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Tesorería General de la República con Consejo para la Transparencia Rol: 643-2020

Corte de Apelaciones de Santiago, 09/02/2021

Tesorería General de la República interpone reclamo de ilegalidad en contra de la decisión dictada por el Consejo para la Transparencia, que acogió totalmente el Amparo al derecho de acceso a la información. Analizado lo expuesto, la Corte de Apelaciones rechaza el reclamo de ilegalidad interpuesto


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechazado


Ministros:

  • Fernando Carreño Ortega
  • Jorge Norambuena H.

Texto completo:

Santiago, nueve de febrero de dos mil veintiuno.

Proveyendo escritos folios 14 y 15: A todo, téngase presente.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, comparece don Julio Covarrubias Vásquez, abogado, Fiscal (S) de la Tesorería General de la República, quien interpone reclamo de ilegalidad en contra de la Decisión de Amparo dictada por el Consejo para la Transparencia, en Sesión Ordinaria N° 1133, del Consejo Directivo, de 29 de septiembre de 2020, notificada el 5 de octubre de 2020, que acoge totalmente el Amparo al derecho de acceso a la información, deducido por doña Rosario Peñafiel Durán, representada por don Alex Moreno Varela, y dispuso: "Entregar a la reclamante copia de todo lo obrado en el expediente administrativo de la Tesorería Regional de Coquimbo, Rol 504-2008 ...".

Pide se revoque el acuerdo adoptado por dicho Consejo, estableciendo, en definitiva, que se rechaza el amparo interpuesto por el requirente, en la parte que ordena a Tesorería la entrega del expediente indicado, toda vez que dicha decisión se ha dictado con infracción de ley, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 2° inciso final de la ley 20.285, en relación con lo preceptuado en el artículo 8° inciso segundo de sus disposiciones transitorias.

Funda su pretensión impugnatoria señalando que, por solicitud de información de 30 de julio de 2020, doña Rosario Peñafiel Durán requirió de la Tesorería General de la República, lo siguiente: "Solicito copia digital de todo lo obrado en el expediente administrativo de la Tesorería Regional de Coquimbo, Rol 504-2008, en relación con la contribuyente Rosario Peñafiel Durán, RUT N° 13.883.695-9, así como certificado de deudas en cobranza".

Indica que, el Fiscal de la Tesorería General, en virtud de las facultades delegadas, respondió la solicitud de información mediante Ord. N° 1254-DJ, de 31 de julio de 2020, denegando la solicitud de información, fundado en que: - Los procedimientos administrativos de cobro deben tramitarse conforme a las normas del Título V, Libro III del Código Tributario, donde el legislador ha señalado expresamente la forma en que deben tramitarse peticiones como la que formuló el requirente.

- Concluye que la vía idónea para requerir la información solicitada en la presentación es mediante el respectivo escrito presentado en el expediente de cobro, el que debe ser resuelto por una resolución dictada por el Juez Sustanciador, no siendo aplicable a este tipo de peticiones el procedimiento definido por la Ley de Transparencia.

Refiere que, el de agosto de 2020, la requirente dedujo ante el Consejo para la Transparencia, amparo por denegación de acceso a la información pública, el que se tramitó bajo el Rol C4606-20, argumentando que: - La norma del artículo 190 del Código Tributario señala que las cuestiones que se susciten entre deudores y el Fisco, que no tengan un procedimiento especial, se tramitarán incidentalmente y sin forma de juicio, y que por esta razón la vía idónea sería la presentación de un escrito ante el Tesorero respectivo. La respuesta de Tesorería sería improcedente porque: a) Lo pedido se trata de un requerimiento de información relativa al solicitante que obra en poder del requerido, y no de un incidente; b) Sí, existe un procedimiento especial, que es precisamente el reglado en la ley 20.285. Señala que, además, no le corresponde al requerido entrar a calificar la "vía idónea" para solicitar la entrega de información, sino entregarla o denegarla, pero basado en causa legal, y

- En relación a la solicitud de certificado de deudas en cobranza, indica que la información pedida, y que obra en poder de Tesorería, no es la que erróneamente se señala en el oficio de respuesta.

Añade que, el Consejo admitió a tramitación el amparo y previa notificación, se evacuó el traslado conferido por oficio N° 562, de 27 de agosto de 2020, en la que se formularon, los siguientes descargos: Se indicó que los procedimientos ejecutivos de cobro de obligaciones tributarias o créditos fiscales impagos, deben sustanciarse conforme a las normas del Título V, Libro III del Código Tributario, donde el legislador ha señalado expresamente la forma en que deben tramitarse peticiones como la que formula el requirente.

Expone que se hizo presente, que el artículo 190 del Código Tributario indica que las cuestiones que se susciten entre los deudores y el Fisco, que no tengan señalado un procedimiento especial, se tramitan incidentalmente y sin forma de juicio ante el propio Tesorero Regional o Provincial, quien, conforme al artículo 170 del mismo Código, actúa en el carácter de Juez Sustanciador. Luego, se expresó que, la vía idónea para requerir copias de los expedientes de cobro es por escrito presentado en el correspondiente expediente, que debe ser resuelto por una resolución dictada por el Juez Sustanciador, no siendo aplicable a este tipo de peticiones el procedimiento definido por la Ley de Transparencia.

