logo
 

Ejército de Chile con Consejo para la Transparencia Rol: 562-2020

Corte de Apelaciones de Santiago, 09/02/2021

Se interpone recurso de ilegalidad contra Consejo para la Transparencia. Corte acoge el recurso.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Acogido


Ministros:

  • Alejandro Rivera Muñoz
  • Paola Herrera Fuenzalida

Texto completo:

Santiago, nueve de febrero de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece ante esta Corte de Apelaciones doña Ruth Israel López, Abogado Procurador Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado, en representación del Ejército de Chile, ambos domiciliados para estos efectos en calle Agustinas N° 1687 de la comuna y ciudad de Santiago, e interpone reclamo de ilegalidad, de conformidad a los artículos 28 y 29 de la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, en contra del Consejo para la Transparencia, en adelante CPLT, representado por su director don Jorge Jaraquemada Robledo, ambos domiciliados en calle Morandé 360 piso 7, comuna de Santiago, en razón de lo decidido en la causa de Amparo N° C 8105-19 adoptada por su Consejo Directivo en la sesión ordinaria N° 1111 de 2 de julio de 2020, notificada al Ejército de Chile el día 7 de septiembre de 2020.

Refiere, que la resolución cuestionada, acoge parcialmente el amparo deducido por don Paulo Jaramillo Ríos disponiendo hacer entrega de: la cantidad de cartuchos de armas utilizados en los toques de queda entre el 19 y 26 de octubre de 2019. Lo anterior dividido por tipo y región, y en caso de que la información no obre en poder de la institución se solicita el inventario de cartuchos al 18 y 27 de octubre, indicando todos los ingresos de cartuchos.

Como antecedente señala que el 5 de diciembre de 2019, el Ejército denegó al peticionario la entrega de la información solicitada, por aplicación de las causales de secreto o reserva previstas en el artículo 21 N° s 3 y 5 de la Ley N° 20.285, fundándose en que los antecedentes requeridos se refieren al uso de material de guerra y como tal, calificado como pertrecho en conformidad a lo establecido en los artículos 1 y 2 de la Ley N° 19.924 relativa a la importación de mercaderías del sector Defensa, por lo que entregar dicha información importaría entregar antecedentes que revisten el carácter de secreto conforme a lo dispuesto en el artículo 436 N° 4 del Código de Justicia Militar vigente de acuerdo a lo dispuesto en la disposición cuarta transitoria de la Constitución Política de la República y 1° de las Disposiciones Transitorias de la Ley N° 20.285. Se aludió también al artículo 34 de la Ley N° 20.424 "Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa" que dispone como excepción a la publicidad lo relativo a las especificaciones técnicas y cantidad de equipamiento bélico y material de guerra, cuyo es el caso de la munición, que además es resguardado por los artículos 144 y 144 bis del Código de Justicia Militar, el artículo 153 del Código de Procedimiento Penal y 209 inciso 2° del Código Procesal Penal. Señala que no obstante, estos fundamentos, el Consejo para la Transparencia acogió parcialmente sus argumentos y ordenó entregar la información señalada en la forma que se indicó con antelación.

En cuanto a los fundamentos del reclamo presentado, se indica, en primer término que la decisión de amparo infringe las causales de reserva contenidas en los números 3° y 5° del artículo 21 de la 20.285, con relación al artículo 436 del Código de Justicia Militar y al artículo 34 de la Ley N° 20.424 "Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional". Sostiene que el Consejo para la Transparencia, actúa fuera de su competencia, efectuando exigencias no comprendidas en la ley. En efecto, indica que el Consejo sostuvo que no basta la existencia de una norma que disponga la reserva de la información, sino que debe acreditarse la afectación de los bienes jurídicos protegidos por la causal señalada, la que debe ser presente o probable y con suficiente especificidad. Indica que sin mayor razonamiento, el CPLT sostiene que divulgar la información solicitada con el detalle de las cuadrillas o patrullas daría cuenta en detalle sobre la cantidad y tipo de armamento utilizado en los períodos solicitados, evidenciando la capacidad de fuego y uso de armamento en particular por parte de la reclamada, en situaciones de grave alteración del orden público, todas materias protegidas por la norma en análisis -artículo 436 del Código de Justicia Militar- y señaló que dar a conocer los antecedentes objeto del presente amparo, supone afectar el debido cumplimiento de las funciones de la reclamada en un contexto en que la labor del Ejército supuso el cumplimiento de tareas específicas encomendadas por la autoridad de Gobierno, razón por la que rechaza el amparo en esa parte de la información. En cambio, agregó sin nueva consideración, que respecto a la cantidad de cartuchos de armas utilizadas en los toques de queda en las fechas que indica dividido por tipo y región, sin alusión a la cuadrilla o patrulla, decide acoger la petición de amparo y ordena entregar la información.

