logo
 

Inversiones Llanca SpA con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS (SII) Rol: C7145-20

Consejo para la Transparencia, 02/02/2021

Se acoge el amparo deducido en contra del Servicio de Impuestos Internos, ordenando entregar la información de las inscripciones conservatorias de los tres inmuebles consultados, advirtiendo, si lo estima pertinente, la falta de validez o de confiabilidad de la información entregada, a fin que potenciales usuarios de aquella adopten las precauciones y resguardo necesarios, atendido su carácter de no oficial. Lo anterior, toda vez que corresponde a información respecto de la cual no se configuran las causales de reserva de secreto tributario ni afectación de la vida privada y derechos comerciales y económicos de las personas. El Consejero don Francisco Leturia Infante se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Economía y Finanzas
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 



Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C7145-20

Entidad pública: Servicio de Impuestos Internos

Requirente: Inversiones Llanca SpA

Ingreso Consejo: 04.11.2020

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra del Servicio de Impuestos Internos, ordenando entregar la información de las inscripciones conservatorias de los tres inmuebles consultados, advirtiendo, si lo estima pertinente, la falta de validez o de confiabilidad de la información entregada, a fin que potenciales usuarios de aquella adopten las precauciones y resguardo necesarios, atendido su carácter de no oficial.

Lo anterior, toda vez que corresponde a información respecto de la cual no se configuran las causales de reserva de secreto tributario ni afectación de la vida privada y derechos comerciales y económicos de las personas.

El Consejero don Francisco Leturia Infante se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.

En sesión ordinaria N° 1154 del Consejo Directivo, celebrada el 2 de febrero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C7145-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 08 de octubre de 2020, Inversiones Llanca SpA solicitó al Servicio de Impuestos Internos, en adelante e indistintamente SII, "la inscripción conservatoria a la cual corresponden los siguientes roles de avalúo 1321-12, 1321-52, 1321-53 todos de la comuna de Cunco, provincia de Cautín, Región de La Araucanía".

2) RESPUESTA: El Servicio de Impuestos Internos respondió a dicho requerimiento de información mediante resolución exenta N° 19537, sin fecha visible, señalando, en síntesis, que no es posible acceder a su solicitud, debido que lo pedido no es de su competencia, por cuanto la función de acreditar el dominio, la naturaleza jurídica o el título de los inmuebles corresponde a los Conservadores de Bienes Raíces.

Agrega, que aun cuando contara con la información pedida, no podría proporcionarla, por cuanto no obtiene la información relativa a inmuebles desde una fuente accesible al público, sino que a través de una declaración jurada obligatoria para los notarios y conservadores de bienes raíces, el formulario N° 2890, en cumplimiento de sus funciones. En este sentido, señala que la información pedida se encuentra resguardada por el artículo 35 del Código Tributario, además de la garantía a los contribuyentes prevista en el artículo 8 bis del mismo cuerpo legal.

Por ello estima que concurre la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 2 de la ley de transparencia, en relación al artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República y a los artículos 2 letra f) y 4, de la ley N° 19.628.

3) AMPARO: El 04 de noviembre de 2020, Inversiones Llanca Spa dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del Servicio de Impuestos Internos fundado en que recibió respuesta negativa a su solicitud de información. Hace presente que recibió la respuesta con fecha 30 de octubre de 2020.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos mediante oficio N° E20039, de fecha 18 de noviembre de 2020. Se solicitó expresamente al órgano: se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información; considerando lo expuesto por el reclamante y la respuesta proporcionada por el órgano que Ud. representa, aclare si la información requerida obra en su poder, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; señale si la información requerida, a su juicio, afectaba derechos de terceros y, en la afirmativa, si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y en la afirmativa acompañe a este Consejo todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a los terceros, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y los antecedentes que den cuenta de la fecha en que ésta se presentó ante el órgano que usted representa; y, proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros involucrados, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento.

El órgano reclamado formuló sus descargos u observaciones a través de presentación remitida por correo electrónico de fecha 02 de diciembre de 2020, señalando, en síntesis, que en primer lugar el amparo es inadmisible por cuanto no señala la existencia de la infracción cometida ni menos los hechos que la configuran, y en efecto no ha denegado la información pedida, sino que informó al solicitante su incompetencia para entregar lo pedido. Además, señala que si bien la solicitud y amparo fueron presentados por Inversiones Llanca SpA, fueron formulados por personas distintas que no tendrían facultades para representar a dicha persona jurídica.