Enseguida, se explicó que el artículo 170 del Código Tributario establece que el Tesorero Regional o Provincial tiene el carácter de Juez Sustanciador, quien ejerce jurisdicción en el ámbito del procedimiento de cobro ejecutivo respecto de las obligaciones morosas que da cuenta la nómina de deudores morosos del Fisco.

Añade que, se hizo presente que, conforme el artículo 76 de la Constitución Política, norma que se armoniza con el artículo 19 N° 3 inciso 5° de la misma Carta, impone a todo órgano que ejerce jurisdicción por medio de una sentencia, se precisó que existen disposiciones legales que configuran al Juez Sustanciador como Tribunal Especial.

Afirma que, se indicó que es imprescindible considerar que de conformidad con el artículo 1 del Código Orgánico de Tribunales y las normas constitucionales citadas, el Tesorero Regional y el Tesorero Provincial constituyen un Tribunal Especial establecido por ley (en este caso, por el D.F.L. N° 1 de 1994, Ley Orgánica del Servicio de Tesorerías y el Título V, Libro III del Código Tributario), lo que se ve refrendado con el artículo 5 inciso 4° del Código Orgánico de Tribunales, que le reconoce dicha calidad, al señalar directamente: "Los demás tribunales especiales se regirán por las leyes que los establecen y reglamentan, sin perjuicio de quedar sujetos a las disposiciones generales de este Código".

Expone que, se expuso que el Tesorero Regional o Provincial, ejerce jurisdicción como Juez Sustanciador y en tal carácter está revestido de una serie de facultades fijadas por el Código Tributario y por las normas generales establecidas en el Código Orgánico de Tribunales y disposiciones legales aplicables del Código de Procedimiento Civil que se predican respecto del Juez. Se añadió que tal es el reconocimiento del carácter de Tribunal Especial del Juez Sustanciador, que las Cortes de Apelaciones han acogido a tramitación las quejas presentadas en contra de faltas o abusos cometidos por los Jueces Sustanciadores en el ejercicio de su función jurisdiccional y si bien, un Tesorero Regional o Provincial tiene funciones administrativas (cuando actúa como jefe administrativo de la respectiva Oficina de Tesorerías), cuando conoce del procedimiento jurisdiccional de cobro no actúa como funcionario público, sino como Tribunal Especial; de manera que respecto de las actuaciones que tengan lugar en el ámbito del proceso de cobro, no tendrían aplicación las normas de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, las de la ley N° 18.575, sobre Bases Generales de la Administración del Estado, las de la ley N° 19.880, como tampoco las de la ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública.

También se hizo presente que, el artículo 2° de la Ley N° 20.285, regula expresamente a qué instituciones le serán aplicables sus disposiciones, indicando que estarán sujetos a ellas "los ministerios, las intendencias, las gobernaciones, los gobiernos regionales, las municipalidades, las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa". Conforme a lo anterior, se concluyó que no cabe duda alguna que el Servicio de Tesorerías se encuentra sujeto a dicha normativa, pero sólo en lo que se refiere al cumplimiento de la función administrativa que le compete. Sin embargo, lo relacionado a las funciones jurisdiccionales del Tribunal Especial creado por ley para el conocimiento de los juicios ejecutivos de cobro de obligaciones tributarias, en el Título V, Libro III del Código Tributario, no está sujeto a ella, toda vez que el legislador excluyó de su aplicación a la función jurisdiccional de los Tribunales ordinarios o especiales, como es el caso del Juez Sustanciador. Asimismo, se recordó que el mismo artículo 8° transitorio de la ley N° 20.285, solo estableció como obligación de los Tribunales que forman parte del Poder Judicial, de acuerdo a lo establecido en el artículo 5° del Código Orgánico de Tribunales, mantener a disposición permanente del público, en sus sitios electrónicos, los antecedentes indicados en el artículo 7° de la Ley de Transparencia, esto es, antecedentes o información de carácter netamente administrativa, que forman parte de la "Transparencia Activa".

Respecto de los tribunales especiales y órganos que ejercen jurisdicción, como el Juez Sustanciador, el legislador señaló la misma obligación, pero permitiendo que se cumpla en los sitios web de los servicios de que dependan, sin hacer referencia alguna al ejercicio de las funciones jurisdiccionales. Por último, se indicó que, correspondía denegar por Ley de Transparencia la entrega de las copias del expediente de su interés, indicando a la requirente que, por tratarse de un procedimiento jurisdiccional, la vía idónea para ello es una presentación efectuada en cada expediente donde se sigue la cobranza, la que debe ser resuelta por el Juez Sustanciador que conoce de los mismos, si se encuentra en primera etapa, o por el Juez Civil competente, en caso de encontrarse en segunda etapa.

