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DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA con Consejo para la Transparencia Rol: 595-2020

Corte de Apelaciones de Santiago, 09/03/2021

Se interpone reclamación de ilegalidad en contra de la decisión C2868-20 del Consejo para la Transparencia (CPLT), en virtud de la cual se acogió totalmente amparo. Corte rechaza el reclamo.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechazado


Ministros:

  • María Soledad Melo Labra
  • Omar Antonio Astudillo Contreras

Texto completo:

Santiago, nueve marzo de dos mil veintiuno.

Vistos:

Primero: Que, interpone recurso de reclamación de ilegalidad don Andrés Mahnke Malschafsky, Defensor Nacional, en contra de la decisión C2868-20 del Consejo para la Transparencia (CPLT), en virtud de la cual se acogió totalmente el amparo interpuesto por don Cristopher Corvalán Rivera, a efectos de que éste sea denegado.

Como antecedente previo, expone que el 24 de septiembre de 2020, luego de una revisión de rutina de jurisprudencia realizada por un miembro del equipo de la Unidad Jurídica de Control Legal y Transparencia de la Defensoría Penal Pública, se tomó conocimiento que el día 21 de septiembre del mismo año, había sido notificada de la decisión del amparo C-2868-20 del CPLT, según información disponible en el sitio del CPLT. En virtud de lo anterior, indica que se hizo una revisión completa de los correos electrónicos recibidos por los abogados de la Unidad respectiva, verificando que entre los días 1° de septiembre y 24 septiembre, no se había recibido ninguna notificación del CPLT informando de la decisión respecto de la cual se recurre de ilegalidad. Atendido a ello, se solicitó al CPLT una copia de la notificación enviada, informando ese Consejo, vía telefónica, que se había efectuado la notificación el día 07 de septiembre a través de correo electrónico, lo que no consta. Expone que, ante lo anterior, se dieron por notificados de la decisión el 21 de septiembre de 2020, fecha que sí se encuentra publicada en el portal del CPLT.

En cuanto al fondo, explica que se trata de la solicitud de acceso a información pública AK005T0000614, ingresada el 16 de abril de 2020, por don Cristopher Corvalán Rivera, por la que requirió a la Defensoría Penal Pública, lo siguiente:

"Solicito la entrega de la siguiente información, desde el inicio de la reforma procesal penal en Chile:

1.- Informar el número de defensas penales prestadas por la Defensoría en causas en las que se haya invocado la ley N° 18.314 (en adelante ley antiterrorista), individualizándolas por RUC, RIT, Tribunal, Defensoría Regional y Defensoría Local.

2.- Informar la manera en que han concluido las causas en que se ha invocado la le y antiterrorista (sentencia condenatoria, absolutoria, sobreseimiento, decisión de no perseverar, etc.) o su estado actual en el evento de estar vigentes (etapa de investigación, audiencia preparatoria, juicio, recursos pendientes, etc.).

3.- Indicar las causas tramitadas bajo ley antiterrorista en que los imputados se identifiquen como indígenas, y el pueblo originario al que señalan pertenecer.

4.- Indicar el número general de causas penales, desagregadas por región, en que se ha prestado defensa penal a imputados que se reconocen como indígenas, y el pueblo originario al que indican pertenecer.

5.- Indicar si consideran en sus registros la clasificación de delitos por "violencia rural", y en el evento de ser positivo, el número de casos desagregados por región y año.

6.- Informar las defensorías penales especializadas en defensa indígena existentes en Chile, indicar si ellas constituyen unidades especializadas administrativamente o no, el año en que fueron creadas y el número de defensores que actualmente cuentan con capacitación en defensa indígena a lo largo del país".