En conformidad a lo anterior, la reclamante dice que debe tenerse en consideración la causal de reserva del N° 5 del artículo 21 de la Ley N° 20.285 en relación con el artículo 436 del Código de Justicia Militar, pues dicha causal es de carácter objetivo y amerita su aplicación directa, sin que el CPLT pueda cuestionar la calidad de secreto o reserva de los antecedentes que el legislador consideró reservados y tampoco posee competencia para hacer distinción alguna al respecto, por lo tanto no procede probar la afectación ya que esta fue calificada ex ante por el propio constituyente en la disposición cuarta transitoria de la Carta Fundamental. Cita diversa jurisprudencia en apoyo de este argumento.

En segundo término, la reclamante señala, que junto con desconocer la causal de reserva invocada, se prescinde de considerar como un hecho indiscutible que las municiones sobre las que dispone informar, son consideradas como material de guerra y, como tal, calificadas expresamente como pertrechos según las definiciones incluidas en la Ley N° 19.924, lo que incluye el armamento y las municiones.

También se alude al artículo 34 de la Ley N° 20.424 "Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional" que tiene rango de quórum calificado y que establece el secreto señalado respecto de los estándares de operación y el equipamiento bélico y material de guerra. Cita jurisprudencia sobre este punto.

Agrega que la divulgación voluntaria de información secreta importaría de parte de quien incurre en su entrega, la comisión del delito de violación de secreto prevista y descrita en los artículos 246 del Código Penal y 255 del Código de Justicia Militar.

Enseguida, sostiene que la distinción efectuada por el CPLT en su decisión adolece de consistencia lógica y justificación, pues no se entiende que se deniegue la información en relación a la cantidad y tipo de armamento utilizado en los períodos solicitados y, sin mayor reflexión, ordene entregar la información sobre la cantidad de cartuchos de armas utilizados en los toque de queda en las fechas indicadas, dividido por tipo y región, sin alusión a cuadrilla o patrulla. Para la reclamante, en ambos, casos se evidencia la capacidad de fuego (munición) y uso de armamento en situación de grave alteración al orden público, todas protegidas por la norma del artículo 436 del Código de Justicia Militar y afecta el debido cumplimiento de sus funciones. Señala que abunda a lo anterior, en subsidio, disponer la entrega del inventario de cartuchos al 18 y 27 de octubre, indicando todos los ingresos de cartuchos, es decir, el inventario de municiones o cartuchos del Ejército, nacional y dividido por regiones.

Por lo tanto, solicita se acoja el reclamo y se declare ilegal la decisión de amparo C-8105-19 adoptada por el Consejo para la Transparencia, dejándola sin efecto y declarando que el Ejército de Chile actuó conforme a derecho al negar acceso a la información solicitada.

Segundo: Que se evacuó el informe requerido al Consejo para la Transparencia, por don David Ibaceta Medina, Director General suplente y representante legal del referido Consejo. En primer término hace referencia a los antecedentes de hecho que dieron origen a la decisión de amparo reclamada. Luego indica que el 2 de julio de 2020, el Consejo acogió parcialmente el amparo por Denegación de Acceso a la información deducido en contra del Ejército, requiriendo al señor Comandante en Jefe del Ejército de Chile: "a) Entregue al solicitante la información anotada en el numeral 1°, de lo expositivo, el cual es la cantidad de cartuchos de armas utilizados en los toques de queda en las fechas que se indica en la solicitud. Lo anterior dividido por tipo y región, y en caso de que la información no obre en poder del reclamado se solicita el inventario de cartuchos al 18 y 27 de octubre, indicando todos los ingresos de cartuchos.

Con todo, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen".