Hace presente que, luego de analizar los descargos presentados, el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, el 29 de septiembre de 2020, en Sesión Ordinaria N° 1133, resolvió acoger el Amparo deducido, obligando al Servicio a entregar lo solicitado por el requirente de información, soslayando el hecho de que estamos frente a un tribunal especial, argumentando:

"Que, respecto al expediente administrativo consultado, Tesorería denegó su entrega por tratarse de procedimientos ejecutivos de cobro de obligaciones tributarias o créditos fiscales impagos, que deben sustanciarse conforme a las normas del Código Tributario y en particular, en conformidad de lo dispuesto en el artículo 190° de ese cuerpo legal: "Las cuestiones que se susciten entre los deudores morosos de impuestos y el Fisco, que no tengan señalado un procedimiento especial, se tramitarán incidentalmente y sin forma de juicio ante el propio Tesorero Regional o Provincial". Por lo anterior, agrega que Tesorería hizo presente que, lo requerido debe canalizarse mediante la presentación del respectivo escrito en el expediente, que debe ser resuelto por resolución del Juez sustanciador. Expresa que adicionalmente, con ocasión de sus descargos, Tesorería deniega lo solicitado, en atención a la naturaleza jurisdiccional del procedimiento ejecutivo de cobro llevado ante el Tesorero Regional o Provincial quien actúa como Juez Sustanciador.

Enseguida, indica que resulta atingente tener presente lo dispuesto en el artículo 11° de la Ley de Transparencia, letra g), que consagra el Principio de No Discriminación: "los órganos de la Administración del Estado deberán entregar información a todas las personas que lo soliciten, en igualdad de condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias y sin exigir expresión de causa o motivo para la solicitud". Añade que en mérito de lo anterior, los Órganos de la Administración del Estado, no deben realizar diferenciaciones arbitrarias con respecto a la entrega de la información, y en el caso de especie, condicionar su entrega a la naturaleza del procedimiento incoado. Asimismo, resulta subsumible al caso en comento, el artículo 11°, letra f), que consagra el Principio de Facilitación: "los mecanismos y procedimientos para el acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado deben facilitar el ejercicio del derecho, excluyendo exigencias o requisitos que puedan obstruirlo o impedirlo". Por lo anterior, en virtud de que la actitud adoptada por el órgano reclamado tiende a obstaculizar y entorpecer el ejercicio del derecho de acceso a la información, consagrado en el artículo 10° de la Ley de Transparencia; y, advirtiéndose que lo requerido es una gestión puramente administrativa, esto es, la obtención de copia de lo obrado en expediente de cobranza, referido a la propia peticionaria, se desestimarán las alegaciones del órgano reclamado en este punto (...)".

"En mérito de lo razonado precedentemente, advirtiéndose la publicidad de los antecedentes consultados, los cuales presuntamente se refieren a los datos personales y tributarios de la propia reclamante; tratándose del debido ejercicio del derecho de acceso a los datos personales del propio peticionario -habeas data-; y, no configurándose en la especie la necesidad de mantener en reserva el referido expediente, esa Corporación acoge el presente amparo en la parte reclamada, y conjuntamente con ello, ordena la entrega del expediente de cobranza solicitado".

Explica que, el artículo 30 del D.L. 1263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, dispone que la función recaudadora de todos los ingresos del Sector Público será efectuada por el Servicio de Tesorerías. El artículo 35 de dicho D.L. preceptúa que el Servicio tendrá a su cargo la cobranza judicial de los impuestos, patentes, multas y créditos del Sector Público y para tal efecto, aplicará, cualquiera que sea la naturaleza del crédito, los procedimientos judiciales establecidos por el Código Tributario para el cobro de los impuestos morosos. Este procedimiento ejecutivo de cobro de las obligaciones tributarias, se encuentra contenido en el Libro III, Título V del Código Tributario, en los artículos 168 a 199.

Luego reproduce pormenorizadamente los actos jurídicos procesales del procedimiento ejecutivo de cobro de obligación tributaria.

Consigna que tanto la doctrina como la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia ha sostenido que el cobro ejecutivo previsto en los artículos 168 a 199 del Código Tributario es un procedimiento contencioso, de carácter especial en cuanto se aplica a las obligaciones tributarias de dinero; extraordinario desde el punto de vista de su estructura, porque difiere sustancialmente del juicio ejecutivo contemplado en el Código de Procedimiento Civil; compulsivo o de apremio dado que se inicia ante la inercia del deudor de solucionar espontáneamente la obligación y se desarrolla en dos etapas: la primera ante el Tesorero Regional o Provincial respectivo y el Abogado del Servicio de Tesorerías y la segunda, ante el respectivo Juez de Letras en lo Civil, siendo la propia ley la que le asigna la calidad de juez sustanciador al Tesorero y le entrega la resolución de materias propias de dicha calidad ajenas al ámbito administrativo, haciendo supletorias las disposiciones comunes a todo procedimiento reguladas en el Código de Procedimiento Civil.

Concluye que el juicio de cobro de obligaciones tributarias es un proceso de carácter judicial, en el que la parte interesada debe plantear todas las alegaciones a que tiene derecho, tanto aquellas previstas en la ley especial como en las normas generales.

