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Cristina Sáez Lastra con MUNICIPALIDAD DE PENCO Rol: C6381-20

Consejo para la Transparencia, 26/01/2021

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Penco, referido al video de grabación de la reunión del Departamento de Educación Municipal realizada el 6 de agosto 2020, vía "meet", con equipo de gestión de Escuela VIPLA. Lo anterior, debido a que la grabación de la reunión obedeció a un contexto extraordinario, debido a que, en tiempos normales sin estar insertos en una pandemia, de aquella sólo se levantaría un acta -la que fue entregada a la reclamante en su oportunidad-. De esta forma, no se trata de una instancia cuya grabación se establezca como parte del procedimiento de coordinación entre el Departamento de Educación Municipal y los docentes de los establecimientos educacionales de la comuna. Además, la grabación contiene tanto la imagen de los funcionarios asistentes como, también, da cuenta de la intimidad del hogar de cada uno de ellos, esto atendido el contexto en que nos encontramos, los profesionales han tenido que ejercer sus funciones desde sus residencias. Asimismo, en la referida reunión se trataron temas referidos a los niños y niñas que asisten a la Escuela VIPLA. De esta forma, la entrega de los videos pedidos implica por parte del órgano reclamado un tratamiento de datos personales y sensibles, lo que puede redundar en afectaciones concretas al derecho a la privacidad de los alumnos de la escuela y de los funcionarios que asistieron a la reunión, así como también, al derecho a la propia imagen de estos últimos, de lo cual deriva la necesidad de garantizar la protección de estos datos. Además, que de los antecedentes tenidos a la vista, no existe interés público prevalente en que se divulguen aquellos.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento

Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C6381-20

Entidad pública: Municipalidad de Penco

Requirente: Cristina Sáez Lastra

Ingreso Consejo: 07.10.2020

RESUMEN

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Penco, referido al video de grabación de la reunión del Departamento de Educación Municipal realizada el 6 de agosto 2020, vía "meet", con equipo de gestión de Escuela VIPLA.

Lo anterior, debido a que la grabación de la reunión obedeció a un contexto extraordinario, debido a que, en tiempos normales sin estar insertos en una pandemia, de aquella sólo se levantaría un acta -la que fue entregada a la reclamante en su oportunidad-. De esta forma, no se trata de una instancia cuya grabación se establezca como parte del procedimiento de coordinación entre el Departamento de Educación Municipal y los docentes de los establecimientos educacionales de la comuna. Además, la grabación contiene tanto la imagen de los funcionarios asistentes como, también, da cuenta de la intimidad del hogar de cada uno de ellos, esto atendido el contexto en que nos encontramos, los profesionales han tenido que ejercer sus funciones desde sus residencias. Asimismo, en la referida reunión se trataron temas referidos a los niños y niñas que asisten a la Escuela VIPLA.

De esta forma, la entrega de los videos pedidos implica por parte del órgano reclamado un tratamiento de datos personales y sensibles, lo que puede redundar en afectaciones concretas al derecho a la privacidad de los alumnos de la escuela y de los funcionarios que asistieron a la reunión, así como también, al derecho a la propia imagen de estos últimos, de lo cual deriva la necesidad de garantizar la protección de estos datos. Además, que de los antecedentes tenidos a la vista, no existe interés público prevalente en que se divulguen aquellos.

En sesión ordinaria N° 1152 del Consejo Directivo, celebrada el 26 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C6381-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 18 de agosto de 2020, doña Cristina Sáez Lastra solicitó a la Municipalidad de Penco "video de grabación reunión comunal DEM Penco realizada el día Jueves 06 de agosto 2020 vía meet. Dirigida por Oscar Parra Guzmán con equipo de gestión escuela Vipla".

2) TRASLADO A LOS TERCEROS INVOLUCRADOS: La Municipalidad de Penco por medio de actas, todas de fecha 7 de septiembre de 2020, notificó a los terceros involucrados, la solicitud de acceso a la información presentada y su derecho a oponerse a la entrega de esta. Por su parte, en ese mismo acto aquellos no autorizaron la divulgación del video solicitado.

3) RESPUESTA: La Municipalidad de Penco mediante ordinario N° 185, de fecha 15 de septiembre de 2020, señaló que analizado el requerimiento y "en vista de la realidad a la cual se encuentran sometidas las nuevas formas de trabajo lo que es plausible entregar en esta ocasión corresponde a: a. Propuesta Homologación y Nivelación DEM Penco. b. Guion Temático Propuestas".