En cuanto al fondo de lo reclamado, reitera que corresponde denegar lo pedido por concurrir la causales de reserva previstas en el artículo 21 N° 2 y N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación a los artículos 2 letra f), 4, 7 y 9 de la ley N° 19.628, y al 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, por estimar que la entrega de la información requerida afecta los derechos de personas naturales, como asimismo sus derechos de carácter comercial o económico y la esfera de su vida privada.

En este sentido, agrega que el Servicio de Impuestos Internos no es el órgano competente para acreditar el dominio de los bienes raíces, sino que corresponde a los respectivos Conservadores de Bienes Raíces.

Además, señala que se encuentra impedido de proporcionar lo pedido por tratarse de información patrimonial sujeta a reserva tributaria de conformidad al artículo 35 del Código Tributario.

Finalmente, señala revisados sus sistemas, ha podido confirmar que obra en su poder la información pedida, pero que al no ser responsables de llevar un Registro de Bienes Inmuebles, y sólo contra con información para determinar impuestos y/o fiscalizar, desconoce la certeza de la misma, y por tanto que los datos sean correctos y veraces.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el presente amparo tiene por objeto obtener del Servicio de Impuestos Internos la información relativa a la inscripción conservatoria de los roles de avalúo 1321-12, 1321-52, 1321-53, todos de la comuna de Cunco, provincia de Cautín, Región de La Araucanía. Al efecto, el órgano reclamado junto con estimar que el amparo sería inadmisible, sostuvo que corresponde denegar lo pedido por concurrir la causales de reserva previstas en el artículo 21 N° 1 y N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación a los artículos 2 letra f), 4, 7 y 9 de la ley N° 19.628, y al 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, y que además se trataría de información que no sería posible entregar en virtud el artículo 35 del Código Tributario.

2) Que, cabe tener presente que el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo las excepciones legales. En razón de lo anterior, la información objeto del amparo es pública pues obra en poder del SII, salvo la concurrencia de alguna de las causales de reserva contempladas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, las que por ser de derecho estricto, y una excepción al régimen de publicidad, cuando se invocan, corresponde al órgano respectivo, desvirtuar la presunción legal de publicidad contemplada en el artículo 11 letra c) de la Ley de Transparencia, y en consecuencia, acreditar fehacientemente los hechos que la configuran.

3) Que, en primer lugar, antes de analizar el fondo de lo reclamado, procede pronunciarse respecto de la alegación formulada por el Servicio de Impuestos Internos, en el sentido que el amparo debería haberse declarado inadmisible fundado en que el reclamante no habría señalado la infracción cometida por el órgano requerido y tampoco los hechos en que se fundamenta, que además sería incompetente para pronunciarse sobre lo pedido, y que la persona que representa a la empresa solicitante no tendría facultades de representarla. Sobre el punto, cabe tener presente que en virtud del artículo 24 de la Ley de Transparencia, el amparo deberá señalar claramente la infracción cometida y los hechos que la configuran, debiendo acompañarse los medios de prueba que los acrediten, agregando el artículo 46 del Reglamento de la citada ley, que en el caso que se omitiese alguno de los requisitos de interposición, el Consejo Directivo podrá ordenar subsanar las omisiones o aclarar la solicitud.

4) Que, analizados los antecedentes del presente caso, a juicio de este Consejo el amparo deducido por la parte solicitante cumplió con las exigencias establecidas por el artículo 24 de la Ley de Transparencia, toda vez que en el formulario respectivo señaló expresamente que fundó su amparo en que recibió respuesta negativa a su solicitud de información. Por otra parte, el Servicio de Impuestos Internos señaló que lo pedido obra en su poder, razón por la cual constituye información que se puede requerir mediante una solicitud de información de acuerdo a la Ley de Transparencia, toda vez que se trata de antecedentes que obran en poder del referido órgano público, por lo que corresponde desestimar dichas alegaciones.

