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Consejo de Defensa del Estado con Ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago Rol: 79589-2020

Corte Suprema, 12/02/2021

Consejo de Defensa del Estado interpone recurso de queja contra los Ministros de la Corte de Apelaciones, por las faltas graves o abusos cometidos al rechazar reclamo de ilegalidad interpuesto en contra de decisión del Consejo para la Transparencia, mediante la cual ordenó la entrega de la hoja de vida de General de la FACH, previo tarjado de los datos personales de contexto que no se relacionan con la función pública. La Corte Suprema rechaza, con prevención y voto de disidencia, el recurso de queja deducido


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechazado


Ministros:

  • Adelita Ravanales Arriagada
  • María Eugenia Sandoval Gouet
  • Rodrigo Biel Melgarejo
  • Sergio Muñoz Gajardo

Texto completo:

Santiago, doce de febrero de dos mil veintiuno.

Vistos:

Primero: Que en estos autos Rol N° 79.589-2020, el Consejo de Defensa del Estado dedujo recurso de queja, en contra de los integrantes de la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, Ministra señora Marisol Rojas Moya y Ministro (S) señor Juan Carlos Silva Opazo, por las graves faltas o abusos cometidos al dictar la sentencia definitiva de diez de julio de dos mil veinte, por intermedio de la cual se rechazó el reclamo de ilegalidad deducido por la Fuerza Aérea de Chile (FACH), en contra del Consejo para la Transparencia, por la decisión de amparo de fecha treinta y uno de marzo del mismo año, que ordenó la entrega de la hoja de vida del General José Aguirre Gamboa, previo tarjado de los datos personales de contexto que no se relacionan con la función pública, en los términos que la propia decisión detalla.

La solicitud de acceso a la información fue presentada con fecha 7 de noviembre de 2019, en relación con la "hoja de vida del General José Aguirre Gamboa, desde que ingresó a la FACH hasta que llegó al grado de General".

La institución requerida notificó al General Aguirre, quien el día 11 de noviembre del señalado año se opuso a la entrega de los antecedentes, esgrimiendo que la hoja de vida contiene documentos y datos de carácter personal, cuya divulgación afecta su derecho a la privacidad, en los términos de los artículos 2° y 4° de la Ley N° 19.628.

En razón de lo anterior, la FACH responde al peticionario exponiendo, por un lado, que se encuentra impedida de entregar la información atendida la oposición de su titular - esto es, la causal contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley N° 20.285 - y, además, invoca los motivos de los numerales 3 y 5 del mismo precepto, este último en relación al artículo 436 del Código de Justicia Militar, en tanto la hoja de vida contiene aspectos que configuran el perfil del funcionario y su develación afecta la seguridad nacional.

La decisión de amparo emitida por el Consejo para la Transparencia, razona que las hojas de vida constituyen antecedentes públicos, sin que se hubiere acreditado la afectación a un bien jurídico causada por su entrega, sin perjuicio de lo cual dispone que deberán tarjarse los datos personales de contexto, que no se relacionan con la función pública.

En contra de dicha decisión el Consejo de Defensa del Estado, en representación de la Fuerza Aérea de Chile, dedujo reclamo de ilegalidad, esgrimiendo nuevamente las causales del artículo 21 N° 3 y 5 de la Ley N° 20.285, tanto en relación al artículo 436 del Código de Justicia Militar, como también a los artículos 19 N° 4 de la Constitución Política de la República y la Ley N° 19.628.

El reclamo fue rechazado mediante sentencia dictada por los recurridos el diez de julio de 2020, la cual se fundó en que no se configuran las causales de los numerales 3° y 5° del artículo 21, por cuanto la publicidad de la información cuya entrega se ordenó en modo alguno afecta la seguridad de la nación, pues lo único que se requiere es la hoja de vida funcionaria y no las deliberaciones o actas de las sesiones de las Juntas Calificadoras. En cuanto al numeral 2°, expone que para negar la publicidad y el acceso a la información pública, resulta imprescindible que se afecte alguno de los bienes jurídicos protegidos por el artículo 8° inciso 2° de la Constitución Política de la República y, considerando la definición que de la hoja de vida contiene el artículo 79 del Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, se trata de antecedentes eminentemente funcionarios, sin que de su publicidad se desprenda una vulneración a la privacidad de la persona.

