logo
 

Rodrigo Vera Lama con EJÉRCITO DE CHILE Rol: C6448-20

Consejo para la Transparencia, 26/01/2021

Se acoge el amparo deducido en contra del Ejército de Chile, requiriendo la entrega de copia de COT DEPTO PERS (R) N° 1500/155/VIDE, de fecha 5 de marzo de 2018, Resolución del Comandante de Operaciones Terrestres. Lo anterior, por cuanto respecto de dicho antecedente no resulta aplicable la prohibición prevista en la Ley sobre Protección de la Vida Privada, sobre el tratamiento de datos sobre sanciones cumplidas, por cuanto dicha prohibición no se extiende a los actos administrativos que dispusieron la aplicación de estas. Además, que aquel no impone sanción alguna, sino más bien deja sin efecto la resuelta en una primera instancia. De esta forma, se considera que su divulgación no afecta los derechos del funcionario en cuestión, por el contrario, constituye una herramienta de protección de aquellos, por cuanto con su conocimiento se establece con claridad que los hechos imputados no fueron efectivos.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Defensa
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C6448-20

Entidad pública: Ejército de Chile

Requirente: Rodrigo Vera Lama

Ingreso Consejo: 08.10.2020

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra del Ejército de Chile, requiriendo la entrega de copia de COT DEPTO PERS (R) N° 1500/155/VIDE, de fecha 5 de marzo de 2018, Resolución del Comandante de Operaciones Terrestres.

Lo anterior, por cuanto respecto de dicho antecedente no resulta aplicable la prohibición prevista en la Ley sobre Protección de la Vida Privada, sobre el tratamiento de datos sobre sanciones cumplidas, por cuanto dicha prohibición no se extiende a los actos administrativos que dispusieron la aplicación de estas. Además, que aquel no impone sanción alguna, sino más bien deja sin efecto la resuelta en una primera instancia. De esta forma, se considera que su divulgación no afecta los derechos del funcionario en cuestión, por el contrario, constituye una herramienta de protección de aquellos, por cuanto con su conocimiento se establece con claridad que los hechos imputados no fueron efectivos.

En sesión ordinaria N° 1152 del Consejo Directivo, celebrada el 26 de enero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C6448-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 7 de septiembre de 2020, don Rodrigo Vera Lama solicitó al Ejército de Chile "copia del acto administrativo terminal, esto es, la resolución respectiva del COT o CJE, con la que concluyó el proceso disciplinario iniciado contra el SG1. DANIEL RAÚL GRANIFO CANTILLANA, por Orden (R) N° 8 del RL6 "Pisagua" de 19.MAY.2017, tachándose todo dato personal distinto a los de este peticionario conforme a la Instrucción General N° 10 del Consejo para la Transparencia, ítem 4.3, y debiendo tenerse presente el principio de divisibilidad contenido en el artículo 11 letra e) de la Ley N° 20285, conforme al cual si un acto administrativo contiene información que puede ser conocida e información que debe denegarse en virtud de causa legal, se dará acceso a la primera y no a la segunda".

2) TRASLADO AL TERCERO INVOLUCRADO: El Ejército de Chile por medio de carta N° 1000/36937, de fecha 2 de octubre de 2020, y conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, notificó al funcionario señalado en el requerimiento, la solicitud de acceso a la información presentada y su derecho a oponerse a la entrega de esta.

3) OPOSICIÓN DEL TERCERO INVOLUCRADO: El funcionario consultado por medio de correo electrónico de fecha 5 de octubre de 2020, remite escrito en el cual se opone a la entrega de la información solicitada, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con lo establecido en el artículo 19 N° 4 y N° 5 de la Constitución Política de la República y en la ley N° 19.628. Luego, señala los principales daños y perjuicios provocados en su vida personal y profesional, por lo que no quiere que se mal utilicen sus antecedentes afectándolo en todo ámbito en especial que se siga perjudicando su carrera profesional.