5) Que, por parte, en relación a que la persona que actúa en representación de la empresa solicitante, Inversiones Llanca SpA, no tendría facultades de representarla, cabe tener presente que revisado el escrito del amparo en cuestión, como asimismo el certificado de estatuto actualizado que se acompañó, ha sido posible constatar que la empresa Inversiones Llanca SpA ha actuado en esta sede a través de su representante señalado en los respectivos estatutos, por lo que igualmente se desestimará dicha alegación.

6) Que, ahora bien, respecto de los sostenido por el órgano requerido en orden a que la empresa Inversiones Llanca SpA no habría actuado a través de su representante legal ante el propio Servicio de Impuestos Internos, cabe tener presente que el artículo 12 de la Ley de Transparencia prescribe que "La solicitud de acceso a la información será formulada por escrito o por sitios electrónicos y deberá contener: a) Nombre, apellidos y dirección del solicitante y de su apoderado, en su caso." Agrega el inciso 2° que "Si la solicitud no reúne los requisitos señalados en el inciso anterior, se requerirá al solicitante para que, en un plazo de cinco días contado desde la respectiva notificación, subsane la falta, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición." Luego, el órgano reclamado no aportó ningún elemento que permita acreditar que la empresa no actuó debidamente representada, ni tampoco que haya aplicado el procedimiento de subsanación que contempla la Ley de Transparencia precisamente para ese tipo de situaciones, razón por la cual resulta forzoso desestimar dicho alegato. No obstante, cuestión distinta es si procede su entrega por concurrir alguna causal de reserva legal, análisis que se realizará a continuación.

5) Que, en cuanto al fondo de lo reclamado, respecto de lo sostenido por el SII en orden a que la información pedida posiblemente infringe el secreto tributario regulado en el artículo 35 inciso 2° del Código Tributario, se debe tener presente que dicha norma legal prescribe que "El Director y demás funcionarios del Servicio no podrán divulgar, en forma alguna, la cuantía o fuente de las rentas, ni las pérdidas, gastos o cualesquiera dato relativos a ella, que figuren en las declaraciones obligatorias, ni permitirán que éstas o sus copias o los libros o papeles que contengan extractos o datos tomados de ellas sean conocidos por persona alguna ajena al Servicio salvo en cuanto fueren necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones del presente Código u otras normas legales". Luego, este Consejo ha establecido invariablemente que conforme al artículo 8° de la Constitución y los artículos 5°, 10 y 21 de la Ley de Transparencia, la reserva o secreto de la información constituye una regla excepcional en nuestro ordenamiento jurídico, por lo que el alcance de dicho artículo 35 del Código Tributario debe ser interpretada restrictivamente, no pudiendo extenderse a documentos distintos a los enunciados en dicho artículo -declaraciones obligatorias, sus copias o los libros o papeles que contengan extractos o datos tomados de ellas- ni a información distinta a la estrictamente contempladas en él -cuantía o fuente de las rentas, ni las pérdidas, gastos o cualesquiera datos relativos a ellas, que figuren en las declaraciones obligatorias-. En ese sentido se ha razonado que "el secreto tributario debe entenderse referido a los datos patrimoniales de los contribuyentes y no a toda la demás información genérica de éstos que posea el Servicio" (Considerando 5°, resolución que resuelve el recurso de reposición contra la decisión del amparo A117-09).

6) Que, de acuerdo con lo que señala el artículo 2° N° 1 del decreto ley N° 824, de 1974, Sobre Impuesto a la Renta, se entenderá por Renta "los ingresos que constituyan utilidades o beneficios que rinda una cosa o actividad y todos los beneficios, utilidades e incrementos de patrimonio que se perciban o devenguen, cualquiera que sea su naturaleza, origen o denominación". De esta forma, no cualquier ingreso en el patrimonio equivale a renta sino solo aquellos que impliquen una utilidad, un beneficio o un incremento de patrimonio. En consecuencia, siguiendo la regla de interpretación del artículo 20 del Código Civil, en orden a que "las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas su significado legal", ha de entenderse que la prohibición que pesa sobre el Director y los funcionarios del SII de divulgar información respecto a las rentas de los contribuyentes, en los términos del artículo 35 del Código Tributario, necesariamente debe tener relación con el concepto de renta dispuesto en la ley, debiendo, por lo tanto, analizarse la concurrencia de la causal de reserva alegada a la luz de estas precisiones.

