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Ricardo Lombardi Castro con MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA Rol: C7128-20

Consejo para la Transparencia, 12/01/2021

Se acoge el amparo interpuesto en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, ordenándose la entrega de resolución exenta que indica, dictada en procedimiento migratorio. Lo anterior, toda vez que, lo solicitado se trata de información del propio reclamante, asociada a un procedimiento administrativo migratorio, que obra en poder del órgano requerido y respecto de la cual, se desestimó la afectación al privilegio deliberativo alegado por el organismo. Atendido que la información contiene datos personales y sensibles del reclamante, el órgano deberá proporcionarla previa acreditación de identidad, en conformidad de lo dispuesto en el numeral 4.3. de la Instrucción General N° 10 de este Consejo. La Consejera doña Natalia González Bañados se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Descriptores analíticos:

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Tipo de Documento


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Inhabilitación)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C7128-20

Entidad pública: Ministerio del Interior y Seguridad Pública

Requirente: Ricardo Lombardi Castro

Ingreso Consejo: 04.11.2020

RESUMEN

Se acoge el amparo interpuesto en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, ordenándose la entrega de resolución exenta que indica, dictada en procedimiento migratorio.

Lo anterior, toda vez que, lo solicitado se trata de información del propio reclamante, asociada a un procedimiento administrativo migratorio, que obra en poder del órgano requerido y respecto de la cual, se desestimó la afectación al privilegio deliberativo alegado por el organismo.

Atendido que la información contiene datos personales y sensibles del reclamante, el órgano deberá proporcionarla previa acreditación de identidad, en conformidad de lo dispuesto en el numeral 4.3. de la Instrucción General N° 10 de este Consejo.

La Consejera doña Natalia González Bañados se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.

En sesión ordinaria N° 1148 del Consejo Directivo, celebrada el 12 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C7128-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 2 de octubre de 2020, don Ricardo Lombardi Castro solicitó al Ministerio del Interior y Seguridad Pública la siguiente información: «copia de la Resolución Exenta N° 114.572, de fecha 15 de junio de 2020, dictada por el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública que rechazó su solicitud de Permanencia Definitiva (N° 391)».

2) RESPUESTA: Mediante presentación, de fecha 3 de noviembre de 2020, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública respondió a dicho requerimiento de información, denegando su entrega. Al respecto, expuso que, los trámites consultados aún no han sido notificados, por lo que se encuentra a la espera de la última etapa de tramitación, la cual de no llevarse a cabo afectaría el debido proceso y la validez del acto administrativo en cuestión.

En tal sentido, hizo presente que corresponden a antecedentes previos a la adopción de una resolución, de conformidad a la causal de reserva prevista en el artículo 21° N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia. Asimismo, puntualizó que la resolución es parte de un proceso continuo e indivisible, necesarios para la adopción de la medida en cuestión, cuya divulgación previa afectaría el funcionamiento del servicio, que tiene como misión velar por el cumplimiento de la normativa migratoria vigente en el país, relativa al ingreso y egreso, residencia definitiva o temporal, expulsión y regulación de los ciudadanos extranjeros que permanecen en territorio nacional, justamente, dictando actos administrativos para tales efectos, cuya notificación debe ser realizada por los medios legales dispuestos al efecto, puesto que no sólo corresponde a la comunicación del acto en cuestión, sino que, a la vez, constituye una garantía para su titular que lo habilita para presentar los descargos ante las autoridades que correspondan.

3) AMPARO: El 4 de noviembre de 2020, don Ricardo Lombardi Castro dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la denegación de los antecedentes consultados. Sobre lo anterior, expuso que la resolución consultada ya fue emitida con fecha 15 de junio de 2020, notificada en sitio electrónico que refiere en "estado de trámites", sin embargo, no se adjuntó copia de dicho acto administrativo para conocer las causales del rechazo.

4) AUSENCIA DE DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Subsecretario del Interior, mediante Oficio N° 19754, de fecha 12 de noviembre de 2020, solicitándole que: (1°) se refiera a las alegaciones señaladas por el reclamante en su amparo, mediante el cual cuestiona la causal invocada señalando que lo solicitado ya se encuentra emitido; (2°) se refiera, específicamente, a las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (3°) señale cómo la entrega de la información reclamada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa, precisando, en qué medida lo solicitado serviría de antecedente para la adopción de una medida o política futura; detallando las implicancias de dicha medida, y explicitando las características particulares de lo solicitado que, a juicio del órgano que usted representa, justificaría que su comunicación vulnera el correcto cumplimiento de los objetivos de la medida o política en curso, identificando los efectos que produciría su comunicación; e, (4°) informe el estado del proceso sobre el que recae la información denegada y fecha aproximada del término del mismo.