Relata que, mediante oficio N° 219, de 07 de mayo de 2020, se dio respuesta al solicitante, accediendo parcialmente al requerimiento, señalando que no resulta posible acceder a informar el número de defensas penales prestadas por la Defensoría en causas en las que se haya invocado la Ley N° 18.314 (ley antiterrorista), individualizándolas por RUC, RIT, Tribunal, Defensoría Regional y Defensoría Local, toda vez que su entrega permitiría identificar a una persona, disponiendo información propia de su vida privada o de su intimidad, y, por tanto, un dato sensible cuya comunicación a terceros se encuentra expresamente prohibida por la ley, aplicándose a su respecto la causal de secreto o reserva contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley N° 20.285, de Acceso a la Información Pública, y en el artículo 7 N° 2 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 13, de 2009, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, esto es, "cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de la esfera de su vida privada".

Indica que el 29 de mayo de 2020, don Cristopher Corvalán Rivera dedujo amparo, fundado en que la respuesta dada sería ilegal, incompleta, arbitraria, contraria a los hechos públicos y notorios y contraria a los propios actos del órgano reclamado, causando perjuicio al no poder realizar análisis académicos, jurisprudenciales y cotejar la información de prensa con los registros públicos. Sería ilegal, por cuanto el juicio oral es público y la imputación de hechos delictivos no constituye un ámbito amparado por la reserva de la vida privada o intimidad, pues, de hecho, se trata de delitos perseguibles de oficio por el Ministerio Público, informados abiertamente por la prensa y juzgados en público. Sería incompleta, pues se pidió la individualización de las causas por Ley 18.314 desde el inicio de la Reforma Procesal Penal (2000), pero la respuesta, aún sin la individualización requerida, sólo parte en el año 2013. Sería contraria a hechos públicos y notorios, por cuanto los juicios por Ley Antiterrorista son cubiertos por los medios de comunicación, indicándose profusamente los nombres y hechos de imputados. Y sería contraria a la teoría de los actos propios, puesto que funcionarios de la Defensoría, firmando en condición de tales, han publicado en innumerables ocasiones, artículos académicos de gran calidad, informando alguno de los datos negados en la respuesta del reclamado o nombrando abiertamente a los imputados, agregando que durante los procesos los mismos defensores penales ofrecen entrevistas a la prensa indicando el nombre de sus defendidos.

Expone que al evacuar sus descargos, señaló que la denegación de la información, respecto a la entrega de la individualización de las causas por RUC, RIT, Tribunal, Defensoría Regional y Defensoría Local, es fundada, ya que su divulgación haría determinar la identidad de sus representados. Lo funda en la causal del artículo 21, N° 2, que dispone: "Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico". Ello, en concordancia con la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, que señala que son datos personales los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables.

Señala que el CPLT, mediante decisión Rol C2868-20, acogió el amparo deducido, fundado en que la designación del RIT o RUC la realizan los Tribunales, sobre cuyas actuaciones rige el principio de publicidad consagrado en el Código Orgánico de Tribunales. Además, la publicidad en el caso de los procesos penales se encuentra consagrada tanto en el Código Procesal Penal, como en tratados internacionales como la Convención

Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Lo solicitado se trata de información de libre acceso público -por internet, ingresando a www.pjud.cl-, publicidad que se basa a su vez, en la normativa aplicable a la materia. Con todo, en caso de existir un riesgo de afectar la vida privada de terceros, el servicio, puede solicitar al tribunal respectivo mantener en reserva la identidad de aquellas y omitirla del sistema.

