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Macarena Rodríguez Atero con POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE Rol: C7180-20

Consejo para la Transparencia, 02/02/2021

Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, ordenándose la entrega del número de personas que registra una última salida del país, sin que hasta la fecha hayan regresado, así como el año de la respectiva salida del territorio nacional, en conformidad a documento adjunto remitido. Lo anterior, por tratarse de información puramente numérica, estadística y anonimizada, relativa a la Administración del Estado, la cual no permite identificar a personas determinadas, ni devela información migratoria de carácter personal. Asimismo, se desestimó la configuración de la causal de reserva de distracción indebida de las funciones del órgano reclamado.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Conformidad objetiva

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C7180-20

Entidad pública: Policía de Investigaciones de Chile

Requirente: Macarena Rodríguez Atero

Ingreso Consejo: 05.11.2020

RESUMEN

Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, ordenándose la entrega del número de personas que registra una última salida del país, sin que hasta la fecha hayan regresado, así como el año de la respectiva salida del territorio nacional, en conformidad a documento adjunto remitido.

Lo anterior, por tratarse de información puramente numérica, estadística y anonimizada, relativa a la Administración del Estado, la cual no permite identificar a personas determinadas, ni devela información migratoria de carácter personal. Asimismo, se desestimó la configuración de la causal de reserva de distracción indebida de las funciones del órgano reclamado.

En sesión ordinaria N° 1154 del Consejo Directivo, celebrada el 2 de febrero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C7180-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 16 de octubre de 2020, doña Macarena Rodríguez Atero solicitó a la Policía de Investigaciones de Chile la siguiente información: «Con respecto a nómina que se adjunta, se indique el número de personas que registra una última salida del país y sin que hasta la fecha hayan regresado, así como el año de tal salida del territorio nacional».

2) RESPUESTA: Mediante presentación, de fecha 28 de octubre de 2020, la Policía de Investigaciones de Chile respondió a dicho requerimiento de información, en los siguientes términos:

2.1) Reseñó que para para acceder la información solicitada, es necesario obtener un "Certificado de Viajes", que es el documento que registra los movimientos migratorios de una persona, el cual se debe solicitar a la Jefatura Nacional de Migraciones y Policía Internacional, o en los respectivos Departamentos de Migraciones en regiones, el cual tiene el valor que se indica.

2.2) Sobre lo anterior, agregó que el "Certificado de Viajes", sólo puede ser solicitado por el titular del dato personal, o bien por un tercero, siempre que acredite estar facultado para ello, toda vez que dicha información migratoria corresponde a un dato personal al amparo de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada. Por último, ilustró la forma de obtener el certificado referido.

3) AMPARO: El 5 de noviembre de 2020, doña Macarena Rodríguez Atero dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información. Sobre lo anterior, clarificó que la solicitud de acceso a la información no se circunscribe a datos personales, pues sólo se solicita indicar el número total de personas que se encuentran en la situación descrita -salida del país sin regreso- y las fechas de las salidas -sin que esas fechas deba asociarse u una persona determinada-.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, mediante Oficio N° E20045, de fecha 18 de noviembre de 2020, solicitándole que: teniendo en consideración que lo requerido es un dato estadístico, esto es, el número de personas que registra salida del país, se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información requerida y cómo la entrega de esta, podría afectar los derechos de terceros.

Mediante presentación, de fecha 26 de noviembre, el órgano reclamado evacuó sus descargos y observaciones, señalando que la solicitud de especie no se condice con su reclamo, pues la peticionaria acompañó una nómina -en formato Excel--, con individualización personal con los respectivos números de cédula de identidad de 1.852 personas, de las cuales se solicitó que se indicara cuántas de ellas registraban una salida del país sin retorno a la fecha, como el año de la respectiva salida.

Sobre lo anterior, indicó que la información sobre el movimiento migratorio se registra en el "Certificado de Viajes", el cual corresponde a un documento normado que emite el Servicio y sólo puede ser solicitado por su titular o tercero con poder, al amparo de lo dispuesto en la Ley sobre Protección de la Vida Privada. Al respecto, hizo presente que, a fin de dar respuesta al requirente, se debe cotejar cada uno de los movimientos migratorios que registran las 1.852 personas individualizadas en el documento adjunto a la petición en análisis, agrupando aquellas que registren salida sin retorno a la fecha y el año de la respectiva salida, cuestión que no realiza el Servicio, ya que no corresponden a datos de interés estadístico, existiendo para dicho efecto el singularizado Certificado.

