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Leandro Cortez Frías con DIRECCIÓN DEL TRABAJO Rol: C7455-20

Consejo para la Transparencia, 02/02/2021

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Dirección del Trabajo, referido a copia de convenio colectivo que se individualiza en el requerimiento. Lo anterior, debido a que tanto la empresa como el sindicato son entidades privadas, las que se opusieron a la divulgación del convenio colectivo por ellos suscrito, por lo que, se trata de información de carácter privado, cuya publicidad puede afectar los derechos de los involucrados en los términos señalados en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia y en la ley N° 19.628. Aplica criterio adoptado en las decisiones de los amparos Roles C1849-13 y C5632-19, entre otros.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento



Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C7455-20

Entidad pública: Dirección del Trabajo

Requirente: Leandro Cortez Frías

Ingreso Consejo: 13.10.2020

RESUMEN

Se rechaza el amparo deducido en contra de la Dirección del Trabajo, referido a copia de convenio colectivo que se individualiza en el requerimiento.

Lo anterior, debido a que tanto la empresa como el sindicato son entidades privadas, las que se opusieron a la divulgación del convenio colectivo por ellos suscrito, por lo que, se trata de información de carácter privado, cuya publicidad puede afectar los derechos de los involucrados en los términos señalados en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia y en la ley N° 19.628.

Aplica criterio adoptado en las decisiones de los amparos Roles C1849-13 y C5632-19, entre otros.

En sesión ordinaria N° 1154 del Consejo Directivo, celebrada el 2 de febrero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C7455-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 18 de octubre de 2020, don Leandro Cortez Frías solicitó a la Dirección del Trabajo "copia del contrato colectivo del sindicato Ripley Austral store...".

2) TRASLADO A LOS TERCEROS INVOLUCRADOS: La Dirección del Trabajo por medio de ordinario CAS-28639, de fecha 6 de noviembre de 2020, y conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, notificó a los terceros involucrados, la solicitud de acceso a la información presentada y su derecho a oponerse a la entrega de esta.

3) OPOSICIÓN DE LOS TERCEROS INVOLUCRADOS:

Sindicato Austral Store Ripley Puente por medio de correo electrónico de fecha 10 de noviembre de 2020, se opuso a la entrega de la información solicitada, en virtud de que "como organización, contamos con una autonomía sindical, la cual sentimos claramente vulnerada por la actitud de don leandro cortez, presidente del sindicato mall del centro, quien solicita nuestro contrato, por una publicación, esta información claramente no estaba dirigida a él, y su directorio o socios...".

Comercial ECCSA S.A. mediante carta de fecha 10 de noviembre de 2020, se opuso a la entrega de la información solicitada.

4) RESPUESTA: La Dirección del Trabajo mediante ordinario CAS-28639, de fecha 12 de noviembre de 2020, informó que analizado el requerimiento aplicaron el procedimiento dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, tras lo cual los terceros involucrados en los antecedentes solicitados se opusieron a su entrega, por lo que, se encuentran impedidos legalmente de proporcionar acceso a lo pedido. Además, hacen presente que dicho procedimiento es un "trámite esencial, derivado de la naturaleza y contenido del instrumento colectivo, esto es información de remuneraciones, bonos y otros beneficios pecuniarios que un trabajador recibirá, lo que le da el carácter de ser un documento privado".

5) AMPARO: Con fecha 16 de noviembre de 2020, don Leandro Cortez Frías dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Dirección del Trabajo, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información.

6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional del Trabajo mediante Oficio N° E20.639, de fecha 4 de diciembre de 2020, para que formulara sus descargos y observaciones.

El órgano reclamado por medio de escrito de fecha 21 de diciembre de 2020, reiteró lo señalado en su respuesta en orden a que atendida la oposición manifestada por los terceros a quienes se refiere la información solicitada quedaron impedidos legalmente de proporcionar aquella, en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia. Agregando que, si bien se trata de documentos que deben ser depositados en la Inspección del Trabajo, la normativa laboral no establece dentro de sus facultades que deba dictar un acto administrativo que sea el fundamento o complemento directo y esencial para este acto, por lo que, concluyen que se trata de información proporcionada por particulares, por lo que no le es aplicable el inciso segundo del artículo 8 de la Constitución Política de la República. A su vez, sostienen que el contrato colectivo solicitado no tiene el carácter de público, pues emana de un procedimiento de negociación colectiva, cuyas materias versan sobre aquellas de interés común entre las partes que afecten las relaciones mutuas entre trabajadores y su empleador, especialmente que se refieran a remuneraciones u otros beneficios en especie o en dinero y, en general, a las condiciones comunes de trabajo, ello conforme lo dispone el artículo 306 del Código del Trabajo. De este modo aseveran que las actuaciones realizadas en dicho proceso regulan relaciones entre privados, cuyos actos revisten tal carácter, de acuerdo con el criterio de la Dirección del Trabajo, lo que ha sido ratificado por este Consejo, concurriendo la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia en relación con lo prescrito en la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada - en adelante ley N° 19.628-.