Segundo: Que el recurso de queja interpuesto por el Consejo de Defensa del Estado en contra de la referida sentencia se sustenta en la configuración de las siguientes faltas o abusos graves:

1. Desconocer el carácter de secreto o reservado de la información solicitada, al no aplicar el artículo 21 N° 3 y 5 de la Ley N° 20.285, en relación al artículo 436 del Código de Justicia Militar, por cuanto los recurridos omiten toda consideración sobre la naturaleza y contenido de la hoja de vida, de cuyo examen se deriva que la publicidad de la información afecta la seguridad de la nación.

2. Desconocer el carácter secreto o reservado de la información, por no aplicar las causales ya señaladas, ahora en relación a la Ley N° 19.628 y artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, por cuanto no se considera que la FACH tiene un particular sistema de calificaciones, que se refiere a aspectos personales y sensibles que, posteriormente, se hacen constar en la hoja de vida, cuya develación, por tanto, vulneraría la vida privada del funcionario.

3. Exigir, en la evaluación de la concurrencia de cada una de las causales, la prueba de circunstancias no contempladas en la Carta Fundamental o en la ley, en tanto la sentencia señala que no se presentaron argumentos en torno a la afectación de los bienes jurídicos señalados en el artículo 8° de la Constitución Política de la República haciendo suyo el alegato del Consejo para la Transparencia, lo cual es ilegal e improcedente, puesto que no hay norma que establezca la facultad de cuestionar la constitucionalidad de una norma. En este sentido, la reclamada crea un requisito no exigido por la legislación.

Tercero: Que, informando los recurridos, expresan que realizaron una interpretación de las normas en relación a la materia y estiman no haber incurrido en la falta o abuso imputada.

Cuarto: Que el recurso de queja está regulado en el Título XVI del Código Orgánico de Tribunales, designado "De la jurisdicción disciplinaria y de la inspección y vigilancia de los servicios judiciales", y su acápite primero, que lleva el título de "Las facultades disciplinarias", contiene el artículo 545 que lo instaura como un medio de impugnación que tiene por exclusiva finalidad corregir las faltas o abusos graves cometidos en la dictación de sentencias interlocutorias que pongan fin al juicio o hagan imposible su continuación, o en sentencias definitivas, que no sean susceptibles de recurso alguno, ordinario o extraordinario.

Quinto: Que, previo al examen de las cuestiones jurídicas implicadas en la presente impugnación, ya sintetizadas precedentemente, es menester consignar los siguientes hechos:

1. La información solicitada corresponde a la hoja de vida individual y personal del General José Aguirre Gamboa, desde su ingreso a la FACH hasta la fecha en que alcanzó su actual grado.

2. La solicitud fue notificada administrativamente al funcionario quien, si bien en dicha sede se opuso a la petición, posteriormente, ante la orden emitida por el Consejo para la Transparencia, no formuló reclamo judicial, conformándose con la entrega de los antecedentes.

3. Ante la Corte de Apelaciones de Santiago compareció únicamente el Consejo de Defensa del Estado, quien asumió la representación judicial de la FACH.

Sexto: Que establecido lo anterior, y en miras al análisis de las faltas o abusos denunciadas por el quejoso, cabe tener presente que la Constitución Política de la República señala en su artículo 8°, que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional".

Desde la reforma constitucional contenida en la Ley N° 20.050, el acceso a la información pública se considera una de las bases de la institucionalidad o un principio fundamental del Estado Constitucional y democrático de derecho que funda el Código Político, en que la publicidad es la regla general y el secreto la excepción.

Tal preceptiva, que sin distinción obliga a todos los órganos del Estado, exige de éstos que den a conocer sus actos decisorios - tanto en sus contenidos y fundamentos - y que aquellos obren con la mayor transparencia posible en los procedimientos a su cargo, lo que se relaciona justamente con el derecho de las personas a ser informadas.

Con todo, la publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado tiene justificadas excepciones que contempla la Constitución, las que dicen relación con los valores y derechos que la publicidad pudiere afectar, referidas todas ellas explícita y taxativamente en la norma constitucional antes transcrita y que sólo el legislador de quórum calificado puede configurar. Se sigue de ello, que la interpretación de dichas excepciones debe efectuarse de manera restrictiva.

En cumplimiento del mandato constitucional fue dictada la Ley de Acceso a la Información Pública N° 20.285, que preceptúa, en lo que interesa, que "la función pública se ejerce con transparencia, de modo que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y decisiones que se adopten en ejercicio de ella" (art. 3°). También se consagra que "El principio de transparencia de la función pública consiste en respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la Administración, así como la de sus fundamentos, y en facilitar el acceso de cualquier persona a esa información, a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley" (art. 4). Por último, que "en virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado. Asimismo, es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas" (art. 5).