Agrega que el 7 de julio de 2020, el Consejo mediante correo electrónico de la misma fecha, notificó al Ejército de Chile de la decisión de Amparo Rol C8105-19 mediante oficio N° 10.437 de 6 de julio de 2020.

El día 22 de septiembre de 2020, el Consejo de Defensa del Estado en representación del Ejército de Chile, dedujo reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones.

Conforme a lo anterior, se alega en primer término, la extemporaneidad del reclamo deducido. Se sostiene que el 7 de julio de 2020, mediante correo electrónico de la misma fecha, se notificó al Ejército de Chile de la decisión de Amparo Rol C8105-19 mediante oficio N° 10.437 de 6 de julio de 2020 al correo transparencia@ejército.cl, según da cuenta los documentos que acompaña, por lo que el término legal de 15 días corridos establecido en el artículo 28 de la Ley de Transparencia venció el 22 de julio de 2020. Agrega que la parte reclamante sostiene haber sido notificado el día 7 de septiembre en virtud de un correo electrónico que se le remitió desde la casilla cumplimiento@consejotransparencia.cl, cuando en realidad ya había sido notificado el 7 de julio desde la casilla oficinadepartes@consejotransparencia.cl por lo que el reclamo se presentó 62 días después de la fecha en que venció el plazo fatal para deducirlo y en consecuencia, es extemporáneo. Se indica además que el correo del mes de septiembre es sólo un reenvío de la información.

En cuanto al fondo, se hace referencia al objeto de la controversia y de la decisión de amparo. Enseguida, se indica que no basta la existencia e invocación de una norma a la que se le atribuya el carácter de ley de quórum ficto que establezca el secreto de ciertos antecedentes, para dar por configurada la causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, si la publicidad no afecta alguno de los bienes jurídicos señalado en el inciso 2° del artículo 8 de la Constitución Política de la República. Señala al respecto, que el artículo 33 letra b) de la Ley de Transparencia le otorga competencia al CPLT de la potestad de resolver los reclamos por denegación de acceso a la información y en el ejercicio de dicha potestad está llamado a desentrañar el sentido y alcance de los preceptos constitucionales y legales que gobiernan los asuntos que le corresponde decidir, para lo cual la debida ponderación de la afectación concreta que la divulgación de determinada información pudiese eventualmente generar, se constituye en un ejercicio ineludible para el adecuado cumplimiento de las funciones que al ley le ha entregado. Cita jurisprudencia al efecto.

Enseguida, en el informe se analiza el sentido y alcance del artículo 436 N° 3 y 4 del Código de Justicia Militar. Refiere que dicha norma no resulta aplicable al caso de autos pues no establece la reserva o secreto con precisión y especificidad de determinados documentos relacionados con la cantidad de cartuchos de armas utilizados en los toques de queda, pues no es posible asimilar dichos elementos en el concepto de equipos y pertrechos militares que utiliza el artículo 436 N° 4 del Código de Justicia Militar. Analiza luego el concepto de "pertrechos militares" desestimando la argumentación de la reclamante y en cuanto a la referencia a la ley N° 19.924 dice que está relacionada con el Decreto Ley N° 825, y solo dice relación con los impuestos a las ventas y servicios, pero en ningún caso establece la reserva de la información estadística y desagregada que solicitó el requirente de información. Indica también que no hay ningún argumento que permita concluir que la información ordenada entregar pueda llegar a ocasionar de manera probable, presente y específica una afectación plausible a la Defensa Nacional o la Seguridad de la Nación, solo se hace una referencia genérica a los mismos.

Luego sostiene que el artículo 8 de la Constitución exige que para que ceda la publicidad y el acceso a la información pública frente al secreto o reserva deba afectarse alguno de los bienes jurídicos protegidos que ella menciona y concluye que no basta con que exista un caso de secreto o reserva dispuesto por una Ley de Quórum Calificado, o que se invoque alguna de las causales de secreto o reserva del artículo 21 de la Ley de Transparencia, sino que además debe adecuarse a alguna de las hipótesis del artículo 8 de la Constitución y debe acreditarse una real y efectiva afectación de los bienes jurídicos que protegen. Cita un informe elaborado por el profesor Jorge Correa Sutil y jurisprudencia.