4) AMPARO: Con fecha 7 de octubre de 2020, doña Cristina Sáez Lastra dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Municipalidad de Penco, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Penco mediante Oficio N° E18.414, de fecha 26 de octubre de 2020, para que formulara sus descargos y observaciones solicitando, especialmente, lo siguiente: (1°) señale las razones por las cuales la solicitud de información no habría sido atendida oportunamente; (2°) precise si obra en su poder la grabación solicitada; (3°) en caso de obrar en su poder, proceda a la conservación de la grabación hasta que la decisión de este Consejo se encuentre firme y ejecutoriada; (4°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; y, (5°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información requerida.

El órgano reclamado por medio de ordinario N° 538, de fecha 10 de noviembre de 2020, señaló que solicitaron la autorización de los asistentes a la reunión en cuestión para la entrega de la grabación de aquella, alguno de los cuales se opusieron a ello. Además, entienden que este tipo de instrumento no se enmarca en lo que se entiende información pública resguardada por la Ley de Transparencia. Por lo expuesto, consideran aplicable la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, debido a que el resguardo de la integridad, la salud, la protección a la honra y a la vida privada de los intervinientes, es una garantía constitucional "que pudiese infringirse toda vez que el contenido de la grabación puede contener apreciaciones, opiniones, comentarios personales que no son plausibles de ventilar en una esfera distinta a la acordada en la reunión". Agregando que "si bien lo consagrado en el artículo 8 de la Constitución Política de la República de Chile refiere a que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen." la solicitud de la requirente no obedece a esta premisa, no corresponde el contenido del video a actos o resoluciones de autoridad, muy por el contrario, corresponde a una reunión de un equipo de gestión educacional donde tratan problemáticas de la escuela y la situación del estudiantado, llegando a tratar temas complejos que no es meritorio divulgar bajo ningún punto de vista, todo en resguardo de los profesionales como de toda la comunidad educativa de la escuela. De procederse en forma contraria incluso llegaría a vulnerar el propio artículo citado toda vez que de extender su margen de aplicación pudiese llegar a arrogarse el Consejo para la Transparencia, de concluir con la obligación de entrega del material solicitado, competencias que no están expresamente contempladas en la Ley de Acceso a la Información Pública en lo referido al límite en la publicidad de los actos de la Administración del Estado; como también los derechos a la igualdad ante la ley, la privacidad y la inviolabilidad de las comunicaciones".

De esta forma, concluye que el contenido de las reuniones virtuales no son información pública, no representan ni encajan en ningunas de las nomenclaturas mencionadas por la Ley de Transparencia, la que sólo se refiere a actos, resoluciones, procedimientos y sus fundamentos, por lo que, sin procedimiento administrativo, no hay acceso a la información. Por lo contrario, consideran que estas herramientas de comunicación corresponden a información reservada que se encuentra protegida por las garantías dispuestas en el artículo 19 N° 4 y N° 5 de la Constitución Política de la República. De hecho, sostienen que "Estas reuniones virtuales corresponden a una forma de comunicación, en la cual además se emiten opiniones y juicios personales, muchas veces amparados por el secreto profesional, como ocurre con el médico respecto de las fichas de pacientes. Las opiniones vertidas en mensajes son personales, limitadas y no necesariamente institucionales, por lo tanto, en ningún caso podrían ser ventiladas de forma pública, sin poner en serio riesgo la integridad y la honra de los participantes en el caso en concreto. Agrega que al tenor del artículo 3° de la Ley N° 19.880, las reuniones virtuales, ni los mensajes podrían ser resoluciones ni actos administrativos, por lo cual no son informaciones públicas". Así, sostienen que no todo lo que obra en poder de los órganos de la Administración del Estado puede ser considerado información pública, sino sólo aquello que fundamente actos o resoluciones y en la medida que su acceso por terceros obedezca a finalidades legítimas.

Posteriormente, por medio de correo electrónico de fecha 17 de noviembre de 2020, informó que las personas que concurrieron a la reunión cuyo video se requiere son funcionarios dependientes de la administración Central del Departamento de Educación Municipal de Penco.