Por tal motivo, solicitó el rechazo del presente amparo, toda vez que si bien es cierto -en general- puede corresponder a un dato estadístico, para obtenerlo se debe cotejar la información personal de 1.852 personas, consignada en el Certificado de Viaje de cada persona, que sólo puede ser solicitado por su titular o por un tercero con poder para ello.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la denegación de los antecedentes consultados por la peticionaria, referidos a la entrega de información sobre el número de personas que registra una última salida del país sin retorno y el año de la respectiva salida, en conformidad a nómina que acompaña. Al respecto, el órgano recurrido denegó su entrega, toda vez que los movimientos migratorios de una persona se registran en el "Certificado de Viajes", el cual corresponde a un documento emitido por el Servicio, que sólo puede ser solicitado por su titular o tercero con poder, al amparo de lo dispuesto en la Ley sobre Protección de la Vida Privada. Sobre este punto, complementó que, a fin de dar respuesta al requirente, se debe cotejar cada uno de los movimientos migratorios que registran las 1.852 personas individualizadas en el documento adjunto a la petición en análisis, agrupando aquellas que registren salida sin retorno a la fecha y el año de la respectiva salida.

2) Que, primeramente, en cuanto a la publicidad de los antecedentes consultados, es menester tener presente que, éstos son de naturaleza pública, por tratarse de información puramente numérica, estadística y anonimizada, relativa a la Administración del Estado, la cual no permite identificar a personas determinadas, ni devela información migratoria de carácter personal. Al efecto, se trata de antecedentes que no están asociados a un titular identificado o identificable, en conformidad de lo establecido en el artículo 2° letra e) de la Ley sobre Protección de la Vida Privada. En tal sentido, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, dispone que: «Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen» (énfasis agregado).

3) Que, acto seguido, en cuanto a las alegaciones esgrimidas por el organismo, en orden a que atender el requerimiento implica cotejar cada uno de los movimientos migratorios que registran las 1.852 personas individualizadas, agrupando aquellas que registren salida sin retorno a la fecha y el año de la respectiva salida, a juicio de este Consejo dichos fundamentos no resultan suficientes para acreditar el supuesto establecido en el artículo 21° N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, esto es, la distracción indebida de sus funcionarios (énfasis agregado).

4) Que, sobre lo anterior, cabe tener presente que dicha causal permite reservar aquella información referida a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. En tal sentido, el artículo 7° numeral 1° letra c) del Reglamento de la citada ley precisa, que se distrae a los funcionarios de sus funciones cuando la satisfacción de un requerimiento requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales.

5) Que, respecto de la interpretación de la causal en comento, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que: «la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado». Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras circunstancias.

6) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que «la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones..., mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales» (énfasis agregado).

7) Que, de acuerdo a lo anterior, esta Corporación debe analizar la naturaleza, origen y volumen de la información requerida. En este sentido, analizadas las alegaciones del órgano se advierte que sus fundamentos no resultan suficientes para acreditar el supuesto establecido en el artículo 21° N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. Al respecto el organismo no especificó la medida de tiempo que comprende la satisfacción de la solicitud de información, la que puede referirse a días, semanas, meses o años, ni el número de horas-hombre destinadas especialmente para la recopilación, tratamiento y entrega de la información estadística peticionada. Sobre lo anterior, es menester tener presente que, por cada requerimiento de acceso a la información se cuenta con 20 días hábiles para ser satisfechas. Asimismo, esta Corporación advierte que dicha información se encuentra tabulada en un sistema que opera de manera computarizada, con información global y sistematizada, circunstancia que evidentemente facilita su recopilación, sistematización y respuesta. Por tal motivo, esta Corporación estima que, el volumen de información cuantificado por el órgano que es necesaria revisar -información migratoria de 1.852 personas -no revisten de una entidad tal que permitan dar por configurada la causal de distracción indebida implícitamente esgrimida por el organismo recurrido.

8) Que, en virtud de lo expuesto precedentemente; advirtiéndose que los antecedentes consultados son de naturaleza pública, específicamente de información puramente estadística y anonimizada; y, resultando insuficientes las alegaciones efectuadas por el órgano reclamado para tener por configurada la concurrencia de la causal de reserva de distracción indebida, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, y conjuntamente con ello, ordenará la entrega de la información estadística peticionada.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por doña Macarena Rodríguez Atero, en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, lo siguiente;

a) Entregue a la peticionaria copia de la información sobre el número de personas que registra una última salida del país, sin que hasta la fecha hayan regresado, así como el año de tal salida del territorio nacional, en conformidad a documento adjunto remitido.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Macarena Rodríguez Atero; y, al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.