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Consejo para la Transparencia con Juan Cristóbal Mera Muñoz y otra Rol: 124417-2020

Corte Suprema, 23/02/2021

Consejo para la Transparencia interpone recurso de queja en contra del Ministro de Corte de Apelaciones y en contra de Fiscal Judicial del mismo tribunal, por las faltas o abusos graves en que habrían incurrido al dictar la sentencia definitiva, que acogió la reclamación presentada por el Ejército en contra de la Decisión de Amparo del Consejo para la Transparencia. Analizado lo expuesto, la Corte Suprema rechaza el recurso de queja intentado, con voto en contra


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechazado


Ministros:

  • Adelita Ravanales Arriagada
  • Alvaro Quintanilla López
  • Pedro Pierry Arrau
  • Sergio Muñoz Gajardo

Texto completo:

Santiago, veintitrés de febrero de dos mil veintiuno.

Vistos:

En los antecedentes Rol N° 245-2020, sobre reclamo de ilegalidad seguidos ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el Consejo para la Transparencia interpuso recurso de queja seguido con el Rol 124.417-20 de esta Corte Suprema, en contra del Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago señor Juan Cristóbal Mera Muñoz y en contra de doña María Loreto Gutiérrez Alvear, Fiscal Judicial del mismo tribunal, por las faltas o abusos graves en que habrían incurrido al dictar la sentencia definitiva de veintinueve de septiembre del año en curso, en la parte que acogió la reclamación presentada por el Ejército en contra de la Decisión de Amparo rol C2480-2019 del Consejo para la Transparencia, y la dejó sin efecto, sólo en cuanto ordenaba la entrega requirente de copia autenticada del Oficio DINE COINT JEM GNICO (R) N° 1595/11894 CGGERM de 17 de diciembre de 2018.

Denuncia el quejoso la vulneración del texto expreso del artículo 8 inciso segundo de la Constitución y la infracción de ley al aplicar extensivamente lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley N° 19.974, en relación a lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 y 33 letra b) de la Ley de Transparencia, por tratarse de una ley de quórum calificado ficto al considerar que la entrega de un acto administrativo por el solo hecho de emanar de un organismo que integra el Sistema de Inteligencia del Estado, implica que "la información que contiene es secreta, por el solo ministerio de la ley , sin que ni el CPLT ni la judicatura puedan ni deban decidir qué información de éstos organismos es realmente reservada y cual no", en circunstancias que de conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 8 de la Constitución, la disposición cuarta transitoria de la Carta Fundamental y artículo primero transitorio de la Ley de Transparencia era necesario demostrar que el secreto o reserva contemplado en dicha norma fue establecido en razón de causales y para el resguardo de los bienes jurídicos protegidos que señala la Constitución y que la entrega de dicho acto administrativo afecta dichos bienes jurídicos, por lo que omitieron verificar y fundamentar en la sentencia de qué manera la publicidad de la información requerida efectivamente afectaba la seguridad nacional, en lo relativo a las actividades de inteligencia y contrainteligencia, como bienes jurídicos protegidos por la Ley N° 19.974, apreciando erróneamente los presupuestos legales y constitucionales necesarios para configurar la causal de reserva consagrada en el numeral quinto del artículo 21 de la Ley N° 20.085.

Sostiene que la información requerida, respecto de la que los recurridos han dado por establecida la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 5 de la Ley N° 20.085, no se trata de una cuya publicidad afecte las labores de inteligencia o contrainteligencia, pues el Ejército no entregó ningún antecedente que permitiera sostener que la entrega del referido oficio tuviera alguna incidencia negativa en las labores propias del organismo de inteligencia de esa institución, y tampoco vinculó la causal de reserva con una efectiva afectación de alguno de los bienes jurídicos expresados en el artículo 8 de la Carta Fundamental, ya que ni siquiera demostró que su contenido se refiriera a descripciones o procedimientos de inteligencia o que pudiere dar cuenta de estrategias de inteligencia, o planificaciones de investigación, o resultados de operativos de la misma naturaleza que estuvieran en desarrollo, ni ninguna otra información que atente con la misión del sistema de inteligencia del estado, consistente en asesorar al Presidente de la República y a los diversos niveles superiores de conducción del estado, por lo que en definitiva no se trata de información cuya publicidad atente contra el objetivo de proteger la soberanía nacional y preservar el orden constitucional, ya sea de amenazas internas o externas por lo que no es efectivo que resulte reservado por aplicación del artículo 38 de la Ley N° 19.974.