Resalta que, la Ley de Transparencia se aplica en su integridad a los órganos de la administración del Estado que se indican en el artículo 2° inciso 1° de la ley 20.285 para el cumplimiento de la función administrativa. Sin embargo, el inciso final de dicho artículo 2° señala que los demás órganos del Estado se ajustarán a las disposiciones de sus respectivas leyes orgánicas que versen sobre los asuntos a que se refiere el artículo 1° de la ley. Luego, el artículo 8° inciso 1° de sus disposiciones transitorias, hace referencia a los tribunales, señalando que aquellos que forman parte del Poder Judicial, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5° del Código Orgánico de Tribunales, sólo deben mantener a disposición permanente del público en sus sitios electrónicos los antecedentes indicados en el artículo 7° de la ley, relativos a la transparencia activa, a través de su Corporación Administrativa.

Añade que este artículo 8° transitorio indica en su inciso segundo, que también los demás tribunales especiales de la República - entre los cuales se encuentra el del Libro III, Título V, del Código Tributario - cumplirán esa obligación de transparencia activa mediante sus propios sitios electrónicos, y en caso de que no dispongan de un sistema propio, en los de él o los servicios u organismos de que dependan o formen parte o tengan más próxima vinculación.

Estima que, queda de manifiesto que respecto de los tribunales especiales creados por ley no se aplican las normas del derecho de acceso a la información ni hay ningún tipo de relación con el Consejo para la Transparencia, por ende, resulta manifiesto que el Consejo en su Decisión de Amparo Rol C-1061-2020, ha infringido las normas citadas.

Reitera que, el Tesorero Juez Sustanciador, al ejercer una actividad de carácter jurisdiccional, indudablemente que debe considerársele como un Tribunal Especial, conforme al artículo 76 de la Constitución Política, en concordancia con el inciso penúltimo del artículo 5° del Código Orgánico de Tribunales, que preceptúa que los tribunales especiales se rigen por las leyes que los establecen, no siéndoles aplicables las normas sobre transparencia pasiva, ni quedar sujetos a la supervigilancia del Consejo.

Resalta que lo relevante en este amparo, estriba en que se trata de una petición que debe ser formulada ante el Juez Sustanciador o ante el Juez Ordinario Civil, conforme al procedimiento descrito en el Título V, Libro III del Código Tributario y la copia de expedientes administrativos no se refiere a información o antecedentes que hayan servido de fundamento para la adopción de decisiones públicas y/o administrativas.

Concluye que, todo lo que obre en poder del Juez Sustanciador, en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, aun cuando su sede se encuentre en dependencias del Servicio de Tesorerías, queda excluido del ámbito de aplicación de la Ley de Transparencia, debiendo los interesados acceder a dichos antecedentes en la forma que la ley procesal especial ha previsto.

Segundo: Que, en apoyo de su pretensión impugnatoria, la reclamante acompañó los siguientes documentos: 1. Copia de la solicitud de acceso a la información pública N° AE003T0002505, presentada por don Alex Moreno Varela, en representación de doña Rosario Peñafiel Durán, de 30.07.2020; 2. Copia del oficio N° 1254-DJ, fecha 31 de julio de 2020, de la División Jurídica de la Tesorería General que deniega la solicitud de información; 3. Copia del amparo deducido por denegación de acceso a la información presentado por doña Rosario Peñafiel Durán, de 4 de agosto de 2020; 4. Copia del oficio N° 562, de 27 de agosto de 2020, de la Tesorera General de la República, de descargos y observaciones presentado en Amparo Rol C4606-20; 5. Oficio Conductor N° E16802, del Director General (S) del Consejo para la Transparencia, de 5 de octubre de 2020, por la cual se notifica la decisión final recaída en el Amparo Rol C4606-20, por denegación de acceso a la información; 6. Copia de la Decisión de Amparo dictada por el Consejo Directivo para la Transparencia, notificada el 5.10.2020, la que es objeto del presente reclamo de ilegalidad.

Tercero: Que, evacua el informe requerido David Ibaceta Medina, abogado, Director Genera Suplente y representante legal del Consejo para la Transparencia, corporación autónoma de derecho público, domiciliado para en calle Morandé N° 360, piso 7, Santiago, quien solicita que el reclamo sea rechazado en todas su partes.

Funda sus alegaciones señalando que, el 30 de julio de 2020, doña Rosario Peñafiel Durán, solicitó a la Tesorería General de la República "copia digital de todo lo obrado en el expediente administrativo de la Tesorería Regional de Coquimbo, Rol 504-2008, en relación a su persona, así como el

Certificado de deudas en cobranza", la que fue rechazada por Oficio Ord. N° 1254 DJ de 31 de julio de 2020.

Indica que, el 4 de agosto de 2020, doña Rosario Peñafiel Durán, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la TGR, fundado en la denegación de la información solicitada. En su presentación, la recurrente de amparo agregó que "lo pedido se circunscribe a un requerimiento de información relativo a la propia solicitante de información, que obra en poder del organismo requerido, y no de un incidente". Expuso que, el procedimiento especial de acceso a la información es precisamente el reglado en la Ley de Transparencia, y que al órgano requerido no le corresponde la calificación de la "Vía Idónea" para requerir su entrega, sino entregarla o denegarla, pero basado en causa legal. Con respecto al certificado de deuda de cobranza, puntualizó que el enlace electrónico proporcionado por la reclamada no es efectivo, toda vez que la información pedida -y que obra en poder del órgano- no es la que erróneamente se señala en el oficio de respuesta.

