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Javier Campos con MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE Rol: C7278-20

Consejo para la Transparencia, 12/01/2021

Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Municipalidad de Chiguayante, ordenándose la entrega de los permisos de edificación, estudios de impacto sobre el sistema de transporte urbano realizados y obras de mitigación en zona que indica. En cuanto a lo requerido en el numeral 1.1) de la parte expositiva de este Acuerdo, por tratarse de información de naturaleza pública, respecto de la cual, la respuesta proporcionada por el órgano reclamado no se aviene con su obligación de informar, en conformidad del artículo 15° de la Ley de Transparencia. Asimismo, se ha desestimado la configuración de la causal de reserva de distracción indebida de las funciones del órgano y la afectación al privilegio deliberativo pendiente por no acreditarse una afectación al debido cumplimiento de las funciones del Servicio. Respecto de lo requerido en el numeral 1.2) de la parte expositiva de este Acuerdo, por tratarse de antecedentes de naturaleza pública, respecto de los cuales el órgano reclamado no acreditó suficientemente la inexistencia de los antecedentes requeridos, en los términos dispuestos en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 de esta Corporación. En virtud del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia, se deberán tarjar los datos personales y sensibles de contexto, que allí se contengan, ello en conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre Protección de la Vida Privada. No obstante lo anterior, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Descriptores analíticos:

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Tipo de Documento


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C7278-20

Entidad pública: Municipalidad de Chiguayante

Requirente: Javier Campos

Ingreso Consejo: 10.11.2020

RESUMEN

Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Municipalidad de Chiguayante, ordenándose la entrega de los permisos de edificación, estudios de impacto sobre el sistema de transporte urbano realizados y obras de mitigación en zona que indica.

En cuanto a lo requerido en el numeral 1.1) de la parte expositiva de este Acuerdo, por tratarse de información de naturaleza pública, respecto de la cual, la respuesta proporcionada por el órgano reclamado no se aviene con su obligación de informar, en conformidad del artículo 15° de la Ley de Transparencia. Asimismo, se ha desestimado la configuración de la causal de reserva de distracción indebida de las funciones del órgano y la afectación al privilegio deliberativo pendiente por no acreditarse una afectación al debido cumplimiento de las funciones del Servicio.

Respecto de lo requerido en el numeral 1.2) de la parte expositiva de este Acuerdo, por tratarse de antecedentes de naturaleza pública, respecto de los cuales el órgano reclamado no acreditó suficientemente la inexistencia de los antecedentes requeridos, en los términos dispuestos en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 de esta Corporación.

En virtud del principio de divisibilidad consagrado en la Ley de Transparencia, se deberán tarjar los datos personales y sensibles de contexto, que allí se contengan, ello en conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre Protección de la Vida Privada.

No obstante lo anterior, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen.

En sesión ordinaria N° 1148 del Consejo Directivo, celebrada el 12 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C7278-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 28 de septiembre de 2020, don Javier Campos solicitó a la Municipalidad de Chiguayante la siguiente información:

1.1) «Copia de los Permisos de Edificación de las Obras que se encuentre ejecutando o se hayan ejecutado en la zona ZU3-B, enfocándose principalmente en construcción de conjuntos habitacionales de edificios de departamentos;

1.2) Estudios de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano realizados, para la autorización de los Permisos de Edificación antes solicitados. Junto con ello todos los actos administrativos necesarios de adjuntar tal como lo señala la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, el DFL N° 850 (MOP) y el DS N° 83 de 1985 (y a sus actualizaciones), del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones; y

1.3) Si las Obras aprobadas para su construcción, presentan obras de mitigación respecto al aumento del tránsito vehicular por la Proyectada Avenida Central y a su vez de los habitantes del territorio denominado "Villa la Ribera" de Chiguayante».

2) RESPUESTA: Mediante presentación, de fecha 6 de noviembre de 2020, la Municipalidad de Chiguayante respondió a dicho requerimiento de información, en los siguientes términos:

2.1) Con respecto a lo requerido en el numeral 1.1) de lo expositivo del presente Acuerdo, hizo presente que, los registros de los Permisos de Edificación aprobados por la Dirección de Obras se encuentran disponible en Transparencia Activa de la página web del Municipio.

