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Óscar Gamero Pérez con SUBSECRETARIA DEL INTERIOR Rol: C6725-20

Consejo para la Transparencia, 02/02/2021

Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Subsecretaría del Interior, ordenando la entrega de la información correspondiente al documento que se tiene como referencia para determinar el cumplimiento del requisito de acompañar, en una solicitud de Permanencia Definitiva, el documento que demuestra los últimos 8 pagos de IVA. Lo anterior, por cuanto, la solicitud de información recae sobre un antecedente que puede obrar en alguno de los soportes documentales a los que hacen referencia los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, desestimándose que corresponda al ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 19, N° 14, de la Constitución Política de la República.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Orden y Seguridad Interior
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Bernardo Navarrete Yáñez (Unánime)
  • Francisco Javier Leturia Infante (Unánime)
  • Gloria de la Fuente González (Unánime)
  • Natalia González Bañados (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C6725-20

Entidad pública: Subsecretaría del Interior

Requirente: Óscar Gamero Pérez

Ingreso Consejo: 20.10.2020

RESUMEN

Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Subsecretaría del Interior, ordenando la entrega de la información correspondiente al documento que se tiene como referencia para determinar el cumplimiento del requisito de acompañar, en una solicitud de Permanencia Definitiva, el documento que demuestra los últimos 8 pagos de IVA.

Lo anterior, por cuanto, la solicitud de información recae sobre un antecedente que puede obrar en alguno de los soportes documentales a los que hacen referencia los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, desestimándose que corresponda al ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 19, N° 14, de la Constitución Política de la República.

Con todo, en el evento de no obrar en poder del órgano el antecedente solicitado, dicha circunstancia se deberá explicar y acreditar en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de acuerdo al punto 2.3, de la instrucción general N° 10.

La Consejera doña Natalia González Bañados se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.

En sesión ordinaria N° 1154 del Consejo Directivo, celebrada el 2 de febrero de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C6725-20.

VISTO:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 8 de septiembre de 2020, don Óscar Gamero Pérez solicitó a la Subsecretaría del Interior, la siguiente información, referida a una gestión que realizó ante el órgano: "(...) quisiera saber cuál documento es específicamente al que extranjería se refiere (son los certificados solemnes de IVA?, que son, aparte de la carpeta tributaria los que SII me indica pudieran ser los documentos que me están solicitando) y de ser así, adjunto los últimos 8 IVA contados desde la segunda carga de documentos al subsanar?, considero esto debería estar claro en la página de extranjería ya que provoca pérdida de tiempo innecesaria en el trámite y afecta al inversionista extranjero, puesto que sin la permanencia definitiva hay muchas limitantes, más sin embargo sigo trabajando, aportando pagando impuestos, imposiciones, nómina e invirtiendo en CHILE. Aportando económicamente al crecimiento del país a pesar de los retardos en los tiempos de visado sumando ahora a este inconveniente.

En este sentido requiero copia de los documentos que el Departamento de Migración y Extranjería tiene de referencia para determinar si un extranjero ha acompañado o no la documentación exigida en los campos de "últimos 8 pagos de IVA (*) emitido por el SII" en la categoría de "Acreditar ingresos" como "inversionista al momento de realizar una solicitud de permanencia definitiva a través de https://tramites.extranjeria.gob.cl.

Copia del documento que se tiene de referencia para acreditar últimos 8 pagos de IVA emitido por SII. Copia del documento que se tiene de referencia para acreditar última declaración de renta sociedad y personal emitido por SII".

2) RESPUESTA: El 6 de octubre de 2020, mediante Oficio N° 23025, la Subsecretaría del Interior respondió al requerimiento de información indicando que los documentos solicitados para realizar los análisis de las postulaciones de Permanencia Definitiva, son de público conocimiento y avalados por la institución competente en la materia, es decir, el Servicio de Impuestos Internos, razón por la cual, en caso de requerir copia de dichos documentos, deberán ser solicitados a éste último órgano. En razón de lo anterior, y de acuerdo al artículo 13 de la Ley de Transparencia, indica que no es competente para la entrega de la información requerida, toda vez que emana del SII.

3) AMPARO: El 20 de octubre de 2020, don Óscar Gamero Pérez dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud. Además, el reclamante hizo presente que: "(...) la afirmación del Jefe del Departamento señalando que "los documentos solicitados para realizar los análisis de las postulaciones de Permanencia Definitiva, son documentos de púbico conocimiento y avalados por la institución competente en esta materia, este es, el Servicio de Impuestos Internos" no es correcta. Ha sido el mismo Servicio de Impuestos Internos quien ha confirmado que el F29 es el documento idóneo para demostrar los últimos pagos de IVA, documento que se acompañó en su oportunidad (...) se requiere un pronunciamiento de la autoridad respecto del documento que se tiene como referencia para determinar el cumplir con el documento que demuestra los últimos 8 pagos de IVA al momento de solicitar la Permanencia Definitiva".

