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Andrés Cuche Cartagena con UNIVERSIDAD DE CHILE Rol: C6304-20

Consejo para la Transparencia, 26/01/2021

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Universidad de Chile, relativo a copia de los recursos de reposición que fueron ingresados por cuatro los jueces árbitros al Comité de Evaluación de Árbitros. Lo anterior, debido a que si bien aquellos obran en poder del órgano reclamado contienen datos personales, cuya comunicación sólo puede efectuarse cuando la ley lo autorice o el titular consienta expresamente en ello, circunstancias que no concurren en la especie. Además, se debe considerar que los recursos solicitados no formaron parte de procedimiento administrativo alguno, así como tampoco sirvieron fundamento a una resolución de la reclamada, pues aquellos se enmarcaron en un proceso de evaluación llevado a cabo por un órgano externo a "NIC Chile", como lo es, el Comité de Evaluación de Árbitros; y de los antecedentes tenidos a la vista, no se vislumbra la existencia de un interés público en que se divulguen aquellos pues dicen relación con la evaluación de árbitros respecto de su actuación en controversias entre particulares. El Consejero don Francisco Leturia Infante se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento

Reclamaciones contra esta decisión (Ver estado procesal):


Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Inhabilitación)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C6304-20

Entidad pública: Universidad de Chile

Requirente: Andrés Cuche Cartagena

Ingreso Consejo: 05.10.2020

RESUMEN

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Universidad de Chile, relativo a copia de los recursos de reposición que fueron ingresados por cuatro los jueces árbitros al Comité de Evaluación de Árbitros.

Lo anterior, debido a que si bien aquellos obran en poder del órgano reclamado contienen datos personales, cuya comunicación sólo puede efectuarse cuando la ley lo autorice o el titular consienta expresamente en ello, circunstancias que no concurren en la especie. Además, se debe considerar que los recursos solicitados no formaron parte de procedimiento administrativo alguno, así como tampoco sirvieron fundamento a una resolución de la reclamada, pues aquellos se enmarcaron en un proceso de evaluación llevado a cabo por un órgano externo a "NIC Chile", como lo es, el Comité de Evaluación de Árbitros; y de los antecedentes tenidos a la vista, no se vislumbra la existencia de un interés público en que se divulguen aquellos pues dicen relación con la evaluación de árbitros respecto de su actuación en controversias entre particulares.

El Consejero don Francisco Leturia Infante se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.

En sesión ordinaria N° 1152 del Consejo Directivo, celebrada el 26 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C6304-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 18 de agosto de 2020, don Andrés Cuche Cartagena solicitó a la Universidad de Chile, respecto de "NIC Chile, organismo dependiente de la FCFM", lo siguiente:

a) "Los recursos de reposición que fueron ingresados por los jueces árbitro RUPERTO PINOCHET, RAFAEL PASTOR, JUAN CASTELLON, JUAN REYES, RODRIGO LEON y CAROLA CANELO, para que se reconsiderara su evaluación arbitral, según lo expuesto en el Acuerdo N° 11, de fecha 11 de agosto de 2019, dictado por el Comité de Evaluación".

b) "Certificado de título de abogado de doña Elina Mereminskaya, Presidenta del Comité de Evaluación de Árbitros, que según el nombramiento efectuado mediante resolución N° 01156 de fecha 22 de mayo de 2017, reviste la calidad de abogada".

2) PRÓRROGA: La Universidad de Chile mediante correo electrónico de fecha 15 de septiembre de 2020, comunicó que no ha sido posible otorgar respuesta dentro del plazo regular de 20 días hábiles, motivo por el cual, informó la aplicación de una prórroga de 10 días hábiles adicionales, conforme lo dispuesto en el artículo 14 inciso segundo de la Ley de Transparencia.

3) TRASLADO A LOS TERCEROS INVOLUCRADOS: La Universidad de Chile por medio de cartas, de fecha 8 y 9 de septiembre de 2020, y conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, notificó a las personas individualizadas, la solicitud de acceso a la información presentada y su derecho a oponerse a la entrega de esta.