Explica que, con esta decisión se cambió el criterio a aplicar, ya que a la información se le había otorgado previamente el carácter de reservada. Explica que la información respecto a la entrega de la individualización de las causas por RUC, RIT, Tribunal, Defensoría Regional y Defensoría Local, permitiría determinar la identidad de los representados, quienes a su vez tienen la calidad de imputados en una causa penal. Expone que, con anterioridad, el CPLT, mediante decisión Rol C7653-19, rechazó el amparo deducido en contra de la Defensoría Penal Pública, sobre información relativa a los procesos terminados mediante sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria, por el delito de amenazas de muerte en contexto de violencia intrafamiliar (VIF) por contener datos de carácter personal y sensible cuya titularidad pertenece a quienes detentaron la calidad de intervinientes en los procesos consultados, en este entendido, la Defensoría Penal Pública, sólo se encuentra autorizada para tratar y comunicar lo requerido, en la medida que dicho tratamiento cumpla con los fines para los cuales los datos personales fueron recolectados, según lo prescribe el artículo 9° inciso primero del la ley N° 19.628, sin que exista un interés público prevalente que justifique conferir acceso a la información reclamada.

Refiere que el artículo 2°, letra f), de la ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, define a los datos personales como "todo dato relativo a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables". A su vez, el artículo 2°, letra g) del mismo texto legal, define como "datos sensibles", "aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual". De lo anterior es posible determinar que el dato sobre la identidad de una persona, vinculada ésta a su situación procesal, sea en calidad de víctima, imputado o testigo, constituye un dato personal.

Añade que la transparencia y el libre acceso a la información son garantías que tienen dos finalidades básicas: el control democrático del Poder público y facilitar el ejercicio de los derechos subjetivos, pero que ni la transparencia, ni la protección de datos son absolutos, y que la relevancia está en el juicio de ponderación que se realice al efecto, y que habiendo quedado en evidencia que existe normativa constitucional a la protección de datos personales, la exigencia de entrega de información debe superar el estándar relativo a la necesidad en la entrega de los datos requeridos sin que importe una afectación al bien jurídico resguardado.

Explica que son distintos los tratamientos jurídicos de un dato, como sería una sentencia, al de una base de datos, y que la publicidad judicial en materia penal es un mecanismo de control del ejercicio de la actividad jurisdiccional, y además, protege los derechos de los intervinientes en relación a un caso específico, no de una base de datos. Señala que la base de datos de la DPP, sólo es un registro de las actuaciones procesales realizadas por defensas públicas a una persona determinada.

Agrega que el artículo 21 de la LPVP regula la situación particular de los datos personales relativos a condenas por delitos, infracciones administrativas o faltas disciplinarias, que no pueden ser comunicados una vez prescrita la acción penal o administrativa, o cumplida o prescrita la sanción o la pena, a excepción de que sean requeridos por los tribunales de justicia u otros órganos públicos en el ámbito de sus competencias. En definitiva, de entregarse esta base de datos, las personas titulares de esta información sensible, podrían ver afectado su derecho consagrado en los Art. 12 y 21 de la LPVP. Agrega que la entrega de la información requerida afectaría no sólo a los imputados, sino que importaría una ervictimización de las víctimas.

Pide se acoja su reclamo de ilegalidad, a efectos que se rehace el amparo interpuesto por el requirente Cristopher Corvalán Rivera.

Segundo: Informando, don David Ibaceta Medina, Director General (S) y representante legal del CPLT, solicita el rechazo del recurso.

Pide, en primer término, que el reclamo de ilegalidad sea rechazado por ser extemporáneo, considerando que la decisión de Amparo fue notificada a la Defensoría Penal Pública, mediante Oficio N° E15136, el que se despachó a través de correo electrónico el 07 de septiembre de 2020, a las 5 casillas de correo electrónico informadas por la DPP para efectos de notificaciones electrónicas: alvaro.paredes@dpp.cl; cvalenzuela@dpp.cl; cristian.sanmartin@dpp.cl; mgutierrez@dpp.cl; y, mmuñoz@dpp.cl; por lo que el término legal de 15 días corridos, establecido en el Art. 28 de la LT, para deducir reclamo de ilegalidad en contra de la decisión de amparo de este Consejo, venció el 22 de septiembre de 2020.

