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Cristian Concha Zapata con SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN ESCOLAR Rol: C7733-20

Consejo para la Transparencia, 26/01/2021

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Superintendencia de Educación, referido a la entrega del recurso de reclamación interpuesto por el sostenedor del colegio sancionado que se indica y la resolución que se pronuncia sobre este. Lo anterior, por cuanto, tratándose de un proceso sancionatorio en trámite, con respecto del cual, aún no se ha adoptado la decisión de acoger o rechazar el recurso de reclamación, la divulgación de lo solicitado, en forma previa a la adopción de la decisión, afecta el debido cumplimiento de las funciones del órgano, al interferir en una decisión que se encuentra dentro del ámbito de su competencia, como es mantener, modificar o dejar sin efecto la sanción aplicada en conformidad al procedimiento establecido en el Título III, Párrafo 5°, artículos 66 y siguientes, de la Ley N°20.529, de 2011, del Ministerio de Educación Aplica precedentes contenidos en las decisiones Roles A12-09, A47-09, A79-09, C248-10, C67-12, C273-13, C295-14 y C385-15, C6975-19, C1046-20, C2283-20 y C2683-20. Se recomienda al órgano reclamado la entrega de los antecedentes consultados, una vez que se notifique la decisión que resuelva el recurso de reclamación interpuesto por el sostenedor del establecimiento educacional que se indica.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C7733-20

Entidad pública: Superintendencia de Educación

 

Requirente: Cristian Concha Zapata

 

Ingreso Consejo: 25.11.2020

 

RESUMEN

 

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Superintendencia de Educación, referido a la entrega del recurso de reclamación interpuesto por el sostenedor del colegio sancionado que se indica y la resolución que se pronuncia sobre este.

Lo anterior, por cuanto, tratándose de un proceso sancionatorio en trámite, con respecto del cual, aún no se ha adoptado la decisión de acoger o rechazar el recurso de reclamación, la divulgación de lo solicitado, en forma previa a la adopción de la decisión, afecta el debido cumplimiento de las funciones del órgano, al interferir en una decisión que se encuentra dentro del ámbito de su competencia, como es mantener, modificar o dejar sin efecto la sanción aplicada en conformidad al procedimiento establecido en el Título III, Párrafo 5°, artículos 66 y siguientes, de la Ley N°20.529, de 2011, del Ministerio de Educación

Aplica precedentes contenidos en las decisiones Roles A12-09, A47-09, A79-09, C248-10, C67-12, C273-13, C295-14 y C385-15, C6975-19, C1046-20, C2283-20 y C2683-20. 

Se recomienda al órgano reclamado la entrega de los antecedentes consultados, una vez que se notifique la decisión que resuelva el recurso de reclamación interpuesto por el sostenedor del establecimiento educacional que se indica.

 

En sesión ordinaria N° 1152 del Consejo Directivo, celebrada el 26 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C7733-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 5 de noviembre de 2020, don Cristian Concha Zapata solicitó a la Superintendencia de Educación la siguiente información:

« Sobre proceso administrativo por contravención a la normativa educacional, sanciona y ordena notificación, con fecha 07 de septiembre de 2020, a sostenedora del establecimiento educacional colegio Concepción, R.B-D. N° 12015, comuna de Los Ángeles, solicito copia Recurso de Reclamación por parte del colegio individualizado y copia Resolución final por parte de la Superintendencia de Educación región del Biobío (ante recurso de reclamación)». (sic)

2) RESPUESTA: Mediante resolución exenta N° 0659, de fecha 24 de noviembre de 2020, la Superintendencia de Educación respondió a dicho requerimiento de información, denegando los antecedentes consultados, en virtud de la causal de reserva consagrada en el artículo 21° N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia.