Añade que, el Consejo Directivo confirió traslado a la Tesorera General de la República, por Oficio N° E13797, de 19 de agosto de 2020 solicitándole que: (1°) indique las razones por las cuales lo requerido no constituye una solicitud de información amparable por la Ley de Transparencia; (2°) señale si la información solicitada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información requerida; y, (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada.

Indica que, por Oficio N° 562 de 27 de agosto de 2020, la TGR presentó sus descargos reclamando las mismas argumentaciones ya señaladas.

Luego de analizarse todos los antecedentes, mediante Decisión de Amparo Rol C4606-20, adoptada el 29 de septiembre de 2020, acogió parcialmente el amparo deducido en contra de la Tesorería General ordenando a dicho órgano que entregue a la empresa solicitante, la siguiente información: "(...) copia de todo lo obrado en el expediente administrativo de la Tesorería Regional de Coquimbo, Rol 504-2008. Lo anterior, sólo en la medida y bajo la condición que la peticionaria acredite previamente su titularidad sobre los datos personales requeridos y su calidad de contribuyente en el expediente administrativo, dando estricto cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 4.3, de la Instrucción General N° 10, dictada por esta Corporación (...) Se hace presente al órgano requerido que, en el evento que en la información a entregar se encuentren datos personales relativos a personas naturales distintos de la solicitante - tales como, cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfonos fijos o celulares, correo electrónico particular, datos tributarios, comerciales entre otros-, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 2° de la ley N° 19.628 y en aplicación del Principio de Divisibilidad en materia de acceso a la información pública, consagrado en el artículo 11° de la Ley de Transparencia, éstos deberán ser tarjados en forma previa a la entrega de la información, por estimarse que su revelación afectaría los derechos de los titulares de los mismos. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), y 4° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia".

Entiende que la institución reclamante está conteste en que la información requerida relativa a la copia autorizada del expediente administrativo de cobranza existe y obra en su poder, y que respecto de dichos antecedentes, no concurren causales de secreto o reserva, por lo que la controversia no se refiere a la publicidad o reserva de la información; sino que la Tesorería General sostiene que es inaplicable a su respecto, el régimen general de publicidad de la Ley de Transparencia, en la función pública de cobro coactivo de tributos; y, adicionalmente, que la vía idónea para solicitar información relativa al procedimiento de cobro ejecutivo de impuestos, es la contemplada en el artículo 190 del Código Tributario.

Cita los artículos 1° y 2° de la Ley de Transparencia y señala que, de conformidad con el D.F.L. N° 1, de 1994, del Ministerio de Hacienda, que establece el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, el Servicio de Tesorerías es un servicio público dependiente del Ministerio de Hacienda (artículo 1°), cuyo jefe de servicio es el Tesorero General (artículo 4°), siendo su función recaudar, custodiar y distribuir los fondos y valores fiscales (artículo 1°), así como recaudar los tributos y demás entradas fiscales y efectuar la cobranza coactiva, sea judicial, extrajudicial o administrativa, de los impuestos, intereses y sanciones (artículo 2°).

Precisa que, la recurrente omite en su impugnación, analizar el contenido del inciso segundo del artículo 190 del mismo cuerpo normativo, norma que es clara en reconocer que dicho procedimiento, seguido ante el Servicio de Tesorería, es un "procedimiento administrativo". Lo anterior resulta relevante para la resolución de la controversia, por cuanto, para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, aun cuando el Tesorero Provincial ejerce sus funciones en calidad de juez sustanciador y, si bien el citado artículo hace aplicable a este procedimiento las normas del Código de Procedimiento Civil que regulan el juicio ejecutivo, ello no supone abstraer la regulación del acceso a los documentos que obran en el expediente en poder del Servicio de Tesorería, del régimen general de publicidad, contemplado en el artículo 1° de la LT.

Explica que, si bien el Tesorero, actuando en calidad de Juez Sustanciador resuelve controversias relativas al cobro ejecutivo de obligaciones tributarias; ello no implica una desconcentración orgánica o funcional de dicho funcionario de la Tesorería General, órgano expresamente obligado al cumplimiento del régimen de acceso a la información contemplado en la Ley de Transparencia.

Hace presente que, los antecedentes relativos al amparo Rol C486-18 tramitado ante el Consejo y deducido en contra de la TGR, en que la información requerida consistía en "copia de todos los expedientes administrativos que figuren asociados a su mandante", se contestó que, de acuerdo al artículo 15 de la Ley de Transparencia y el artículo 175 del Código Tributario, "para revisar y pedir copias de los expedientes administrativos deberá concurrir a las dependencias de la Tesorería Provincial de Maipú, ubicada en calle Alberto Llona N° 1899, de la comuna de Maipú, en el horario que se indicó, amparo que fue acogido por el Consejo, ordenando a la Tesorería General entregar al peticionario copia todos los expedientes administrativos solicitados, en el formato y soporte requeridos, previo pago de los costos directos de reproducción que sean pertinentes y de forma presencial, por no resultar aplicable lo contemplado en el artículo 15 de la Ley de Transparencia, cuestión que fue cumplida, sin que la TGR recurriera de ilegalidad en contra de la mencionada resolución.

