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Juan Molina Cerda con MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL Rol: C6077-20

Consejo para la Transparencia, 26/01/2021

Se acoge el amparo deducido en contra de la Municipalidad de San Rafael, ordenándose la entrega de convenio suscrito con el Banco Estado que de cuenta del monto referido por la alcaldesa en el acta de sesión Ordinaria del Concejo Municipal N° 1 de 2016 -o en su defecto aclare y/o acredite si el convenio remitido con ocasión de su respuesta corresponde a aquel señalado por la alcaldesa en la referida acta-, e informe la fecha en que el monto consultado ingresó al municipio Lo anterior, por cuanto lo requerido se trata de información de naturaleza pública, respecto de lo cual el órgano requerido no respondió en los términos solicitados por la requirente y no esgrimió alguna causal de secreto o reserva que ponderar. En virtud del principio de divisibilidad, se deberán tarjar los datos personales de contexto que pudieren estar contenidos en la información cuya entrega se ordena, en conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre Protección de la Vida Privada.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Otros, especificar
Materia Presupuesto y Finanzas
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C6077-20

Entidad pública: Municipalidad de San Rafael

Requirente: Juan Molina Cerda

Ingreso Consejo: 25.09.2020

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra de la Municipalidad de San Rafael, ordenándose la entrega de convenio suscrito con el Banco Estado que de cuenta del monto referido por la alcaldesa en el acta de sesión Ordinaria del Concejo Municipal N° 1 de 2016 -o en su defecto aclare y/o acredite si el convenio remitido con ocasión de su respuesta corresponde a aquel señalado por la alcaldesa en la referida acta-, e informe la fecha en que el monto consultado ingresó al municipio

Lo anterior, por cuanto lo requerido se trata de información de naturaleza pública, respecto de lo cual el órgano requerido no respondió en los términos solicitados por la requirente y no esgrimió alguna causal de secreto o reserva que ponderar.

En virtud del principio de divisibilidad, se deberán tarjar los datos personales de contexto que pudieren estar contenidos en la información cuya entrega se ordena, en conformidad con lo dispuesto en la Ley sobre Protección de la Vida Privada.

En sesión ordinaria N° 1152 del Consejo Directivo, celebrada el 26 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C6077-20.

VISTOS:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 2 de agosto de 2020, don Juan Molina Cerda solicitó a la Municipalidad de San Rafael, la siguiente información:

"Con fecha 11 de enero del año 2016, se publicó mediante Acta de Sesión Ordinaria Concejo Municipal de San Rafael N° 01/2016, página 7 y 8 la siguiente aseveración emitida por la Alcaldesa de la Comuna ´porque los 20 millones que llegan son del Banco Estado y es un convenio´. Para mejor transparentar los dineros que ingresan a las arcas municipales, se agradecerá tener bien hacer llegar información relativa a esa materia, para lo cual se solicita: Tipo de documento, es decir, copia del convenio entre la corporación municipal y el Banco Estado, asimismo indicar las fechas que estos dineros han ingresado a la municipalidad, pues del tenor de la afirmación se desprende que a la fecha continua vigente".

2) PRÓRROGA DE PLAZO: Por medio de Ordinario N° 537 de fecha 31 de agosto de 2020, el órgano notificó a la parte solicitante la decisión de prorrogar el plazo de respuesta en 10 días hábiles, en los términos referidos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia.

3) RESPUESTA: Con fecha 14 de septiembre de 2020, mediante Ordinario N° 550, la municipalidad requerida respondió el requerimiento y adjuntó Convenio de Servicios Interadministrativos celebrado en junio de 2016 entre el municipio y el Banco del Estado, que se encuentra actualmente vigente. Asimismo, acompañó Decreto Exento N° 2594 que aprueba el convenio remitido.

4) AMPARO: El 25 de septiembre de 2020, don Juan Molina Cerda dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada.

El reclamante hizo presente que el organismo no dio respuesta a la solicitud, toda vez que en el Acta de sesión ordinaria N° 1 del año 2016 -que adjuntó al efecto-, la alcaldesa aseveró en el Concejo Municipal que tiene un convenio con el Banco Estado que le reporta la cantidad de $20.000.000, lo que no consta en ninguna parte del convenio remitido. Por lo anterior, solicitó aclarar la situación referida, toda vez que, tal como consta en el acta que adjuntó, proviene de una denuncia verbal realizada por un profesional de la comuna.

5) SISTEMA ANTICIPADO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (SARC): Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo y derivarlo a SARC, a fin de obtener por parte del órgano requerido la entrega de la información solicitada. Al respecto, mediante correo electrónico de fecha 16 de octubre de 2020, el órgano reclamado aceptó la propuesta de SARC. No obstante lo anterior, atendido que el órgano no cumplió con lo requerido dentro del plazo conferido, se tuvo por fracasado el SARC.

