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Lucas Cifuentes con MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES Rol: C6138-20

Consejo para la Transparencia, 02/02/2021

Se acoge el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Los Ángeles, ordenando se permita al reclamante acceder presencialmente a los 33 libros en los que se contienen los oficios, circulares y resoluciones dictados entre 1981 a 1987. Esto, previa coordinación entre las partes, a fin de que dicha actividad de revisión o exhibición se efectúe adoptando todas las medidas sanitarias que eviten una exposición inadecuada, tanto de los funcionarios del municipio como del reclamante, a un eventual contagio de COVID-19. Lo anterior, por tratarse de información esencialmente pública, respecto de la cual la forma de acceso reclamada, esto es, mediante su revisión o exhibición presencial, se encuentra amparada por la Ley de Transparencia. Además, atendida la falta de descargos en esta sede, no se han invocado alegaciones precisas en relación con el hecho reclamado.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente

Descriptores analíticos:

Tema
Materia
Tipo de Documento


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C6138-20

Entidad pública: Municipalidad de Los Ángeles

Requirente: Lucas Cifuentes

Ingreso Consejo: 29.09.2020

RESUMEN

Se acoge el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Los Ángeles, ordenando se permita al reclamante acceder presencialmente a los 33 libros en los que se contienen los oficios, circulares y resoluciones dictados entre 1981 a 1987. Esto, previa coordinación entre las partes, a fin de que dicha actividad de revisión o exhibición se efectúe adoptando todas las medidas sanitarias que eviten una exposición inadecuada, tanto de los funcionarios del municipio como del reclamante, a un eventual contagio de COVID-19.

Lo anterior, por tratarse de información esencialmente pública, respecto de la cual la forma de acceso reclamada, esto es, mediante su revisión o exhibición presencial, se encuentra amparada por la Ley de Transparencia.

Además, atendida la falta de descargos en esta sede, no se han invocado alegaciones precisas en relación con el hecho reclamado.

En sesión ordinaria N° 1154 del Consejo Directivo, celebrada el 2 de febrero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C6138-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 26 de agosto de 2020, don Lucas Cifuentes formuló a la Municipalidad de Los Ángeles, la siguiente solicitud de información:

"Solicito copia o acceso a los siguientes documentos:

- Oficios y circulares firmados por los alcaldes de Los Ángeles o por poder entre 1981 y 1987.

- Oficios y circulares firmados por los directores de la Secretaría Comunal de Planificación de Los Ángeles o por poder entre 1981 y 1987.

- Solicito todos las resoluciones de desvinculación en virtud del artículo 5 del Decreto Ley 2.345 de 1978, referido a desburocratización de profesores, entre 1981 y 1987".

2) RESPUESTA: El 24 de septiembre de 2020, mediante Ord. N° 2393, de 23 de septiembre del mismo año, la Municipalidad de Los Ángeles respondió a dicho requerimiento de información indicando, en resumen, que se deniega el acceso a la totalidad de los antecedentes pedidos en virtud de la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia, atendida la cantidad de documentos que abarca la solicitud.

Al respecto, señala que realizada una búsqueda se encontraron 33 libros relacionados con distintas materias que pudiera haber firmado la autoridad de turno, indicando que cada libro cuenta con 320 a 360 páginas, llegando a un total aproximado de 10.560 documentos. Acompaña copia de acta de búsqueda de la información.

Respecto a los documentos de educación, indican que éstos se encuentran fuera de las instalaciones de la Dirección Comunal de Educación (DAEM), a las afueras de la ciudad de Los Ángeles. Asimismo, informa que los documentos requeridos, se encuentran todos en soporte papel, no disponibles en formato digital.

Acto seguido, agrega que solo durante el mes de agosto y septiembre del presente año, ingresaron 36 solicitudes de información, de las cuales gran parte de ellas han sido derivadas a dirección de SECPLAN como DAEM en la que existe una importante recarga laboral para funcionarios de la unidad de secretaria existiendo solo un auxiliar para el proceso de búsqueda, desarchivo, digitalización y clasificación de la información producto de sistema de tumos decretado por Decreto N° 1600 de fecha 25 de junio del 2020, dispone medidas excepcionales de funcionamiento interno ante alerta sanitaria de la Municipalidad de Los Ángeles.