Al respecto, hizo presente que, con fecha 20 de octubre de 2020, el sostenedor del establecimiento educacional Colegio Concepción, RBD N° 12015, presentó un recurso de reclamación contemplado en el artículo 84 de la Ley N° 20.529, de 2011, del Ministerio de Educación, en contra de la Resolución Exenta N° 00233, de fecha 7 de septiembre de 2020, de la Superintendencia de Educación, el que a la fecha de la solicitud de acceso a la información, se encuentre pendiente de resolución por el órgano recurrido. Por consiguiente, señala la Superintendencia de Educación, encontrándose un recurso de reclamación pendiente de resolución, es aplicable la causal de reserva contemplada en el artículo 21, N° 1, literal b), de la Ley de Transparencia, ya que el recurso de reclamación pendiente de resolución versa sobre antecedentes previos a la adopción de una decisión por el órgano recurrido, cuyo conocimiento por terceros ajenos al procedimiento de resolución del recurso, pueden generar presiones e intervenciones de los mismos en el proceso, afectando con ello en la debida resolución del recurso y, asimismo, podría impactar en la ponderación objetiva de los hechos y el derecho que debe realizar, cuestión que afectaría la decisión imparcial del procedimiento imparcial.

En virtud de lo anterior, el órgano recurrido no es posible entregar copia de la resolución final del recurso de reclamación interpuesto por el sostenedor antes aludido, ya que a la fecha de la solicitud de acceso a la información la resolución final es inexistente.

Cita en apoyo de sus fundamentos la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, sentencia de inaplicabilidad STC rol N° 2997-2016-INA, de 13 de junio de 2017; las decisiones de este Consejo recaídas en los amparos roles C884-13, de 13 de diciembre de 2013, y C2283-20, de 20 de agosto de 2020.

Por último, señaló al recurrente que presentará nuevamente su solicitud de acceso a la información cuando la decisión que resuelva el recurso de reclamación presentado por el mencionado sostenedor se encuentre firme y ejecutoriado en sede administrativa.

Por lo expuesto precedentemente, el órgano reclamado expuso que, no es posible acceder a la entrega de los antecedentes requeridos a terceros ajenos al procedimiento, debido a que versan sobre antecedentes previos a la adopción de una resolución, cuya divulgación puede afectar la debida resolución del recurso de reclamación en comento.

3) AMPARO: El 25 de noviembre de 2020, don Cristian Concha Zapata dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la denegación de los antecedentes consultados.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Superintendente de Educación, mediante Oficio N° E20947, de fecha 12 de diciembre de 2020 solicitándole que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) señale cómo la entrega de la información reclamada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa, precisando, en qué medida lo solicitado serviría de antecedente para la adopción de una resolución o política futura, detallando las implicancias de dicha medida, y explicitando las características particulares de lo solicitado que, a juicio del órgano que usted representa, justificaría que su comunicación vulnera el correcto cumplimiento de los objetivos de la resolución o política en curso, identificando en forma precisa los efectos que produciría su publicidad o comunicación; (3°) informe detalladamente el estado actual del proceso de decisión de la medida, resolución o política, sobre el que recae la información denegada y fecha aproximada del término del mismo.

Mediante Oficio ORD. 10DJ N° 1611, de fecha 28 de diciembre de 2020, el órgano reclamado presentó sus descargos y observaciones, reiterando lo expuesto en su respuesta.

En cuanto al numeral 1°) del citado Oficio N° E20947, reiteró que concurría la causal de reserva contenida en el artículo 21 N° 1, letra b), de la ley de transparencia, por estar pendiente un proceso administrativo en curso, al no estar resuelto el recurso de reclamación presentado por el sostenedor ya individualizado.

Respecto del numeral 2°) del aludido Oficio N° E20947, manifestó que el que un tercero conociere el recurso de reclamación, cuya resolución está pendiente a la fecha de la solicitud de acceso a la información, afectaría el debió cumplimiento de las funciones del órgano recurrido, mandatadas por el artículo 84 de la Ley N° 20.259, del Ministerio de Educación, en que se obliga al Superintendente de Educación, a resolver los recursos de reclamación que se interpongan en contra de las resoluciones de los Directores Regionales de Educación, que apliquen cualquiera de las sanciones contempladas en el artículo 73 del mismo cuerpo legal.

