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Bernardita del Canto Sawada con Rol: C7327-20

Consejo para la Transparencia, 12/01/2021

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Dirección del Trabajo Región Metropolitana de Santiago, referido a nombre de denunciante y número de denuncias realizadas por el denunciante el día 18 de marzo de 2019, en la fiscalización que se individualiza de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Sur Oriente. Lo anterior, atendido que la divulgación de la información requerida afectará los derechos del trabajador denunciante, en particular tratándose de la esfera de su vida privada y su derecho de carácter económico emanado de la relación laboral con su empleador. Aplica el criterio adoptado en decisiones Roles C13-12; C2458-15; C890-17; C1248-17; y, C1505-18, C1387-15; C1248-15; C1174-15; C3009-17; C890-17; C1505-18; C7252-19; y C8212-19, entre otras.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento

Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C7327-20

Entidad pública: Dirección del Trabajo Región Metropolitana de Santiago.

Requirente: Bernardita del Canto Sawada.

Ingreso Consejo: 11.11.2020

RESUMEN

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Dirección del Trabajo Región Metropolitana de Santiago, referido a nombre de denunciante y número de denuncias realizadas por el denunciante el día 18 de marzo de 2019, en la fiscalización que se individualiza de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Sur Oriente. Lo anterior, atendido que la divulgación de la información requerida afectará los derechos del trabajador denunciante, en particular tratándose de la esfera de su vida privada y su derecho de carácter económico emanado de la relación laboral con su empleador.

Aplica el criterio adoptado en decisiones Roles C13-12; C2458-15; C890-17; C1248-17; y, C1505-18, C1387-15; C1248-15; C1174-15; C3009-17; C890-17; C1505-18; C7252-19; y C8212-19, entre otras.

En sesión ordinaria N° 1148 del Consejo Directivo, celebrada el 12 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante, indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C7327-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 9 de octubre de 2020, doña Bernardita del Canto Sawada, solicitó a la Dirección del Trabajo la siguiente información: "Solicito se informe: nombre de denunciante y número de denuncias realizadas por el denunciante el día 18.3.2019, fiscalización n°406 de la ICT Stgo Sur Oriente F I-4. Gracias.". (sic).

En las observaciones a su solicitud de acceso agregó: "Solicito información en calidad de Presidente del Comite de Administracion de edificio afectado por la denuncia. El acta excede el peso para adjuntarla pero así consta segun Escritura Publica Repertorio N° 73 Año 2019, del 30 de Enero del año 2019, de la Notaria de Claudio Mesina Schulz." (sic)

2) RESPUESTA: El 2 de noviembre de 2020, mediante ORD. N° 28555, del Jefe de la Unidad de Fiscalía, Departamento Jurídico y Fiscalía del órgano reclamado, se respondió la solicitud de acceso antes individualizada, señalándose, en lo pertinente, lo siguiente:

"Analizada su presentación, en particular sobre la materia requerida, esto es, nombre de denunciante y número de denuncias realizadas por el, es posible señalar que ésta tiene el carácter de reservada, conforme a lo dispuesto en los N° s 1 y 2 del artículo 21 de la Ley de Transparencia; según el cual, se podrá denegar total o parcialmente la información requerida "...1.Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido"; "2.Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico", a lo que el numeral 2° del artículo 7° del Reglamento de la Ley aludida, agrega que "Se entenderá por tales aquellos que el ordenamiento jurídico atribuye a las personas, en título de derecho y no de simple interés», todo lo cual debe entenderse dando cumplimiento también a las disposiciones de la Ley N° 19.628, Sobre Protección de Datos Personales, con lo dispuesto en su artículo 7° el cual previene que; "Las personas que trabajan en el tratamiento de datos personales, tanto en organismos públicos como privados, están obligadas a guardar secreto sobre los mismos, cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público, como asimismo sobre los demás datos y antecedentes relacionados con el banco de datos, obligación que no cesa por haber terminado sus actividades en ese campo."". (sic)

En cuanto a la causal de reserva invocada contenida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, el órgano recurrido indicó que develar la identidad del denunciante y la cantidad de denuncias que ha realizado, afectaría su derecho al trabajo, a la vida privada y derechos económicos, así, también, develar el contenido de la denuncia dañaría la esfera de la vida privada del denunciante, lo que está amparado por la causal de reserva antes indicada y reforzado por lo dispuesto en el artículo 33, letra m), del mismo cuerpo legal, en cuanto se encomienda a este Consejo, velar por el adecuado cumplimiento de la Ley N° 19.628, por parte de los órganos de la Administración del Estado.

