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Macarena Riveros Dagnino con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL Rol: C8256-20

Consejo para la Transparencia, 02/02/2021

Se rechaza el amparo contra de la Superintendencia de Seguridad Social. Lo anterior, por cuanto en virtud de los antecedentes presentados, se logra establecer que el obrar de la Superintendencia de Seguridad Social es congruente con lo dispuesto en los artículos 21 N° 1 y 2 de la Ley de Transparencia, como asimismo con los preceptos de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Trabajo
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C8256-20

Entidad pública: Superintendencia de Seguridad Social

Requirente: Macarena Riveros Dagnino

Ingreso Consejo: 17.12.2020

RESUMEN

Se rechaza el amparo contra de la Superintendencia de Seguridad Social.

Lo anterior, por cuanto en virtud de los antecedentes presentados, se logra establecer que el obrar de la Superintendencia de Seguridad Social es congruente con lo dispuesto en los artículos 21 N° 1 y 2 de la Ley de Transparencia, como asimismo con los preceptos de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada.

En sesión ordinaria N° 1154 del Consejo Directivo, celebrada el 2 de febrero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C8256-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 15 de diciembre de 2020, doña Macarena Riveros Dagnino solicitó a la Superintendencia de Seguridad Social la siguiente información: "Favor requiero a Suseso solicite a achs Nombre de la persona por parte de mi empleador que respondio estudio de puesto de trabajo para re calificación de enfermedad profesional."(sic)

2) RESPUESTA: El 17 de diciembre de 2020, la Superintendencia de Seguridad Social respondió a dicho requerimiento de información indicando que deniega la entrega conforme al artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, por afectar el debido cumplimiento de las funciones de su servicio.

Alude la reclamada que en el Compendio de Normas del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, en su Libro III "DENUNCIA, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INCAPACIDADES PERMANENTES", Título III "Calificación de enfermedades profesionales", Letra C. "Protocolo de patologías de salud mental", Capítulo II "Normas especiales del proceso de calificación", Número 2. "Evaluaciones de condiciones de trabajo", se señala: "El EPT-PM se deberá realizar exclusivamente mediante entrevistas semi-estructuradas y confidenciales a una cantidad razonable de informantes aportados tanto por la empresa, como por el trabajador, con la finalidad de efectuar una evaluación equilibrada de los factores de riesgo psicosociales presentes en el trabajo, lo que incluye las posibles conductas de acoso, de un modo sistemático y apegado al método científico. Si no fuera posible entrevistar a los informantes referidos por el trabajador, se deberá dejar constancia de las razones que impidieron hacerlo".

Agrega que el Estudio de Puesto de Trabajo solicitado contiene declaraciones de trabajadores designados por la empresa y el afectado y las jefaturas, es decir, implica a terceros a quienes se les ha garantizado su no divulgación, a fin de facilitar la veracidad de las deposiciones, lo que, de vulnerarse, provocaría la inhibición en ellos; que resulta fundamental, para contar con evaluaciones de puesto de trabajo que entreguen todos los elementos necesarios para efectuar la calificación como común o laboral de la patología de salud mental, que a los declarantes se les asegure la confidencialidad de sus dichos, ya sean presentados por el mismo trabajador evaluado como por la empresa, o que se detecten y entrevisten durante la evaluación que realizan los Organismos Administradores de la Ley N° 16.7644.

Sostiene además que revelar la identidad y las declaraciones de los testigos en una evaluación de puesto de trabajo respecto de una patología de salud mental puede afectar la confiabilidad, la exactitud y completitud de ésta, al inhibir a los declarantes a presentarse, ya sea a solicitud del propio trabajador, de la empresa o de los Organismos Administradores.