Refiere que, la propia TGR ha validado la aplicación de la Ley de Transparencia respecto de información relativa a actos enmarcados en el ejercicio de funciones del Tesorero, en calidad de juez sustanciador, conforme a las decisiones de amparo que señala.

Invoca la teoría de los actos propios en contra de la Tesorería, al estimar que sus conductas anteriores van en contra de lo establecido en la reclamación.

Alega que, la Tesorería incurre en una ilegalidad al exigir al requirente que efectúe su solicitud de información a través del procedimiento establecido en el artículo 190 del Código Tributario, ya que tal exigencia importa desconocer los principios de no discriminación, de libertad de información y de jerarquía normativa, ya que de acuerdo al artículo 12 de la LT y 28 del Reglamento de la Ley, una solicitud de información deberá ser admitida a trámite por el órgano de la Administración del Estado, si da cumplimiento, entre otros, a los siguientes requisitos: a) ser formulado por escrito o por los sitios electrónicos especificados para estos efectos por el propio órgano; b) indicar el nombre, apellidos y dirección del solicitante; y señalar el órgano administrativo al que se dirige.

Precisa que, no obstante, el cumplimiento de dichos requisitos por parte del solicitante, la recurrente plantea que el requerimiento de acceso solo puede ser efectuado por el interesado, en conformidad a la norma del artículo 190 del Código Tributario. Lo anterior acredita que en realidad la Tesorería no está denegando la información requerida por ser secreta o reservada por aplicación del Art. 21 de la LT, pues reconoce que el solicitante puede acceder a ella, pero por la vía del artículo 190 del Código Tributario y no en ejercicio del derecho de acceso a la información, desconociendo las disposiciones constitucionales y legales que regulan la materia.

Alega que, el derecho de acceso a la información pública que consagra el art. 19 n° 12 de la Carta Fundamental, el art. 13.1 de la "convensión" (sic) Americana de Derechos Humanos, y el art. 10 de la LT, es una garantía de toda persona, independiente de la calidad que ostente en un determinado procedimiento administrativo.

Cita el artículo 8° de la Carta Fundamental y analiza las excepciones a la publicidad, señalando que sólo a través de una Ley de Quórum Calificado se puede afectar el Principio de Publicidad de los Actos de la Administración, teniendo como fundamento algunos de los motivos que el propio Art. 8° contempla.

Luego, alega que, la interpretación de los artículos 175 y 190 del Código Tributario en que se sustenta la denegación de la información, implica desconocer e infringir el principio de jerarquía normativa, de servicialidad del Estado y de fuerza obligatoria de la Constitución y de las normas legales dictadas conforme a ella, y siendo la TGR un organismo del Estado, no cabe duda que debe estar al servicio de la persona, sin importar si es o no ejecutada en un procedimiento administrativo de cobro de tributos sustanciado ante dicho órgano, y dado que la LT ha sido dictada en conformidad a la Constitución Política, resulta indiscutible que sus preceptos son obligatorios para la TGR, por lo que no puede desconocer el procedimiento de acceso a la información.

Añade que, la Tesorería afecta el derecho de igualdad ante la ley, del art. 19 N° 2 de la Constitución y el principio de no discriminación contemplado en el art. 11 letra g) de la LT, pues la discriminación impuesta por la TGR al solicitante, no se encuentra razonablemente fundada, pues existiendo normas legales (art. 5°, 10°, y 11 letra g) de la LT, constitucionales (art. 19 N° 12), e incluso una norma de derecho internacional, cual es el art. 13.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que confiere el derecho a solicitar información a toda persona "por cualquier otro procedimiento de su elección", no se ajusta a derecho que el órgano requerido pretenda imponer al solicitante que el acceso a lo requerido deba realizarse en virtud del artículo 190 del Código Tributario, ya que ello pugna con el inciso 2° del art. 19 de la Carta Fundamental.

Adiciona que, la ley de transparencia contempla un procedimiento especial para requerir información pública, el cual puede emplearse sin perjuicio de que existan otros procedimientos establecidos en leyes diferentes, pudiendo optarse por uno o por otro, e incluso emplearlos de manera paralela, lo cual ha sido reconocido por la Excma. Corte Suprema, por esta Corte y la de Chillán, junto a doctrina especializada.

Explica que, la respuesta dada por al reclamante importa desconocer que la Ley de Transparencia es la vía idónea y especialísima para efectuar requerimientos de información, derecho que de ser ejercido no puede ser obstruido ni condicionado por la autoridad, a efectos de exigirle que lo ejercite por una vía legal distinta, atendida la consagración de los Principios de "Facilitación" y de "No Discriminación". Cita jurisprudencia en abono de su alegación.

Adiciona que, la entrega de la información resulta procedente, ya que la solicitud versa sobre una copia de un procedimiento administrativo de cobro de impuestos, cuyo requirente corresponde a la misma solicitante, teniéndose presente en la decisión, lo dispuesto en el literal a) del artículo 17 de la Ley N° 19.880, que permite "Conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copia autorizada de los documentos que rolan en el expediente y la devolución de los originales (...)".