Agrega en su respuesta a la solicitante, respecto de la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, que este Consejo ha señalado en sus decisiones que la entrega de documentos de carácter personal y reservado -como pudiera ser una denuncia realizada-puede traer como consecuencia que las personas que pretenden formular futuras declaraciones, reclamos, constancias o denuncias ante los órganos y servicios de la Administración del Estado se inhiban de realizarlas, restando efectividad a sus labores. De este modo, para el órgano recurrido la entrega de "(...) tales antecedentes podría imposibilitar que tales órganos y servicios cuenten con un insumo inestimable, que les sirva de base para efectuar las fiscalizaciones necesarias destinadas a esclarecer los hechos o irregularidades de que las propias declaraciones puedan dar cuenta y de esta forma, incluso, afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano, en los términos establecidos en el artículo 21 de la Ley de Transparencia.". (sic)

El órgano recurrido indica que, sin perjuicio de lo anterior, conforme al artículo 40 inciso 1° del D.F.L. N° 2, de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social "Queda prohibido a los funcionarios del Trabajo, bajo pena de suspensión o destitución, divulgar los datos que obtengan con motivo de sus actuaciones", por lo que se establece un deber de reserva no solo para los funcionarios del servicio, sino que para el órgano en cuanto tal.

3) AMPARO Bernardita del Canto Sawada, con fecha 11 de noviembre de 2020, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado Órgano de la Administración del Estado, indicando que este respondió negativamente a su solicitud de acceso a la información.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a Dirección del Trabajo Región Metropolitana de Santiago, mediante Oficio E20203, de 20 de noviembre de 2020, solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa y los derechos de terceros; (3°) indique si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (4°) de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y, en la afirmativa, acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación al tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y de los antecedentes que den cuenta de la fecha en la que ésta ingresó ante el órgano que usted representa; y, (5°) solo en el evento que haya aplicado el procedimiento del artículo 20 de la Ley de Transparencia, proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros involucrados, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento.

El órgano, por medio de correo electrónico de fecha 7 de diciembre de 2020, del Jefe de la Unidad de Fiscalía, presentó sus descargos, señalando, en lo pertinente, que:

(i) Las denuncias, como así también el nombre del o la denunciante, tienen el carácter de reservadas y confidenciales, conforme a lo dispuesto en los N° s 1 y 2 del artículo 21 de la Ley de Transparencia; según el cual, se podrá denegar total o parcialmente la información requerida "...1.Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido"; "2.Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico", a lo que el numeral 2° del artículo 7° del Reglamento de la Ley aludida, agrega que "Se entenderá por tales aquellos que el ordenamiento jurídico atribuye a las personas, en título de derecho y no de simple interés».

Lo anterior, por cuanto las denuncias realizadas ante la Dirección del Trabajo revisten un carácter especial, ya que su divulgación, así como la "identidad de los trabajadores/as", afectaría aquellos derechos del trabajador a los que el Servicio está obligado a resguardar como el derecho al trabajo, derecho a la vida privada, y derechos económicos, así también se estaría dañando la esfera de su vida privada al publicitar el nombre de un denunciante, configurándose de esta forma, la causal de reserva del artículo 21, N° 2 de la Ley de Transparencia, la que se encuentra reforzada por lo dispuesto en el artículo 33, letra m), del mismo cuerpo legal, en cuanto se encomienda a este Consejo, velar por el adecuado cumplimiento de la Ley N° 19.628, por parte de los órganos de la Administración del Estado. Ello conforme a lo definido por el Consejo para la Transparencia, en diversas decisiones de amparo, como es el caso del amparo C-1416-20.

(ii) En tal sentido, la constante y uniforme jurisprudencia de ese Consejo para la Transparencia, reconoce la naturaleza especial de las denuncias y/o actuaciones realizadas por los trabajadores y/o empleadores ante la Dirección del Trabajo y el riesgo de que su divulgación, así como la identidad de los trabajadores/ras, afecte su estabilidad en el empleo o los haga víctimas de represalias.

(iii) En cuanto a los efectos producidos por la divulgación de la identidad del denunciante y cantidad de denuncias de un trabajador/a, estos son múltiples, afectación a su derecho a la vida privada, a sus derechos económicos, a sus derechos laborales, sobre todo cuando la relación laboral con el empleador fiscalizado se mantiene vigente, dejándolo expuesto a las posibles represalias del mismo.

(iv) De todo lo anterior, es posible configurar, la causal de reserva del artículo 21, N° 2 de la Ley de Transparencia.

(v) En cuanto a "(...) cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa y los derechos de terceros.", el órgano recurrido manifestó que revelar la identidad del denunciante o el número de denuncias que efectuó, podría llevar que a quienes pretendan formular futuras denuncias ante sus empleadores o ante los órganos y servicios de la Administración del Estado, se inhiban de realizarlas, impidiendo con ello que tales órganos y servicios cuenten con un insumo inestimable que les sirva de base para efectuar las fiscalizaciones y revisión de los procesos que la ley le encomienda, destinadas a esclarecer los hechos o irregularidades de que éstas puedan dar cuenta.

(vi) En lo que respecta a lo solicitado en los numerales 3°, 4° y 5° del citado oficio de este Consejo, el órgano recurrido expresó que no hizo uso de la prerrogativa que establece el artículo 20 de la Ley de Transparencia, atendido que las denuncias y la identidad de las personas que las realizan, contiene declaraciones, más datos personales y sensibles, procede entregarla sólo a su titular y de manera presencial, como ya se indicó. Además, que si se diera traslado a terceros, en este caso a la o el denunciante, los dejaría en la indefensión y al descubierto la identidad de trabajadoras y trabajadores. Y en ese evento, pueden verse expuestos a sufrir las represalias ya señaladas en sus descargos.