4) OPOSICIONES DE LOS TERCEROS INVOLUCRADOS:

Don Juan Francisco Reyes por medio de correo electrónico de fecha 11 de septiembre de 2020, se opuso a la entrega de la información solicitada, pues si bien la función de árbitro y todos los procedimientos asociados a la misma corresponde al ejercicio de una función pública, no se hace en calidad de funcionario público ni como dependiente de una repartición pública. Además, considera que las evaluaciones profesionales son de carácter privado y confidencial, por lo que, se configura la causal de secreto o reserva consagrada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

Don Rafael Pastor Besoan por medio de carta, de fecha 11 de septiembre de 2020, se opuso a la entrega de la información solicitada, atendido a que aquella dice relación con el Comité de Evaluación de Árbitros, órgano de naturaleza privada no sometido a las normas contenidas en la Ley de Transparencia; agregando, que tanto los árbitros de NIC Chile, como los miembros del Comité de Evaluación de Árbitros no tienen la calidad de empleados públicos, por lo que, tampoco se encontrarían sujetos a las obligaciones en materia de transparencia contenidas en la citada ley. Además, hace presente lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con lo establecido en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República y en el artículo 2 de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada - en adelante ley N° 19.628-; en virtud de los cuales se protege el derecho a la privacidad, el que se vería vulnerado con la entrega del recurso de reposición solicitado. Así, sostiene que "la información y los insumos usados en este proceso (no su resultado), deben ser conocidos solamente por NIC Chile y el evaluado". Concluyendo que "si para un concurso de Alta Dirección Público se ha establecido este estándar jurídico de protección a la privacidad, en el sentido de no revelar las opiniones expertas y las evaluaciones emitidas por empresas externas especializadas en reclutamiento, obviamente esta lógica debe aplicarse aún con mayor rigor en el presente caso, atendido a que se trata de un proceso de evaluación que posee un carácter privado, donde se emiten juicios de valor sobre los profesionales evaluados, que son reservados puestos que éstos de ser expuestos podrían afectar negativamente el prestigio y futuro profesional de la persona evaluada.

Don Rodrigo León por medio de carta de fecha 11 de septiembre de 2020, se opuso a la entrega de la información solicitada, atendido a que aquella dice relación con el Comité de Evaluación de Árbitros, órgano de naturaleza privada no sometido a las normas contenidas en la Ley de Transparencia. Además, sostiene que la evaluación del desempeño de los árbitros "corresponde a un procedimiento interno, convencional y no jurisdiccional, que incluye información personal de los árbitros privados reevaluados por dicho Comité, al cual no resultan aplicables las disposiciones que rigen las normas del sector público, particularmente en materia de publicidad de la información, ni aquellas propias de los órganos de la Administración. Asimismo, las comunicaciones respecto a los resultados de tal evaluación entre los árbitros evaluados y el Comité en ningún caso han de entenderse como recursos administrativos o procesales de naturaleza pública, sino que se enmarcan dentro del concurso de evaluación ya mencionado, siendo información en puntos privadas entre el Comité y el árbitro evaluado". Finalmente, agrega tanto los árbitros, como los miembros del Comité de Evaluación de Árbitros no tienen la calidad de empleados públicos, por lo que, tampoco se encontrarían sujetos a las obligaciones en materia de transparencia contenidas en la citada ley.

Don Ruperto Pinochet Olave, por medio de escrito sin fecha, manifestó su oposición a la entrega de la información solicitada, debido a que el Comité de Evaluación de Árbitros es un órgano privado, no siendo sus miembros empleados públicos, así como tampoco los árbitros designados para la resolución de un asunto; por lo que, considera que concurre respecto de lo pedido la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. Citando jurisprudencia en tal sentido. Además, sostiene que, en el proceso de evaluación desarrollado por el Comité de Evaluación de Árbitros, se le solicitó agregar una serie de antecedentes, los que fueron debidamente acompañados, en aras a desarrollar una adecuada defensa. Así, sus alegaciones, en aquel se efectuaron en un marco de defensa ante un ente privado, circunstancias que no iban a ser conocidas por terceros. De hecho, en muchas de estas defensas, se abordaron situaciones amparadas por el secreto profesional del abogado, lo que hace más sensible aún la entrega de la información requerida. Agregando, que lo relevante en el nombramiento de los árbitros es la voluntad de las partes, quienes escogen libremente si acogerse a la jurisdicción de los árbitros de la nómina de NIC Chile, o si bien optan por otro.

5) RESPUESTA: La Universidad de Chile mediante oficio N° 355/2020, de fecha 30 de septiembre de 2020, señaló que la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) y al Centro de Información de Redes (NIC, sigla en inglés de "Network Information Center") de su Departamento de Ciencias de la Computación, informó en cuanto a lo pedido en el literal a) de requerimiento, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, cuatro de las personas individualizadas se opusieron a la entrega de sus antecedentes, por lo que, deniegan el acceso a lo pedido a su respecto. Por otro lado, adjuntan los recursos pedidos correspondientes a los dos árbitros que accedieron a su entrega.