A la fecha del presente acuerdo, no consta que el órgano hubiere presentado descargos u observaciones al presente reclamo en esta sede.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la denegación de los antecedentes consultados por el peticionario, referidos a la entrega de la resolución exenta que indica, relativa a procedimiento administrativo migratorio. Al respecto, el órgano reclamado se opuso a su entrega, por concurrir en la especie la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia.

2) Que, primeramente, en relación a la causal de secreto o reserva prevista en el artículo 21° N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia que fuere alegada por el órgano requerido, cabe hacer presente que conforme a la misma, se podrá denegar total o parcialmente lo requerido, cuando la divulgación de lo pedido afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, particularmente tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas. Además, según lo previsto en el artículo 7° N° 1, letra b), del Reglamento de la Ley de Transparencia, se entiende por antecedentes todos aquellos que informan la adopción de una resolución, medida o política, y por deliberaciones, las consideraciones formuladas para la adopción de las mismas, que consten, entre otros, en discusiones, informes, minutas u oficios. Así, según lo razonado sostenidamente por este Consejo, en las decisiones de los amparos rol C12-09, C79-09 y C3014-15, entre otras, para que se configure la causal de reserva en comento, se requiere la concurrencia de dos requisitos copulativos: a) que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política; y, b) que la publicidad, conocimiento o divulgación de dicha información afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano (énfasis agregado).

3) Que, en cuanto a la verificación del segundo de los requisitos enunciados, la reclamada expuso en su presentación que la divulgación de los antecedentes solicitados -con anterioridad a la realización de la notificación respectiva- implicarían una afectación al funcionamiento del servicio respecto del cumplimiento de la normativa migratoria vigente, con respecto a la dictación de actos administrativos, relativos al ingreso, egreso, residencia definitiva o temporal, expulsión y regulación de los ciudadanos extranjeros que permanecen en territorio nacional. En tal sentido, agregó que la notificación constituye una garantía para su titular que lo habilita para presentar descargos ante la autoridad, y supondría, a su vez la afectación del debido proceso y la validez del acto administrativo en cuestión. Al respecto, a juicio de esta Corporación, el órgano recurrido no indicó la forma específica en que la falta de notificación esgrimida podría afectar el debido cumplimiento de las funciones del referido organismo, especialmente en lo referido a la adopción de una medida o decisión en el procedimiento migratorio que se consulta, máxime si se considera lo expuesto por el peticionario, en orden a que el referido acto administrativo ya se encuentra dictado, circunstancia no desvirtuada por el órgano reclamado en esta sede. Asimismo, a juicio de esta Corporación, la reclamada no acompañó antecedentes suficientes que permitieran acreditar una eventual afectación a sus funciones específicas con la divulgación de lo solicitado, producto de la notificación pendiente. Así, el órgano reclamado se limitó a indicar genéricamente, que la divulgación -previa a la notificación- de los antecedentes pedidos podría afectar la misión del servicio de velar por el cumplimiento de la normativa vigente en el país, sin otorgar suficientes elementos de juicio en orden a acreditar la concurrencia de la causal alegada (énfasis agregado).

4) Que, en efecto, según la jurisprudencia reiterada de este Consejo, no basta con invocar una causal de secreto o reserva para eximir al órgano reclamado del cumplimiento de su obligación de entregar la información requerida, sino que, además, debe indicar los hechos que la configuran y aportar los antecedentes que acrediten la afectación a los bienes jurídicos respectivos, circunstancias que no se advierten en la especie. Así, del análisis de los antecedentes se advierte que el órgano no especificó ni detalló de qué manera la entrega de los antecedentes pedidos -con notificación pendiente-, podría generar la afectación alegada, o la manera en que se vería perjudicado el privilegio deliberativo de la autoridad respectiva, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, teniendo en consideración que, por tratarse de normas de derecho estricto, las causales de secreto deben aplicarse en forma restrictiva. En este sentido, esta Corporación no advierte una afectación al debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado con la divulgación del acto administrativo singularizado, por lo que se desestimará la alegación del organismo en este punto.

5) Que, a mayor abundamiento, este Consejo confirió traslado del amparo al organismo reclamado, con la finalidad de que efectuara sus descargos y/o observaciones, y particularmente, para que se refiriera a las alegaciones señaladas por el reclamante en su amparo, en virtud de las cuales señala que lo solicitado ya se encuentra emitido e indicara cómo la entrega de la información reclamada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano. Sin embargo, a la fecha, no existe constancia de que el órgano haya presentado descargos u observaciones en esta sede, lo que impide a este Consejo contar con antecedentes o medios de prueba que pueda ponderar, para determinar la configuración de la causal de reserva esgrimida.