2.2) En cuanto a los Estudios de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano realizados esgrimió que, no existe información desglosada en la Dirección de Obras Municipales, de acuerdo a lo solicitado.

2.3) Sobre las obras de mitigación consultadas, puntualizó que, no existen antecedentes sobre lo anterior.

3) AMPARO: El 10 de noviembre de 2020, don Javier Campos dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la respuesta proporcionada sería parcial.

Sobre los Permisos de Edificación consultados, indicó que, éstos no se encuentran disponibles en el Portal de Transparencia Activa, conforme a la revisión efectuada por el peticionario. En cuanto a los Estudios de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano realizados y las obras de mitigación consultadas, argumentó que, resulta inexcusable su inexistencia, pues el artículo 2.4.3 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, para los proyectos residenciales establece que son obligatorios para otorgar los permisos de obras y del resultado de estos, se establece las medidas de mitigación que se derivaran del Estudio.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Chiguayante, mediante Oficio N° E20116, de fecha 18 de noviembre de 2020, solicitándole que: (1°) señale si, a su juicio, la respuesta otorgada al reclamante satisface íntegramente su requerimiento de información, atendido que en su amparo indica que se le otorgó una respuesta incompleta; (2°) aclare si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada y (4°) se refiera, específicamente, a las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada.

Mediante presentación, de fecha 30 de noviembre de 2020, el Municipio evacuó sus descargos y observaciones, en los siguientes términos:

4.1) En cuanto a los Permisos de Edificación requeridos, esgrimió que, la respuesta otorgada se aviene a la obligación de informar dispuesta en el artículo 15° de la Ley de Transparencia, por cuanto dichos antecedentes están contenidos en el enlace de Transparencia Activa que indica.

Asimismo, argumentó que, si bien los permisos de edificación constan en formato digital en la página web institucional del Municipio, si existen circunstancias de hecho que harían factible la procedencia de la causal de denegación contenida en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, por cuanto obtener los permisos en formato físico, significaría buscarlos en los archivos y bodegas de la Entidad Edilicia, pues éstos no se encuentran clasificados "por zonas". Al efecto, razonó que, lo anterior distraería al personal de la institución, considerando que, no existe una función específica para dichos cometidos, además del contexto de emergencia pública que afecta al país, lo cual obliga a prestar servicios bajo la modalidad de turnos y vía telemática, resultando aún más complejo disponer la búsqueda de la información.

Acto seguido, hizo presente que, el artículo 5° de la Ley de Transparencia establece la publicidad de los actos y resoluciones que se encuentren totalmente tramitados, configurando una manifestación de voluntad de la autoridad respectiva. Por lo anterior, razonó que, en el caso concreto concurre la causal de reserva consagrada en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia, por tratarse de "antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política"

4.2) En cuanto a las peticiones de información consignadas en los numerales 1.2) y 1.3) de la parte expositiva de este Acuerdo, reiteró que, dichos documentos no existen, por lo que la hipótesis consagrada en el inciso 2° del artículo 5° de la Ley de Transparencia no se verifica en la especie.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la falta de satisfacción del reclamante, con respecto a la respuesta proporcionada por el órgano reclamado, toda vez que ésta sería parcial, referida a la entrega de información sobre la copia de los Permisos de Edificación de las obras en zona que se indica, los Estudios sobre el Sistema de Transporte Urbano realizados y sus obras de mitigación. Sobre lo anterior, el peticionario puntualizó que, los permisos de edificación peticionados no se encuentran disponibles en el Portal de Transparencia Activa, conforme a la revisión efectuada. En cuanto a los Estudios de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano realizados y las obras de mitigación consultadas, argumentó que, resulta inexcusable su inexistencia, pues el artículo 2.4.3 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, para los proyectos residenciales establece que, son obligatorios para otorgar los permisos de obras y del resultado de éstos se establece las medidas de mitigación que se derivaran del Estudio.