6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INVOLUCRADOS: En conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación acordó conferir traslado del amparo deducido a los funcionarios que concurrieron a la reunión cuyo video se requiere, mediante oficios, todos de fecha 9 de diciembre de 2020, en su calidad de terceros a quienes se refiere la información solicitada, a fin de que presenten sus descargos y observaciones a este amparo.

Doña Paulina Marcos por medio de correo electrónico de fecha 23 de diciembre de 2020, reiteró su oposición a la entrega de la información solicitada, debido a que considera que las reuniones de trabajo que se llevan a cabo en el periodo de pandemia obedecen a situaciones fácticas que se han ido acomodando a esta nueva forma de educar, donde las escasas herramientas con la que improvisadamente cuentan deben ser celosamente cuidadas y no ventiladas fuera de la esfera laboral. Así, sostienen que la reunión en cuestión trató temas de trabajo y estrategias para avanzar en dirección y acompañamiento a sus estudiantes, los contenidos fueron establecidos en una tabla previa, pero el desarrollo de los conflictos que se manifiestan en cada uno de los puntos tratados responde a estrategias y opiniones que manifiestan los participantes dentro de un parecer labora-personal. Por lo que, no cree pertinente masificar el contenido de estos instrumentos de trabajo, haciendo presente que su fin como educadores es proteger a los niños y propender a un clima laboral tranquilo.

Don Óscar Parra Guzmán por medio de carta remitida mediante correo electrónico de fecha 23 de diciembre de 2020, reiteró su oposición a la entrega de la información solicitada, debido a que cree que las reuniones de trabajo que llevan a cabo en cada escuela de la comuna tienen un sentido pedagógico estricto que obedece a muchos factores, entre ellos, la gestión del establecimiento educacional, las apreciaciones personales que cada integrante expresa, ejemplo de lo cual sostiene que existen temas delicados sobre sus educandos, que no deben ser ventilados públicamente. Por lo que, alegó la concurrencia de la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

Doña Merybeth Cerda Rubio por medio de carta de fecha 23 de diciembre de 2020, reiteró su oposición a la entrega de la información solicitada, señalando que "Como equipo Académico, de la administración central, se toma la decisión de llevar a cabo reuniones virtuales con los diferentes equipos directivos pertenecientes a las escuelas a fin de monitorear el funcionamiento de éstas, como también estar al tanto de la conexión y vinculación de la escuela con los niños y niñas de la comuna". Por lo que, no le parece pertinente divulgar el video pedido porque los temas tratados en esas reuniones contienen problemáticas sensibles de sus alumnos y sus familias, más aún en tiempos de pandemia. Así, "En mi calidad de Encargada de Convivencia escolar me parece aún más complejo entregar esta información sin mayor resguardo, porque nuestros niños y niñas son altamente vulnerados en tiempos normales, y trabajamos diariamente a fin de superar estos problemas, en tiempos de pandemia la situación muchas veces es aún más compleja, por la falta de contacto presencial y es por esto que estas nuevas herramientas de trabajo llevan a acercarnos quizás medianamente a esta realidad". Finalmente, sostiene que el resguardo a la vida privada y la inviolabilidad de las comunicaciones es un derecho fundamental.

Doña María Valdebenito Frederiksen por medio de carta remitida por correo electrónico de fecha 23 de diciembre de 2020, reiteró su oposición a la entrega de la información solicitada, señalando que en su oportunidad se solicitó autorización para grabar la reunión en cuestión, sólo con fines de revisar los antecedentes y registrar acta, no dando consentimiento para otro uso de aquella grabación. Por lo tanto, sostiene que "la entrega de la información y contenido de estas reuniones no pueden masificarse ni estar a completa disposición de los asistentes ni menos de terceros, por cuanto pertenecen a planes y decisiones internas de la escuela, reuniones que contienen muchas veces datos sensibles relativos a dificultades con nuestros propios alumnos, como con la comunidad escolar en general".