Añade que los recurridos, igualmente, incurren en falta grave o abuso, en cuanto desconocen que el ordenamiento jurídico a través de la Ley N° 20.085 le entrega a su parte promover la transparencia de la función pública, fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre transparencia y publicidad de la información de los órganos de la Administración del Estado y garantizar el acceso a la información. Expone que de lo dispuesto por el artículo 33 letra b) de la citada ley, surge la competencia de ese Consejo, en cuanto está dotado materialmente de la potestad de resolver los reclamos por denegación de acceso a la información que le sean formulados en conformidad a la ley, y en el ejercicio de dicha potestad se encuentra llamado a desentrañar el sentido y alcance de los preceptos constitucionales y legales que gobiernan los asuntos que le corresponde decidir, para lo cual debe efectuar la debida ponderación de la afectación concreta que la divulgación de determinada información pudiese eventualmente generar, cuando se invoca un caso de reserva establecido en una ley de quórum calificado ficto, de ahí que el test de daños, se constituye en un ejercicio ineludible para el adecuado cumplimiento de las funciones que la ley le ha entregado, particularmente de resolver un amparo por denegación de acceso a la información.

Afirma que su parte al resolver el amparo de autos, actuó dentro de su competencia y en estricto cumplimiento del mandato legal establecido en los artículos 16, 24 y 33 letra b) de la Ley de Transparencia, siguiendo el procedimiento establecido en la ley, interpretando las norma legales aplicables y en consonancia con los artículos 6, 7 y 8 de la Carta Fundamental.

Enfatiza que encontrándose la facultad de su parte para interpretar preceptos legales y resolver fundadamente los amparos por denegación de acceso a la información claramente señalada en la ley- lo que ha sido ratificado por los tribunales de justicia- los sentenciadores recurridos han incurrido en faltas y abusos graves en sus razonamientos contenidos en los considerandos octavo al décimo de la sentencia dictada en los auto rol N° 245-2020, ya que no es efectivo que ese Consejo haya actuado al margen de sus atribuciones y facultades, como tampoco que haya vulnerado lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Constitución, ya que se ajustó a la ley y a la Carta Fundamental en el ejercicio de sus funciones.

En su informe los recurridos estimaron no haber cometido una falta o abuso y menos aún grave, que importe una conducta reñida con la disciplina que exige a los jueces el Código Orgánico de Tribunales, pues se limitaron a ejercer su jurisdicción en un caso sometido a su conocimiento, entregando los fundamentos de lo decidido, según se advierte de la sentencia que dictaron.

Añaden que, aún de no compartirse el criterio o los razonamientos dados para acoger el mencionado reclamo de ilegalidad, sólo cabe repetir lo que se ha dicho en otros informes, a saber, lo que el profesor don Raúl Tavolari Oliveros, en su obra "Nuevo Régimen de los Recursos de Casación y Queja" (ConoSur, 1996, páginas 10 y 11), con relación a las reformas introducidas por la Ley N° 19.374 a este último recurso, consignó: "El Ejecutivo propuso que se corrigieran por este camino, ‘las faltas o abusos de gravedad extrema que se cometieren en la dictación de resoluciones’, modificando la situación vigente que autoriza acoger el recurso frente a cualquier falta o abuso", agregando dicho autor que la reforma dela señalada ley incorporó al recurso de queja "lo que la dogmática denomina el principio de trascendencia".

Así, sostienen que no es, entonces, el recurso de queja una segunda instancia -para el caso sub judice en que la ley señala que la Corte de Apelaciones falla en única instancia- o un reemplazo de la casación en el fondo, sino un medio disciplinario para reprimir solamente los graves abusos que puedan cometer los jueces al dictar sentencia. Y si la discusión ha sido una jurídica, como sucede en la especie, la resolución que se dicte, en la medida que contenga fundamentos que se sostengan lógicamente, jamás podrá ser constitutiva de una falta o abuso y mucho menos de una de "gravedad extrema", de modo que, aunque se la considere errónea, el arbitrio disciplinario no resulta procedente.