Posteriormente señala que la cantidad de cartuchos de armas utilizados en los toques de queda no resulta ser información subsumible en lo dispuesto en el artículo 34 letra c) de la Ley N° 20.424 sobre el Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional pues dicha norma dice relación con actos y resoluciones presupuestarios de la defensa nacional, y no la cantidad de cartuchos de armas utilizados en los toques de queda en las fechas consultadas, dividido por tipo y región, lo que resulta una interpretación excesivamente forzada de la referida norma. Cita jurisprudencia sobre la interpretación restrictiva de este precepto y alude a la historia del mismo indicándose que conforme expuso el respectivo Subsecretario de Guerra ante el Senado, dicha indicación tuvo por finalidad introducir normas relativas a la fiscalización de las actividades del sector de la defensa, con el objeto de otorgarles una mayor transparencia y control. En consecuencia, la información ordenada entregar en ningún caso dice relación con fundamentos de los actos y resoluciones presupuestarios de la defensa como exige expresamente la letra c) del artículo 34.

Luego se señala que la entrega de la información requerida no afecta la seguridad de la nación, por lo que tampoco se configura la causal de secreto prevista en el artículo 21 N° 3 de la Ley de Transparencia. Para ello se alude al concepto de Seguridad de la Nación y dice que se ha entendido como un "Bien colectivo, de rango constitucional, que preserva la independencia del país y que obliga la defensa de la soberanía, su institucionalidad republicana y la integridad territorial de Chile, frente a agresiones externas, calificadas como tales por el ordenamiento nacional e internacional". Así no es posible mantener la reserva de la información por no encontrarse directamente relacionada con las actividades de seguridad y defensa de la nación, ni revelan estrategias militares, que despliega por mandato legal el Ejército de Chile, ni tampoco ponen en riesgo la defensa de la patria, ni la integridad territorial, ni la preservación del orden institucional del país, tratándose simplemente de información estadística, datos a partir de los cuales no es posible revelar la capacidad militar del Ejército de Chile. Cita jurisprudencia.

Por todo lo anterior solicita el rechazo del reclamo de ilegalidad. i. De la alegación de extemporaneidad:

Tercero: Que corresponde resolver, en primer término, la alegación de extemporaneidad invocada por el Consejo para la Transparencia. Sobre el particular, cabe señalar que:

a) En sesión ordinaria N° 1111 de 2 de julio de 2020, el Consejo para la Transparencia acogió parcialmente el amparo que presentó don Paulo Jaramillo Ríos en contra del Ejército de Chile.

b) El CPLT mediante oficio N° E10437, de 6 de julio de 2020 notifica la decisión de amparo antes mencionada, indicándose como destinatarios, entre otros, el señor Comandante en Jefe del Ejército. En la parte final de dicho oficio se señala: "Finalmente, informamos que en atención al estado de excepción constitucional de catástrofe declarado en todo el territorio nacional por motivos de salud pública, este Consejo ha adoptado de manera transitoria realizar en lo posible sus respectivas notificaciones a las direcciones electrónicas disponibles de nuestros distintos usuarios, a fin de soslayar cualquier complejidad que conlleve la circulación de oficios por la vía postal".

c) El oficio de notificación es remitido mediante correo electrónico de 7 de julio de 2020 al correo transparencia@ejercito.cl y se indica que cualquier consulta debe ser dirigida al correo contacto@cplt.cl.

d) El 7 de septiembre de 2020 el Ejército de Chile, mediante correo electrónico transparencia@ejercito.cl remite un correo electrónico a la dirección oficinadepartes@consejotransparencia.cl con copia a cumplimiento@consejotrasnparencia.cl en la que solicita remitir la decisión de amparo y tenerla por notificada a partir de la fecha de su remisión.

e) El 8 de septiembre de 2020 a través del correo cumplimiento@consejotransparencia.cl se remite un correo a transparencia@ejercito.cl en el cual se acusa recibo de la solicitud y de lo requerido, y se remite la decisión de amparo y su respectivo oficio conductor, esto es, el oficio E10437 de 6 de julio de 2020.

f) El 22 de septiembre de 2020, el Ejército de Chile representado por el Consejo de Defensa del Estado deduce reclamo de ilegalidad a la decisión de amparo dictada en la causa C8105-2019.