Doña Marcela Cid Ibarra por medio de carta remitida por correo electrónico de fecha 23 de diciembre de 2020, reiteró su oposición a la entrega de la información solicitada, señalando que "creo que el divulgar cualquiera de estas reuniones no le hace bien al sistema, no porque den cuenta de reuniones con carácter de secreto, sino porque muchas veces los temas tratados aquí abarcan situaciones académicas complejas de terminan encontrando su origen en hechos bastantes sensibles no propios de difundir públicamente. Sumado a lo anterior creo que como funcionaria tengo el legítimo derecho a que mis opiniones y dichos que no sean públicas queden en la esfera de lo interno, donde si bien son reuniones de trabajo las que se han llevado a cabo durante este año por medio de plataformas virtuales, no creo que obedezcan a una difusión pública como lo sería por ejemplo el uso de una red social. Entonces en resguardo a mi derecho a la privacidad, el de mis colegas y por sobre todo el derecho de nuestros niños y niñas de la escuela VIPLA me mantengo en la negativa de no entregar para una libre disposición instrumentos privados como el video solicitado".

Don Luis Sánchez por medio de carta remitida por correo electrónico de fecha 23 de diciembre de 2020, reiteró su oposición a la entrega de la información solicitada, debido a que no considera que sea un acto administrativo o una resolución de la autoridad que merezca publicidad, y con esto pertenezca a aquellos instrumentos que sean propios de ser regulados por la Ley de Transparencia. Además, sostuvo que "como ciudadano tengo todo el derecho a que se cuide y resguarde mi integridad física y psíquica, así como también mi derecho a proteger mi honra y mi vida privada, es por esto que a mi entender si bien el video solicitado por la Sra. Sáez es una grabación de trabajo, también es cierto que dentro de la escuela se genera un clima de intimidad y familiaridad con nuestros compañeros de trabajo que al igual como pudiese entenderse en el seno de la familia consanguínea, también el ambiente laboral donde me desempeño adquiere ese carácter de privado".

Don Claudio Muñoz Parra por medio de carta remitida por correo electrónico de fecha 23 de diciembre de 2020, reiteró su oposición a la entrega de la información solicitada, sostuvo que "En estas reuniones se tratan temas que vinculan a toda la comunidad educativa y se trabaja en resolver la problemática escuela, así como también la superación que puede alcanzarse en la resolución de conflictos educacionales basales, reconociéndose en nuestros niños y niñas situaciones de vulneración importantes y muchas veces complejas de abordar, así como también, la superación de los mismos. Entonces los objetivos que se persiguen en estas reuniones de trabajo son las de planificar y dar curso a acciones remediales, algunas determinadas a ciertos niños de forma singular y otras relativas al entorno curso o ciclo académico que hace siempre difícil su publicidad".

Don Camilo Araneda Silva por medio de carta remitida por correo electrónico de fecha 23 de diciembre de 2020, reiteró su oposición a la entrega de la información solicitada, debido a que "Estas reuniones tienen un sentido estrictamente laboral y por sobre todo académico y su grabación entiendo se realiza con la única intención de guardar un respaldo interno para comprobar el trabajo realizado en año de pandemia. (...) Son reuniones donde igualmente se trata de la problemática de nuestros alumnos, que no es fácil de abordar en muchos casos y no se puede desatender el cuidado que debemos entregar a nuestros niños si se llegan a filtrar o conocer datos importantes y reservados de las familias".

Don Claudio Jara por medio de carta remitida por correo electrónico de fecha 27 de diciembre de 2020, reiteró su oposición a la entrega de la información solicitada, señalando que "Cuando se decide en contexto de pandemia hacer reuniones ON LINE, se hace con el único fin de materializar nuestro trabajo que antes se hacía de forma presencial y que por razones obvias de COVID-19 hoy es imposible llevar a cabo, además si se solicita la autorización para grabar estar reuniones es solo para el caso que con posterioridad se quiera verificar acuerdos o antecedentes que se trataron en dicha reunión, pero nada tiene que ver con solicitar a través de órganos externos a la administración este tipo de instrumentos, los cuales contienen conversaciones, declaraciones y apreciaciones sobre temas importantes y delicados de los niños y niñas pertenecientes a la escuela. (...) Además, creo que no es una novedad señalar que en estas las reuniones de trabajo, donde forma parte el equipo de convivencia escolar además se plantean situaciones delicadas, más aún en el contexto pandemia y aún más tratándose de nuestros niños y niñas muchas veces vulnerados en sus derechos, por lo mismo me parece muy desacertado dejar de proteger lo que en aquellas reuniones se trata".

Y CONSIDERANDO:

1) Que este amparo se funda en que la información proporcionada no corresponde a la solicitada, al respecto el órgano reclamado denegó el acceso al video requerido, debido a la oposición que manifestaron los asistentes a la reunión consultada, en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia. Además, de considerar que concurre la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con lo establecido en el artículo 19 N° 4 y N° 5 de la Constitución Política de la República.

