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Energy To Business Spa Sociedad Por Acciones con SUBSECRETARIA DE ENERGÍA Rol: C7816-20

Consejo para la Transparencia, 02/02/2021

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Energía, relativo a copia de la declaración de intereses y patrimonio del funcionario que consulta. Lo anterior, por cuanto respecto de las declaraciones de intereses y patrimonio efectuadas en virtud de la ley N° 20.880 por funcionarios de tercer nivel jerárquico, el órgano competente para pronunciarse sobre las mismas es la Contraloría General de la República. En tal orden de ideas, en la especie, no se verifica infracción alguna a las normas de la Ley de Transparencia, sino que por el contrario el órgano reclamado ha ajustado su actuación a la jurisprudencia de este Consejo y a la normativa aplicable al caso, derivando correctamente al requerimiento al Órgano Contralor. Aplica criterio contenido en las decisiones de amparo Roles C3237-17, C1954-18, C1752-19, entre otras.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C7816-20

Entidad pública: Subsecretaría de Energía

Requirente: Energy To Business Spa Sociedad Por Acciones

Ingreso Consejo: 30.11.2020

RESUMEN

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Energía, relativo a copia de la declaración de intereses y patrimonio del funcionario que consulta.

Lo anterior, por cuanto respecto de las declaraciones de intereses y patrimonio efectuadas en virtud de la ley N° 20.880 por funcionarios de tercer nivel jerárquico, el órgano competente para pronunciarse sobre las mismas es la Contraloría General de la República. En tal orden de ideas, en la especie, no se verifica infracción alguna a las normas de la Ley de Transparencia, sino que por el contrario el órgano reclamado ha ajustado su actuación a la jurisprudencia de este Consejo y a la normativa aplicable al caso, derivando correctamente al requerimiento al Órgano Contralor.

Aplica criterio contenido en las decisiones de amparo Roles C3237-17, C1954-18, C1752-19, entre otras. 

En sesión ordinaria N° 1154 del Consejo Directivo, celebrada el 2 de febrero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C7816-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 29 de septiembre de 2020, Energy To Business SpA, solicitó a la Subsecretaría de Energía: copia de todas las declaraciones de intereses y patrimonio, del Sr. Carlos Barría Quezada, que tiene como cargo Jefe División de Estudios y Políticas del Ministerio de Energía, desde el momento que asumió en su cargo en el indicado ministerio.

2) RESPUESTA: El 11 de noviembre de 2020, la Subsecretaría de Energía respondió a dicho requerimiento de información indicando, en resumen, que procedió a derivar la solicitud a la Contraloría General de la República, en virtud de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia.

3) AMPARO: El 30 de noviembre de 2020, Energy To Business Spa Sociedad Por Acciones dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que recibió respuesta negativa a la solicitud, por encontrarse la información en poder de otro órgano o servicio. Alega que en virtud de lo dispuesto en señalado en el artículo 10 de la ley 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, solicitó información referente a la Declaración de Intereses y Patrimonio del Señor Carlos Barriga Quezada, jefe de la División de Prospectiva y Análisis de Impacto Regulatorio, ya que no existía dicha declaración, habiéndola consultado en reiteradas oportunidades, lo que constituye en sí un grave incumplimiento de las obligaciones de transparencia activa por parte del órgano a quien se le solicitó, esto es la Subsecretaría de Energía.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Subsecretario de Energía, mediante Oficio E21285, de 19 de diciembre de 2020 solicitando que: (1°) considerando lo expuesto por la reclamante y la derivación efectuada por el órgano que Ud. representa, aclare si la información requerida obra en su poder, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (2°) indique por qué, a su juicio, la Institución que Ud. representa no es competente para atender el requerimiento; y, (3°) se refiera a las circunstancias de hecho que hacen procedente la derivación de la solicitud de acceso a la información a la Contraloría General de la República.

Mediante Oficio N° 9, de 6 de enero de 2021, la Subsecretaría de Energía presentó sus descargo y observaciones del caso, argumentando, en síntesis, que el Sr. Carlos Barría, se desempeña en el cargo de Jefe de la División de Prospectiva y Análisis de Impacto Regulatorio, del Ministerio de Energía. En el ejercicio de dicho cargo, se encuentra obligado a realizar la declaración de intereses y patrimonio conforme a la ley N° 20.880, sin embargo, no corresponde a aquellos cargos cuyas declaraciones deban ser publicadas en el sitio electrónico de la institución, dando cumplimiento a los deberes de transparencia activa que impone el artículo 7 de la Ley de Transparencia (por tratarse de sujetos obligados distintos de los mencionados en los números 1 a 4, del artículo 4 de la ley N° 20.880, en relación al artículo 11 de su reglamento).

Hace presente que una vez ingresado el requerimiento del Sr. Cepeda se realizó un análisis por distintas unidades de esta Secretaría de Estado con la finalidad de revisar la información solicitada para verificar si manteníamos el almacenamiento de dichos formularios. Del análisis y búsqueda pudo verificarse, tal como se señaló precedentemente, que la información que está contenida en la Declaración de Patrimonio e Intereses, se entrega a través un formulario al cual se accede en la plataforma Sistema de Declaraciones de Intereses y Patrimonio (DIP) utilizando la Clave Única de cada declarante.