(vii) Junto con los descargos el órgano acompaño: 1.- Solicitud de fecha 09.10.2020 realizada por usuaria Bernardita del Canto; y 2.- Ordinario Respuesta N° 28555 de fecha 02.11.2020.

(viii) Concluye señalando que, atendido lo expuesto, su proceder se ajustó a la normativa vigente por lo que solicita al Consejo para la Transparencia rechazar el reclamo formulado por doña Bernardita del Canto Sawada, y se declare que la identidad y denuncias efectuadas por un trabajador o trabajadora, solicitadas por trasparencia, afecta la garantía de secreto o reserva del artículo 21 N° 1 y 2 de la Ley N° 20.285, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, en conformidad a la solicitud de acceso a la información efectuada por la recurrente ante la Dirección del Trabajo Región Metropolitana de Santiago, con fecha 9 de octubre de 2020, se solicita la identidad del denunciante y número de denuncias realizadas por este el día 18 de marzo de 2019, en la fiscalización N° 406 de la ICT Stgo Sur Oriente F I4.

2) Que, respecto de la causal de reserva indicada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, cabe tener presente que según ha razonado este Consejo en las decisiones de amparo Roles C13-12; C2458-15; C890-17; C1248-17; C1505-18; C7252-19; y C8212-19, entre otras, "(...) no se puede desconocer la naturaleza especial de las denuncias realizadas por los trabajadores ante la Dirección del Trabajo y el riesgo de que su divulgación, así como la de la identidad de los denunciantes o la de los trabajadores que han declarado en un proceso de fiscalización en contra del empleador, afecte su estabilidad en el empleo o los haga víctimas de represalias (especialmente si se mantienen laboralmente vinculados con el mismo empleador)".

En este mismo sentido, esta Corporación ha resuelto que la publicidad, comunicación o conocimiento de dicha información puede afectar los derechos de los trabajadores denunciantes o de los que han prestado declaración, en particular tratándose de la esfera de su vida privada y sus derechos de carácter económico emanados de la relación laboral, configurándose de esta forma la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, la que se encuentra reforzada por lo dispuesto en el artículo 33, letra m), del mismo cuerpo legal, en cuanto se encomienda a este Consejo, velar por el adecuado cumplimiento de la ley N° 19.628, por parte de los órganos de la Administración del Estado (Decisiones de amparos Roles C1387-15; C1248-15; C1174-15; C3009-17; C890-17; C1505-18; C7252-19; y C8212-19, entre otras).

Así, en virtud de lo expuesto, corresponde la reserva de la información por configurarse la citada causal.

3) Que, en tal sentido, cabe tener presente también lo razonado por esta Corporación en materia de instrumentos colectivos en relación a su naturaleza. En efecto, en la decisión recaída en el amparo Rol N° 1849-13, se expuso, en su considerando 5°, que "(...) el objetivo de las normas constitucionales y legales de transparencia no es permitir la divulgación a terceros de información de origen y naturaleza privada -que, por ende, pertenece a la esfera de privacidad de los particulares- y que obra en poder del Estado porque éstos deben suministrarla con el fin de obtener un determinado pronunciamiento. Por el contrario, el objetivo de las normas señaladas es promover la probidad y la rendición de cuentas de las autoridades y funcionarios del Estado, asegurar que los órganos de la Administración estén abiertos al escrutinio público y posibilitar la participación y el control social de los ciudadanos". En virtud de ello, se resolvió que los instrumentos colectivos en poder de la Dirección del Trabajo constituyen información privada. Lo anterior, ha sido ratificado en las decisiones de amparos roles C2507-15, C610-17, C2391-17 y C2497-17.

4) Que, por último, respecto de la causal de reserva dispuesto en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, se debe señalar que la divulgación de antecedentes como los solicitados, puede inhibir que los trabajadores afectados por conductas que vulneren sus derechos fundamentales, presenten denuncias ante el organismo fiscalizador reclamado (conforme lo razonado en las decisiones de amparo Roles C13-12; C2458-15; C3009-17; C890-17; C1505-18; C7252-19; y C8212-19, entre otras).

En efecto, la entrega de tales antecedentes podría imposibilitar que tales órganos y servicios cuenten con un insumo inestimable, que les sirva de base para efectuar las fiscalizaciones necesarias destinadas a esclarecer los hechos o irregularidades de que las denuncias puedan dar cuenta, y de esta forma, incluso, afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano, en los términos establecidos en el artículo 21 de la Ley de Transparencia. En consecuencia, igualmente la información consultada es reservada en conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia.

5) Que, atendido lo razonado precedentemente, se procederá a rechazar el presente amparo por concurrir las causales de reserva prescritas en el artículo 21 N° 1 y N° 2 de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por doña Bernardita del Canto Sawada, en contra de la Dirección del Trabajo Región Metropolitana de Santiago, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Bernardita del Canto Sawada y al Sr. Director Nacional de la Dirección del Trabajo.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio de la reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González y sus Consejeros doña Natalia González Bañados, don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.