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Victoria Godoy Marchant con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL Rol: C7009-20

Consejo para la Transparencia, 02/02/2021

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, requiriendo la entrega del listado de reclamos que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 77 bis de la Ley N° 16.744, fueron efectuados entre los años 2016 y 2018, con la indicación de (i) fecha ingreso reclamo; (ii) materia; (iii) Servicio de Salud recurrente; (iv) Mutualidad recurrida; y, en caso de haberse dictado resolución de término, indicar el número de la resolución y su resultado (acogido o rechazado). Lo anterior, en atención a que se descarta que la divulgación de esta información pueda permitir el acceso a datos personales o sensibles de los trabajadores y afectar el desarrollo de los procedimientos del organismo, considerando que la información requerida es esencialmente referencial e innominada respecto de las reclamaciones deducidas. A su vez, se desestima la distracción indebida que sugieren, al no haber sido justificada suficientemente. Se rechaza el amparo respecto al código y/o número de ingreso del reclamo, toda vez que la entrega de dicha información facilitaría el acceso al estado de seguimiento de estas reclamaciones, y por tanto a la documentación que los sustentan, la cual está relacionada al estado de salud de los trabajadores, no contando con autorización legal ni de sus titulares para su divulgación.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Trabajo
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C7009-20

Entidad pública: Superintendencia de Seguridad Social

Requirente: Victoria Godoy Marchant

Ingreso Consejo: 30.10.2020

RESUMEN

Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, requiriendo la entrega del listado de reclamos que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 77 bis de la Ley N° 16.744, fueron efectuados entre los años 2016 y 2018, con la indicación de (i) fecha ingreso reclamo; (ii) materia; (iii) Servicio de Salud recurrente; (iv) Mutualidad recurrida; y, en caso de haberse dictado resolución de término, indicar el número de la resolución y su resultado (acogido o rechazado).

Lo anterior, en atención a que se descarta que la divulgación de esta información pueda permitir el acceso a datos personales o sensibles de los trabajadores y afectar el desarrollo de los procedimientos del organismo, considerando que la información requerida es esencialmente referencial e innominada respecto de las reclamaciones deducidas. A su vez, se desestima la distracción indebida que sugieren, al no haber sido justificada suficientemente.

Se rechaza el amparo respecto al código y/o número de ingreso del reclamo, toda vez que la entrega de dicha información facilitaría el acceso al estado de seguimiento de estas reclamaciones, y por tanto a la documentación que los sustentan, la cual está relacionada al estado de salud de los trabajadores, no contando con autorización legal ni de sus titulares para su divulgación.

En sesión ordinaria N° 1154 del Consejo Directivo, celebrada el 2 de febrero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C7009-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 7 de octubre de 2020, doña Victoria Godoy Marchant presentó ante la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), el siguiente requerimiento:

"a) Listado que contenga los reclamos efectuados, entre los años 2016 y 2018, por cada Servicio de Salud del país a esta Superintendencia conforme al procedimiento establecido en el artículo 77 bis de la Ley N° 16.744. Para estos efectos, el listado debe contener: (i) fecha ingreso reclamo; (ii) código y/o número de ingreso; (iii) materia; (iv) Servicio de Salud recurrente; (v) Mutualidad recurrida. No se solicita señalar ningún dato personal de algún trabajador.

b) Respecto a los reclamos señalados en la letra precedente, informe si se ha dictado resolución de término por parte la Superintendencia o si ésta aún se encuentra en tramitación. En caso de haberse dictado resolución de término, indique (i) número de resolución y (ii) si el reclamo fue acogido o rechazado. No se solicita señalar ningún dato personal de algún trabajador".

2) RESPUESTA: Por medio de Ord. N° 3131 de 8 de octubre de 2020, la Superintendencia de Seguridad Social, deniega lo solicitado con base a lo siguiente:

- Acorde a lo preceptuado en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, procede resguardar los procedimientos de control y fiscalización que corresponde ejercer a esta Superintendencia, por cuanto su revelación puede llevar a que aquellas entidades fiscalizadas por este Servicio pudieran eventualmente eludir su control, afectando el debido cumplimiento de sus funciones, en los términos establecidos en la señalada disposición, las que se describen a continuación.