Séptimo: Que, como puede observarse de las normas antes transcritas, el principio de publicidad recae en la información emanada de los órganos del Estado y referida exclusivamente a la función pública. En este entendido, y tal como anteriormente lo ha sostenido esta Corte con anterioridad, en autos Rol N° 4242-2019, si bien no es posible poner en duda la participación de la FACH en el procedimiento de solicitud de información, en tanto el objeto de la misma está constituida por datos que se encuentran bajo su custodia, lo cierto es que la institución no puede subrogarse en el interés particular del funcionario, quien no dedujo reclamo alguno contra la decisión administrativa que dispuso la entrega de la información y que, a mayor abundamiento, resolvió que en dicho acto deben tarjarse una serie de datos sensibles, que no se vinculan con el ejercicio de la función pública.

Octavo: Que, en la situación de autos, resulta ostensible e indudable que el compareciente lo ha hecho en defensa de fines particulares como lo son el honor y la honra del General cuyos antecedentes se solicitan. Por tanto, los sentenciadores no han incurrido en falta o abuso grave al desechar el reclamo de ilegalidad por cuanto, escuchada la oposición de la Institución en cuestión, ésta no ha demostrado haber comparecido defendiendo el interés institucional.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, se rechaza el recurso de queja deducido por el Consejo de Defensa del Estado en representación de la Fuerza Aérea de Chile, en lo principal de la presentación de fecha 17 de julio del año en curso.

Se previene que la Ministra señora Ravanales concurre al rechazo del recurso de queja, teniendo para ello únicamente presente que el mérito de los antecedentes no permite concluir que los jueces recurridos, al decidir como lo hicieron, hayan realizado alguna de las conductas que la ley reprueba y que sería necesario reprimir y enmendar mediante el ejercicio de las atribuciones disciplinarias de esta Corte, toda vez que resolvieron en el sentido expresado en lo dispositivo, haciendo uso de su facultad de interpretar las disposiciones legales atingentes al caso.

Sin perjuicio de lo anterior, quien previene estuvo por actuar de oficio, en uso de las facultades que a esta Corte confiere el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, teniendo para ello presente:

1° Que para el debido entendimiento del asunto resulta adecuado transcribir determinados preceptos legales que inciden en la resolución del reclamo de ilegalidad de que se trata:

El artículo 21 de la Ley de Transparencia previene que: "Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes:

[ ... ]

3. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte la seguridad de la Nación, particularmente si se refiere a la defensa nacional o la mantención del orden público o la seguridad pública.

Por su parte el artículo 436 del Código de Justicia Militar establece que: "Se entiende por documentos secretos aquellos cuyo contenido se relaciona directamente con la seguridad del Estado, la Defensa Nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas y entre otros:

1.- Los relativos a las Plantas o dotaciones y a la seguridad de las instituciones de las Fuerzas Armadas o de Carabineros de Chile y de su personal;

2.- Los atinentes a planos o instalaciones de recintos militares o policiales y los planes de operación o de servicio de dichas instituciones con sus respectivos antecedentes de cualquier naturaleza, relativos a esta materia;

3.- Los concernientes a armas de fuego, partes y piezas de las mismas, municiones, explosivos, sustancias químicas y demás efectos a que se refiere la ley N° 17.798 usados por las Fuerzas Armadas o Carabineros de Chile, y

4.- Los que se refieran a equipos y pertrechos militares o policiales".

2° Que para resolver es imprescindible tener presente que la Fuerza Aérea de Chile forma parte de las Fuerzas Armadas, dependientes del Ministerio encargado de la Defensa Nacional las que, conforme a lo estatuido en el artículo 101 de la Constitución Política de la República, existen: "Para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional". Es por lo anterior que nuestro ordenamiento jurídico contempla una serie de cuerpos legales que regulan su organización y actividad, consagrándose así un régimen jurídico especial que se erige sobre la base de la particular y esencial labor que les ha sido entregada. Entre esta normativa se encuentra el Código de Justicia Militar, que revela la importancia y especialidad de la tarea encomendada.

Entre estas disposiciones figura el artículo 436 del Código de Justicia Militar que establece qué documentos tienen el carácter de secretos, refiriendo que participan de tal condición aquellos cuyo contenido se relaciona directamente con la seguridad del Estado, la Defensa Nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas y, entre otros, los relativos a las plantas o dotaciones.