Expone que, al haber sido interpuesto el presente reclamo de ilegalidad día 29 de septiembre de 2020, esto es, siete días después de la fecha en que venció el plazo fatal para deducirlo, según lo exige el precepto legal ya señalado, ha sido presentado en forma manifiestamente extemporánea, como lo hace presente la resolución de fecha 26 de noviembre de 2020, que lo admitió a tramitación.

En subsidio de lo anterior, pide el rechazo del reclamo, por encontrarse la decisión de amparo Rol C2868-20, conforme a derecho. Indica que ha sido el legislador quien permite el conocimiento público del número de RIT y RUC de las causas judiciales que se tramitan ante los tribunales con competencia penal, conforme lo disponen los artículos 8 de la CPR, 9 del COT, art. 1 del CPP y la Ley 20.886.

Refiere que el numero? de defensas penales prestadas por la Defensoria en causas en las que se haya invocado la Ley N° 18.314,? individualizandolas por RUC, RIT, Tribunal, Defensoria Regional y Defensoria? ? ? Local, no constituyen datos sensibles, a la luz de lo dispuesto en el Art. 2° letra g) de la Ley N° 19. 628, toda vez que no revela "datos personales que se refieren a las caracteristicas fisicas o morales de las personas o a hechos o? ? circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los habitos? personales, el origen racial, las ideologias y opiniones politicas, las creencias? ? o convicciones religiosas, los estados de salud fisicos o psiquicos y la vida? ? sexual", sino que simplemente se trata de informacion objetiva relacionada? con la identificacion de determinadas causas judiciales, pero no implica por si? misma revelar circunstancias de la intimidad personal de las personas patrocinadas por la DPP, ni tampoco los hechos que dan origen a las acciones judiciales, ni los pormenores del eventual delito, que seran? posteriormente calificados en el respectivo juicio oral, y de corresponder, seran sancionados por el respectivo tribunal, en una sentencia judicial. Por lo? anterior, no resulta aplicable la reserva del artículo 10 de la Ley 19.628.

Hace presente que el art. 2 letra c) de la Ley 19.886 establece que los actos de los tríbunales son públicos, salvo las excepciones establecidas por la ley, prohibiéndose el tratamiento masivo de los datos personales contenidos en el sistema de tramitación electronica del Poder Judicial, sin su autorización previa. Añade que el Auto Acordado 37-2016 de la Corte Suprema, estableció en su artículo 2° que el Poder Judicial pondra a? disposicion del publico, en su portal de internet, un sistema de busqueda de? ? ? causas que garantice el pleno acceso de todas las personas a la carpeta electronica, con excepción de las causas, sujetos o tramites que se reserven? ? por disposicion de la ley o por decision del juez. Agrega que el inc. 3° del art? ? 8° de la Ley 20.285, establece que en los asuntos cuya cuantia exceda de? 500 UTM o respecto de los cuales se impongan multas superiores a dicho monto, o penas de presidio o reclusion superiores a tres anos y un dia, las? ? ? sentencias de termino ? de los tribunales ordinarios o especiales, y las definitivas en caso de que las primeras solo modifiquen o reemplacen parte? de estas, deberan publicarse en la forma dispuesta en este articulo.? ? ?

Por lo anterior, concluye que los datos consistentes en el numero de? defensas penales prestadas por la Defensoria en causas en las que se haya? invocado la Ley N° 18.314, individualizandolas por RUC, RIT, Tribunal,? Defensoria Regional y Defensoria Local, son datos de caracter publico, por? ? ? ? encontrarse incorporados en el sistema de busqueda de causas del Poder? Judicial, el cual debe garantizar el pleno acceso de todas las personas en condiciones de igualdad y por existir norma expresa que obliga a publicar las sentencias penales. En dicho sentido, la unica limitacion impuesta por la Ley? ? N° 20.886, ha sido la prohibicion de efectuar un tratamiento masivo de datos? personales, exceptuando de esta busqueda las causas, sujetos o tramites? ? que se reserven por disposicion de la ley o por decision del juez, tal como? ? senala el Auto Acordado 37-2016 de la Excma. Corte Suprema, y como en el? caso sub lite, no existe una disposicion legal que declare expresamente el? caracter reservado de dichos datos, como tampoco se ha acreditado la? existencia de resoluciones judiciales que declaren reservados los datos sobre los procedimientos judiciales requeridos, entonces debe primar el principio de publicidad sobre los mismos.

