamento de la Ley de Transparencia, subsanar su amparo de conformidad a lo siguiente: (1°) señale la infracción cometida por el órgano reclamado, indicando clara y específicamente que información de la requerida, no fue entregada; y, (2°) en caso de poseer antecedentes que acrediten el fundamento del amparo, remítalos a este Consejo.

Mediante correo electrónico de 23 de septiembre de 2020, el reclamante adjuntó escrito de contestación señalando, en conclusión, lo siguiente: "(...) el órgano requerido denegó totalmente el acceso a la información pública solicitada en la SAI N° CAS-6144801-M5W0R3, puesto que la respuesta de la Seremi Metropolitana de Vivienda y Urbanismo en ningún caso se refiere sobre la norma legal o reglamentaria que permitió aumentar la densidad del proyecto inmobiliario a 206,25 habitantes por hectárea en el Ord. N° 5080/2015, modificado por Ord. N° 5390/2015, contraviniendo lo dispuesto expresamente por el artículo 11 transitorio letra d) de la Ordenanza del PRMS; y tampoco indica la norma legal o reglamentaria que señala los habitantes por vivienda que se deben considerar para cumplir con las densidades establecidas en el artículo mencionado".

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo y mediante Oficio N° E17004, de 8 de octubre de 2020, confirió traslado al Sr. Secretario Regional Ministerial Vivienda y Urbanismo Región Metropolitana de Santiago, solicitante que: (1°) adjunte los antecedentes que acreditan la fecha de notificación de la respuesta reclamada; (2°) indique las razones por las que, a su juicio, lo requerido no constituye una solicitud de información amparable por la Ley de Transparencia; (3°) señale si la información solicitada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (4°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información requerida; y, (5°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada.

Mediante Ordinario N° 3163, de 03 de noviembre de 2020, el órgano efectuó sus descargos señalando, en síntesis, lo siguiente respecto de cada uno de los numerales consultados:

- N° 1): "El informe Favorable emitido mediante nuestro Ord. N° 5080 de 23.10.2015, indicó la densidad de 206, 25 hab/ha., que considera la densidad máxima permitida en el art. 4.9 del PRMS de 165 hab/ha., más el 25% de incremento en la densidad permitido en el art. 6.1.8 OGUC. Ahora bien, el DOM deberá verificar al momento de otorgar los permisos correspondientes, si el proyecto cumple con las condiciones señaladas en el art. 6.1.8 OGUC, para acceder al beneficio del 25% de incremento en la densidad permitida en el PRMS, oportunidad en que, de no cumplirse dichas condiciones, el proyecto deberá desarrollarse con la densidad del instrumento de planificación, tal como se señala en el artículo 6.1.8 OGUC antes mencionado".

- N° 2): "La norma establecida para determinar el número de habitantes que debe considerarse por vivienda, es la señalada en el artículo 2.2.5. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), la cual indica que, por cada vivienda se deben considerar 4 habitantes".

6) PRONUNCIAMIENTO DEL RECLAMANTE: En virtud de lo anterior, este Consejo, mediante oficio N° E19599, de 11 de noviembre de 2020, solicitó al reclamante manifestar su conformidad o disconformidad respecto de la información que le habría remitido el órgano, y en caso de disconformidad, detallar qué información de la solicitada no le habría sido entregada.

Por correo electrónico de fecha 16 de noviembre de 2020, el recurrente señaló lo siguiente: "(...) Por este acto, manifiesto mi total y absoluta disconformidad con la supuesta respuesta entregada por el órgano reclamado, porque no es efectivo que la Seremi Metropolitana de Vivienda y Urbanismo haya complementado el requerimiento efectuado. De hecho, el órgano reclamado únicamente copió - sin cambiar ni una sola coma- la respuesta de fecha 17 de agosto de 2020 que dio origen a la presente causa".

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en que la respuesta otorgada por la SEREMI de Vivienda y Urbanismo Región Metropolitana de Santiago a la solicitud que se señala en el N° 1 de los expositivo no corresponde a lo requerido. Al respecto, se solicitó informar bajo qué norma legal o reglamentaria el Informe de Factibilidad Territorial aprobado por el acto administrativo indicado, permitió aumentar la densidad del proyecto inmobiliario "Loteo Lo Cruzat" a 206,25 habitantes por hectárea y qué norma señala los habitantes por vivienda que se deben considerar para cumplir con las densidades establecidas en el artículo 11 transitorio letra d) de la Ordenanza del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS).

2) Que, analizados los antecedentes tenidos a la vista este Consejo estima que si bien el órgano con ocasión de la respuesta no respondió derechamente lo consulado por el peticionario; sin embargo, en los descargos evacuados en esta sede informó derechamente las normas tenidas a la vista que permitieron aumentar la densidad del proyecto inmobiliario "Loteo Lo Cruzat" a 206,25 habitantes por hectárea; como asimismo, la normativa establecida para determinar los habitantes por vivienda que se deben considerar para cumplir con las densidades establecidas en el artículo 11 transitorio letra d) de la Ordenanza del PRMS.

3) Que, en este sentido, atendido el tenor de la solitud de acceso a la información y de la respuesta otorgada por el órgano en este sede, se estima que la disconformidad del reclamante en el pronunciamiento solicitado, según consta en el N° 4 de lo expositivo, apunta más bien a cuestionamientos sobre el contenido de las respuestas, en términos de que aquéllas no le permiten resolver sus dudas sobre la correcta aplicación de la normativa por parte del organismo para permitir aumentar la densidad del proyecto inmobiliario consultado a 206,25 habitantes por hectárea, y no con el derecho de acceso a la información pública, circunstancias que escapan al ámbito de competencias de esta Corporación.

4) Que, en consecuencia, en virtud de lo señalado en los Considerandos 2° y 3° precedentes, este Consejo acogerá el presente amparo, teniendo por entregada la información requerida, aunque de forma extemporánea, durante la tramitación del presente amparo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Miguel Toro Salamanca en contra de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo Región Metropolitana de Santiago, aunque de forma extemporánea, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Miguel Toro Salamanca y al Sr. a Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Región Metropolitana de Santiago.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.