Cuarto: Que el artículo 27 de la Ley N° 20.285, en sus incisos segundo y tercero, dispone que:

"La resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información, fijará un plazo prudencial para su entrega por parte del órgano requerido.

La resolución será notificada mediante carta certificada al reclamante, al órgano reclamado y al tercero, si lo hubiere.".

Quinto: Que en lo que se refiere entonces a la notificación de la decisión de amparo, la norma respectiva dispone expresamente que aquella se hará por carta certificada, formalidad que aquí no se cumplió y, si bien, el Consejo para la Transparencia remitió un correo electrónico en el mes de julio de 2020 al Ejército de Chile, dicha notificación se aparta del texto legal sin que pueda soslayarse la omisión de la carta certificada por la vía de invocar el estado de catástrofe que vive el país por emergencia sanitaria pues, debió, para salvaguardar los derechos de las partes comunicar esta nueva forma de notificación en forma previa a materializarla.

Refuerza lo anterior, la circunstancia que el párrafo final del oficio de notificación, hace referencia que aquella -es decir la electrónica- será transitoria y se hará "en lo posible" a las direcciones electrónicas disponibles de los usuarios, redacción que no otorga certeza a los intervinientes.

A mayor abundamiento, en la copia del expediente administrativo acompañado por el CPLT, consta la "Ficha del Reclamo" en ella aparece la siguiente constancia: "La parte reclamante renunció a la notificación mediante carta certificada de todas las actuaciones que correspondan dentro del procedimiento de reclamo, incluyendo la decisión del mismo, aceptando expresamente que todas las notificaciones se realicen mediante comunicación electrónica a la casilla, que bajo su responsabilidad registró".

Es decir, solo la parte reclamante esto es, don Paulo Jaramillo Ríos, renunció a que la notificación se le hiciera por carta certificada, no constando igual renuncia de parte del Ejército de Chile, de manera que, no cabe aceptar como válida la notificación por correo electrónica verificada en el mes de julio del año 2020 y, en consecuencia, al no constar que se haya dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N° 20.285 la alegación de extemporaneidad debe ser rechazada en cautela del adecuado derecho al recurso y para evitar la indefensión de una de las partes.

II. En cuanto al Fondo:

Sexto: Que el Ejército de Chile sostiene que la decisión de amparo que reclama, infringe las causales de reserva contenidas en los números 3 y 5 del artículo 21 de la Ley N° 20.285, en relación al artículo 436 del Código de Justicia Militar y el artículo 34 de la Ley N° 20.424 "Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional".

Séptimo: Que para una adecuada comprensión del asunto debatido debe recordarse que:

a) el señor Paulo Jaramillo Ríos solicitó al Ejército de Chile "la cantidad de cartuchos de armas que utilizaron, por los toques de queda entre el 19 y 26 de octubre de 2019, dividido por tipo, por región y, en caso de existir la información, también por cuadrilla. En caso de no existir la información, el inventario de cartuchos al 18 de octubre y al 27 de octubre de 2019. Indicando todos los ingresos de cartuchos. Expresó además, que era claro que por cartucho se refería a cualquier tipo de bala, incluyendo las a fogueo y el balín de goma".

b) El Ejército de Chile respondió al solicitante que la información requerida correspondía a antecedentes relativos a municiones utilizadas en la Institución, las que son consideradas como material de guerra y, como tal, calificadas como pertrecho en conformidad a lo establecido en los artículos 1 y 2 de la Ley N° 19.924, relativa a la importación de mercaderías del sector Defensa. Se agregó que dicha información tiene el carácter de secreta conforme al artículo 436 N° 4 del Código de Justicia Militar. Se invocó además el artículo 34 de la Ley N° 20.424 y se sostuvo así que la información requerida era reservada de acuerdo al artículo 21 N° s 3, 4 y 5 de la Ley N° 20.285 pues la publicidad afecta la seguridad de la Nación, la Defensa Nacional y el interés nacional.

c) El 9 de diciembre de 2019, el señor Jaramillo dedujo amparo a su derecho de acceso a la información.