2) Que la información solicitada dice relación con el video de una reunión de trabajo llevada a cabo por los funcionarios del Departamento de Educación Municipal de Penco con el equipo de gestión de la Escuela VIPLA, la que se realizó de forma remota vía plataforma "meet". Al respecto, cabe hacer presente que atendido el tipo de labores que desempeñan los funcionarios públicos, éstos están sujetos a un nivel de escrutinio de una entidad mayor, que supone un control social más intenso respecto de sus antecedentes. Luego, y en base a la referida premisa, este Consejo ha ordenado la entrega de instrumentos de medición de desempeño, registros de asistencia, currículum vítae, liquidaciones y otros similares. Sobre este punto y a mayor abundamiento, cabe recordar que la función pública, según lo establecido en los artículos 8 de la Constitución Política de la Republica y 3 de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre el particular, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, por el solo hecho de ser tales y de encontrarse al servicio de aquella.

3) Que, la grabación de la reunión que se solicita obedeció a un contexto extraordinario, debido a que, en tiempos normales sin estar insertos en una pandemia, de aquella sólo se levantaría un acta - la que fue entregada a la reclamante en su oportunidad-. De esta forma, no se trata de una instancia cuya grabación se establezca como parte del procedimiento de coordinación entre el Departamento de Educación Municipal y los docentes de los establecimientos educacionales de la comuna. Además, la grabación contiene tanto la imagen de los funcionarios asistentes como, también, da cuenta de la intimidad del hogar de cada uno de ellos, esto atendido el contexto en que nos encontramos, los profesionales han tenido que ejercer sus funciones desde sus residencias. Asimismo, según lo señalado por los terceros involucrados y por el órgano reclamado, en la referida reunión se trataron temas referidos a los niños y niñas que asisten a la Escuela VIPLA. En tal sentido, cabe tener presente que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2 letras f) y g) de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada - en adelante ley N° 19.628-; son datos de carácter personal "los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables" y datos sensibles "aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual". En este punto, se debe considerar que por medio de la ley N° 21.096, que consagra el derecho a protección de los datos personales, se consagró a nivel constitucional el derecho a la protección de datos personales, incorporándolo en el texto del artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República; condición que debe ser considerada al ponderar aquel derecho con la aplicación del derecho de acceso a la información pública. Esto cobra especial relevancia a efectos de elevar el estándar exigido para limitar o restringir el ejercicio de un derecho fundamental.

4) Que, en cuanto a la información referida a los alumnos del establecimiento educacional, además de lo prescrito en el artículo 2 letras f) y g), de la ley N° 19.628, se debe tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 16 de la Convención sobre Derechos del Niño, ratificada por nuestro país el año 1990, que señala que "Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación. // El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques". De esta forma, la protección del interés superior del niño supone un especial cuidado en el tratamiento de todo antecedente que forme parte de su esfera íntima.

5) Que, de esta forma, la información sobre datos personales de un niño, niña y/o adolescente, incluido cualquier dato que permita la identificación de éstos, no podrá ser tratada si no es de conformidad con las reglas y principios del tratamiento de datos en su aplicación a los calificados como sensibles, los que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 10 de la ley N° 19.628, "No pueden ser objeto de tratamiento (...) salvo cuando la ley lo autorice, exista consentimiento del titular [representante legal] o sean datos necesarios para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud que correspondan a sus titulares", situaciones que no se verifican para el presente caso.

6) Que, en cuanto a la imagen de los funcionarios que participaron en la reunión consultada, se debe considerar que este Consejo en sus Recomendaciones para la Protección de Datos Personales por parte de los Órganos de la Administración del Estado, estableció: "Que, la Carta Fundamental reconoce explícitamente como derecho fundamental el derecho a la autodeterminación informativa, el cual se constituye ahora en un límite al ejercicio de la soberanía, en un deber de respeto y promoción por parte de los órganos del Estado y en una norma que delimita la acción de los órganos estatales, quienes deben someter su acción al nuevo derecho fundamental y a las normas dictadas conforme a la Constitución Política".