A mayor abundamiento, señaló el órgano recurrido, hace presente que, a la fecha en que se denegó la solicitud de acceso a la información en comento, no existía todavía una decisión y resolución final respecto del recurso de reclamación aludido en contra de la resolución que resolvió el procedimiento administrativo en primera instancia por su parte, por lo que resultaba materialmente imposible hacerle entrega de la misma por parte de la Superintendencia de Educación

Con relación al numeral 3° del Oficio N° E20947, el órgano recurrido argumento que el aludido recurso de reclamación aun no se resuelve en sede administrativa, por lo que no resulta posible todavía entregarle copia del este al recurrente. En lo concerniente a la fecha aproximada de término del mismo, señaló que debe hacer presente que los recursos de reclamación presentados se resuelven por la Dirección Nacional de la Superintendencia de Educación, según orden de ingreso, por lo que no es posible indicar una fecha exacta de su resolución, salvo la señalada en el artículo 86 de la citada Ley N° 20.259, que indica que todo proceso que inicie la Superintendencia deberá concluir en un plazo que no exceda de dos años.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo de acceso a la información se funda en la denegación de los antecedentes consultados por el peticionario, a saber:

a) Recurso de reclamación interpuesto por el sostenedor del establecimiento educacional Colegio Concepción, RBD N° 12015, contemplado en el artículo 84 de la Ley N° 20.529, de 2011, del Ministerio de Educación, en contra de la Resolución Exenta N° 00233, de fecha 7 de septiembre de 2020, de la Superintendencia de Educación

b) Resolución emitida por la Dirección Nacional de la Superintendencia de Educación que resuelve el recurso de reclamación antes individualizado.

2) Que, el inciso 2° del artículo 8° de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional".

Por otra parte, según lo dispuesto en los artículos 5° inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales. De este modo, es pública la información que consta en el aludido Registro de Vehículos que confecciona y administra el órgano recurrido.

3) Que, sobre la materia, el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, dispone que se podrá denegar el acceso a la información «tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas». A su vez, el artículo 7° N° 1, letra b), del Reglamento de la Ley de Transparencia, señala que «se entiende por antecedentes todos aquellos que informan la adopción de una resolución, medida o política, y por deliberaciones, las consideraciones formuladas para la adopción de las mismas, que consten, entre otros, en discusiones, informes, minutas u oficios». Según la jurisprudencia de este Consejo -contenida, entre otras, en sus decisiones recaídas en los amparos Roles A12- 09, A47-09, A79-09, C248-10, C67-12, C2283-20 y C2683-20 para configurar la causal de reserva indicada, se requiere la concurrencia de dos requisitos copulativos, a saber: a) que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política; y, b) que la publicidad, conocimiento o divulgación de dicha información afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano.

4) Que, en cuanto a la verificación del primer requisito, este Consejo ha sostenido que debe existir un vínculo preciso de causalidad entre el antecedente o deliberación previa y la resolución, debiendo dicho vínculo ser claro y evidente. En tal sentido, en la decisión recaída en el amparo Rol A79-09 se estableció que: «ésta también supone que exista certidumbre de la adopción de la resolución, medida o política dentro de un plazo prudencial, incluso si la decisión consistiese, al final, en no hacer nada. No entenderlo así llevaría a que los fundamentos de la decisión fuesen indefinidamente reservados, lo que pugna con el sentido de la Ley de Transparencia y los principios de su artículo 11. En otras palabras, la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 1 letra b) no puede quedar sometida a una condición meramente potestativa, esto es, no puede depender de la mera voluntad o discrecionalidad del órgano requerido».

5) Que, respecto del primero de los requisitos señalados, del análisis de los antecedentes y documentos acompañados a este proceso, se advierte que, tal como lo señalare la reclamada, el recurso de reclamación solicitado por el recurrente se interpuso en el contexto de un procedimiento sancionatorio iniciado en contra del sostenedor del establecimiento educacional Colegio Concepción, RBD N° 12015, específicamente, en contra de la Resolución Exenta N° 00233, de fecha 7 de septiembre de 2020, de la Superintendencia de Educación, que aplicó una sanción, todo en conformidad a lo dispuesto en el Título III, Párrafo 5°, artículos 66 y siguientes, de la Ley N° 20.529, de 2011, del Ministerio de Educación. Este recurso de reclamación, según lo dispuesto en el artículo 84 del citado cuerpo legal, debe ser resuelto por el Superintendente de Educación, dentro del plazo de 15 días, contados desde la notificación de la resolución que se impugna, encontrándose pendiente la resolución de este de acuerdo con lo informado por el órgano recurrido. Por lo anterior, se cumple el primero de los requisitos, en tanto el referido recurso de reclamación corresponde a un antecedente previo a la adopción de una decisión por parte de la autoridad reclamada.