d) El Consejo para la Transparencia mediante la Decisión de Amparo que se cuestiona en autos, acogió parcialmente el amparo y, ordenó entregar al solicitante la cantidad de cartuchos de armas utilizados en los toques de queda entre el 19 y el 26 de octubre de 2019, dividido por tipo y región, y en caso de que la información no obre en poder del reclamado se solicita el inventario de cartuchos al 18 y 27 de octubre, indicando todos los ingresos de cartuchos. Para resolver así, consideró necesario analizar la afectación de los bienes jurídicos indicados en el artículo 8° de la Constitución Política de la República, esto es, el debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, derechos de las personas, seguridad de la Nación o el interés nacional. Luego concluyó que la divulgación de la información requerida con el detalle respecto de las cuadrillas o patrullas daría cuenta en detalle sobre la cantidad y tipo de armamento utilizado en los períodos solicitados, evidenciando la capacidad de fuego y uso de armamento en particular por parte de la reclamada, en situaciones de grave alteración del orden público, todas materias protegidas por el artículo 436 del Código de Justicia Militar y suponía afectar el debido cumplimiento de las funciones del Ejército en un contexto de cumplimiento de las tareas específicas encomendadas por la autoridad de Gobierno. Así rechazó el amparo en esa parte (información de cartuchos usados por cuadrilla o patrulla), pero la acogió en cuanto a la cantidad de cartuchos de armas utilizados en los toque de queda en las fechas que indica dividido por tipo y región.

Octavo: Que el artículo 436 del Código de Justicia Militar dispone que:

"Se entiende por documentos secretos aquellos cuyo contenido se relaciona directamente con la seguridad del Estado la Defensa Nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas y entre otros:

1. Los relativos a las Plantas o dotaciones y a la seguridad de las instituciones de las Fuerzas Armadas o de Carabineros de Chile y de su personal;

2. Los atinentes a planos o instalaciones de recintos militares o policiales y los planes de operación o de servicio de dichas instituciones con sus respectivos antecedentes de cualquier naturaleza, relativos a esta materia; 3. Los concernientes a armas de fuego, partes y piezas de las mismas, municiones, explosivos, sustancias químicas y demás efectos a que se refiere la Ley Número 17.798 usados por las Fuerzas Armadas o Carabineros de Chile, y

4. Los que se refieran a equipos y pertrechos militares o policiales."

Noveno: Que no se discute, que la norma antes citada dispone el secreto o reserva de determinados actos, resoluciones o antecedentes y que se le reconoce además el rango de quórum calificado de acuerdo a la disposición cuarta transitoria de la Constitución Política de la República y artículo 1° transitorio de la Ley N° 20.285.

Tampoco se discute que la información requerida, esto es, la cantidad de cartuchos de armas utilizados por el Ejército es una información reservada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 436 del Código de Justicia Militar pues, por algo, el CPLT dispuso la reserva de parte de esa información en cuanto el requirente la pedía con detalle de uso por patrulla o cuadrilla.

Sin embargo, pese a ello, el CPLT consideró, para resolver, que en los casos de leyes que disponen la reserva y que fueron dictadas con anterioridad a la Ley de Transparencia no bastaba con el rango legal de la reserva sino que debía reconducirse a alguno de los motivos constitucionales de secreto o reserva que estableció el artículo 8° de la Constitución Política de la República, es decir, que la publicidad debía afectar el debido cumplimiento de los órganos del Estado, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional.

Décimo: Que en el caso que nos interesa, no se entiende ni se explica por el CPLT cómo es que proporcionar la información de cartuchos utilizados por el Ejército en el período indicado con el detalle respecto de las cuadrillas o patrullas evidencia la capacidad de fuego del Ejército y el uso de su armamento en particular en una situación de grave alteración al orden público y por tanto considerarla amparada por la causal de reserva del artículo 436 del Código de Justicia Militar y por el contrario, que se califique acto seguido, como no reservada la misma información, es decir, la cantidad de cartuchos utilizados en el mismo período separado por tipo y región (sin el detalle de las cuadrillas o patrullas) si en ambos casos, el resultado revela en definitiva el uso del armamento por la institución castrense en el mismo período en cuestión.

En efecto, los argumentos que entrega la decisión de amparo y que se han reproducido constan en las motivaciones 7° y 8°, no lográndose advertir una razón específica y concreta que amerite pasar por alto la reserva consagrada por el legislador, más aun cuando de por medio está el uso de material utilizado para el resguardo del orden interno nacional.