3) AMPARO: El 17 de diciembre de 2020, doña Macarena Riveros Dagnino dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que se deniega el acceso a información. Además, el reclamante hizo presente que el amparo se funda en la respuesta negativa a la solicitud de información. Agregando que "necesito saber nombre o cargo de la persona que respondio ETP, puesta que que etsoy en proceso judicial contra la empresa y existen sospechas fundadas de que la persona que respondio por parte de la empresa, contrajo vínculo laboral 1 mes después del inicio de mi reposo. Por ende no trabajo conmigo y a perjudicado mi recuperación de forma grave. Además si esto llega a ser así hay un claro incumplimiento de la ley por parte de Achs, siendo un tema gravisimo. De no poder entregar el nombre ruego verifiquen fecha de inicio de contrato de la persona que respondió que esa información si debe estar en las pautas Achs. Debería ser del mes de dicimienbre del 2019 según sospecha y mi inicio de reposo es de finales de octubre del 2019. Como ven señores es extremadamente necesario conocer esta información ya que claramente de corroborarse hay una mala práctica, lo cual ha costado mi salud.

No pueden entregar nombre de la persona porque se complicaría según resolución adjuntada. Como ya mencioné ni no pueden dar el nombre, necesito verifiquen que el testigo de la empresa sea contemporáneo a los hechos, ya que mi I cio de reposo fue finales del mes de octubre 2019, y se tienen sospechas fundadas de que la persona que respondió el ETP ingresó a prestar funciones a la empresa en diciembre del 2019, incluso después de del ara la enfermedad profesional en primera instancia. Dicha I formación debería estar en la pauta de Achs, de corroborarse lo que mencionó s grave, ya que hay un proceso judicial vigente contra el empleador y la achs claramente hubiera incurrido en un delito y mala práctica que ha afectado claramente mi salud. Lo que estoy solicitando en resumen que verifiquen que los testigos de la empresa fueron contratados 1 mes después del inicio de mi reposo faltando a la verdad, y la achs faltando a los protocolos, la superintenintencia fiscaliza a la mutualidad y tengo todo el derecho de pedir que verifiquen esta información."(sic)

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Superintendente de la Superintendencia de Seguridad Social, mediante Oficio N° E21548 de 30 de diciembre de 2020 solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información; (2°) explique cómo lo solicitado afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa.

Con fecha 04 de enero de 2021, el órgano reclamado formula descargos, fundando su negativa de entrega de información en lo siguiente:

a) De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 21 N° 1 de la Ley N° 20.285, se puede denegar el acceso a la información pública: "N° 1: Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido"; de esta forma, la entrega de antecedentes referidos al "Informe de Evaluación de Puesto de Trabajo Patologías Siquiátricas", afectaría el debido funcionamiento de esta Superintendencia. Al efecto, en el Compendio de Normas del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, de esta Superintendencia, en su Libro III "DENUNCIA, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INCAPACIDADES PERMANENTES", Título III "Calificación de enfermedades profesionales", Letra C. "Protocolo de patologías de salud mental", Capítulo II "Normas especiales del proceso de calificación", Número 2. "Evaluaciones de condiciones de trabajo", se señala: "El EPT-PM se deberá realizar exclusivamente mediante entrevistas semi-estructuradas y confidenciales a una cantidad razonable de informantes aportados tanto por la empresa, como por el trabajador, con la finalidad de efectuar una evaluación equilibrada de los factores de riesgo psicosociales presentes en el trabajo, lo que incluye las posibles conductas de acoso, de un modo sistemático y apegado al método científico. Si no fuera posible entrevistar a los informantes referidos por el trabajador, se deberá dejar constancia de las razones que impidieron hacerlo". El Estudio de Puesto de Trabajo solicitado contiene declaraciones de trabajadores designados por la empresa y el afectado y las jefaturas, es decir, implica a terceros a quienes se les ha garantizado su no divulgación, a fin de facilitar la veracidad de las deposiciones, lo que, de vulnerarse, provocaría la inhibición en ellos.

b) Que revelar la identidad y las declaraciones de los testigos en una evaluación de puesto de trabajo respecto de una patología de salud mental puede afectar la confiabilidad, la exactitud y completitud de ésta, al inhibir a los declarantes a presentarse, ya sea a solicitud del propio trabajador, de la empresa o de los Organismos Administradores.

