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Luciano Jiménez con Rol: C6810-20

Consejo para la Transparencia, 26/01/2021

Se acoge el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Salud Pública, ordenando entregar al reclamante copia del convenio sobre manejo de datos suscrito por el organismo con la empresa Amazon. Lo anterior, por tratarse de información pública, respecto de la cual el organismo, por una parte, no acreditó fehacientemente la configuración de la causal de reserva de afectación al privilegio deliberativo invocada y, por la otra, la alegación de falta de validación de la información requerida resulta insuficiente para justificar su denegación, por cuanto tal restricción, por su sola concurrencia, no convierte en reservada la información. Aplica criterio de las decisiones de amparos roles C544-13, C1202-13, y C1422-14, entre otras.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C6810-20

Entidad pública: Subsecretaría de Salud Pública

Requirente: Luciano Jiménez

Ingreso Consejo: 23.10.2020

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Salud Pública, ordenando entregar al reclamante copia del convenio sobre manejo de datos suscrito por el organismo con la empresa Amazon.

Lo anterior, por tratarse de información pública, respecto de la cual el organismo, por una parte, no acreditó fehacientemente la configuración de la causal de reserva de afectación al privilegio deliberativo invocada y, por la otra, la alegación de falta de validación de la información requerida resulta insuficiente para justificar su denegación, por cuanto tal restricción, por su sola concurrencia, no convierte en reservada la información.

Aplica criterio de las decisiones de amparos roles C544-13, C1202-13, y C1422-14, entre otras.

En sesión ordinaria N° 1152 del Consejo Directivo, celebrada el 26 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C6810-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 1° de julio de 2020, don Luciano Jiménez solicitó a la Subsecretaría de Salud Pública, la siguiente información: "Copia digital y enviada a mi correo electrónico del contrato suscrito entre el Ministerio de Salud de Chile y Amazon, por el concepto del uso de esta plataforma para la distribución de datos, según anunció el 1 de julio la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza. Quiero que se me envíe el contrato en su forma íntegra, y quiero saber además la cantidad de dinero (en pesos chilenos) que involucra el uso de Amazon para el Estado chileno, por este uso".

2) RESPUESTA: El 22 de octubre de 2020, la Subsecretaría de Salud Pública respondió a dicho requerimiento de información indicando, en resumen, que se deniega su entrega conforme artículo 21 N° 1 letra b), de la Ley de Transparencia "puesto que el contrato aún se encuentra en proceso de validación y reajuste para adaptarse de mejor manera a lo requerido por este Órgano público en torno al perfeccionamiento del manejo de datos, cuya divulgación podría afectar la adopción de políticas públicas".

Acto seguido señala que "debido a lo expuesto, nos encontramos frente a información que es previa a la adopción de una política pública de distribución de datos, que está siendo llevada a cabo por la Subsecretaría de Salud Pública, proceso que aún no se encuentra concluido y que impacta directamente en las funciones otorgadas a esta Subsecretaría, señaladas en el artículo 9° inciso 1° del D.F.l-1 que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto ley N° 2763, de 1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469 sobre Ministerio de Salud, en especial al mandato relativo a la "administración y servicio interno del Ministerio de Salud y las materias relativas a la promoción de la salud, vigilancia, prevención y control de enfermedades que afectan a poblaciones o grupos de personas".

3) AMPARO: El 23 de octubre de 2020, dona Luciano Jiménez dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que recibió respuesta negativa a su solicitud. Agregó todos los convenios entre los órganos del Estado y entidades privadas debieran ser públicos e incluso publicados por transparencia activa.

4) AUSENCIA DE DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Subsecretaria de Salud Pública, mediante Oficio E19323, de 6 de noviembre de 2020, solicitando que: (1°) señale las razones por las cuales la solicitud de información no habría sido atendida oportunamente, toda vez que la respuesta se habría notificado una vez vencidos los plazos prorrogados; (2°) se refiera, específicamente, a las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (3°) señale cómo la entrega de la información reclamada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa, precisando, en qué medida lo solicitado serviría de antecedente para la adopción de una resolución o política futura; detallando las implicancias de dicha medida, y explicitando las características particulares de lo solicitado que, a juicio del órgano que usted representa, justificaría que su comunicación vulnera el correcto cumplimiento de los objetivos de la resolución o política en curso, identificando en forma precisa los efectos que produciría su publicidad o comunicación; (4°) informe detalladamente el estado actual del proceso de decisión de la medida, resolución o política, sobre el que recae la información denegada y fecha aproximada del término del mismo; (5°) remita copia íntegra del convenio requerido, a fin de ponderar la concurrencia de la causal de reserva. Hago presente a usted que, de acuerdo al artículo 26 de la Ley de Transparencia y mientras no se adopte la decisión definitiva, el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia mantendrá el debido resguardo de los antecedentes que le sean remitidos. Asimismo, si la decisión final del Consejo declara que la información es secreta o reservada tendrán este carácter los escritos, documentos y actuaciones que hayan servido de base para su pronunciamiento; (6°) señale si la información requerida, a su juicio, afectaba derechos de terceros y, en la afirmativa, si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (7°) de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y en la afirmativa acompañe a este Consejo todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a los terceros, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y los antecedentes que den cuenta de la fecha en que ésta se presentó ante el órgano que usted representa; y, (8°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros involucrados, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento.