4) RESPUESTA: El Ejército de Chile mediante oficio N° 6800/9140, de fecha 8 de octubre de 2020, informó que el proceso disciplinario al que se hace alusión en el requerimiento, se encuentra concluido, por lo que, legalmente no corresponde su publicidad y, por lo tanto, su entrega, por ser éste un dato protegido en conformidad a lo prescrito por el artículo 21 de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada - en adelante ley N° 19.628-; puesto que con ello se afectaría la garantía fundamental de respeto y protección a la vida privada y honra de las personas y su familia, consagrada en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República. Citando jurisprudencia de este Consejo en tal sentido. Además, señalan que el funcionario en servicio activo por cuyos antecedentes se consultan ejerció su derecho de oposición. De esta forma, deniegan la entrega de lo requerido en virtud de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

5) AMPARO: Con fecha 8 de octubre de 2020, don Rodrigo Vera Lama dedujo amparo a su derecho de acceso en contra del Ejército de Chile fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información.

6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Comandante en Jefe del Ejército de Chile mediante Oficio N° E19.205, de fecha 5 de noviembre de 2020, para que formule sus descargos y observaciones solicitando, especialmente, lo siguiente: (1°) se refiera a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información; (2°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos del tercero; (3°) indique si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (4°) de haber procedido conforme a dicho artículo, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y, en la afirmativa, acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación al tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y de los antecedentes que den cuenta de la fecha en la que ésta ingresó ante el órgano que usted representa; (5°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros involucrados, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento; y, (6°) remita copia del acto administrativo solicitado.

El órgano reclamado por medio de oficio N° 6800/11426/CPLT, de fecha 9 de diciembre de 2020, reiteró que denegaron el acceso a lo pedido atendida la oposición manifestada por el funcionario por cuyos antecedentes se consultan. Sin perjuicio de lo cual, y atendido el contenido de la resolución solicitada consideran que concurre la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República y en la ley N° 19.628.

7) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO INVOLUCRADO: En conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación acordó conferir traslado del amparo deducido al funcionario por cuyos antecedentes se consultan, mediante Oficio N° 21.003, de fecha 16 de diciembre de 2020 - remitido mediante correo electrónico de esa misma fecha-, en su calidad de tercero a quien se refiere la información solicitada, a fin de que presente sus descargos y observaciones a este amparo.

Con todo, a la fecha del presente acuerdo y encontrándose vencido el plazo otorgado al efecto, este Consejo no ha recibido presentación alguna del tercero involucrado.

Y CONSIDERANDO:

1) Que el presente amparo se funda en la respuesta negativa a la solicitud de información. Al respecto, el órgano reclamado alegó la concurrencia de la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República y en el artículo 21 de la ley N° 19.628. Además, atendida la oposición manifestada por el funcionario consultado, se encuentran impedidos de proporcionar lo pedido, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 20 de la Ley de Transparencia.

2) Que la información solicitada dice relación con el acto administrativo terminal de proceso disciplinario en contra de funcionario que se indica, así, según lo informado por el órgano reclamado aquel corresponde a COT DEPTO PERS (R) N° 1500/155/VIDE, de fecha 5 de marzo de 2018, Resolución del Comandante de Operaciones Terrestres, en el cual se acoge apelación presentada dejando sin efecto la sanción impuesta en su oportunidad. En este punto se debe hacer presente que el artículo 1° del Reglamento de Investigación Sumaria Administrativa de las Fuerzas Armadas, aprobado mediante decreto supremo N° 277, año 1974, del Ministerio de Defensa Nacional; define dicho procedimiento como "...el conjunto de actuaciones y diligencias practicadas en una Fiscalía Administrativa, formada por un Fiscal y un Secretario, nombrados por Resolución competente, para averiguar y establecer las causas, naturaleza, circunstancias y los responsables de aquellos accidentes, irregularidades y otros sucesos que no son de común ocurrencia, acaecidos en el servicio o con ocasión de él, que deben ser conocidos, calificados y resueltos por la Autoridad Militar, Naval o Aérea".

3) Que, el artículo 14 del Reglamento de Investigación Sumaria Administrativa de las Fuerzas Armadas establece el carácter reservado de las actuaciones y diligencias de las investigaciones sumarias administrativas mientras se desarrolla la investigación, en términos similares a la reserva que consagra el artículo 137 del decreto con fuerza de ley N° 29, año 2005, del Ministerio de Hacienda, fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo - en adelante Estatuto Administrativo-, respecto de los sumarios administrativos.