2) Que, primeramente, sobre los Permisos de Edificación consultados, en cuanto a la alegación esgrimida por el Municipio, en orden a que la respuesta otorgada se aviene a la obligación de informar dispuesta en el artículo 15° de la Ley de Transparencia, es menester tener en consideración lo preceptuado en dicho precepto legal: «Cuando la información solicitada esté permanentemente a disposición del público, o lo esté en medios impresos tales como libros, compendios, folletos, archivos públicos de la Administración, así como también en formatos electrónicos disponibles en internet o en cualquier otro medio, se comunicará al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a dicha información, con lo cual se entenderá que la Administración ha cumplido con su obligación de informar» (énfasis agregado).

3) Que, a partir de la decisión amparo rol C955-12, este Consejo ha razonado que la antedicha disposición consagra una modalidad especial de entrega de la información que resulta equivalente a su entrega material o en soporte físico, y que incluso puede llegar a reemplazar a esta última forma, en la medida que el acceso a la información requerida sea permanente, expedito, completo y suficiente. Esto atiende particularmente a la finalidad perseguida por dicha norma, cual es, evitar que los órganos de la Administración incurran en gastos innecesarios asociados a la reproducción material de la información que le ha sido requerida, cuando esta se encuentra disponible en otro medio que permita el acceso a la misma del modo ya indicado, y que satisfaga cumplidamente lo requerido (énfasis agregado).

4) Que, en tal contexto, esta Corporación procedió a revisar de oficio el enlace electrónico proporcionado por el órgano reclamado, verificando que el sitio electrónico corresponde a un reservatorio general de información, que contiene el conjunto de Permisos de Obra otorgados por el Municipio desagregados por año. Lo anterior, no permite el acceso expedido, completo y pormenorizado a la información específica consultada por el peticionario. Sobre este punto, se advierte que, la Municipalidad no explicó -de manera completa y detallada-, la fuente, el lugar y la forma de acceder a la información consultada, con relación al sitio electrónico en específico donde estaría contenido lo requerido, de acuerdo a lo establecido en el artículo 15° de Ley de Transparencia y la jurisprudencia sostenida por este Consejo. Al respecto, resulta útil recordarle al órgano reclamado que el deber de búsqueda y entrega de información pública, es propio de los órganos públicos en su calidad de tal, cuya carga no puede traspasarse a los requirentes. Asimismo, el peticionario hizo presente que, los antecedentes de obras peticionados no estaban publicados en el enlace electrónico remitido, circunstancia no desvirtuada por el órgano reclamado en esta sede (énfasis agregado).

5) Que, en el mismo orden de ideas, cabe tener presente que la Instrucción N° 10, dictada por este Consejo, dispone que: «(...) cuando la información se encuentre disponible en internet, caso en el cual se deberá señalar el link específico que la alberga o contiene, no entendiéndose cumplida la obligación con el hecho de indicar, de modo general, la página de inicio respectiva». Por lo anterior, este Consejo estima que, el enlace electrónico remitido por el Municipio no se aviene con su obligación de informar, en conformidad de lo establecido en el artículo 15° de la Ley de Transparencia y el criterio razonado por este Consejo. Por tal motivo, se desestimarán las alegaciones formuladas por el órgano reclamado en este punto (énfasis agregado).

6) Que, acto seguido, en cuanto a la configuración en la especie de la causal de reserva prevista en el artículo 21° N° 1 letra c) esgrimida por el Municipio, cabe tener presente que, dicha causal permite reservar aquella información referida a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. En tal sentido, el artículo 7° numeral 1° letra c) del Reglamento de la citada ley precisa, que se distrae a los funcionarios de sus funciones cuando la satisfacción de un requerimiento requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales (énfasis agregado).

7) Que, respecto de la interpretación de la causal en comento, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que: «la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado». Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras circunstancias.

8) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que «la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones..., mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales» (énfasis agregado).