En cuanto a lo solicitado en el literal b) del requerimiento, señaló que aquello no obra en su poder. Sin perjuicio de lo cual, informan que, aunque la persona consultada no se encuentre en posesión del título profesional de abogado, de acuerdo con la ley chilena, ha sido designada por sus antecedentes académicos como Magister y Doctora en Derecho de la Universidad de Gottingen y méritos profesionales destacados en el área del arbitraje. Tal como señala la resolución citada, el Comité debía estar integrado por profesionales poseedores de un intachable prestigio profesional y personal, atributos que consideran que concurren respecto a la profesional individualizada en la solicitud. Fuera de lo anterior, indican que, aun siendo efectivo que en la resolución indicada se cometió un error en el señalamiento de su condición de abogada, el nombre de la señalada profesional fue sugerido unánimemente por el Comité de Búsqueda que se constituyó en su oportunidad.

6) AMPARO: Con fecha 5 de octubre de 2020, don Andrés Cuche Cartagena dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Universidad de Chile, fundado en la respuesta incompleta o parcial. En particular sostuvo "Me entregaron los recursos de reposición presentados por dos árbitros, faltando aquellos ingresados por los otros cuatro".

7) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado al Sr. Rector de la Universidad de Chile mediante Oficio N° E18.435, de fecha 26 de octubre de 2020, para que formulara sus descargos y observaciones solicitando, especialmente, lo siguiente: (1°) remita los antecedentes relativos a la prórroga dispuesta para entregar respuesta a la solicitud de información; (2°) acredite la fecha en que notificó la respuesta al reclamante, remitiendo el respectivo comprobante a este Consejo; (3°) en cuanto a la solicitud de copia de los recursos de reposición que no fueron entregados, explique cómo su entrega afectaría los derechos de los terceros; (4°) acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a los terceros, incluyendo copia de las respectivas comunicaciones, de los documentos que acrediten su notificación, de las oposiciones deducidas y de los antecedentes que dan cuenta de la fecha en la que estas ingresaron ante el órgano que usted representa; (5°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros que se opusieron a la entrega de la información, a fin de dar aplicación a los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento; y, (6°) remita copia de la información denegada, haciendo presente a usted que, de acuerdo al artículo 26 de la Ley de Transparencia.

El órgano reclamado por medio de oficio N° 1354, de fecha 18 de noviembre de 2020, reiteró lo señalado en su respuesta, en orden a que se denegó el acceso atendida la oposición manifestada por los terceros a quienes se refiere la información. Además, hacen presente que "la labor de jueces árbitros, desempeñada en el mecanismo de resolución de controversias de NIC Chile, no corresponde a la de funcionarios, dependientes ni servidores de esta Institución, pues sus honorarios son pagados por los respectivos interesados en el juicio arbitral, según dispone la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio.CL. De tal manera, tratándose de terceros que no pertenecen ni cumplen funciones para la Universidad, correspondió aplicar lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, y habiéndose deducido las respectivas oposiciones por parte de las personas indicadas, en tiempo y forma, esta Casa de Estudios quedó legalmente impedida de proporcionar los antecedentes solicitados".

8) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INVOLUCRADOS: En conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación acordó conferir traslado del amparo deducido a las personas individualizadas en el requerimiento, mediante oficios, todos de fecha 25 de noviembre de 2020, en su calidad de terceros a quienes se refiere la información solicitada, a fin de que presenten sus descargos y observaciones a este amparo.

Don Rodrigo León por medio de carta de fecha 30 de noviembre de 2020, reiteró la oposición planteada ante el órgano reclamado, en orden al carácter de privada de la información reclamada y de considerar que a su respecto se configura la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

Don Rafael Pastor Besoain por medio de carta de fecha 2 de diciembre de 2020, reiteró la oposición planteada ante el órgano reclamado, en orden al carácter de privada de la información reclamada y de considerar que a su respecto se configura la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con lo establecido en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República y el artículo 2 de la ley N° 19.628.

9) GESTIÓN OFICIOSA: Con el objeto de resolver acertadamente el presente amparo este Consejo solicitó a la Universidad de Chile mediante correo electrónico de fecha 8 de enero de 2021, informe lo siguiente:

a) En base a qué normativa, facultad o atribución, obra en su poder la información solicitada.

b) Naturaleza jurídica del Comité de Evaluación de Árbitros, integración y relación con la Universidad de Chile.

c) Naturaleza del proceso de evaluación llevado a cabo por dicho Comité, en el que se presentaron los recursos cuya copia se solicita.

d) En su opinión, la información solicitada tiene el carácter de pública en los términos señalados en la Ley de Transparencia.