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Subsecretario del Interior, mediante Oficio E19794, de 12 de noviembre de 2020, solicitando que: (1°) considerando lo expuesto por el reclamante: (a) aclare si la información requerida en la solicitud de acceso en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; y, (b) indique por qué, a su juicio, la Institución que Ud. representa no es competente para atender el requerimiento; (2°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información requerida; y, (3°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que harían procedente la denegación de la información solicitada.

Mediante Ord. N° 1231, de fecha 18 de enero de 2021, el órgano reclamado formuló descargos, en los que, en síntesis, manifestó que sobre el fundamento del amparo, mediante el cual requiere un pronunciamiento de parte de la Subsecretaría, excede el marco de competencia de la ley N° 20.285, toda vez que, su artículo 4 dispone que el principio de transparencia de la función pública consiste en respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la Administración. Tal principio ha venido a establecer un derecho que se circunscribe precisamente en acceder y recibir información que se encuentra en poder de los distintos órganos del Estado, lo que no debe confundirse con aquél que también dispone el artículo 19, N° 14, de la Constitución Política de la República, que asegura a todas las personas el derecho de presentar peticiones a la autoridad, sobre cualquier asunto de interés público y privado, sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes.

No obstante, y por razones de buen servicio, informa que la gestión en la que se funda la solicitud de acceso a la información aún se encuentra en trámite, por lo que, una vez resuelta, el acto administrativo correspondiente será debidamente notificado por los canales habilitados para tal efecto.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el objeto del presente amparo, según se desprende de lo descrito en el número 3 de la parte expositiva, dice relación con la entrega de la información correspondiente al documento que se tiene como referencia para determinar el cumplimiento del requisito de acompañar, en una solicitud de Permanencia Definitiva, el documento que demuestra los últimos 8 pagos de IVA. El órgano, por su parte, manifiesta que el requerimiento correspondería al ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 19, N° 14, de la Constitución Política de la República.

2) Que, de acuerdo con el artículo 8, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que: "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo las excepciones legales.

3) Que, en este caso, se debe hacer presente que, del análisis de la solicitud de acceso a la información, como de aquello expuesto por el reclamante al formular su amparo, se desprende que el objeto del requerimiento corresponde a la entrega del documento que se tiene a la vista, o en el que constan los criterios, para determinar si un antecedente acompañado a un procedimiento administrativo posee o no el mérito necesario para tener por cumplido el requisito en relación al cual se adjunta. De esta forma, a juicio de este Consejo, lo requerido efectivamente puede constar en alguno de los soportes a los que hacen referencia los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, por ejemplo, procedimientos, instructivos, listas de verificación, resoluciones, etc., lo que desvirtúa la afirmación del órgano referida a que la solicitud correspondería más bien al ejercicio del derecho de petición consagrado en la Carta Fundamental.

4) Que, en mérito de lo expuesto, recayendo la solicitud de información en un antecedente que puede obrar en alguno de los soportes documentales a los que hacen referencia los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, el presente amparo será acogido, ordenándose la entrega de la información requerida. No obstante, en el evento de no obrar en poder del órgano el antecedente cuya entrega se ordena, dicha circunstancia se deberá explicar y acreditar en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de acuerdo al punto 2.3, de la instrucción general N° 10.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Óscar Gamero Pérez en contra de la Subsecretaría del Interior, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Subsecretario del Interior, lo siguiente:

a) Hacer entrega al reclamante de copia del documento que se tiene de referencia para acreditar los últimos 8 pagos de IVA emitido por SII, en el procedimiento de solicitud de Permanencia Definitiva.

Con todo, en el evento de no obrar en poder del órgano el antecedente ante indicado, dicha circunstancia se deberá explicar y acreditar en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de acuerdo con el punto 2.3, de la instrucción general N° 10.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General (S) y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Óscar Gamero Pérez y al Sr. Subsecretario del Interior.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Se deja constancia que la Consejera doña Natalia González Bañados, en forma previa al conocimiento del presente caso, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el mismo, por estimar que podría concurrir a su respecto la causal establecida en el número 6 del artículo 62 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado y en el numeral 1° del acuerdo de este Consejo sobre tratamiento de los conflictos de intereses, adoptado en su sesión N° 101, de 9 de noviembre de 2009, es decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido, solicitud y voluntad que este Consejo acoge en su integridad.

Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.