9) Que, de acuerdo a lo anterior, esta Corporación debe analizar la naturaleza, origen y volumen de la información requerida. En este sentido, analizadas las alegaciones del órgano se advierte que sus fundamentos no resultan suficientes para acreditar el supuesto establecido en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, como se señalará a continuación. Al efecto, esta Corporación verificó que, el órgano requerido no precisó, ni cuantificó el volumen de información que es necesaria recopilar, procesar y remitir. Asimismo, no especificó la medida de tiempo que comprende la satisfacción de la solicitud de información, la que puede referirse a días, semanas, meses o años, ni el número de horas-hombre destinadas especialmente para la recopilación, tratamiento y entrega de la información consultada en el requerimiento en análisis, limitándose sólo a exponer que, obtener los permisos en formato físico, significaría buscarlos en los archivos y bodegas de la Entidad Edilicia, pues éstos no se encuentran clasificados bajo un criterio geográfico y que no existe una función específica para dichos cometidos, además del contexto de emergencia pública que afecta al país, lo que implica prestar servicios bajo la modalidad de turnos y vía telemática. Sobre este punto, a juicio de este Consejo, el Municipio no aportó mayores antecedentes o medios de prueba que permitan ponderar la distracción indebida de sus funcionarios en el caso de especie, y consecuencialmente, que acreditaran la afectación al debido cumplimento de las funciones de la reclamada. Al respecto, es menester tener presente que, por cada requerimiento de acceso a la información se cuenta con 20 días hábiles para ser satisfechas, pudiendo prorrogarse por 10 días hábiles más, en caso de resultar necesarios, prerrogativa que no fue utilizada por el órgano requerido. Por tales motivos, se desestimará la causal de reserva invocada por el órgano reclamado.

10) Que, con respecto a la causal de secreto o reserva prevista en el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia que fuere esgrimida por el órgano requerido, cabe hacer presente que ésta contempla que, se podrá denegar total o parcialmente lo requerido, cuando la divulgación de lo pedido afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, particularmente «tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas». Además, según lo previsto en el artículo 7 N° 1, letra b), del Reglamento de la Ley de Transparencia, se entiende por antecedentes «todos aquellos que informan la adopción de una resolución, medida o política, y por deliberaciones, las consideraciones formuladas para la adopción de las mismas, que consten, entre otros, en discusiones, informes, minutas u oficios». Así, según lo razonado sostenidamente por este Consejo, en las decisiones de los amparos rol C12-09, C79-09 y C3014-15, entre otras, para que se configure la causal de reserva en comento, se requiere la concurrencia de dos requisitos copulativos: a) que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política; y, b) que la publicidad, conocimiento o divulgación de dicha información afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano.

11) Que, en virtud de lo expuesto, este Consejo, no advierte la verificación del 2° requisito exigido por la jurisprudencia para la procedencia de la causal de reserva de la especie, esto es, que la publicidad, conocimiento o divulgación de dicha información afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, pues el Municipio no aportó suficientes antecedentes que permitan acreditar de manera indubitada y fehaciente la manera en que la entrega de la información pedida produciría una afectación presente o probable con suficiente especificidad en el cumplimiento de las funciones del organismo. En tal sentido, el órgano requerido sólo puntualizó que, lo pedido no se circunscribe a actos y resoluciones totalmente tramitados, sino a antecedentes que son previos a la adopción de una resolución, no especificando la forma o la manera en que la entrega de la información requerida podría afectar el debido cumplimiento de sus funciones y consecuentemente, el privilegio deliberativo de la autoridad respectiva, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia. Al respecto, es menester tener presente que, por tratarse de normas de derecho estricto, las causales de secreto deben aplicarse en forma restrictiva. En efecto, según la jurisprudencia reiterada de este Consejo, no basta con invocar una causal de secreto o reserva para eximir al órgano reclamado del cumplimiento de su obligación de entrega, sino que, además, debe indicar los hechos que la configuran y aportar los antecedentes que acrediten la afectación a los bienes jurídicos respectivos, circunstancias que no se advierten en la especie. Por tal motivo, se desestimarán las alegaciones esgrimidas en este punto (énfasis agregado).