Este sistema de información es determinado y administrado por la Contraloría General de la República, de acuerdo con lo estipulado en el inciso final del artículo 5 del reglamento de la ley N° 20.880, por lo que no queda registro alguno en esta Cartera de Estado sobre dichas declaraciones como para poder entregarlo ante cualquier requerimiento

Y CONSIDERANDO:

1) Que, lo solicitado corresponde a copia de las Declaraciones de Intereses y Patrimonio suscritas por el funcionario que se individualiza, en su calidad de Jefe de la División de Prospectiva y Análisis de Impacto Regulatorio. Por su parte, la Subsecretaría de Energía derivó el requerimiento a la Contraloría General de la República, conforme al artículo 13 de la Ley de Transparencia, por ser dicho organismo el competente para pronunciarse sobre este. Luego, el amparo se funda en la disconformidad del reclamante con la derivación efectuada.

2) Que, en cuanto a las declaraciones solicitadas, siguiendo lo resuelto en las decisiones de amparo Roles C3237-17, C1954-18, C1752-19, entre otras, se debe tener presente que la ley N 20.880, sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses - en adelante ley N° 20.880-, que regula una nueva declaración de intereses y patrimonio -en adelante DIP-, entró en vigencia el año 2016. Sin perjuicio de lo cual, el inciso 1° del artículo transitorio del reglamento de la ley N° 20.880, estableció que los sujetos obligados en actual servicio deberán efectuar la primera declaración de intereses y patrimonio conforme a la ley N° 20.880 en el mes de marzo del año 2017.

3) Que, el N° 10 del artículo 4 de la ley N° 20.880, prescribe que deberán también realizar una DIP "las demás autoridades y personal de planta y a contrata, que sean directivos, profesionales y técnicos de la Administración del Estado que se desempeñen hasta el tercer nivel jerárquico de la respectiva planta de la entidad o su equivalente". Al respecto, es útil destacar los dictámenes Nos 33.220, de 2011; 4.399, de 2012 y 81.682, de 2015 de la Contraloría General de la República, que han sostenido que por regla general el nivel de jefe de departamento corresponde a aquellos cargos o empleos que ocupan el "tercer nivel jerárquico" de la pertinente institución, o que posean un grado o remuneración igual o equivalente al asignado a ellos, cualquiera sea su denominación.

4) Que, en atención a que el funcionario consultado corresponde a un servidor público obligado a realizar una declaración de intereses y patrimonio conforme a la ley N° 20.880, a partir del mes de marzo de 2017, éstas sin embargo, no son de aquellas que deben ser publicadas en el sitio electrónico de la institución respectiva por medio del cual da cumplimiento a los deberes de transparencia activa que impone el artículo 7 de la Ley de Transparencia (por tratarse de sujetos obligados distintos de los mencionados en los números 1 a 4, del artículo 4 de la ley N° 20.880, en relación al artículo 11 de su reglamento).

5) Que, en efecto, de acuerdo al artículo 6 de la ley N° 20.880, y los artículos 9 y siguientes de su reglamento, las declaraciones de intereses y patrimonio son públicas y revestirán para todos los efectos legales, la calidad de declaración jurada. Luego, aquellas son efectuadas por los declarantes por medio del formulario electrónico contenido en una base de datos interoperable -al cual se accede utilizando su ClaveÚnica-, denominado Sistema de Declaraciones de Intereses y Patrimonio (en adelante Sistema DIP) que, conforme al inciso final del artículo 5 del reglamento de la ley N° 20.880, es determinado y administrado por la Contraloría General de la República, el que no obstante lo anterior, permite la ejecución de las funciones que correspondan al jefe superior del servicio en lo que dice relación con el cumplimiento de los sujetos obligados de efectuar su respectiva DIP. Ello toda vez que la aludida legislación establece en sus artículos 9 y 10, que es deber del jefe superior del servicio, o quien haga sus veces, "verificar que todos los sujetos obligados bajo su dependencia efectúen oportunamente la declaración de intereses y patrimonios y sus respectivas actualizaciones"; "remitir a la Contraloría General de la República, en la forma que disponga el reglamento, las declaraciones de patrimonio e intereses efectuadas por declarantes de su servicio"; e, "informarle de las infracciones a la obligación de realizar dichas declaraciones, dentro de los treinta días posteriores a aquel en que tome conocimiento de aquellas"; mientras que la Contraloría General de la República "fiscalizará la oportunidad, integridad y veracidad del contenido de la declaración de intereses y patrimonio".

6) Que, conforme lo expuesto precedentemente, y de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, resulta efectivo que el órgano reclamado no es competente para pronunciarse sobre la entrega de las declaraciones correspondientes a los funcionarios mencionados precedentemente, que hayan efectuado sus DIP, en virtud de la ley N° 20.880.

7) Que, en razón de lo anterior, se rechazará el amparo en análisis, por no verificarse infracción alguna a las normas de la Ley de Transparencia, sino que por el contrario el órgano reclamado ha ajustado su actuación a la jurisprudencia de este Consejo y a la normativa aplicable al caso, derivando correctamente al requerimiento a la Contraloría General de la República.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por Energy To Business SpA en contra de la Subsecretaría de Energía, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a la empresa Energy To Business SpA y al Sr. Subsecretario de Energía.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.