3° Que esclarecido lo anterior, es necesario subrayar que la ley ha señalado expresamente que es secreta la información vinculada con las plantas o dotaciones, aspecto en el cual no cabe sino entender incluidos los antecedentes relativos a las hojas de vida funcionarias, en tanto ellas consignan de manera completa la carrera funcionaria y la preparación de quien ha llegado a obtener el grado de General, incluyendo las capacidades y aptitudes profesionales que lo han llevado a desempeñarse en dicho cargo estratégico.

Por otro lado, la hoja de vida requerida constituye uno de los elementos básicos para el sistema de calificaciones, que sirve: "para determinar la procedencia de los ascensos, mandos, destinaciones o comisiones del personal" (artículo 75 del Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas). En consecuencia, lo que se solicita es un documento que contiene información sobre la carrera funcionaria y el desempeño de un funcionario público, que no solo forma parte de las Fuerzas Armadas, las que con arreglo al artículo 101 de la Carta Fundamental, "son esenciales para la seguridad nacional", sino que detenta un nombramiento que forma parte del alto mando.

En síntesis, la información contenida en la hoja de vida permite conocer también destinaciones, capacitación, estándares de desempeño, habilidades, pericias, experiencia, destrezas, en la formación del funcionario de que se trata, revelando, a través de un ejercicio lógico deductivo, estrategias institucionales, orientaciones, proyecciones, patrones en la adopción de decisiones del mando, necesidades, requerimientos, y por ende eventuales carencias, lo que se vincula o relaciona, en este caso, con el orden público interior y/o la seguridad de las personas. En este contexto, como fluye de los artículos 35 y 36 del Estatuto del Personal de la Fuerzas Armadas, la capacitación del personal forma parte de las actuaciones que deben consignarse en la hoja de vida, entendiéndose por tal el conjunto de actividades permanentes, organizadas y sistemáticas que efectúan las Fuerzas Armadas, destinadas a que su personal desarrolle, complemente, perfeccione o actualice los conocimientos y destrezas necesarios para el eficiente desempeño de su cargo o actividad, y está dirigida a habilitar al personal para su ascenso a grados superiores o lograr su perfeccionamiento para mejorar el desempeño del cargo que ocupa o actividad que desarrolla.

4° Que, en concordancia con lo expuesto, en concepto de esta disidente, forzoso es concluir que la información ordenada entregar está cubierta por la invocada causal del artículo 21 N° 3 de la Ley N° 20.285, por cuanto su publicidad afecta la seguridad de la Nación, circunstancia que, además, constituye uno de los cuatro supuestos previstos en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la República para disponer la reserva de información, y ello ciertamente porque la información solicitada puede comprometer la eficaz actuación de una institución como la Fuerza Aérea de Chile, dedicada a la Defensa Nacional, desde que a partir de ella puede elaborarse el completo perfil de un funcionario que se desempeña en el grado de General. No se trata de información inocua relativa al funcionamiento de un servicio público, sino que tiene directa relación con características de alguien que cumple labores de alto mando en una institución cuya labor es precisamente la seguridad de la Nación, de modo que su develación podría implicar el conocimiento de elementos vinculados con la particular manera en que dicha misión se lleva a cabo.

5° Que, por las razones ya expuestas, esta previniente estuvo por, una vez rechazado el recurso de queja, actuar de oficio y acoger el reclamo de ilegalidad planteado por el Consejo de Defensa del Estado, toda vez que la información solicitada se encuentra amparada por la causal de secreto o reserva, dispuesta en el artículo 21 N° 3 de la Ley N° 20.285.

Acordada con el voto en contra del Ministro (S) señor Biel, quien estuvo por acoger el recurso de queja, por estimar que los recurridos han incurrido en una grave falta o abuso, al no aplicar la causal de reserva contenida en el artículo 21 N° 3 de la Ley N° 20.285, por cuanto la entrega de los antecedentes solicitados afecta la seguridad nacional, en los términos expresados en los motivos primero a cuarto de la prevención que antecede, cuyos fundamentos comparte.

Regístrese, comuníquese, e incorpórese copia de este fallo al expediente digital en que incide.

Redacción a cargo del Ministro señor Muñoz y la prevención y disidencia, de sus autores.

Rol N° 79589-2020.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros (a) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. María Eugenia Sandoval G., Sra. Ángela Vivanco M., Sra. Adelita Ravanales A. y Sr. Rodrigo Biel M. (s). No firman, no obstante haber concurrido al acuerdo de la causa, los Ministros señor Muñoz por estar con permiso y la señora Sandoval por haber cesado en sus funciones. Santiago, 12 de febrero de 2021.

En Santiago, a doce de febrero de dos mil veintiuno, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.