12) Que, en cuanto a la publicidad de los antecedentes consultados, es menester tener en consideración que la información requerida es de naturaleza pública, en virtud de lo dispuesto en los artículos 5° y 10° de la Ley de Transparencia. En este último sentido, este Consejo debe hacer presente que, el Legislador ha dispuesto un procedimiento de publicidad de las gestiones administrativas relacionadas con la construcción. Así lo ha resuelto este Consejo, reiterada y sostenidamente desde las decisiones de amparos Roles C1100-11, C58-12, C1489-16, entre otros. En efecto, el inciso primero del artículo 116° de la Ley General de Urbanismo y Construcción (LGUC) ordena que «la construcción, reconstrucción, reparación, alteración, ampliación de edificios y obras de urbanización de cualquier naturaleza, sean urbanas o rurales, requerirán permiso de la Dirección de Obras Municipales, a petición del propietario, con las excepciones que señale la Ordenanza General». Agrega en su inciso 9° y final que «la Dirección de Obras Municipales deberá exhibir, en el acceso principal a sus oficinas, durante el plazo de sesenta días contado desde la fecha de su aprobación u otorgamiento, una nómina con los anteproyectos, subdivisiones y permisos a que se refiere este artículo. Asimismo, deberá informar al concejo y a las juntas de vecinos de la unidad vecinal correspondiente y mantener a disposición de cualquier persona que lo requiera, los antecedentes completos relacionados con dichas aprobaciones o permisos» (énfasis agregado).

13) Que, en concordancia con lo expuesto precedentemente, el artículo 1.1.7 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (OGUC), refuerza la norma indicada en el considerando anterior, señalando expresamente que «las Direcciones de Obras Municipales otorgarán el debido acceso a los documentos públicos que les sean solicitados por cualquier persona», precisando que los referidos documentos «serán especialmente aquellos relacionados, directa o indirectamente, con la aplicación de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, de esta Ordenanza o de los Instrumentos de Planificación Territorial, incluyendo los oficios, actas, resoluciones o pronunciamientos, de cualquier naturaleza, que se relacionen con exigencias u obligaciones efectuadas a particulares con motivo de la tramitación de solicitudes o expedientes o bien en respuesta a consultas sobre la aplicación de las materias señaladas». Asimismo, este Consejo ha considerado también que la publicidad de los antecedentes de construcción es fundamental para permitir el control social sobre el otorgamiento de dichos permisos por parte de las Direcciones de Obras Municipales (énfasis agregado).

14) Que, en virtud de lo señalado precedentemente, tratándose de información de naturaleza pública; verificándose en la especie que la respuesta proporcionada por el órgano reclamado no se aviene con su obligación de informar, en conformidad de lo preceptuado en el artículo 15° de la Ley de Transparencia; resultando insuficientes las alegaciones efectuadas por el órgano reclamado para tener por configurada la concurrencia de la causal de reserva de distracción indebida; y, no habiéndose acreditado suficiente y fehacientemente la hipótesis de reserva consagrada en el 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia, esto es, la afectación del privilegio deliberativo del órgano reclamado, este Consejo procederá a acoger el presente amparo en este punto, y conjuntamente con ello, ordenará la entrega de los Permisos de Edificación peticionados.

15) Que, en cuanto a las peticiones de información consignadas en los numerales 1.2) y 1.3) de la parte expositiva de este Acuerdo, esto es, los Estudios de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano realizados y sus obras de mitigación, el órgano reclamado alegó la inexistencia de dicha información. Sobre lo anterior, este Consejo ha sostenido reiteradamente en las decisiones de amparo Roles C1179-11, C409-13, C3691-17 y C3692-17, entre otras, que la inexistencia de la información solicitada constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. En efecto, esta alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual la información requerida no obra en su poder y debiendo acreditarla fehacientemente. (énfasis agregado).

16) Que, sobre lo anterior, según lo prescrito en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 de esta Corporación: «Si realizada la búsqueda, el órgano público constata que no posee la información deberá: (...) b) De no existir un acto administrativo que haya dispuesto la expurgación de los documentos pedidos, agotar todos los medios a su disposición para encontrar la información y, en caso de estimarse que los hechos son susceptibles de ser sancionados con una medida disciplinaria, instruir el correspondiente procedimiento sancionatorio. Si la información no fuere habida, deberá comunicarse esta circunstancia al solicitante, indicándole detalladamente las razones que lo justifiquen» (énfasis agregado).