Se trajeron los autos en relación y- una vez oídos los alegatos- se decretó una medida para mejor resolver consistente en la exhibición por parte del Ejército de Chile del Oficio DINE COINT JEM GNICO ® N° 1595/11904 CGGERM de 17 de diciembre de 2018, la que se cumplió con fecha quince de diciembre del año dos mil veinte, acompañándose copia del oficio respectivo, el que fue entregado a la Ministra a cargo del acuerdo por el señor secretario del Tribunal.

Considerando:

Primero: Según consta del mérito de los antecedentes, el 6 de febrero de 2019, don Rafael Harvey Valdés, capitán en servicio activo, solicitó al Ejército de Chile, por vía portal de transparencia- en lo que importa a los efectos del recurso que se examina- la siguiente información:

"7.- Copia autenticada del Oficio DINE COINT JEM GNICO (R) N° 1595/11894 CGGERM de 17 DIC 2018."

"10.- Copia simple del MAI - 01001, Manual "Procedimientos de Seguridad Militar" Edición 2012."

El Ejército no dio lugar a su requerimiento de información fundado en que lo solicitado en el numeral 7, esto es el oficio allí individualizado, era secreto en virtud del artículo 38 de la Ley 19.974 (Sistema de Inteligencia del Estado y Crea la Agencia Nacional de Inteligencia), por tratarse de acciones propias del área de inteligencia, y dirigidas por el Director de Inteligencia, por lo que el Ejército se encontraba impedido de su publicación, en conformidad a los artículos 38 y 39 de la ley antes citada; y que en lo concerniente al "Manual de Procedimientos de Seguridad Militar" (numero 10) era documentación calificada de "reservada", en conformidad a lo dispuesto en la Orden de Aprobación EMGE DINE I (R) N° 6415/426, de 10 de agosto de 2012, y en consecuencia para uso exclusivo del Ejército, y de circulación restringida, configurándose las causales de denegación de información, según lo dispuesto el artículo 21 números 3 y 5 de la Ley Sobre Acceso a la Información Pública, en concordancia con el artículo 8° de la Constitución Política.

Ante esta respuesta, el requirente de información dedujo el 1 de abril de 2019 un amparo ante el CPLT, que se tramitó bajo el rol C2480-19. Al evacuar el traslado respectivo, el Ejército, solicitó el rechazo de la acción, señalando, en síntesis, que la reserva de la documentación de inteligencia requerida deriva de la esencia misma de dicha actividad, la que se enmarca en la función propia de los diversos órganos del Estado, de modo que un oficio o manual puede contener información con mayor o menor relevancia, pero siempre será de inteligencia.

El CPLT acogió parcialmente el amparo deducido, ordenado entregar al requirente copia del oficio DINE COINT JEM GNICO (R) N° 1595/11.894 CGGERM, de 17 de diciembre de 2018 y ii) MAI - 01001 Manual Procedimientos de Seguridad Militar, edición 2012.

El Consejo de Defensa del Estado, actuando por el Fisco-Ejército de Chile, presentó reclamo de ilegalidad en contra de la señalada decisión de amparo, afirmando que la información que se ordenaba entregar era secreta al tenor de lo dispuesto en los artículos 38 y 39 de la Ley N° 19.974 y 21 N° 2, 3 y 5 de la Ley de Transparencia. En lo que atañe al oficio DINE sostuvo que tratándose de documentación de inteligencia, resultaba irrelevante el nivel de información que contuviera el documento, ya que su reserva derivaba de la esencia misma de la actividad desarrollada, la que se enmarcaba en la función propia de los órganos del Estado.

La Corte acogió parcialmente el reclamo y negó únicamente la entrega del oficio antes individualizado.