6) Que, respecto a la información requerida, cabe hacer presente que el peticionario tiene -presuntamente- la calidad de interviniente e interesado en el procedimiento consultado- como solicitante en procedimiento migratorio que indica-, circunstancia que no ha sido desvirtuada por el órgano reclamado- por lo que resulta aplicable lo previsto en el artículo 17° de la Ley N° 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del estado, el cual dispone que: «Las personas, en sus relaciones con la Administración, tienen derecho a: a)Conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copia autorizada de los documentos que rolan en el expediente y la devolución de los originales, salvo que por mandato legal o reglamentario éstos deban ser acompañados a los autos, a su costa; d) acceder a los actos administrativos y sus documentos, en los términos previstos en la ley» (énfasis agregado).

7) Que, acto seguido, la materia consultada por el reclamante constituye información pública, en la medida que se trata de información relativa a un procedimiento administrativo migratorio, iniciado por el propio requirente, seguido ante la Administración del Estado y que, según los propios dichos del órgano requerido, obran en su poder. En tal sentido, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, dispone que: «Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen». En este mismo orden de ideas, según lo dispuesto en los artículos 5°, inciso segundo y 10° de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado: «es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento»; y «El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga»

8) Que, asimismo, atendida la materia sobre la que versa el expediente solicitado, este Consejo presume que el mismo contiene datos personales y sensibles del solicitante, referidos a hechos o circunstancias de su vida privada, según la definición prevista en el artículo 2° letras f) y g) de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada. Al respecto, el artículo 12° del mismo cuerpo legal, reconoce que «toda persona tiene derecho a exigir a quien sea responsable de un banco, que se dedique en forma pública o privada al tratamiento de datos personales, información sobre datos relativos a su persona, su procedencia y destinatario, el propósito del almacenamiento y la individualización de las personas u organismos a los cuales sus datos son transmitidos regularmente». De esta forma, en la especie, el peticionario ha hecho uso del denominado "habeas data impropio" a efectos de acceder a sus propios datos de carácter personal y sensibles que obran en poder de un tercero, en este caso, del Ministerio del Interior. Tal derecho, puede ejercerse a través del procedimiento establecido por la Ley de Transparencia mediante el ejercicio del derecho de acceso a información pública, según ha sido resuelto anteriormente por este Consejo, por ejemplo, en las decisiones de amparos roles C134-10, C178-10, C432-13, entre otras.

9) Que, en mérito de lo expuesto precedentemente, tratándose lo solicitado de información referida a un expediente administrativo del propio solicitante, que obra en poder del órgano reclamado; y, no habiéndose acreditado suficiente y fehacientemente la hipótesis de reserva consagrada en el 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia, esto es, la afectación del privilegio deliberativo del órgano reclamado, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, y conjuntamente con ello, ordenará la entrega de la resolución exenta N° 114.572, de fecha 15 de junio de 2020, previa acreditación de la identidad del peticionario, por contener datos personales y sensibles del reclamante, al alero de la Ley N° 19.628 y el numeral 4.3. de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, y teniendo en consideración el estado de catástrofe declarado en el país, producto de la pandemia, así como las directrices otorgadas por el Oficio N° 000252 de fecha 20 de marzo de 2020, de esta Corporación, se recomienda al órgano reclamado que realice la entrega efectiva de lo solicitado a la requirente o su apoderado, por un medio alternativo a la entrega personal en la oficina indicada. A modo meramente ejemplar, a través de correo electrónico o la que estime pertinente, previa acreditación de la identidad del titular o envío de mandato por mecanismos telemáticos (énfasis agregado).

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Ricardo Lombardi Castro, en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Ministro del Interior y Seguridad Pública, lo siguiente;

a) Entregue al reclamante copia de la resolución exenta N° 114.572, de fecha 15 de junio de 2020, previa acreditación de la identidad del peticionario, por contener datos personales y sensibles del reclamante, al alero de la Ley N° 19.628 y el numeral 4.3. de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, y teniendo en consideración el estado de catástrofe declarado en el país, producto de la pandemia, así como las directrices otorgadas por el Oficio N° 000252 de fecha 20 de marzo de 2020, de esta Corporación, se recomienda al órgano reclamado que realice la entrega efectiva de lo solicitado a la requirente o su apoderado, por un medio alternativo a la entrega personal en la oficina indicada. A modo meramente ejemplar, a través de correo electrónico o la que estime pertinente, previa acreditación de la identidad del titular o envío de mandato por mecanismos telemáticos.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Ricardo Lombardi Castro; y, al Sr. Ministro del Interior y Seguridad Pública.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yañez. Se deja constancia que la Consejera doña Natalia González Bañados, en forma previa al conocimiento del presente caso, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el mismo, por estimar que podría concurrir a su respecto la causal establecida en el número 6 del artículo 62 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado y en el numeral 1° del acuerdo de este Consejo sobre tratamiento de los conflictos de intereses, adoptado en su sesión N° 101, de 9 de noviembre de 2009, es decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido, solicitud y voluntad que este Consejo acoge en su integridad.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.