6) Que, en cuanto al segundo requisito, del análisis del marco normativo aplicable, este Consejo estima que, los antecedentes objeto del requerimiento de información pertenecen a un procedimiento sancionatorio en curso y no afinado, en consecuencia, su divulgación afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano. Al efecto, la ley N° 20.529, que fija el sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación parvularia, básica y media, y su fiscalización, establece en su artículo 66 que: «Si se detectaren infracciones que pudieren significar contravención a la normativa educacional, el Director Regional competente, mediante resolución fundada, ordenará la instrucción de un procedimiento y designará un fiscal instructor encargado de su tramitación, de formular cargos, de investigar los hechos, solicitar informes, ponderar las pruebas y disponer toda otra diligencia que dé curso al procedimiento. ». Con relación a lo anterior, el artículo 84 de la presente ley preceptúa que: «En contra de la resolución del Director Regional que aplique cualquiera de las sanciones señaladas en el artículo 73, podrá reclamarse ante el Superintendente de Educación dentro del plazo de 15 días, contados desde la notificación de la resolución que se impugna. ».

7) Que, establecido lo anterior, tratándose de un proceso sancionatorio en su última etapa de tramitación en sede administrativa, respecto del cual aún no resuelve el recurso de reclamación presentado por el sostenedor del colegio antes mencionado, la divulgación de lo solicitado, en forma previa a la adopción de la respectiva decisión que resuelva dicho recurso, afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano, al interferir en una decisión que se encuentra dentro del ámbito de la competencia del órgano, como es decidir sobre la sanción aplicada al citado sostenedor y asimismo, respecto a un procedimiento sancionatorio en curso. En efecto, mientras no se haya adoptado la decisión, la divulgación de los antecedentes que están siendo analizados por el Superintendente de Educación, importa entorpecer la deliberación interna, objetiva e imparcial que debe desarrollar el Jefe Superior de la aludida Superintendencia, lo cual debilita la función sancionatoria de la reclamada. Por lo anterior, se configura de esta forma la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia. En este mismo sentido se pronunció el Consejo en los amparos Roles C273-13, C295-14 y C385-15, C1046-20, C2283-20, C2283-20 y C2683-20.

8) Que, en virtud de lo razonado precedentemente, estimándose la configuración en la especie de la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 1, letra b) de la Ley de Transparencia, por cuanto el órgano reclamado aún no ha adoptado la decisión de acoger o rechazar, total o parcialmente, el recurso de reclamación interpuesto en el proceso sancionatorio antes aludido que está en actual tramitación, este Consejo procederá a rechazar el presente amparo, denegándose la entrega de los antecedentes consultados. Sin perjuicio de tener presente que, conforme a lo anterior, la decisión que resuelve dicho recurso no ha sido dictada, por lo que no existe.

9) Que, no obstante lo antes resuelto, este Consejo recomendará a la reclamada que entregue al peticionaria la información solicitada, una vez que se notifique la decisión que resuelva el recurso de reclamación interpuesto por el sostenedor del establecimiento educacional Colegio Concepción, RBD N° 12015, en contra de la Resolución Exenta N° 00233, de fecha 7 de septiembre de 2020, de la Superintendencia de Educación. Lo anterior, en virtud del principio de facilitación, previsto en la letra f) del artículo 11° de la Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Cristian Concha Zapata, en contra de la Superintendencia de Educación, por concurrir la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia.

II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Cristian Concha Zapata; y al Sr. Superintendente de Educación.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante, doña Natalia González Bañados y don Bernardo Navarrete Yañez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.