7) Que, en cuanto a la afectación al derecho a la privacidad, es menester señalar que el Estado está al servicio de la persona humana y tiene el deber de respetar y promover los derechos fundamentales que emanan de su propia naturaleza, como lo señala expresamente la Constitución Política en sus artículos 1°, inciso cuarto, y 5°, inciso segundo, sea que esos derechos se encuentren expresamente fijados en la Carta Fundamental, o bien, que se establezcan en los tratados internacionales, aprobados por Chile y que se encuentren vigentes. Así, el numeral 4 del artículo 19 de la Constitución, asegura a todas las personas el respeto y protección a la vida privada de sí misma y de su familia, y asimismo, la protección de sus datos personales; mientras que los artículos 17 del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles y 11.2. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en términos similares indican que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación, agregando que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

8) Que, en el ámbito de la doctrina comparada se ha señalado que "la existencia de una esfera privada, en la que los demás (poderes públicos o particulares) no pueden entrar sin el consentimiento de la persona, no implica solo un reconocimiento del altísimo valor que tiene la faceta privada de la vida humana, sino que constituye también una garantía básica de libertad: en un mundo donde toda la actividad de los hombres fuera pública, no cabría la autodeterminación individual. El constitucionalismo, así, exige diferenciar entre las esferas pública y privada y, por tanto, entre lo visible y lo reservado" (Diez - Picazo, Luis, Sistema de Derechos Fundamentales, Editorial Aranzadi S.A., Navarra, 2008, p.297). De la misma forma y desde la óptica del derecho a la intimidad, se ha definido a ésta como "el derecho a no ser molestado, y a guardar la conveniente reserva acerca de los datos de una persona que ésta no quiere divulgar. Es el derecho a mantener una vida privada sin interferencias de otras personas ni del Estado" (Balaguer C., Francisco et. al, Derecho Constitucional, Volumen II, Editorial Tecnos, Madrid, 1999, p.102). Por último, se ha afirmado que: "sí hay acuerdo en que el derecho a la intimidad consiste en el derecho a disfrutar de determinadas zonas de retiro y secreto de las que podemos excluir a los demás" (Pérez Royo, Javier; Curso de Derecho Constitucional, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Políticas S.A., Madrid, 2000, p.395).

9) Que, este Consejo, en las decisiones Roles C2493-15 y C1505-17, se pronunció acerca de la necesidad de distinguir en el derecho a la propia imagen dos aspectos o dimensiones: uno, de orden positivo, en virtud del cual, su titular se encuentra facultado para obtener, reproducir y publicar su propia imagen, adscribiéndola a cualquier objeto lícito; y otro, de carácter negativo, expresado en su derecho a impedir que terceros, sin su debida autorización, capten, reproduzcan o difundan esa imagen, cualquiera sea la finalidad tenida en consideración para ello.

10) Que, en lo que respecta a la directa vinculación del derecho a la privacidad con el derecho a la propia imagen, que en el presente caso se verían directamente afectado de accederse a la entrega de la información solicitada, este Consejo estima que no sólo estamos ante datos personales, relativos a la imagen de una persona, sino que además ante datos sensibles, que conforme a la definición legal, son los referidos a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, pues las grabaciones que se captan no sólo dan cuenta de las características físicas de determinadas personas, sino que también de sus conductas o hábitos personales, así como también, de su entorno familiar y de su hogar.

11) Que, de esta forma, se concluye que la entrega de los videos pedidos implica por parte del órgano reclamado un tratamiento de datos personales y sensibles, actividad que puede redundar en afectaciones concretas al derecho a la privacidad de los alumnos de la escuela y de los funcionarios que asistieron a la reunión en cuestión, así como también, al derecho a la propia imagen de estos últimos, de lo cual deriva la necesidad de garantizar la protección de estos datos. Además, se debe considerar que, de los antecedentes tenidos a la vista, no existe interés público en que se divulgue aquellos. Por lo tanto, se rechazará el amparo por configurarse la causal de reserva o secreto contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en el artículo 19 N° 4 de Constitución Política de la República y en la ley N° 19.628.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por doña Cristina Sáez Lastra en contra de la Municipalidad de Penco, por configurarse la causal de reserva o secreto contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en el artículo 19 N° 4 de Constitución Política de la República y en la ley N° 19.628, en virtud de los fundamentos señalados precedentemente.

II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a doña Cristina Sáez Lastra, al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Penco y a los terceros involucrados en este amparo.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Javier Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.