7) Que, en tal orden de ideas, resulta procedente seguir lo argumentado en de la decisión del amparo Rol C592-11, particularmente en su considerando 11°, en cuanto a que "tenido a la vista por este Consejo el referido Formulario N° 2890, "Declaración Sobre Enajenación e Inscripción de Bienes Raíces", no se observa cómo la información en él contenida pueda entenderse como renta en los términos definidos por la ley. En efecto, la información vertida en dicho formulario, que dice relación con la identificación de quienes concurren a la enajenación de un bien raíz, los datos del inmueble, monto de enajenación y forma de pago, datos del título traslaticio de dominio y de la inscripción en el respectivo Conservador de Bienes Raíces, a juicio de este Consejo no se encuentra referida a la fuente de los ingresos a que se refiere el artículo 2° N 1 del Decreto Ley N° 824, ya transcrito, y, por lo tanto, ha de estimarse que, en la especie no se configura la causal de secreto o reserva alegada por el SII, por cuanto dentro de los antecedentes requeridos no se encuentra la renta de los contribuyentes, sino que sólo los datos de la transacción de un inmueble determinado, y los montos involucrados en dicha transacción, montos que, bajo ninguna circunstancia pueden ser considerados como renta, ya que, si bien en dicha transacción se obtiene un crédito que engrosara el patrimonio, esto va unido a una contraprestación equivalente, que constituye el objeto de la obligación de la otra parte, no existiendo en definitiva una utilidad o incremento de patrimonio para ninguna de las partes intervinientes. En efecto, si bien tal información es utilizada por el SII en el desarrollo de la operación renta, esto sólo ocurre en la medida que se relacionan con otros datos y antecedentes que obran en poder del Servicio, de modo que este Consejo desestimará la invocación de la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia en relación con el artículo 35 del Código Tributario, por no concurrir en la especie". En consecuencia, procede se desestime la concurrencia de esta causal de reserva.

8) Que, por su parte, el considerando 12° de la citada decisión estableció que "a mayor abundamiento, el artículo 49 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces, al referirse a los registros que lleva el Conservador -entre los que se cuentan el de Propiedad, donde consta la misma información contenida en el Formulario N° 2890 del Servicio de Impuestos Internos- señala que son registros esencialmente públicos por consiguiente, es permitido a cualquiera consultarlos en la misma oficina y tomar los apuntes que crea convenientes".

9) Que, en efecto, la información que obra en poder del órgano reclamado referida tanto a la enajenación de un bien raíz, que consta en la respetiva escritura pública y la posterior inscripción de esta, son datos públicos, de acuerdo con el artículo 49 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces, de 1857, que declara públicos los Registros que lleva el Conservador, y precisamente en el presente caso la información reclamada son los datos de las inscripciones conservatorias de los inmuebles consultados. A esto se debe agregar que uno de los registros que aquél debe llevar es el Registro de Propiedad, en que se inscriben las translaciones de dominio, según disponen los artículos 31 y 32 del aludido Reglamento. Asimismo, dichos registros son públicos de fuente accesible al público, pues el requirente podría concurrir a cada uno de los 143 notarios y conservadores del país que tengan a su cargo los Registros de Propiedad y con la sola revisión de los índices pertinentes podría acceder a lo requerido, sin necesidad de aportar determinados datos o solicitar certificaciones o copias de los documentos en que dicha información consta. De este modo, se trataría de un ejercicio de recopilación, que ya ha sido realizado por el órgano reclamado, como consecuencia de sus acciones de fiscalización tributaria y que por lo tanto obra en su poder.

10) Que, por tanto, siendo la información relativa a la inscripción conservatoria de los tres inmuebles consultados, información que consta en bases de libre acceso al público, tampoco se considera que su acceso pueda afectar alguno de los derechos de los propietarios de los bienes raíces, en los términos invocados por el SII, en otras palabras, no se advierte como la divulgación de la información pedida pueda afectar los derechos a la privacidad e intimidad económica y de los derechos comerciales y económicos de un elevado número de personas, razón por la cual procede desestimar dichas alegaciones, y con ello las causales de reserva alegadas al efecto.