Añade que tampoco se pone en riesgo el derecho a la privacidad e intimidad de terceros, ya que la informacion ordenada entregar no afecta los? derechos a la vida privada ni a la seguridad personal de las partes que intervienen en un proceso penal, pues no revela los hechos que se relatan en las respectivas formalizaciones o acusaciones, y aunque se pudiera llegar a conocer la identidad de imputados o eventuales victimas, lo anterior, en virtud? de lo dispuesto en el art. 9° del Codigo Organico de Tribunales, el Codigo? ? ? Procesal Penal y la Ley N° 20.886, ello no es obice para sostener que se? afecta su vida privada, ya que la entrega de la informacion solicitada no? implica dar a conocer circunstancias o pormenores que obren o formen parte de la esfera de intimidad y privacidad de los participes del proceso penal.? Refiere a la publicidad, garantizada en los artículos 8 N° 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, artículos 1° y 289 del Código Procesal Penal, y expone que partiendo de la base que, si la persona que se individualiza como imputado en una determinada querella, necesitaba la referida reserva de su identidad, es la DPP en cumplimiento de sus propias funciones, quien debio solicitar al juzgado la reserva respectiva. Luego, si no? lo requirio, se colige que el servicio pondero dicha situacion y no lo considero? ? ? ? necesario, a la luz de las circunstancias de cada caso en particular. Indica que es la propia Defensoria Penal Publica publica en su pagina web una serie? ? ? de noticias, relativas a dichas tramitaciones, incluyendo informacion como por? ejemplo, fecha de los hechos, la identidad de imputados, y algunas circunstancias relativas a los hechos constitutivos de los delitos denunciados y el tribunal respectivo en que se tramito el proceso penal respectivo.? Finalmente, señala que tanto la Corte Suprema como esta Corte de Apelaciones han ratificado sus criterios interpretativos, y cita jurisprudencia.

Solicita que por lo anterior, se rechace el reclamo de ilegalidad deducido en contra de la Decision de Amparo Rol C2868-20, pronunciada por? el CPLT.

CONSIDERANDO:

Tercero: Que, se ha deducido la presente reclamacion de acuerdo con? el articulo 28 y siguientes de la Ley N° 20.285 otorgandole competencia a? ? esta Corte de Apelaciones para conocer de la resolucion dictada por el? Consejo para la Transparencia pronunciada al amparo del procedimiento que se establece en la misma ley.

Cuarto: Que, la reclamada ha alegado en primer lugar la extemporaneidad del reclamo, fundado en que este fue presentado habiendo? vencido el plazo de legal de quince dias corridos contemplado en el articulo? ? 28 de la Ley de Transparencia. Explica que la decision de Amparo reclamada? fue notificada a través de correo electrónico el 07 de septiembre de 2020, a cinco casillas de correo electrónicos informadas previamente por la DPP, por lo que habiendose ? presentado el reclamo de ilegalidad el dia? 29 de septiembre de 2020, lo fue fuera del termino legal.?

La reclamante sostiene, por su lado, que no recibió notificacion alguna,? y que sólo tuvo conocimiento del mismo en una revisión rutinaria de su equipo en la página web del CPLT.