Segundo: Los jueces recurridos fundamentaron su decisión en los considerandos octavo a décimo del fallo que se ataca, afirmado que por ser "el Oficio requerido un registro emanado de un organismo del denominado Sistema de Inteligencia del Estado, de acuerdo al artículo 5° de la Ley N° 19.974, la información que contiene es secreta, por el sólo ministerio de la ley, sin que ni el CPLT ni la judicatura puedan ni deban decidir qué información de estos organismos es realmente reservada y cual no: es la ley la que ha establecido la reserva, ley que es de quórum calificado para estos efectos porque la Constitución Política de la República así lo establece en su disposición cuarta transitoria -y da igual si tal carácter lo es ficto o no-, y por lo tanto, se da en la especie un caso de excepción que el ordenamiento jurídico ha previsto respecto del principio general por el cual los actos de la Administración son públicos". Enfatizaron que era improcedente y contrario a la ley lo argumentado por el CPLT en orden a que no basta la invocación de una ley de quórum calificado ficto para la configuración de la causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley N° 20.085 si la publicidad no afecta alguno de los bienes jurídicos señalados en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la República, pues para los recurridos si basta, argumentando que ninguna norma ha entregado al CPLT o a los tribunales la facultad de decidir cuándo cumplir con una disposición legal de quórum calificado y cuándo no, y que al igual que todos los órganos de la Administración, el CPLT ha de estarse a lo que regulan los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República y hacer sólo aquello que el ordenamiento le permite, para lo cual, precisamente, basta, es suficiente, que la ley señale que tal o cual información es secreta. Concluyeron que al no respetar dicha legislación, el CPLT cometió una ilegalidad que debía ser reparada a través de la reclamación deducida por el Ejército. Agregaron que el artículo 39 de la Ley N° 19.974 establece en su inciso primero que "Lo dispuesto en el artículo anterior no obstará a la entrega de antecedentes e informaciones que soliciten la Cámara de Diputados o el Senado, o que requieran los Tribunales de Justicia, el Ministerio Público a través del Fiscal Nacional, o la Contraloría General de la República, en uso de sus respectivas facultades, los que se proporcionarán sólo por intermedio de los Ministros del Interior, de Defensa Nacional y del Director de la Agencia, en la forma prevista en el inciso segundo del artículo 9° de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, o por medio de oficios reservados dirigidos al organismo competente, según el caso"; es decir, excluye la petición de entrega de información hecha por particulares, como acontece en la especie.

En definitiva, consideraron reservada la información contenida en el aludido oficio en virtud del N° 5 del artículo 21 de la Ley N° 20.085, por haber norma legal expresa -de quórum calificado- que así lo dispone, sin reconocer al CPLT la atribución de decidir por sí y ante sí qué información relativa al Sistema de Inteligencia del Estado a que se refiere el artículo 5° de la Ley N° 19.974 puede revelarse y cual no, pues con ello- estimaron- que además de vulnerar lo que señala el artículo 38 de la última ley citada, se conculca la regla básica del derecho público contenida en los artículos 6° y 7° de la Carta Fundamental.

Con arreglo a lo expuesto se acogió la reclamación, sin revisar las causales 2 y 3 del artículo 21 de la Ley N° 20.085, que también la fundaban.

Tercero: En lo que importa a la causal acogida por los recurridos, lo discutido fue si para la configuración de la causal de secreto o reserva prevista en el numeral quinto del artículo 21 de la Ley N° 20.085 bastaba la invocación de una ley de quórum calificado ficto, sin necesidad de acreditar la afectación de alguno de los bienes jurídicos señalados en el inciso octavo de la Carta Fundamental, o si, por el contrario, tal afectación debía acreditarse.

Cuarto: Cabe relevar que no se controvirtió por las partes que se esté en presencia de información que obra en poder de un organismo que- con arreglo al artículo 5 de la Ley N° 19.974, conforma el Sistema de Inteligencia del Estado. Así, los recurridos interpretando lo dispuesto por el artículo 21 N° 5 en relación con el artículo 38 de la Ley N° 19.974, 6 y 7 de la Carta Fundamental concluyeron que la información requerida era secreta por el solo Ministerio de la Ley, atendido el carácter de Ley de quórum calificado de la Ley N° 19.974- tampoco discutido- y los términos utilizados por su artículo 38, en orden a considerar- esto es estimar, reputar o juzgar - como secretos los antecedentes informaciones y registros que obren en poder de los organismos que conforman el Sistema de Inteligencia.

Quinto: En ese contexto, es del caso recordar que el recurso de queja, de naturaleza extraordinaria, consagrado en el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, concierne al ejercicio de las facultades disciplinarias con que se encuentran investidos los Tribunales Superiores de Justicia y tiene por exclusiva finalidad corregir las faltas o abusos graves, esto es de mucha entidad o importancia cometidos en la dictación de resoluciones de carácter jurisdiccional. Conforme a su naturaleza su finalidad fundamental es lograr la mantención de la disciplina judicial, para cuyos efectos cabe examinar en el caso de que se trate, si los jueces recurridos obraron dentro del marco de acción que la ley les permitía.