17) Que, en la especie, de la revisión de los antecedentes aportados por la reclamada en el presente procedimiento de acceso a la información, esta Corporación estima que este no ha sido precisamente el estándar demostrado por el órgano reclamado, por cuanto el Municipio no aportó suficientes antecedentes o medios de prueba a fin de justificar la inexistencia alegada. Al respecto, el Municipio no explicó -tanto a esta Corporación como al peticionario- las razones por las cuales dicha información no obraría en su poder. Asimismo, no especificó, ni detalló la realización de gestiones de búsqueda -en los términos dispuestos en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10-, ni consigna dichas diligencias en actos administrativos que refrenden lo señalado por el órgano reclamado en su respuesta y descargos.

18) Que, acto seguido, la información requerida se refiere a materias de competencia específica del Municipio, conforme a lo razonado en los considerandos 12° y 13° de la parte considerativa de este Acuerdo. Por tales motivos, atendiéndose que el órgano reclamado no justificó suficientemente la inexistencia de los antecedentes consultados, en los términos dispuestos en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 de esta Corporación, y en conformidad a la jurisprudencia sostenida por este Consejo; y, advirtiéndose que se trata de antecedentes que obran dentro de la esfera competencial de la reclamada, se procederá a acoger el presente amparo en este punto, y conjuntamente con ello, se ordenará la entrega de los Estudios de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano realizados y sus obras de mitigación.

19) Que, con respecto de la información que se ordenó entregar, en virtud del principio de divisibilidad, en forma previa a la entrega de la información solicitada, el órgano reclamado deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto, como por ejemplo, el número de la cédula de identidad, el domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros, que pudieren estar contenidos en la información cuya entrega se ordena. Asimismo, el órgano reclamado deberá tarjar los datos sensibles detallados en la información consultada. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), y 4° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia.

20) Que, sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen.

21) Que, en adecuación con lo expuesto por la reclamada, este Consejo comprende la situación excepcional por la que atraviesa el país como consecuencia de la pandemia sanitaria por el brote de COVID-19. En este contexto, esta Corporación pudo prever, que la situación descrita anteriormente implicaría que los órganos de la Administración del Estado verían disminuida la capacidad de trabajo de sus dotaciones, que un gran número de funcionarias y funcionarios realizarían sus labores en modalidad de teletrabajo y que los servicios de despacho de documentos sufrirían retrasos, lo que podría generar una demora en el desarrollo de ciertos procedimientos administrativos, afectando con esto los plazos contemplados en los mismos. Por lo anterior, se concederá un plazo adicional para dar respuesta al presente procedimiento.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Javier Campos, en contra de la Municipalidad de Chiguayante, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Chiguayante, lo siguiente;

a) Entregue al reclamante copia de i) los Permisos de Edificación de las Obras que se encuentre ejecutando o se hayan ejecutado en la zona ZU3-B, enfocándose principalmente en construcción de conjuntos habitacionales de edificios de departamentos; ii) los Estudios de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano realizados, para la autorización de los Permisos de Edificación antes solicitados. Junto con ello todos los actos administrativos necesarios de adjuntar; y iii) la información sobre las obras de mitigación respecto al aumento del tránsito vehicular por la Proyectada Avenida Central y a su vez de los habitantes del territorio denominado "Villa la Ribera" de Chiguayante.

En virtud del principio de divisibilidad, en forma previa a la entrega de la información solicitada, el órgano reclamado deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto, como por ejemplo, el número de la cédula de identidad, el domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros, que pudieren estar contenidos en la información cuya entrega se ordena. Asimismo, el órgano reclamado deberá tarjar los datos sensibles detallados en la información consultada. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), y 4° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia.

No obstante lo anterior, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 20 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Javier Campos; y, al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Chiguayante.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.