- Al efecto, el artículo 30 de la Ley N° 16.395, establece que le corresponde a esta Superintendencia la fiscalización de las instituciones que se dediquen al Seguro Social contra Riesgos del Trabajo y Enfermedades Profesionales que se rige por la Ley N° 16.744, entre las que se cuentan las Mutualidades de Empleadores.

- A su vez, el artículo 2° de la Ley N° 16.395, contempla como funciones de esta Superintendencia: i) Impartir instrucciones a los organismos administradores de la ley N° 16.744, de conformidad a lo que disponga la Política Pública de Seguridad y Salud en el Trabajo, en lo que corresponda, y fiscalizar que dichas entidades se ajusten a aquéllas, y k) Velar porque las instituciones fiscalizadas cumplan con las leyes y reglamentos que las rigen y con las instrucciones que la Superintendencia emita, sin perjuicio de las facultades que pudieren corresponder a otros organismos fiscalizadores. En el mismo sentido, en el artículo 3° del texto legal citado se establece que la Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia. La fiscalización de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.

- Cabe resguardar la identidad del denunciante, por cuanto su revelación puede llevar a que aquellos que pretenden formular futuras denuncias ante los órganos y servicios de la Administración del Estado se inhiban de realizarlas, impidiendo con ello que tales órganos y servicios cuenten con un insumo inestimable que les sirva de base para efectuar las fiscalizaciones necesarias, destinadas a esclarecer los hechos o irregularidades de que éstas puedan dar cuenta y, de esta forma, incluso, puede afectar el debido cumplimiento de sus funciones, en los términos establecidos en el artículo 21 ya indicado

- La publicidad, comunicación o conocimiento de las entidades empleadoras que efectúan reclamos contra las Mutualidades de Empleadores, puede afectar los derechos de los trabajadores de las entidades empleadoras que han efectuado los reclamos, en particular tratándose de la esfera de su vida privada y sus derechos de carácter económico emanados de la relación laboral, configurándose de esta forma la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

- En virtud de lo establecido en el artículo 2, letra g) de la Ley N° 16.395, corresponde a la SUSESO administrar y mantener actualizado el Sistema Nacional de Información de Seguridad y Salud en el Trabajo (SISESAT) el que deberá contener, a lo menos, la información de las denuncias de accidentes del trabajo y de enfermedades profesionales, los diagnósticos de enfermedad profesional, los exámenes y las evaluaciones realizadas, las calificaciones de los accidentes y enfermedades, y las actividades de prevención y fiscalización que correspondan, asegurando la privacidad de los datos personales y sensibles, en virtud de lo dispuesto en los artículos 2, letra g), 9, 10 de la Ley 19.628; haciendo presente las recomendaciones impartidas por este Consejo al efecto.

- Otorgar el acceso a dicha información implica inequívocamente una intromisión a la vida privada de los titulares de dichos datos, sin que éstos hayan consentido en su utilización para fines diversos que los del otorgamiento de beneficios de seguridad social, en este caso los establecidos en la Ley N° 16.744, que establece el Seguro Social contra Riesgos por Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, haciendo presente lo resuelto por este Consejo en amparo Rol C2989-20.

3) AMPARO: El 30 de octubre de 2020, doña Victoria Godoy Marchant dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su requerimiento. En concreto, expresa que lo argumentado por el organismo para denegar lo solicitado es improcedente, toda vez que lo requerido es información estadística. En tal sentido expone: "(...) en ningún caso se pide acceso al contenido de las resoluciones dictadas por la SUSESO, sino únicamente que se indique si el reclamo fue acogido o rechazado (...) en la solicitud señalé expresamente que no se requería acceder a ningún dato personal de algún trabajador, ni menos acceder a sus diagnósticos médicos, evaluaciones u otros".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Superintendente de Seguridad Social, mediante Oficio E19766, de 12 de noviembre de 2020.

