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Cooperativa Ahorro y Crédito para el Desarrollo Financoop con Consejo para la Transparencia Rol: 436-2020

Corte de Apelaciones de Santiago, 25/02/2021

Se interpone reclamo de ilegalidad contra decisión del Consejo para la Transparencia. Corte rechaza el recurso.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechazado


Ministros:

  • Fernando Carreño Ortega

Texto completo:

Santiago, veinticinco de febrero de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente

Primero: Que comparece Rodrigo Ignacio Zegers Quiroga, abogado, domiciliado en Av. Alonso de Córdova N° 4355, piso 14, comuna de Vitacura, en representación de Cooperativa Ahorro y Crédito para el Desarrollo Financoop (en adelante "Financoop"), con domicilio en calle Moneda N° 1137, entre piso, comuna de Santiago, quien interpone reclamo de ilegalidad en contra de la Decisión Final recaída en los Amparos Roles C6574-19 y C6782-19, pronunciada por el H. Consejo para la Transparencia, en Sesión Ordinaria N° 1115, de 21 de julio de 2020, notificada a su representada con fecha 28 del mismo mes y año, que acogió, parcialmente los referidos amparos al derecho de acceso a la información, deducidos por doña Jeannette Gajardo González.

Refiere que, con fecha 05 de agosto de 2019, doña Jeannette Gajardo González, solicitó a la Secretaría Regional Ministerial de Economía, Fomento y Turismo de la Región Metropolitana, copia de las actas de las sesiones mensuales del Consejo de Administración de la Cooperativa Financoop durante el período que comprende septiembre de 2018 a julio de 2019, como se desprende del tenor literal de su Solicitud de Información Pública, código N° AH001T0004034; solicitud respecto de la cual la SEREMI Economía RM, Departamento de Cooperativas, advirtió que se trataba de un caso donde se podría afectar los derechos de terceros, por lo que confirió traslado a Financoop, quien en tiempo y forma, con fecha 12 de septiembre de 2019, ejerció oposición a la solicitud planteada.

Agrega que, mediante Ord. N° 7705, de fecha 16 de septiembre de 2019, la SEREMI Economía RM, respondió la Solicitud de información de la señora Gajardo González, manifestándole que en virtud del ejercicio del derecho de oposición por parte de Financoop, la SEREMI Economía RM, se encontraba impedida de proporcionar los documentos pedidos, denegando la referida solicitud.

Indica que, ante esta decisión, los días 23 de septiembre y 01 de octubre de 2019, la señora Gajardo González, dedujo ante el H. Consejo para la Transparencia, los amparos Roles C6574-19 y C6782-19, de su derecho de acceso a la información en contra del referido órgano fundado en la negativa a la solicitud. Hace presente que, ambos amparos versan sobre la negativa de entregar la información sobre la misma Solicitud de Información Pública, código N° AH001T0004034.

Refiere que, con fecha 21 de julio de 2020, el H. Consejo para la Transparencia resolvió, en una misma decisión, los referidos amparos, acogiéndolos parcialmente, entendiendo que la información solicitada es de carácter pública, pero que contiene antecedentes que en virtud de la causal de secreto o reserva del artículo 21 de la Ley de transparencia, podrían afectar derechos económicos y comerciales de terceros y datos personales de terceras personas susceptibles de protección por la ley 19.628, por lo que ordena a la SEREMI Economía RM, la entrega de copias de las señaladas actas, sin perjuicio de ordenar tarjar previamente información de carácter comercial y económica, así como también, información referente a datos personales contenidas en las actas. Decisión que le fue notificada a su representada, mediante correo electrónico, con fecha 28 de julio de 2020.

Señala que la información requerida consiste en documentos creados en el seno de la administración de negocios de la cooperativa, elaborados por un órgano colegiado y de carácter privado, cuyo contenido o materias tratadas en las actas versan, entre otros asuntos, en contenidos de carácter estratégicos, vinculados a operaciones comerciales y legales de su representa.

Agrega, que la documentación solicitada, por la señora Gajardo González, se encuentra en poder del Departamento de Cooperativas de la SEREMI Economía RM, en virtud de sus facultades de fiscalización, conforme lo dispuesto en los artículos 108 y 109 de la ley General de Cooperativas y que obliga a su representada a entregar copias de las actas del Consejo de Administración, frente al requerimiento de dicho órgano de la Administración.