En consecuencia, satisfacer el requerimiento de entrega de información del solicitante implica para los funcionarios indicados la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, a la atención de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo de esta forma la atención de las otras funciones públicas que el servicio debe desarrollar o exigiendo una dedicación desproporcionada a esa o las personas en desmedro de la que se destina a la atención de las demás personas.

Por lo anteriormente señalado, sostiene que el conjunto de documentos relativos a 7 años y del periodo 1981 al 1987, justifica la concurrencia de la hipótesis de distracción indebida de los funcionarios de dicho órgano, respecto del cumplimiento regular de sus funciones.

En el entendido que se asigne una o dos funcionarias(os), encargada(o) del proceso de digitalización para que se traslade a las bodegas de SECPLAN y de las existentes en el DAEM pues durante la jornada de la mañana su función principal es la realizar las actividades propias de su cargo y tumo designado. Esto, estimados que se requerirá un total de 120 días aproximados para cumplir con todo el requerimiento dado que contamos con un Decreto N° 1.600 que les instruye establecer sistemas de tumos semanales, lo cual imposibilita la recopilación del extenso de volumen de documentos.

Finalmente, hace presente que es un hecho público y notorio que actualmente a nivel mundial existe una emergencia sanitaria por el contagio de un virus llamado COVID-19, dando cuenta de todos los actos de la autoridad sanitaria que han dispuesto medidas sanitarias aplicables en el territorio nacional y comunal, así como en el funcionamiento de los servicios públicos.

3) AMPARO: El 29 de septiembre de 2020, don Lucas Cifuentes dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que recibió respuesta negativa a la solicitud de información. Al efecto, el reclamante manifiesta: "La negativa a responder la solicitud se basa en que el organismo no tiene la capacidad de digitalizar los documentos solicitados. Sin embargo, mi solicitud no exige copia, sino la posibilidad de permitirme acceso a los documentos de forma presencial".

4) AUSENCIA DE DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Los Ángeles, mediante Oficio E18333, de 23 de octubre de 2020, solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; (3°) aclare si la información denegada se encuentra en formato digital y/o papel; y, (4°) se refiera al volumen de la información solicitada, la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilar la información requerida.

Con todo, a la fecha del presente acuerdo no consta que el organismo haya presentado sus descargos en esta sede.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, lo solicitado corresponde, en términos generales, a información sobre oficios, circulares y resoluciones para el periodo entre 1981 a 1987. Por su parte, del tenor de los dichos del reclamante anotados en el numeral 3) de lo expositivo, se desprende que el fundamento del amparo dice relación con que el órgano requerido no se pronunció en torno a permitir el acceso a los documentos pedidos de forma presencial, esto es, mediante una revisión o exhibición presencial en dependencias de la Municipalidad de Los Ángeles, en circunstancias que dicha alternativa fue señalada explícitamente en la solicitud de información.

2) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Luego, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público". Por su parte, el artículo 17 de la Ley de Transparencia dispone que "La información solicitada se entregará en la forma y por el medio que el requirente haya señalado, siempre que ello no importe un costo excesivo o un gasto no previsto en el presupuesto institucional, casos en que la entrega se hará en la forma y a través de los medios disponibles".

3) Que, en tal orden de ideas, por una parte, la información pedida se constituye como antecedentes esencialmente públicos y, por la otra, la forma de acceso reclamada, esto es, mediante su revisión o exhibición presencial, se encuentra amparada por la Ley de Transparencia.

4) Que, así las cosas, de los antecedentes del caso se advierte que, si bien, el organismo en su respuesta a la solicitud enunció largamente cada una de las medidas sanitarias dictadas por la autoridad para enfrentar la alerta sanitaria por COVID-19 en nuestro país, en efecto, no informó cómo es que dichas medidas impiden el acceso presencial a la información objeto de la solicitud. De igual forma, atendida la falta de descargos en esta sede, no se han invocado alegaciones precisas en relación con el hecho reclamado.