Por medio de Ord. N° 3663 de 19 de noviembre de 2020, la SUSESO, reiteró las argumentaciones manifestadas en la respuesta otorgada. No obstante, agrega que para entregar la información solicitada, se requiere revisar, de un promedio anual de 80.000 reclamos presentados ante este Servicio, alrededor de 20.000 presentaciones que cada año se efectúan en relación con las prestaciones de la Ley N° 16.744, considerando además que, actualmente, en la base de datos disponible, no es posible diferenciar los reclamos referidos al artículo 77 bis del referido texto legal, los que, en todo caso, no deben ser inferiores a un promedio de 10.000 cada año, por lo que, en definitiva, la recurrente pretende que se le construya un conjunto de antecedentes referidos a un promedio de 30.000 reclamaciones respecto de los años 2016, 2017 y 2018, para lo cual este Servicio no dispone de los recursos profesionales en la actualidad, ya que destinarlos a ello implica desatender la respuesta de las reclamaciones que los trabajadores están efectuando en el año en curso, las cuales llegan, actualmente, a ciento veinte mil, lo que afectaría gravemente las funciones de esta Superintendencia.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el artículo 77 bis de la Ley N° 16.744, que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, dispone: "El trabajador afectado por el rechazo de una licencia o de un reposo médico por parte de los organismos de los Servicios de Salud, de las Instituciones de Salud Previsional o de las Mutualidades de Empleadores, basado en que la afección invocada tiene o no tiene origen profesional, según el caso, deberá concurrir ante el organismo de régimen previsional a que esté afiliado, que no sea el que rechazó la licencia o el reposo médico, el cual estará obligado a cursarla de inmediato y a otorgar las prestaciones médicas o pecuniarias que correspondan, sin perjuicio de los reclamos posteriores y reembolsos, si procedieren, que establece este artículo. En la situación prevista en el inciso anterior, cualquier persona o entidad interesada podrá reclamar directamente en la Superintendencia de Seguridad Social por el rechazo de la licencia o del reposo médico, debiendo ésta resolver, con competencia exclusiva y sin ulterior recurso, sobre el carácter de la afección que dio origen a ella (...)". En tal sentido, la parte reclamante solicita, respecto a este procedimiento y por el periodo que comprende los años 2016 a 2018, un listado que contenga: (i) fecha ingreso reclamo; (ii) código y/o número de ingreso; (iii) materia; (iv) Servicio de Salud recurrente; (v) Mutualidad recurrida; y, en caso de haberse dictado resolución de término, indicar el número de la resolución y su resultado (acogido o rechazado), destacando no requerir datos personales de algún trabajador.

2) Que, la ley N° 16.395, que fija el texto refundido de la ley de organización y atribuciones de la Superintendencia de Seguridad Social, en su artículo 2, señala en lo pertinente al caso: "Son funciones de la Superintendencia las siguientes: g) Administrar y mantener actualizado el Sistema Nacional de Información de Seguridad y Salud en el Trabajo, el que deberá contener, a lo menos, la información de las denuncias de accidentes del trabajo y de enfermedades profesionales, los diagnósticos de enfermedad profesional, los exámenes y las evaluaciones realizadas, las calificaciones de los accidentes y enfermedades, y las actividades de prevención y fiscalización que correspondan, asegurando la privacidad de los datos personales y sensibles. El Sistema se integrará, además, con la información relativa a la seguridad y salud en el trabajo que deberán proporcionar, en la forma y periodicidad que determine la Superintendencia, el Fondo Nacional de Salud, las secretarías regionales ministeriales de salud, las comisiones de medicina preventiva e invalidez, los servicios de salud, el Instituto de Seguridad Laboral, las instituciones de salud previsional, las mutualidades de empleadores y la Dirección del Trabajo; entidades que estarán obligadas a entregar los antecedentes que deban poseer de acuerdo a sus atribuciones legales. En caso que no dispongan de los antecedentes o no cumplan con su remisión dentro de los plazos fijados, dichas entidades deberán informar por escrito las razones de ello e indicar el término en que lo harán. Adicionalmente, la Superintendencia podrá requerir la información de que disponga el Sistema de Información de Datos Previsionales administrado por el Instituto de Previsión Social, como también la información que otras entidades públicas o privadas tengan en su poder y resulte necesaria para la integración del Sistema y el cumplimiento de su objetivo".