Sexto: Conforme a lo expuesto, el mérito de los antecedentes no permite concluir que los jueces recurridos, en las materias propuestas por el quejoso, al decidir como lo hicieron, hayan realizado alguna de las conductas que la ley reprueba y que sería necesario reprimir y enmendar mediante el ejercicio de las atribuciones disciplinarias de esta Corte, toda vez que resolvieron en el sentido expresado en lo dispositivo, haciendo uso de su facultad de interpretar las disposiciones legales atinentes al caso, de modo que no se advierte cómo, el desarrollo de dicha labor, podría constituir, al menos en la especie, una falta o abuso grave que permita hacer lugar al recurso de que se trata.

Séptimo: En efecto, en la especie, no es posible atribuir a los recurridos incorrección o arbitrariedad y menos aún de la entidad que requiere el arbitrio intentado para prosperar, lo que conduce a su rechazo, pues aun en el evento de no compartirse la interpretación jurídica realizada, tal no es el supuesto para acoger un recurso disciplinario como el de autos.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto por los artículos 545 y 549 del Código Orgánico de Tribunales, 21 N° 5 de la Ley N° 20.085, 5 y 38 de la Ley N° 19.974, 19 y siguientes del Código Civil, se rechaza el recurso de queja presentado por el Consejo para la Transparencia en contra del Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, señor Juan Cristóbal Mera Muñoz y de la Fiscal Judicial del mismo Tribunal, señora Loreto Gutiérrez, por la dictación de la sentencia de veintinueve de septiembre del año dos mil veinte.

Acordado lo anterior contra el voto del Ministro señor Muñoz y de la Ministra señora Vivanco, quienes estuvieron por acoger el recurso de queja, con arreglo a las siguientes consideraciones:

1.- La Constitución Política de la República señala en su artículo 8° que "Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional".

2.- El acceso a la información, como derecho de toda persona, si bien no se halla reconocido en la Carta Fundamental de forma explícita, sí aparece como una de las garantías contenidas en la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual, ratificada por Chile y actualmente vigente, es ley de la República. En efecto, en el artículo 13.1 de dicha Convención se reconoce: "1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección", lo cual constituye un mecanismo esencial para la plena vigencia del régimen democrático y de la indispensable asunción de responsabilidades, unida a la consiguiente rendición de cuentas que éste supone por parte de los órganos del Estado hacia la ciudadanía, sin perjuicio que representa, además, un efectivo medio para el adecuado ejercicio y defensa de los derechos fundamentales de las personas.

3.- La relevancia de este derecho público subjetivo queda de manifiesto al observar que, desde la reforma constitucional contenida en la Ley N° 20.050, el acceso a la información pública se considera una de las bases de la institucionalidad o un principio fundamental del Estado Constitucional y democrático de derecho que funda el Código Político, en que la publicidad es la regla general y el secreto la excepción.

Tal preceptiva que, sin distinción obliga a todos los órganos del Estado, exige de éstos que den a conocer sus actos decisorios -tanto en sus contenidos y fundamentos- y aquellos que obren en su poder con la mayor transparencia posible en los procedimientos a su cargo, circunstancia que se relaciona justamente con el derecho de las personas a ser informadas.

4.- Con todo, la publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado tiene justificadas excepciones que contempla la Constitución, las que dicen relación con los valores y derechos que la publicidad pudiere afectar, referidas todas ellas explícita y taxativamente en la norma constitucional referida y que sólo el legislador de quórum calificado puede configurar. Se sigue de ello que la interpretación de dichas excepciones debe efectuarse de manera restrictiva.

5.- Dado lo anterior, y teniendo en consideración que las garantías fundamentales están concebidas como barreras de protección para los ciudadanos respecto del accionar del Estado y no a la inversa, es que la excepción al ejercicio de la garantía, en tanto crea espacios de opacidad en el actuar de la Administración, debe estar no sólo contemplada en una ley de quórum calificado, sino que debe tener un carácter expreso y específico, requisitos copulativos que en el caso de autos no se cumplen.