Cuarto: Que, en apoyo de sus alegaciones, la reclamada acompañó los siguientes documentos: 1. Decisión de Amparo N° C4606-20, adoptada por el Consejo para la Transparencia el 29 de septiembre de 2020; 2. Solicitud de información presentada el 31 de julio de 2020, por doña Rosario Peñafiel Durán, ante la Tesorería General de la República; 3. Copia de Ord. N° 1254 DJ, de 31 de julio de 2020, en virtud del cual la Tesorería General de la República, denegó el acceso a la información; 4. Copia de Amparo Rol C4606-20, por Denegación de Acceso a la Información, presentado con fecha 27 de febrero de 2020, deducido por doña Rosario Peñafiel Durán, en contra de la Tesorería General de la República; 5. Oficio N° 562, de 27 de agosto de 2020, en virtud del cual la Tesorería General de la República evacuó sus descargos al amparo rol C4606-20, reiterando la denegación de acceso a la información. Decisión de Amparo N° C1061-20, adoptada por el Consejo para la Transparencia el 9 de junio de 2020; 6. Decisión de Amparo Rol C486-18, de 19 de junio de 2018; 7. Decisión de Amparo Rol C1052-11, de 28 de diciembre de 2011, caratulado "María Moya González con Tesorería General de la República".

Quinto: Que, para una correcta decisión de la presente reclamación, conviene dejar asentado que, mediante solicitud de información de 30 de julio de 2020, doña Rosario Peñafiel Durán requirió de la Tesorería General de la República: "(...) copia digital de todo lo obrado en el expediente administrativo de la Tesorería Regional de Coquimbo, Rol 504-2008, en relación con la contribuyente ROSARIO PEÑAFIEL DURÁN (...)", así como certificado de deudas en cobranza.

Por su parte, la Tesorería General de la República denegó lo solicitado, argumentando que los procedimientos administrativos de cobro deben tramitarse conforme a las normas del Título V, Libro III del CT, donde el legislador ha señalado expresamente la forma en que debe sustanciarse una petición de tal naturaleza, concluyendo que la vía idónea para requerir tal información, es mediante el respectivo escrito presentado en el expediente de cobro impositivo, el que debe ser resuelto por una resolución dictada por el Juez Sustanciador.

Por su parte, el CPLT, mediante Decisión de Amparo impugnada acogió la solicitud de la requirente, ordenándole a la TGR entregar a la interesada, en lo pertinente "(...) copia de todo lo obrado en el expediente administrativo de la Tesorería Regional de Coquimbo, Rol 504-2008. Lo anterior, sólo en la medida y bajo la condición que la peticionaria acredite previamente su titularidad sobre los datos personales requeridos y su calidad de contribuyente en el expediente administrativo, dando estricto cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 4.3, de la Instrucción General N° 10, dictada por esta Corporación (...)".

Sexto: Que, la cuestión a determinar es si el Tesorero Regional o Provincial, cuando actúa en un procedimiento de cobro de obligación tributaria, regulado por las normas del Título V del Libro III del Código Tributario, en su calidad de Juez Sustanciador, queda sometido o no al estatuto de la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, en particular, a su régimen general de publicidad; o bien por ser un Tribunal Especial, las cuestiones que se susciten entre los deudores morosos de impuestos (el requirente de información lo es), deberán tramitarse incidentalmente y sin forma de juicio ante dicho tribunal, a la luz del artículo 190 del COT, caso en el cual, no se aplicaría el estatuto jurídico de la referida Ley.

Séptimo: Que, para resolver la presente controversia, resultan relevantes tener presente la siguiente normativa:

1. El artículo 8 de nuestra Carta Fundamental, que dispone: "El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones". "Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional".

2. De la Ley de Transparencia, el artículo 1° prescribe: "La presente ley regula el principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo, y las excepciones a la publicidad de la información".

"Para los efectos de esta ley se entenderá por: (...) 5. Los órganos o servicios de la Administración del Estado: los señalados en el inciso segundo del artículo 1° de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado...".

El artículo 2 que, en lo pertinente, señala: "Las disposiciones de esta ley serán aplicables a los ministerios, las intendencias, las gobernaciones, los gobiernos regionales, las municipalidades, las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa".

"La Contraloría General de la República y el Banco Central se ajustarán a las disposiciones de esta ley que expresamente ésta señale, y a las de sus respectivas leyes orgánicas que versen sobre los asuntos a que se refiere el artículo 1° precedente".

El artículo 7, que obliga a los órganos de la Administración del Estado, a mantener a disposición permanente del público, antecedentes actualizados, a lo menos, una vez al mes.

El artículo 11 que dispone: "El derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado reconoce, entre otros, los siguientes principios (...) f) Principio de facilitación, conforme al cual los mecanismos y procedimientos para el acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado deben facilitar el ejercicio del derecho, excluyendo exigencias o requisitos que puedan obstruirlo o impedirlo. g) Principio de la no discriminación, de acuerdo al que los órganos de la Administración del Estado deberán entregar información a todas las personas que lo soliciten, en igualdad de condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias y sin exigir expresión de causa o motivo para la solicitud.(...)".

3. El artículo 1° inciso segundo de la Ley 18.575, sobre Bases Generales de la Administración del Estado, que reza: "La Administración del

Estado estará constituida por los Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, incluidos la Contraloría General de la República, el Banco Central, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, los Gobiernos Regionales, las Municipalidades y las empresas públicas creadas por ley".