El órgano reclamado por medio de correo electrónico, de fecha 13 de enero de 2021, informó lo siguiente:

a) "La información solicitada obra en poder de NIC Chile porque fue entregada por el Comité de Evaluación de Árbitros en el marco del proceso de evaluación de desempeño de los árbitros del Sistema de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio .CL previsto en la letra d) del número 15.2 de la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio .CL, de acuerdo a la Resolución 00618 del 17 de abril de 2017 del Decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile que reemplazó en lo pertinente a la Resolución 01127, de 28 de mayo de 2014, del Decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile (documentos que se adjuntan)".

b) El Comité de Evaluación de Árbitros "Es una entidad compuesta de tres integrantes cuyos miembros durarán tres años en sus cargos. La relación con la Universidad de Chile es que se trata de profesionales externos, que prestan los servicios previstos en el 15.2 de la Política de Resolución de Controversias en base a convenios de honorarios (para mayor ilustración, se adjuntan convenios correspondientes a integrantes del Comité)".

c) "Es un proceso de evaluación de desempeño del plantel de árbitros del sistema de resolución de controversias por nombres de dominio .CL previsto en la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio".

d) Finalmente, señaló que "A nuestro entender, la información no es pública porque corresponde a la evaluación del desempeño de árbitros que no forman parte ni cumplen funciones para esta Universidad, sino que resuelven conflictos producidos entre partes en disputa, y a su respecto aplica la causal legal de reserva de afectación a los derechos de los árbitros que expresamente se opusieron a su entrega, en los términos y en base a la fundamentación que se expuso por cada uno de ellos".

Y CONSIDERANDO:

1) Que este amparo se funda en la respuesta incompleta o parcial, circunscribiéndose el objeto de este a lo pedido en el literal a) del requerimiento, relativo a cuatro de las personas individualizadas en aquel, atendida su oposición manifestada tras la realización del procedimiento dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia. En tal sentido, sostienen que la información solicitada no tendría el carácter de pública, pues corresponde a procedimientos y personas privadas, además, que su divulgación afectaría sus derechos en los términos señalados en el artículo 21 N° 2 de la ley señalada.

2) Que en cuanto a la información solicitada se debe hacer presente que por medio de resolución N° 1127, de fecha 28 de mayo de 2014, se aprueban la "Reglamentación para el funcionamiento del Dominio .CL" y la "Política de Resolución de Controversias por Dominios", ésta última es modificada por la resolución N° 618, de fecha 17 de abril de 2017, ambas dictadas por el Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. En el primero de aquellos, se establece que "El Registro de Nombres del Dominio CL, denominado NIC Chile (Network Information Center Chile), es administrado por el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile por delegación de la IANA (Internet Assigned Numbers Authority), de acuerdo a los principios contenidos en RFC 1591: Domain Name System Structure and Delegation. Dicha delegación fue reconocida formalmente el 24 de junio de 2006 mediante un acuerdo marco suscrito entre ICANN y NIC Chile por el cual se estableció las responsabilidades que ambas entidades tienen en la preservación de la estabilidad, la seguridad y la interoperabilidad de Internet. // Se deja expresa constancia de que NIC Chile actúa únicamente en calidad de ente coordinador delegado de IANA con el propósito de llevar el registro de nombres de dominio. No tiene ni tendrá facultades jurisdiccionales ni otras prerrogativas ni obligaciones que las que en esta Reglamentación se expresan". Además, dispone que "Los conflictos que se susciten con ocasión de la revocación de un nombre de dominio .CL serán resueltos de acuerdo a la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio. CL. Toda controversia se someterá, resolverá y tramitará de acuerdo con el procedimiento de arbitraje, establecido en dicha política. Las partes podrán designar un árbitro de común acuerdo, y en su defecto, facultan a NIC Chile de manera expresa e irrevocable para designar en su lugar a un árbitro de una nómina que estará publicada en su sitio web, nombramiento que se entenderá efectuado directamente por cada una de ellas mismas. El árbitro tendrá el carácter de árbitro arbitrador y en contra de sus resoluciones no procederá recurso alguno, a todos los cuales cada solicitante y titular de un registro, renuncian expresamente. El árbitro queda especialmente facultado para resolver todo asunto relacionado con su competencia y jurisdicción. NIC Chile no tendrá ninguna participación en la etapa de arbitraje, excepto designar al árbitro de acuerdo al procedimiento y dar cumplimiento a la resolución arbitral".