Undécimo: Que, así en concepto de esta Corte de Apelaciones, la información requerida por el señor Jaramillo, en cuanto pretende conocer la cantidad de cartuchos de bala utilizadas por el Ejército de Chile en determinados días, que correspondieron, como lo reconoce el CPLT, de grave alteración al orden público interno, implica conocer la capacidad de fuego de dicho órgano y el uso de su armamento, ya sea que la información se entregue en forma genérica o con el detalle que requirió el peticionario todo lo cual queda comprendido tanto en la causal de reserva que establece el numeral 3 del artículo 21 de la Ley N° 20.285 pues su publicidad, comunicación o conocimiento afecta la seguridad de la Nación, al referirse al uso del material utilizado en días en que el Ejército actuó precisamente para la mantención del orden público interno o la seguridad pública, tanto por tratarse de información comprendida en el numeral 5° del mismo artículo, en cuanto se refiere a datos o informaciones que una ley de quórum calificado (artículo 436 del Código de Justicia Militar) declaró reservados o secretos, ya sea que los cartuchos queden comprendidos en el vocablo de "municiones" o de "pertrechos militares".

Duodécimo: Que como consecuencia de lo anterior, la decisión de amparo dictada en la causa C8105-2019 es ilegal en la parte que acogió parcialmente el amparo presentado por don Paulo Jaramillo Ríos y ordenó al Ejército de Chile entregar la información sobre la cantidad de cartuchos de armas utilizados en los toque de queda en las fechas que indicó dividido por tipo y región o, el inventario de cartuchos al 1 y al 27 de octubre de 2019, indicando todos los ingresos de cartuchos, pues con ello se ha vulnerado la reserva dispuesta en el artículo 436 del Código de Justicia Militar, desoyendo las causales que el Ejército invocó para denegar la información correspondientes a los numerales 3 y 5 del artículo 21 de la Ley N° 21.285 por lo que el presente reclamo será acogido.

Décimo tercero: Que si bien los argumentos señalados bastan para acoger el reclamo de que se trata, se coincide con el reclamante Ejército de Chile en cuanto refuerza el carácter de reservada de la información que se solicita divulgar lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley N° 20.424 que si bien dice relación con materia presupuestaria se insiste en que es secreta la información sobre la "cantidad de equipamiento bélico".

Décimo cuarto: Que finalmente, incluso aceptando que cuando se trata de disposiciones legales que prescriben el secreto o reserva de la información con antelación a la Ley de Transparencia deba aunarse a esta reserva un argumento de afectación de aquellos bienes jurídicos que el artículo 8° de la Constitución Política resguarda, es lo cierto que aquí ha sido el propio CPLT que advirtió que con la entrega de la información se arriesgaba develar la capacidad de fuego del Ejército al actuar en defensa del orden público interno, y por ello cauteló parte de esta información, sin embargo, este resguardo parcial no es suficiente para preservar el bien jurídico que el Constituyente quiso cautelar en beneficio de la seguridad de la Nación, pues como tantas veces ya se ha dicho, la información que ordenó entregar implica de todas formas dar a conocer la cantidad de cartuchos o municiones utilizadas en el período de toque de queda comprendido entre el 19 y 26 de octubre de 2019, por lo cual el reclamo será acogido.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley N° 20.285 se declara :

I.- Que se rechaza la alegación de extemporaneidad invocada por el Consejo para la Transparencia.

II.- Que se acoge el reclamo de ilegalidad deducido por el Consejo de

Defensa del Estado en representación del Ejército de Chile en contra de la decisión de amparo C8105-2019 de 2 de julio de 2020 en la parte que acogió parcialmente el amparo deducido por don Paulo Jaramillo Ríos, la que queda sin efecto y, en cambio, se declara que el Ejército de Chile actuó conforme a derecho al denegar la información solicitada por secreta y reservada.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad archívese.

Redactó la Ministra Mireya López Miranda, quien no firma por ausencia.

Rol Corte N° 562-2020.

Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Alejandro Rivera M. y Abogada Integrante Paola Herrera F. Santiago, nueve de febrero de dos mil veintiuno.

En Santiago, a nueve de febrero de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.