4) Que, este Consejo ha sostenido que el carácter secreto del expediente sumarial se extiende hasta que el procedimiento que lo originó se encuentre afinado, el cual anticipadamente se levanta sólo respecto de ciertas personas, como el inculpado y su abogado. En efecto, teniendo el secreto sumarial por objeto asegurar el éxito de la investigación, una vez terminada ésta, la justificación de su secreto también finaliza. A mayor abundamiento, en el mismo sentido se ha pronunciado la Contraloría General de la República, al precisar que la reserva que establece el artículo 137, inciso 2°, del Estatuto Administrativo, es temporal y cesa una vez afinado el sumario administrativo, instante en que pasa a estar "(...) sometido sin limitaciones al principio de publicidad, que constituye la regla general respecto de todos los actos de la Administración del Estado (...)" (Dictamen N° 11.341/2010, entre otros). De esta forma, encontrándose afinado el procedimiento disciplinario cuyo acto administrativo terminal se requiere, conforme con los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, dicha resolución es información de naturaleza pública, salvo que concurra a su respecto una causal de secreto o reserva.

5) Que, en primer lugar, el órgano reclamado alegó la concurrencia de la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con lo establecido en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República y en el artículo 21 de la ley N° 19.628. En tal sentido, cabe señalar que este último artículo dispone la prohibición de tratamiento de sanciones cumplidas, este Consejo al analizar el sentido y alcance del mencionado precepto, ha razonado que la voz "tratamiento" no se extiende a las medidas disciplinarias contenidas en la resolución que impone una sanción determinada, por cuanto tal expresión no puede alcanzar a los actos administrativos que dan lugar u originan una medida disciplinaria o sancionatoria, sino más bien al volcamiento de estos antecedentes en registros o bancos de datos, según expresamente lo señala el artículo 1° del cuerpo legal citado.

6) Que, sin perjuicio de lo razonado precedentemente, cabe hacer presente que, si bien en una primera instancia se impuso una sanción al funcionario en cuestión, por medio del acto administrativo cuyo acceso se requiere se acoge la apelación interpuesta dejando sin efecto aquella, por lo tanto, tampoco se trataría de la información señalada en el artículo 21 de la ley N° 19.628. Razón por la cual, se desestimará la alegación realizada en tal sentido.

7) Que, por su parte, el funcionario cuyos antecedentes se requieren se opuso a la entrega, ante el órgano reclamado, por estimar que concurre la causal de secreto o reserva dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. Al respecto, este Consejo ha establecido como criterio, reiteradamente, que para verificar la procedencia de una causal de excepción, se debe determinar la afectación de los derechos protegidos por ella, debiendo en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación negativa, la que a su vez, debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva. En este punto, se debe tener presente la naturaleza pública de la información solicitada; y que atendido el tipo de labores que desempeñan los funcionarios públicos, éstos están sujetos a un nivel de escrutinio de una entidad mayor, que supone un control social más intenso respecto de sus antecedentes. Luego, y en base a la referida premisa, este Consejo ha ordenado la entrega de instrumentos de medición de desempeño, registros de asistencia, currículum vítae, liquidaciones y otros similares. Sobre lo cual y a mayor abundamiento, cabe recordar que la función pública, según lo establecido en los artículos 8 de la Constitución Política de la Republica y 3 de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre el particular, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, por el solo hecho de ser tales y de encontrarse al servicio de aquella.

8) Que, si bien el tercero involucrado sostuvo que la entrega de lo solicitado afectaría los derechos resguardados en el artículo 19 N° 4 y N° 5 de la Constitución Política de la República y en la ley N° 19.628, en el presente caso la resolución pedida corresponde a una investigación que se encuentra terminada y en la cual, en definitiva, resultó absuelto de la responsabilidad administrativa que se le estaba imputando, por lo tanto, su publicidad no afectaría sus derechos en los términos por él señalados, por el contrario, constituye una herramienta de protección de aquellos, puesto que en esta sostiene con claridad que los hechos imputados no fueron efectivos. Razón por la cual, se descartará la concurrencia de la causal alegada.

9) Que, por lo expuesto, se acogerá el presente amparo, requiriendo la entrega del acto administrativo pedido.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo interpuesto por don Rodrigo Vera Lama en contra del Ejército de Chile, en virtud de los fundamentos señalados precedentemente.

II. Requerir al Sr. Comandante en Jefe del Ejército, lo siguiente:

a) Hacer entrega al reclamante de copia de COT DEPTO PERS (R) N° 1500/155/VIDE, de fecha 5 de marzo de 2018, Resolución del Comandante de Operaciones Terrestres.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a don Rodrigo Vera Lama, al Sr. Comandante en Jefe del Ejército de Chile y al tercero involucrado en el presente amparo.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Javier Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.