11) Que, a mayor abundamiento, se debe tener presente lo señalado por este Consejo en los amparos roles C577-11, C639-11 y C452-14, C1162-16, C3403-17, C4451-20, entre otras, en orden a que "la información contenida en la base de datos catastral de propiedades agrícolas y no agrícolas, proviene de fuentes de acceso público, de tal suerte que el SII, para efectuar el tratamiento de la misma -lo que involucra, entre otras operaciones, su comunicación o transferencia a terceros-, no requiere autorización de sus titulares, conforme a lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 4° de la Ley N° 19.628". Esto, toda vez que de acuerdo con lo expuesto el SII en, por ejemplo, los amparos Rol C622-09 y C2429-18, entre otros, los datos de los formularios N° 2890 informan la Base Catastral de Bienes Raíces con la que cuenta el órgano, específicamente, en lo que se refiere al catastro legal. En efecto, el artículo 16 N° 1 de la ley N° 17.235 establece las fuentes de información que provienen de las escrituras públicas de transferencia que posibilitan la actualización del catastro legal (información relativa al dominio de los bienes raíces). Al respecto, dicho artículo dispone: "Los roles definitivos de los avalúos de los bienes raíces del país, deberán ser mantenidos al día por el Servicio de Impuestos Internos, utilizando, entre otras fuentes: 1) La información que emane de las escrituras públicas de transferencia y de las inscripciones que se practiquen en los registros de los conservadores de bienes raíces. Para estos efectos, las notarías y los conservadores de bienes raíces deberán proporcionar al Servicio de Impuestos Internos la información que se les solicite en la forma y plazo que este Servicio determine".

12) Que, finalmente en relación a los sostenido por el SII en orden a que no es el órgano competente para acreditar el dominio de los bienes raíces, sino que corresponde a los respectivos Conservadores de Bienes Raíces, cabe tener presente que el requerimiento formulado no comprende una solicitud tendiente a acreditar el dominio de determinados inmuebles, sino que sólo la entrega de las inscripciones conservatorias de los tres inmuebles consultados, y respecto de la cual expresamente el propio SII señaló que obra en su poder. Sin perjuicio de ello, nada obsta a que pueda subsanar dicha inquietud, advirtiendo, si lo estima pertinente, la falta de validez o de confiabilidad de la información entregada, a fin que potenciales usuarios de aquella adopten las precauciones y resguardo necesarios, atendido su carácter de no oficial.

13) Que, por consiguientes, no habiéndose configurado las causales de reserva alegadas por el órgano reclamado, se acogerá el presente amparo, ordenando al Servicio de Impuestos Internos entregar al solicitante la información reclamada, advirtiendo, si lo estima pertinente, la falta de validez o de confiabilidad de la información entregada, a fin que potenciales usuarios de aquella adopten las precauciones y resguardo necesarios, atendido su carácter de no oficial.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por la empresa Inversiones Llanca SpA en contra del Servicio de Impuestos Internos, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos:

a) Entregar al reclamante la información relativa a la inscripción conservatoria de los inmuebles correspondientes a los roles de avalúo 1321-12, 1321-52, 1321-53 todos de la comuna de Cunco, provincia de Cautín, Región de La Araucanía, advirtiendo, si lo estima pertinente, la falta de validez o de confiabilidad de la información entregada, a fin que potenciales usuarios de aquella adopten las precauciones y resguardo necesarios, atendido su carácter de no oficial.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a la empresa Inversiones Llanca SpA y al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y su Consejero don Bernardo Navarrete Yáñez. Se deja constancia que el Consejero don Francisco Leturia Infante, en forma previa al conocimiento del presente caso, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el mismo, por estimar que podría concurrir a su respecto la causal establecida en el número 6 del artículo 62 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado y en el numeral 1° del acuerdo de este Consejo sobre tratamiento de los conflictos de intereses, adoptado en su sesión N° 101, de 9 de noviembre de 2009, es decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido, solicitud y voluntad que este Consejo acoge en su integridad.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.