Por lo tanto, sostienen que la reserva invocada se fundamenta en que lo requerido constituye el resultado de un proceso de negociación colectiva en que las partes privadas (sindicato y empleador) arriban a acuerdos que dicen relación directa con sus derechos comerciales y económicos, tanto para la empresa como para el sindicato (en representación de sus socios), todo lo cual tiene como finalidad celebrar una convención que fije condiciones de comunes de trabajo, remuneraciones u otros beneficios en especie o en dinero, y por un tiempo determinado (Artículo 320 del Código del Trabajo).

7) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INVOLUCRADOS: En conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación acordó conferir traslado del amparo deducido a los terceros por cuyos antecedentes se consultan, mediante Oficio N° 271 y N° 272, ambos de fecha 6 de enero de 2021, a fin de que presenten sus descargos y observaciones a este amparo.

Sindicato Austral Store Ripley Puente por medio de correo electrónico de fecha 12 de enero de 2021, reiteró la oposición a la entrega de la información solicitada manifestada ante el órgano reclamado, atendido a su derecho de autonomía sindical.

Y CONSIDERANDO:

1) Que este amparo se funda en la respuesta negativa a la solicitud, al respecto el órgano reclamado alegó que atendida la oposición manifestada por los terceros por cuyos antecedentes se consulta, se encuentra impedido de proporcionarla en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia.

2) Que, en cuanto a la información solicitada, cabe hacer presente lo dispuesto en los incisos primero y tercero del artículo 320 del Código del Trabajo, en orden a que "Instrumento colectivo es la convención celebrada entre empleadores y trabajadores con el objeto de establecer condiciones comunes de trabajo y remuneraciones u otros beneficios en especie o en dinero, por un tiempo determinado, de conformidad a las reglas previstas en este Libro. (...) Los instrumentos colectivos deberán constar por escrito y registrarse en la Inspección del Trabajo dentro de los cinco días siguientes a su suscripción".

3) Que en cuanto a los convenios colectivos se debe tener en cuenta lo razonado por este Consejo en la decisión del amparo Rol C1849-13, a saber:

a) "Que, la información pública, por regla general y conforme al artículo 8° inciso 2° de la Constitución y al artículo 5° de la Ley de Transparencia, es de acceso público, salvo que excepcionalmente y por disponerlo así una ley de quórum calificado quede amparada por alguna causal de secreto o reserva. En cambio, la información de carácter privado está, en principio, excluida del conocimiento de terceros porque forma parte de la esfera de privacidad de sus titulares que el Estado está llamado a respetar y proteger. La información de carácter privado que los particulares entregan a los órganos de la Administración no pierde esa naturaleza por el sólo hecho de que ésta obre en poder del Estado. En similares términos ha fallado la Corte de Apelaciones de Santiago en sentencia Rol 943-2010".

b) "Que el objetivo de las normas constitucionales y legales de transparencia no es permitir la divulgación a terceros de información de origen y naturaleza privada -que, por ende, pertenece a la esfera de privacidad de los particulares- y que obra en poder del Estado porque éstos deben suministrarla con el fin de obtener un determinado pronunciamiento. Por el contrario, el objetivo de las normas señaladas es promover la probidad y la rendición de cuentas de las autoridades y funcionarios del Estado, asegurar que los órganos de la Administración estén abiertos al escrutinio público y posibilitar la participación y el control social de los ciudadanos".

c) "Que, por lo tanto, este Consejo estima que el convenio solicitado no puede ser alcanzado por el principio de publicidad que la Constitución y la Ley de Transparencia imponen a la información pública. (...) Asimismo, la normativa laboral no establece que la Inspección del Trabajo deba dictar un acto administrativo cuyo fundamento o complemento directo y esencial sea el convenio colectivo solicitado. Sobre la materia, cuando se trata de información privada que ha sido proporcionada al Estado por particulares no se aplica, sin más, el principio de publicidad del artículo 8° inciso 2° de la Constitución y, por ende, respecto de ella no procede amparar el ejercicio del derecho de acceso a la información contemplado en la Ley de Transparencia, pues debe resguardarse la privacidad de la información, salvo que su titular consienta en revelarla, que la ley disponga expresamente su divulgación, que esa información privada que obra en poder del Estado constituya el fundamento o complemento directo y esencial de un acto o resolución administrativa, o bien, que se haya ejercido a su respecto alguna potestad pública, pero ninguna de estas circunstancias ha concurrido respecto del convenio solicitado".

4) Que, en virtud de lo razonado precedentemente, atendiendo que tanto la empresa como el sindicato son entidades privadas, las que se opusieron a la divulgación del convenio colectivo suscrito por ellos, se rechazará el amparo por tratarse de información de carácter privado, cuya publicidad puede afectar los derechos de los involucrados en los términos señalados en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia y en la ley N° 19.628.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Leandro Cortez Frías en contra de la Dirección del Trabajo, por configurarse la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en virtud de los fundamentos señalados precedentemente.

II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente notificar la presente decisión a don Leandro Cortez Frías, a la Sra. Directora Nacional del Trabajo y a los terceros involucrados en el presente amparo.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Javier Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.