Que, de la documentación acompañada, aparece que la decision de? amparo Rol C2868-20, por la cual se dispuso entregar información respecto al número de defensas penales prestadas por la Defensoría en causas en las que se haya invocado la Ley N° 18.314 (...), individualizándolas por RUC, RIT, Tribunal, Defensoría Regional y Defensoría Local, desde el inicio de la reforma procesal penal en Chile, fue notificada a los correos electrónicos alvaro.paredes@dpp.cl, cvalenzuela@dpp.cl, cristian.sanmartin@dpp.cl, mgutierrez@dpp.cl, mmunoz@dpp.cl, el día 07 de septiembre de 2020, a las 12:58 hrs., por lo que el reclamo de ilegalidad deducido por la Defensoría Penal Pública el 29 de septiembre de 2020, fue interpuesto fuera del plazo establecido en el articulo 28 de la Ley de Transparencia, que vencia el 22 de? ? septiembre de 2020, por lo que procede declarar extemporanea? tal reclamacion, tal como se dira en lo resolutivo de esta sentencia. ? ?

Quinto: Que, sin perjuicio de lo anterior, y en cuanto al fondo del recurso, resulta relevante establecer si la entrega del RIT y RUC de las causas penales tramitadas en virtud de la Ley 18.314, Ley Antiterrorista, en las que ha intervenido la Defensoría Penal Pública, importa entregar acceso a información que contiene datos de aquellos que la ley ha definido como personales y sensibles, por lo que se configuraría a su respecto la reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

Sexto: Que, en opinión de esta Corte, la información solicitada exhibir dice relación con la identificación de determinadas causas judiciales, mas no con la entrega de información relativa a características físcas, morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como hábitos personales, origen racial, ideologías y opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas, estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual, según dispone el artículo 2° letra g) de la Ley N° 19.628. Por lo anterior, la información solicitada no resulta reservada en virtud de los dipsuesto en el artículo 10 de la Ley N° 19.628, por no tratarse de datos de carecter sensible.

Séptimo: Que, en cuanto a la reserva establecida para los datos personales, aparece que ha sido el legislador quien ha autorizado la publicidad de los actos de los tribunales, desde la garantía contenida en el artículo 8 N° 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, como en los artículos 9 del Código Orgánico de Tribunales, artículos 1° y 289 del Código Procesal Penal, artículo 2° letra c) de la Ley 20.886 y artículo 8° inc. 3° de la Ley 20.285, no tratándose tampoco de una difusión masiva de datos personales, sino únicamente la entrega de información a la persona que ejerció su derecho de acceso a la información pública, en conformidad a lo dispuesto en la Ley 20.285.

Octavo: Que, tampoco se configura la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en cuanto a hacer públicas situaciones correspondientes a la vida privada de los intervinientes del proceso penal, pues la información requerida no dice relación con los hechos contenidos en las respectivas formalizaciones, no habiéndose tampoco demostrado o acreditado una expectativa razonable de daño o afectación de los bienes juridicos protegidos por la norma señalada, según previenen los artículos 8° inc. 2 de la Constitución Política de la República.

Finalmente, en virtud de los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, se considera pública la información que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creacion, origen, clasificacion o procesamiento, ademas de aquella? ? ? contenida en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, asi como a toda informacion elaborada con presupuesto publico, salvo que? ? ? dicha informacion se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el? articulo 21 de la Ley de Transparencia, lo que no es el caso.?

Por estas consideraciones, citas legales y lo dispuesto en los articulos? 28, 29 y 30 de la Ley de Transparencia, SE RECHAZA, el reclamo de ilegalidad interpuesto por la Defensoría Penal Pública en contra de la Decision de Amparo adoptada por el Consejo para la Transparencia, recaida? ? en causa Rol C2868-20, por extemporaneo, sin perjuicio de lo expresado? sobre el fondo.

Redacción de la Abogada Integrante señora Pía Tavolari Goycoolea., quien no firma no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo por haber concluido sus funciones.

Regístrese y comuníquese.

N° Contencioso Administrativo-595-2020.

Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Omar Antonio Astudillo C., Maria Soledad Melo L. Santiago, nueve de marzo de dos mil veintiuno.

En Santiago, a nueve de marzo de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.