c) Señala la recurrida que el ejercicio de las funciones de la Superintendencia se vería comprometido si se dieran a conocer los nombres y la individualización de los testigos, lo que afectaría su función referida al correcto otorgamiento de los beneficios contemplados en la Ley N° 16.744.

d) Adicionalmente, indica la Superintendencia requerida, que la Sra. Riveros Dagnino también ha reclamado ante el Consejo para la Transparencia requiriendo: "necesito verifiquen que el testigo de la empresa sea contemporáneo a los hechos, ya que mi I cio de reposo fue finales del mes de octubre 2019, y se tienen sospechas fundadas de que la persona que respondió el ETP ingresó a prestar funciones a la empresa en diciembre del 2019, incluso después de del ara la enfermedad profesional en primera instancia. Dicha I formación debería estar en la pauta de Achs, de corroborarse lo que mencionó s grave, ya que hay un proceso judicial vigente contra el empleador y la achs claramente hubiera incurrido en un delito y mala práctica que ha afectado claramente mi salud. Lo que estoy solicitando en resumen que verifiquen que los testigos de la empresa fueron contratados 1 mes después del inicio de mi reposo faltando a la verdad, y la achs faltando a los protocolos, la superintendencia fiscaliza a la mutualidad y tengo todo el derecho de pedir que verifiquen esta información". Al respecto señala la recurrida que resulta procedente hacer presente a este Consejo que el requerimiento de la reclamante claramente excede el ámbito del procedimiento de solicitud de información pública establecido en la Ley N° 20.285, al requerir determinadas actuaciones de esta Superintendencia respecto de la Asociación Chilena de Seguridad, enmarcándose más bien en la esfera del derecho de petición, establecido en la Constitución Política de la República.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el objeto del presente amparo refiere a la negativa por parte de la Superintendencia de Seguridad Social a la entrega del nombre del trabajador que habría respondido el Estudio de Puesto de Trabajo.

A este respecto, la recurrida fundamente la denegación en la causal de reserva del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, en atención a que el ejercicio de las funciones de la Superintendencia se vería comprometido si se dieran a conocer los nombres y la individualización de los testigos, lo que afectaría su función referida al correcto otorgamiento de los beneficios contemplados en la Ley N° 16.744.

2) Que, en el Compendio de Normas del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, Libro III "DENUNCIA, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INCAPACIDADES PERMANENTES", Título III "Calificación de enfermedades profesionales", Letra C. "Protocolo de patologías de salud mental", Capítulo II "Normas especiales del proceso de calificación", Número 2. "Evaluaciones de condiciones de trabajo", se señala: "El EPT-PM se deberá realizar exclusivamente mediante entrevistas semi-estructuradas y confidenciales a una cantidad razonable de informantes aportados tanto por la empresa, como por el trabajador, con la finalidad de efectuar una evaluación equilibrada de los factores de riesgo psicosociales presentes en el trabajo, lo que incluye las posibles conductas de acoso, de un modo sistemático y apegado al método científico. Si no fuera posible entrevistar a los informantes referidos por el trabajador, se deberá dejar constancia de las razones que impidieron hacerlo".

3) Que, la Ley N° 16.744 que establece normas sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales otorga a la Superintendencia de Seguridad Social la fiscalización sobre las Mutualidades, y que ejercerá estas funciones en conformidad a sus leyes y reglamentos orgánicos.

4) Que, según el Anexo N° 17, "Instructivo de estudio de puesto de trabajo por sospecha de patología de salud mental laboral" , publicado en el sitio web de la Superintendencia de Seguridad Social (https://www.suseso.cl/613/articles-480876_archivo_13.pdf) , III Metodología, letra C. Exploración, indica: "Con respecto a la exploración propiamente tal, esta se realizará mediante entrevistas, las cuales son de carácter confidencial y reservado, y sólo podrán ser reveladas por parte del organismo administrador al respectivo entrevistado, a la Superintendencia de Seguridad Social y a los Tribunales de Justicia en caso de requerirlo de modo expreso."