6.- En efecto, razonar en sentido inverso supone limitar, entonces, con base en una interpretación extensiva de las excepciones, el ámbito de protección que generan las garantías fundamentales, cuestión que no tiene lógica si de lo que se trata es de garantizar a los ciudadanos el libre ejercicio de sus derechos.

El principio de no regresión lleva a considerar que ampliados los márgenes de un derecho fundamental no es posible ya restringirlos, con menos razón por vía interpretativa.

El sistema de control de constitucionalidad de las normas legales permite la aplicación directa de la Constitución por los tribunales ordinarios, y además determinar el derecho vigente que tenga carácter preconstitucional e interpretar las leyes de la forma que tenga mayor coincidencia con la Carta Política. Sin embargo, esta función no puede extenderse considerando normas de menor jerarquía y de carácter post-constitucionales. Resuelto por el constituyente que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos" no es posible relativizar su alcance. Es así como el mismo texto señala las excepciones a tal publicidad exclusivamente cuando pueda afectar el cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional.

7.- Si cualquier reglamentación que los preceptos legales hagan de las garantías fundamentales o que desarrollen las limitaciones en los casos en que se autoriza, no puede afectar la esencia del derecho, con mayor razón ningún precepto de menor jerarquía al legal puede integrar la ley en este sentido, algo que está expresamente prohibido por el mismo constituyente (artículo 64 inciso segundo de la Constitución Política de la República). Esta congruencia la destaca la disposición cuarta transitoria de la Carta Fundamental, que reconoce valor a las leyes pre- constitucionales, "en lo que no sean contrarias a la Constitución".

8.- Asentadas las ideas anteriores, estiman los disidentes que no basta que exista una ley de quórum calificado de carácter ficto, según lo dispone el artículo 1° Transitorio de la Ley N° 20.285 en relación con el artículo 8° de la Carta Fundamental, para justificar la negativa a entregar la información, sino que es indispensable que tal norma consagre una causal de secreto o reserva, fundado éste en que la divulgación de la información protegida pueda afectar algunos de los bienes jurídicos señalados en la Carta Fundamental, requisito que no se cumple en la especie.

9.- Así, y aun cuando es posible reconocer para estos efectos que el artículo 38 de la Ley N° 19.974 tiene el carácter de ley de quórum calificado, es lo cierto que la información solicitada por don Rafael Harvey Valdés al Ejército de Chile, consistente en "Copia autenticada del Oficio DINE COINT JEM GNICO (R) N° 1595/11894 CGGERM de 17 DIC 2018" no puede ser vinculada de modo alguno con la seguridad de la nación o con el interés nacional toda vez que su contenido no compromete ni pone en entredicho la actividad de inteligencia, ni de contrainteligencia del órgano requerido, estándar con arreglo al que debe evaluarse la situación, y que al no cumplirse descarta la configuración de la causal de secreto o reserva que los recurridos estiman concurrente.

10.- En definitiva -para los disidentes- el solo hecho de tratarse de información contenida en un oficio confeccionado por la Dirección de Inteligencia del Ejército, no basta para encontrarse en presencia de la causal de secreto o reserva prevista por el artículo 38 de la Ley N° 19.974, en tanto no se relacione con actividades de inteligencia o contrainteligencia que afecten la seguridad de la nación pongan en riesgo la defensa de la patria o la preservación del orden institucional, lo que no acontece en el caso sublite, razón por la que al estimarlo así los jueces recurridos incurrieron en una falta o abuso grave, que cabe enmendar por la vía disciplinaria que prevé el recurso entablado.

11.- Que en concreto tampoco se advierte la configuración de la causal de secreto o reserva alegada en torno al oficio referido, el cual se ha tenido a la vista como medida para mejor resolver.

Regístrese, comuníquese e incorpórese copia de este fallo al expediente en que incide.

Devuélvase en sobre cerrado y con los resguardos correspondientes- al Ejército de Chile- la copia del oficio recibido como medida para mejor resolver.

Redacción de la Ministra señora Ravanales y de la disidencia sus autores.

Rol N° 124417-2020.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros (a) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. Ángela Vivanco M., Sra. Adelita Ravanales y Abogados Integrantes Sr. Álvaro Quintanilla P. y Sr. Pedro Pierry A. No firma, no obstante haber concurrido al acuerdo de la causa, el Ministro señor Muñoz por estar con feriado legal.

En Santiago, a veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.