A la fecha del presente acuerdo, no consta que el órgano reclamado haya presentado sus descargos en esta sede.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa entregada por la Subsecretaría de Salud Pública a la solicitud del reclamante relativa a acceder a copia del convenio suscrito por el organismo con la empresa Amazon, sobre manejo de datos. Por su parte, el organismo justificó la denegación en la concurrencia de la causal de privilegio deliberativo reconocida en el 21 N° 1, letra b) de la Ley de Transparencia, por tratarse de un contrato que a dicha época se encontraba "en proceso de validación y reajuste".

2) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales.

3) Que, respecto de la hipótesis de reserva consagrada en el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia invocada por el órgano, ésta permite denegar la información que se solicite cuando su divulgación afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, particularmente tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas. Además, según lo previsto en el artículo 7 N° 1, letra b), del Reglamento de la Ley de Transparencia, se entiende por antecedentes todos aquellos que informan la adopción de una resolución, medida o política, y por deliberaciones, las consideraciones formuladas para la adopción de las mismas, que consten, entre otros, en discusiones, informes, minutas u oficios.

4) Que, así, según lo razonado sostenidamente por este Consejo, en las decisiones de los amparos rol C12-09, C79-09 y C3014-15, entre otros, para que se configure la causal de reserva en comento, se requiere la concurrencia de dos requisitos copulativos: a) que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política, y b) que la publicidad, conocimiento o divulgación de dicha información afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano. Asimismo, respecto del primer requisito, debe existir, además, un vínculo preciso de causalidad entre el antecedente o deliberación previa y la resolución, debiendo dicho vínculo ser claro y evidente. En tal sentido, la aplicación de la causal supone que exista certidumbre de la adopción de la resolución, medida o política dentro de un plazo prudencial, incluso si la decisión consistiese, al final, en no hacer nada.

5) Que, en lo atingente a los requisitos enunciados, el organismo se ha limitado a señalar que el convenio requerido constituiría un documento que previo "a la adopción de una política pública de distribución de datos, que está siendo llevada a cabo por la Subsecretaría de Salud Pública, proceso que aún no se encuentra concluido", no obstante, de los antecedentes del expediente, no es claro ni manifiesto cómo se produce el vínculo de causalidad entre el antecedente pedido y la política pública a adoptar. Por su parte, en relación a la exigencia de afectación a las funciones del órgano, éste tampoco a acreditado sustantivamente cómo es que aquella se produciría. Al efecto, conviene señalar que el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo que no se presume, sino que debe ser acreditado por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad. Estándar que, en la especie, no concurre.

6) Que, en tal orden de ideas, respecto a lo señalado por el órgano relativo a que el documento pedido estaría en "proceso de validación y reajuste para adaptarse de mejor manera a lo requerido por este Órgano público en torno al perfeccionamiento del manejo de datos", cabe señalar que respecto de la falta de validación de la información requerida, éste Consejo ya se ha pronunciado reiteradamente respecto de dicha alegación, en las decisiones de amparo roles C544-13, C1202-13, y C1422-14, entre otras, indicando que esa circunstancia no puede constituir un motivo plausible para denegar lo solicitado, por cuanto tal restricción, por su sola concurrencia, no convierte en reservada la información que se ha pedido. En este sentido, si la información solicitada se encuentra en proceso de validación, procedería que este órgano, al momento de hacer entrega de esta, si lo estima necesario o conveniente, advierta al requirente de la falta de validez. A mayor abundamiento, resulta pertinente traer a la vista lo razonado por esta Corporación en la decisión Rol C1422-12, en orden a que "el derecho de acceso a la información pública consagrado en la Ley de Transparencia se extiende, en un sentido general, tanto a la documentación oficial como a la no oficial, que obre en poder de la Administración del Estado, toda vez que dicho cuerpo legal no la limita a la puramente oficial, no contemplando, por ende, dicha diferenciación. En efecto, la fórmula de publicidad que contempla el artículo 5° de la Ley de Transparencia no sólo comprende los actos o resoluciones de los órganos del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo o esencial y los procedimientos que se utilicen para su dictación, sino también se extiende, en conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo de la norma, a "...la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento (...)", a menos que concurran las excepciones legales" (Énfasis agregado).

7) Que, en consecuencia, atendido que la Subsecretaría de Salud, por una parte, no acreditó fehacientemente la configuración de la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra b) de la Ley de Transparencia y, por la otra, la alegación de falta de validación de la información requerida resulta insuficiente para justificar su denegación conforme a los criterios de este Consejo, se acogerá el presente amparo y se ordenará la entrega de la información reclamada, pudiendo advertir al momento de su entrega la falta de validez. Con todo, el órgano reclamado deberá tarjar aquellos datos personales de contexto incorporados en la documentación requerida, por ejemplo, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628 Lo anterior se dispone en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Luciano Jiménez en contra de la Subsecretaría de Salud Pública, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir a la Sra. Subsecretaria de Salud Pública, lo siguiente

a) Hacer entrega al reclamante de copia del del convenio sobre manejo de datos suscrito por el organismo con la empresa Amazon, pudiendo advertir al momento de su entrega la falta de validez.

Previo a su entrega se deberá tarjar aquellos datos personales de contexto incorporados en la documentación requerida, por ejemplo, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Luciano Jiménez y a la Sra. Subsecretaria de Salud Pública.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.