5) Que, el documento solicitado por la reclamante, el "Estudio de Puesto de Trabajo", contiene declaraciones de trabajadores designados por la empresa y el afectado y las jefaturas; esto es, contiene afirmaciones de terceras personas, a las que se les garantiza la reserva de su declaración, con el objetivo de facilitar la veracidad de las deposiciones, y que en caso de vulnerarse provocaría la inhibición en ellos y consecuentemente una afectación en el procedimiento en cuestión.

6) Que, en lo que respecta al requerimiento, este Consejo en reiteradas oportunidades se ha pronunciado reservando información como la solicitada, por cuanto de conocerse la identidad de quienes prestaron declaración, así como el contenido de la misma, podría devenirse en una situación que podría afectar los derechos de quienes voluntariamente tomaron parte en un procedimiento como el consultado. Asimismo, porque de conocerse la identidad y declaraciones de los que colaboraron con el "Estudio", podría inhibir a otros trabajadores de colaborar ante futuras denuncias, perjudicando de dicho modo, el debido cumplimiento de las funciones del organismo respectivo, al verse privado de un insumo esencial en un procedimiento como el descrita en el considerando anterior. En efecto, y citando decisión de amparo C890-17, "divulgar la información requerida supone necesariamente restar efectividad a las labores que la reclamada pueda desplegar en el cuidado y protección de los trabajadores, por cuanto éstos podrían inhibirse no sólo de ingresar denuncias por concepto de vulneración de derechos fundamentales, sino también a colaborar con su testimonio en forma plena y veraz, al verse expuestos a que sus declaraciones puedan ser conocidas por sus empleadores actuales o futuros, todo lo cual afectaría claramente las funciones de la requerida, y con ello, el debido cumplimiento de sus funciones (...)"

7) Que, en tal sentido, cabe tener presente además que según ha razonado este Consejo a partir de la decisión C272-10 y refrendado con posterioridad por las decisiones de amparo C2323-14, C1174-15 y C6532-18, "no se puede desconocer la naturaleza especial de las denuncias realizadas por los trabajadores (...) y el riesgo de que su divulgación (...) o la de los trabajadores que han declarado en un proceso de fiscalización (...) , afecte su estabilidad en el empleo o los haga víctimas de represalias (...) Asimismo, ha resuelto que la publicidad, comunicación o conocimiento de dicha información puede afectar los derechos de los trabajadores (...) que han prestado declaración, en particular tratándose de la esfera de su vida privada y sus derechos de carácter económico emanados de la relación laboral, configurándose de esta forma la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, la que se encuentra reforzada por lo dispuesto en el artículo 33, letra m), del mismo cuerpo legal, en cuanto se encomienda a este Consejo, velar por el adecuado cumplimiento de la ley N° 19.628, por parte de los órganos de la Administración del Estado".

8) Que, en virtud de lo expuesto, logra establecerse que el obrar de la Superintendencia de Seguridad Social es congruente con lo dispuesto en los artículos 21 N° 1 y 2 de la Ley de Transparencia, como asimismo con los preceptos de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, razones por las que se rechazará el presente amparo.

9) Que, en lo que respecta a la petición de la reclamante de "que verifiquen que los testigos de la empresa fueron contratados 1 mes después del inicio de mi reposo faltando a la verdad, y la achs faltando a los protocolos, la Superintendencia fiscaliza a la mutualidad y tengo todo el derecho de pedir que verifiquen esta información", cabe señalar que tal requerimiento no se enmarca dentro del procedimiento administrativo de solicitudes de información contemplado en la Ley de Transparencia, sino más bien se trata de un derecho de petición establecido en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la República, no resultando este Consejo competente para pronunciarse a su respecto.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por doña Macarena Riveros Dagnino, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Macarena Riveros Dagnino y a al Superintendente de la Superintendencia de Seguridad Social.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.