3) Que, de esta forma, en cumplimiento de sus funciones el órgano reclamado se encarga de la administración del Sistema Nacional de Información de Seguridad y Salud en el Trabajo, SISESAT, en el que se registran los antecedentes sobre las denuncias de accidentes del trabajo y de enfermedades profesionales, los diagnósticos de enfermedad profesional, los exámenes y las evaluaciones realizadas, las calificaciones de los accidentes y enfermedades, y las actividades de prevención y fiscalización que correspondan. En tal sentido, la SUSESO deniega los antecedentes solicitados por considerar que puede permitir acceder a información personal y sensible de los trabajadores, y afectar los procedimientos de control y fiscalización que les corresponde ejercer, invocando al efecto las causales de reserva del artículo 21 N° 1 y 2 de la Ley de Transparencia.

4) Que, sin embargo, no señalan cómo la entrega de dichos antecedentes, particularmente, la fecha ingreso del reclamo; materia; Servicio de Salud recurrente; Mutualidad recurrida; y, número y resultado de la resolución de término, podrían facilitar el acceso a datos personales o sensibles de los trabajadores y afectar el desarrollo de sus procedimientos, considerando que la información requerida es meramente referencial e innominada respecto de dichas reclamaciones, razón por la cual deben desestimarse estas alegaciones.

5) Que, caso contrario es lo que acontece con la indicación del código y/o número de ingreso del reclamo. En tal sentido, se accede al sitio web de seguimiento de reclamos de la SUSESO , verificando que para ingresar al expediente y conocer el estado del reclamo respectivo, es necesario contar tanto con el número de reclamo - el que corresponde al número de ingreso- y señalar el RUT del reclamante, último dato que en el caso particular sería de la titularidad del Servicio de Salud, el cual es posible obtener de una simple búsqueda en internet; en consecuencia, proporcionar el código y/o número de ingreso del reclamo, facilitaría el acceso a los expedientes y documentos que lo sustentan, configurándose por tanto las causales de reserva invocadas por la recurrida respecto a este antecedente.

6) Que, luego, en sus descargos, complementan su negativa, señalando que dar respuesta a lo pretendido implica la elaboración de un listado especial con los tópicos consultados, gestión que implicaría la revisión total de todos los reclamos en la plataforma SISESAT, los cuales ascienden a unos 80.000 por año, a fin de diferenciar aquellos referidos al artículo 77 bis de la Ley N° 16.744. Sin perjuicio de lo anterior, en el entendido que están haciendo una alusión indirecta a la causal de excepción establecida en el artículo 21 N° 1 letra c) de la ley mencionada, su argumentación carece de la suficiencia necesaria para acreditar una eventual distracción indebida en el cumplimiento de sus funciones, pues no proporcionan elementos de convicción que tornen plausible dicha hipótesis de reserva; por cuanto sólo se refieren al número de registros, sin precisar la complejidad de extraer la información solicitada de la plataforma aludida, en relación a los funcionarios que deberían destinarse a tal labor, tiempo estimado que demandaría y funciones que se verían entorpecidas, conforme los términos dispuestos en el artículo 7° N° 1, literal c), inciso tercero, del Reglamento de la Ley de Transparencia.

7) Que, en consecuencia, procede acoger parcialmente el amparo deducido, ordenando la entrega de la información solicitada, otorgando un plazo prudencial al efecto, conforme se indicará en lo resolutivo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo interpuesto por doña Victoria Godoy Marchant en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, en virtud de los fundamentos señalados precedentemente.

II. Requerir al Sr. Superintendente de Seguridad Social:

a) Haga entrega a la recurrente del listado de reclamos que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 77 bis de la Ley N° 16.744, fueron efectuados entre los años 2016 y 2018, con la indicación de (i) fecha ingreso reclamo; (ii) materia; (iii) Servicio de Salud recurrente; (iv) Mutualidad recurrida; y, en caso de haberse dictado resolución de término, indicar el número de la resolución y su resultado (acogido o rechazado).

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 15 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Rechazar el amparo respecto a la entrega del código y/o número de ingreso del reclamo, en virtud de lo establecido en el artículo 21 N° 1 y 2 de la Ley de Transparencia.

IV. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a doña Victoria Godoy Marchant y al Sr. Superintendente de Seguridad Social.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.