6) AUSENCIA DE DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de San Rafael, mediante Oficio N° E19971 de fecha 13 de noviembre de 2020 solicitándole que: (1°) señale si, a su juicio, la respuesta otorgada al reclamante satisface íntegramente su requerimiento de información; (2°) señale si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; y, (5°) en caso de no existir inconvenientes para la entrega de la información pedida, se solicita la remisión de la misma a la parte recurrente con copia a este Consejo, a fin de evaluar el cierre del presente caso a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC). Lo anterior, dando aplicación de lo dispuesto en la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, al numeral 4.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo y a la Recomendación de esta Corporación sobre Protección de Datos Personales por parte de los Órganos de la Administración del Estado.

No obstante lo anterior, a la fecha del presente acuerdo, no consta que el órgano hubiere presentado descargos u observaciones en esta sede.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el objeto del presente amparo, es la entrega de la información consignada en el numeral 1° de lo expositivo, sobre copia del convenio entre el municipio y el Banco Estado, junto a la indicación de las fechas en que el monto de $20.000.000, referido en el acta del concejo municipal que se indica, ingresó al municipio, respecto de lo cual, el órgano reclamado, con ocasión de su respuesta, adjuntó convenio de servicios interadministrativos celebrado con Banco Estado en el mes de junio de 2016, el cual se encuentra vigente.

2) Que, primeramente, cabe hacer presente que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, "se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento", además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público".

3) Que, en la especie, cabe hacer presente que en el Convenio de Servicios Interadministrativos celebrado con el Banco Estado, aprobado por Decreto Exento N° 2594 de fecha 21 de junio de 2016, que fuere remitido por la reclamada con ocasión de su respuesta, no obstante haberse acordado en el mismo que el banco prestará al municipio los servicios bancarios de apertura y mantención de cuentas corrientes bancarias, recepción de depósitos, pago de cheques, certificado de saldos, entre otros señalados en las clausulas tercera y cuarta, no constan en el mismo, referencias al saldo que fuere señalado por la alcaldesa en el acta de la sesión del concejo municipal que motivó el requerimiento de información, no habiéndose aclarado, a su vez, por parte del municipio, dada la ausencia de descargos en esta sede, sobre si fue en base al convenio remitido que el municipio recepcionó dicho monto. Sumado a lo anterior, cabe señalar que la municipalidad de San Rafael no se pronunció en su respuesta respecto a la fecha en que el monto referido por la alcaldesa en el acta de sesión del concejo municipal N° 1 de 2016, ingresó a la municipalidad.

4) Que, en virtud de lo anterior, habiéndose constatado por esta Corporación que la respuesta entregada por la municipalidad recurrida no permite satisfacer el requerimiento de información en atención a los términos en que fuere planteado, y dada la ausencia de descargos del organismo en esta sede, tratándose además lo solicitado, de información de naturaleza pública, vinculada a un convenio suscrito entre organismos de la administración del Estado, así como del destino de recursos públicos, sobre lo cual, no se advierte la concurrencia de causales de secreto o reserva que justifiquen la denegación de lo solicitado, se acogerá el presente amparo, ordenándose al organismo reclamado la entrega del Convenio suscrito con el Banco Estado que de cuenta del monto referido por la alcaldesa en el acta de sesión Ordinaria del Concejo Municipal N° 1 de 2016 -o en su defecto aclare y/o acredite si el convenio remitido con ocasión de su respuesta corresponde a aquel señalado por la alcaldesa en la referida acta-, e informe la fecha en que el monto consultado ingresó al municipio.

5) Que, en virtud del principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia, en forma previa a la entrega de la información, el órgano reclamado deberá tarjar aquellos datos personales de contexto, como por ejemplo, la cédula de identidad, el domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros, que pudieren estar contenidos en la información cuya entrega se ordena. Asimismo, el órgano reclamado deberá tarjar los datos sensibles detallados en la información consultada. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), y 4° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia. No obstante lo anterior, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen.

6) Que, por último, resulta necesario hacer presente al órgano reclamado que la circunstancia de no evacuar descargos constituye una falta de colaboración que entorpece y dilata el procedimiento de acceso a la información pública. Por lo anterior, se le recomienda que en lo sucesivo adopte las medidas administrativas necesarias a fin de evitar la reiteración de las circunstancias ya descritas.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Juan Molina Cerda, en contra de la Municipalidad de San Rafael, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de San Rafael, lo siguiente;

a) Entregue al reclamante la información solicitada en el numeral 1° de lo expositivo, sobre convenio suscrito con el Banco Estado que de cuenta del monto referido por la alcaldesa en el acta de sesión Ordinaria del Concejo Municipal N° 1 de 2016 -o en su defecto aclare y/o acredite si el convenio remitido con ocasión de su respuesta corresponde a aquel señalado por la alcaldesa en la referida acta-, e informe la fecha en que el monto consultado ingresó al municipio, en la forma señalada en el considerando 5° del presente acuerdo.

No obstante lo anterior, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Juan Molina Cerda; y a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de San Rafael.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yañez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.