5) Que, no obstante lo anterior, en atención a la declaración de Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe ante la emergencia por Coronavirus COVID-19, decretada por el Presidente de la República, conviene tener presente lo establecido en el dictamen N° 3610, de 17 de marzo de 2020, de la Contraloría General de la República, que establece "conforme lo disponen los artículos 1°, inciso quinto, y 5°, inciso segundo, de la Constitución Política de la República, es deber del Estado dar protección a la población y a la familia (...) Asimismo, cabe anotar que, en resguardo del derecho a la protección de la salud, garantizado por el artículo 19, N° 9°, de la Constitución Política y en cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional, aprobado por la Organizaban Mundial de la Salud -de la que Chile es miembro-, mediante el decreto supremo N° 4, de 2020, del Ministerio de Salud, se declaró alerta sanitaria para enfrentar la amenaza a la salud publica producida por la propagación a nivel mundial del Coronavirus 2019 (...) ante una pandemia como la que afecta al territorio nacional, corresponde a los órganos de la Administración del Estado adoptar las medidas que el ordenamiento jurídico les confiere a fin de proteger la vida y salud de sus servidores, evitando la exposición innecesaria de estos a un eventual contagio; de resguardar la continuidad del servicio público y de procurar el bienestar general de la población" (énfasis agregado).

6) Que, en el mismo sentido, mediante Oficio N° 252, de fecha 20 de marzo de 2020, de este Consejo, disponible en el link https://www.consejotransparencia.cl/wp-content/uploads/2020/03/Oficio%C2%B0000252-CPLT.pdf, indicó que "En el contexto de la pandemia global calificada por la Organización Mundial de la Salud, con fecha 11 de marzo del presente año, como consecuencia del brote de COVID-19, también denominado Coronavirus, y habiendo nuestro país entrado, el día 16 de marzo del corriente, a Fase 4 de dicha pandemia, desde el Estado, se ha hecho un llamado a otorgar a todas las trabajadoras y trabajadores las facilidades que sean necesarias, con el fin de evitar que, en lo posible, acudan a sus lugares de trabajo, y eviten las aglomeraciones masivas. Por cierto, esto también alcanza a quienes se desempeñan en los distintos órganos de la Administración del Estado, procurando, en todo caso, mantener el funcionamiento de todos aquellos servicios que sean necesarios para una adecuada atención, y resguardando la salud de los usuarios de dichas entidades (...) Con todo, el Consejo para la Transparencia, en su calidad de órgano del Estado, se encuentra, por sobre todo, al servicio de la persona humana, promoviendo el bien común; y, en estas circunstancias de excepción, junto con garantizar el adecuado ejercicio del derecho de acceso a la información, le asiste a su vez el deber de proteger la vida y salud de las personas, evitando la exposición innecesaria, tanto de funcionarias y funcionarios públicos, como de la ciudadanía en general, a un eventual contagio; como también de resguardar la continuidad del servicio público y de procurar el bienestar de toda la población", efectuando diversas recomendaciones a los servicios públicos en relación con los efectos de la pandemia y el ejercicio del Derecho de Acceso a Información Pública que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado.

7) Que, en dicho contexto, se acogerá el amparo deducido en contra la Municipalidad de Los Ángeles, ordenando se permita al reclamante acceder presencialmente a los 33 libros en los que se contienen los actos administrativos consultados, previa coordinación entre las partes, a fin de que dicha actividad de revisión o exhibición se efectúe adoptando todas las medidas sanitarias que eviten una exposición inadecuada, tanto de los funcionarios del municipio como del reclamante, a un eventual contagio de COVID-19. Para ello, el organismo podrá proponer un lugar, forma y horario que considere más adecuado para que se materialice el acceso a la información consultada, informando de ello a este Consejo en sede de cumplimiento.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Lucas Cifuentes en contra de la Municipalidad de Los Ángeles, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Los Ángeles:

a) Permitir al reclamante acceder presencialmente a los 33 libros en los que se contienen los oficios, circulares y resoluciones dictados entre 1981 a 1987. Lo anterior, previa coordinación entre las partes, a fin de que dicha actividad de revisión o exhibición se efectúe adoptando todas las medidas sanitarias que eviten una exposición inadecuada, tanto de los funcionarios del municipio como del reclamante, a un eventual contagio de COVID-19.

Para ello, el organismo podrá proponer un lugar, forma y horario que considere más adecuado para que se materialice el acceso a la información consultada, informado de ello a este Consejo en sede de cumplimiento.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar el cumplimiento de lo señalado en el literal a) precedente, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se llevaron a cabo las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Lucas Cifuentes y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Los Ángeles.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.