4. Del Código Tributario, el artículo 190 que prescribe: "Las cuestiones que se susciten entre los deudores morosos de impuestos y el Fisco, que no tengan señalado un procedimiento especial, se tramitarán incidentalmente y sin forma de juicio ante el propio Tesorero Regional o Provincial con informe del Abogado del Servicio de Tesorerías el que será obligatorio para aquél.". "En lo que fuere compatible con el carácter administrativo de este procedimiento se aplicarán las normas contempladas en el Título I del Libro Tercero del Código de Procedimiento Civil".

5. En el ámbito internacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), en el artículo 13.1 dispone: "Libertad de Pensamiento y de Expresión. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección".

Octavo: Que, de una interpretación armónica de los preceptos citados anteriormente, aparece que la regla general, en materia de entrega de información pública, está regulada, entre otros principios, por los de publicidad y transparencia del ejercicio de la función pública, en virtud de los cuales, el acceso a dicho tipo de información, reconocido y protegido en la Carta Fundamental, comprende el derecho de recabar la información de los órganos públicos y la denominada transparencia activa, reconocida expresamente en el artículo 7° de la Ley de Transparencia, al determinar el carácter público de la información actualizada que debe estar siempre a disposición de las personas.

Noveno: Que, no constituye un impedimento el hecho de ser el requirente de la información, parte en un procedimiento seguido en su contra, en el cual se le cobran obligaciones tributarias de dinero, en conformidad al procedimiento establecido en el Título V del Libro III del Código Tributario, para que, por medio de la Ley de Transparencia, pueda acceder a información que se encuentra en poder de un órgano público, por expreso mandato de los artículos 1, 2, 7 y 11 de la Ley N° 20.285, referidos en el motivo 7° de este fallo.

Décimo: Que, a diferencia de lo sostenido por la reclamante, en orden a que el interesado en la información debió haberla requerido dentro del procedimiento establecido en el artículo 190 del Código Tributario, esta Corte disiente de ello, ya que si bien es un Tribunal Especial cuando actúa como ente cobrador de obligaciones tributarias, lo cierto es que el inciso segundo de dicha normativa, expresamente, le atribuye un "carácter administrativo" a dicho procedimiento, de lo que se colige que, igualmente, tiene plena aplicación para la obtención de la información requerida por el interesado, la regla general de acceso a la misma, consagrada en la Ley de Transparencia.

Undécimo: Que, además, cabe precisar que la Tesorería General de la República no basó su reclamación en ninguna de las causales de reserva o secreto que consagra la Ley de Transparencia en su artículo 21, para negar la información pretendida por el requirente de autos, por lo que mal puede sostenerse que el acceso a la información pública, no puede hacerse mediante el mecanismo general de información contemplado en dicha Ley, pretendiendo, por medio de un ejercicio hermenéutico que conforma un verdadero preciosismo jurídico, limitarlo solamente a exigir dicha petición a través de la vía judicial ante el tribunal en que se tramita el juicio de cobro de impuestos, ya sea ante el Juez Sustanciador administrativo o ante la justicia civil, dependiendo del estado procesal del juicio.

A juicio de esta Corte, tal interpretación pugna, en primer término, con nuestra normativa constitucional, en particular con lo preceptuado por el artículo 19 N° 2 de nuestra Carta Fundamental, que mandata "ni ley, ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias", como asimismo, con lo prescrito por el artículo 13.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, (referido en el motivo 5° letra E de este fallo), integrado a nuestro sistema nacional por medio del inciso 2° del artículo 5° de la carta Fundamental, que confiere el derecho a solicitar información a toda persona "por cualquier otro procedimiento de su elección".

Duodécimo: Que, de lo razonado precedentemente, cabe concluir que la existencia de procedimientos judiciales a los cuales debe sujetarse el ejercicio de una acción, desde el punto de vista procesal, no es óbice para que el interesado, que revista la calidad de parte en tales juicios, si lo estima pertinente, pueda recurrir al procedimiento general de obtención de información pública consagrado en la Ley de Transparencia, siempre que no exista una causal de reserva o secreto para impida su obtención, como sucede en el presente caso, ya que en ambas situaciones, el requirente de la información, persigue un solo norte, esto es, el acceso a ella.

Por estos fundamentos y normas legales citadas, se rechaza el reclamo de ilegalidad interpuesto por don Julio Covarrubias Vásquez, Fiscal (S) de la Tesorería General de la República, en contra de la Decisión de Amparo C4606-2020, dictada por el Consejo para la Transparencia en sesión ordinaria N° 1133, celebrada el 29 de septiembre de 2020.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N° Contencioso Administrativo-643-2020.

Pronunciada por la Novena Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Fernando Ignacio Carreño Ortega, e integrada por la Ministro (S) señora María Inés Lausen Montt y el Abogado Integrante señor Jorge Norambuena Hernández. Autoriza la ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago. En Santiago, nueve de febrero de dos mil veintiuno, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.

Pronunciado por la Novena Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Fernando Ignacio Carreño O., Ministra Suplente Maria Ines Lausen M. y Abogado Integrante Jorge Norambuena H. Santiago, nueve de febrero de dos mil veintiuno.

En Santiago, a nueve de febrero de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.