3) Que, por su parte, el N° 15 de la "Política de Resolución de Controversias por Dominios" establece que "15.1. Existirá un Comité de Evaluación compuesto de tres integrantes, designados por el Centro de Resolución de Controversias, cuyos miembros durarán tres años en sus cargos y serán remunerados en base a convenios de honorarios. 15.2. Serán funciones del Comité: (...) d. Evaluar el desempeño de los árbitros en base a una metodología establecida sobre principios de objetividad, transparencia y pertinencia".

4) Que, en cuanto a la naturaleza de la información pedida, cabe señalar que aquella fue otorgada por el Comité de Evaluación de Árbitros a "NIC Chile", registro de nombres de dominio .CL, administrado por el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile. En tal sentido, según lo indicado en el considerando segundo "NIC Chile" actúa únicamente en calidad de ente coordinador delegado de Internet Assigned Numbers Authority (IANA) con el propósito de llevar el registro de nombres de dominio y no tiene facultades jurisdiccionales ni otras prerrogativas ni obligaciones al respecto. De esta forma, aun cuando se advierte que los antecedentes requeridos obran materialmente en poder de la reclamada, a juicio de este Consejo, esa sola circunstancia no conduce necesariamente a estimar de manera indubitada que la misma sea de naturaleza pública.

5) Que, establecido lo anterior, cabe hacer presente que la reclamada ha denegado el acceso a la información fundada en la oposición de los terceros interesados, pues consideran que sus evaluaciones son de carácter privado y confidencial, que dice relación con el procedimiento llevado a cabo por el Comité de Evaluación de Árbitros, órgano de naturaleza privada no sometido a las normas contenidas en la Ley de Transparencia; agregando, que tanto los miembros de aquel como los árbitros de NIC Chile no tienen la calidad de funcionarios públicos. Por lo que, consideran que lo requerido se trata de datos personales, concurriendo la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con lo establecido en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República y en la ley N° 19.628.

6) Que conforme a lo establecido en el artículo 2 letra f) de la ley N° 19.628, son datos personales los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas e identificables. En este punto, se debe considerar que por medio de la ley N° 21.096, que consagra el derecho a protección de los datos personales, se consagró a nivel constitucional el derecho a la protección de datos personales, incorporándolo en el texto del artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República; condición que debe ser considerada al ponderar aquel derecho con la aplicación del derecho de acceso a la información pública. Esto cobra especial relevancia a efectos de elevar el estándar exigido para limitar o restringir el ejercicio de un derecho fundamental.

7) Que, de esta forma, al requerirse documentos que contienen datos personales, cuya comunicación de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 4 y 7 de la ley N° 19.628, sólo puede efectuarse cuando la ley lo autorice o el titular consienta expresamente en ello, circunstancias que no concurren en la especie. Además, se debe considerar que los recursos solicitados no formaron parte de procedimiento administrativo alguno, así como tampoco sirvieron fundamento a una resolución de la reclamada, pues aquellos se enmarcaron en un proceso de evaluación llevado a cabo por un órgano externo a "NIC Chile", como lo es, el Comité de Evaluación de Árbitros; y de los antecedentes tenidos a la vista, no se vislumbra la existencia de un interés público en que se divulguen aquellos pues dice relación con la evaluación de árbitros respecto de su actuación en controversias entre particulares. Por lo tanto, se rechazará el amparo por configurarse la causal de reserva o secreto contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en el artículo 19 N° 4 de Constitución Política de la República y en la ley N° 19.628.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Andrés Cuche Cartagena en contra de la Universidad de Chile, por configurarse la causal de reserva o secreto contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en el artículo 19 N° 4 de Constitución Política de la República y en la ley N° 19.628, en virtud de los fundamentos señalados precedentemente.

II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a don Andrés Cuche Cartagena, al Sr. Rector de la Universidad de Chile y a los terceros involucrados en el presente amparo.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y su Consejero don Bernardo Navarrete Yáñez. Se deja constancia que el Consejero don Francisco Leturia Infante, sin perjuicio de concurrir para formar quórum, en forma previa al conocimiento del presente caso, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el mismo, por estimar que podría concurrir a su respecto la causal establecida en el número 6 del artículo 62 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado y en el numeral 1° del acuerdo de este Consejo sobre tratamiento de los conflictos de intereses, adoptado en su sesión N° 101, de 9 de noviembre de 2009, es decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido, solicitud y voluntad que este Consejo acoge en su integridad.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.