Indica, en relación a la aplicabilidad de causales de secreto o reserva, que el H. Consejo, respecto a la causal del artículo 21 N° 1 letra a) de la Ley de Transparencia, la desestima ya que sólo puede ser invocada por el órgano requerido, no por terceros; respecto a la causal del artículo 21 N° 5 del mismo cuerpo legal, en relación al artículo 112 de la Ley de Cooperativas, también la desestima por entender que los deberes de los funcionarios no califican como causales de reserva bajo la Ley de Transparencia. Finalmente, en relación a la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la ley indicada, la Decisión Final CPLT la entiende procedente y rechaza el amparo de la Sra. Gajardo en ese respecto, debido a que la divulgación de la información solicitada pueda afectar derechos económicos y comerciales de Financoop, para lo cual ponderó en el caso concreto la aplicación del precepto considerando la información contenida en las Actas del Consejo de Administración de Financoop solicitadas, destacando la existencia de antecedentes económicos, comerciales y legales incluidos en el contenido de las Actas.

Hace presente que, la ilegalidad de la Decisión Final CPLT, se configura debido a que califica los antecedentes requeridos como "información pública", siendo que se trata de "información de carácter privado", como se desprende de la hermenéutica constitucional y legal de la normativa aplicable. En efecto, las actas del Consejo de Administración de Financoop solicitadas, no califican como antecedente público, no son parte de un "procedimiento administrativo" en los términos de la Ley de Base de Procedimiento Administrativo, no se ha financiado con presupuesto público, tampoco fundan actos o resoluciones de la SEREMI Economía RM, ni del Departamento de Cooperativas, ni constituyen bases o fundamentos de actos o resoluciones administrativas, antecedentes que, en todo caso, no han sido invocados ni por la requirente, señora Gajardo González, ni el H. Consejo Para La Transparencia; por lo tanto, la información solicitada es de carácter privada.

Señala que, la Decisión Final CPLT califica la información solicita como "información pública" de conformidad a lo dispuesto en el artículo 8° inciso segundo de la Constitución Política de la República, que dispone "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen."

Agrega que, arriba a tal conclusión por cuanto estima que la información requerida es detentada por la SEREMI Economía RM en virtud de las facultades fiscalizadoras recaídas en la División de Asociactividad y Economía SocialDepartamento de Cooperativas con el objeto de velar por el cumplimiento de los parámetros legales correspondientes y por lo tanto, del "procedimiento de fiscalización", integrando "expedientes administrativos" para velar por el cumplimiento de las normas aplicables a las Cooperativas.

Refiere que el criterio del el H. Consejo Para La Transparencia ha sido extender más allá de la regulación constitucional y legal los antecedentes entendidos como información pública, señalando que la información forma parte de un procedimiento de fiscalización, integrado expedientes administrativos, para velar por el cumplimiento de las normas aplicables a las Cooperativas.

Argumenta que, la Decisión Final CPLT, es contraria a lo dispuesto en el artículo 8° inciso 2° de la Constitución Política de la República, que establece taxativamente los antecedentes que son públicos:

Art. 8° inciso 2° CPR: "Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional.

Por su parte, el artículo 5 inciso 1° dispone que:

Art. 5° inciso 1° Ley de Transparencia: "En virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que le sirvan de sustento o complemento directo y esencial, los procedimientos que se utilicen para su dictación son públicos, salvo las excepciones que se establece esta ley y las previstas en otras leyes de quorum calificado.

Agrega que de una detallada lectura y hermenéutica de los preceptos constitucionales y legales, no toda la información que detenta un órgano de la Administración, debido a sus facultades fiscalizadoras, no es información pública y así lo ha resuelto el Excmo. Tribunal Constitucional como la Excma. Corte Suprema, citando diversos fallos sobre el particular.

Señala que la regulación constitucional y legal sobre los antecedentes que son públicos y que obran en poder de la administración establece que sólo son públicos los actos o resoluciones de la Administración del Estado, así como sus fundamentos y procedimientos, siendo una lista taxativa y vinculada a decisiones de la Administración. Las actas del Consejo de Administración de Financoop solicitada no constituyen ningún acto de decisión de los órganos de la Administración, no son actos ni resoluciones, ni tampoco antecedentes fundantes o del procedimiento de actos o resoluciones. Por su parte, escapa y excede de estos antecedentes detentados por la autoridad a raíz de las facultades de fiscalización sobre sujetos particulares sean público. Lo señalado anteriormente se desprende de la regulación normativa y hermenéutica constitucional y legal de la Excma. Corte Suprema, Excmo. Tribunal Constitucional y doctrina citada en este reclamo sobre el alcance de la información pública.

Finaliza indicando que, por las razones antes señaladas, la Decisión Final CPLT es ilegal y debe ser enmendada mediante esta vía de control jurisdiccional; por lo que solicita tener por interpuesto el presente Reclamo de Ilegalidad en contra de la Decisión Final CPLT, ya individualizada, en cuya virtud se acogió parcialmente los amparos interpuestos por doña Jeannette Gajardo González., en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Economía, Fomento y Turismo de la Región Metropolitana (Departamento de Cooperativas) solicitando en definitiva, lo acoja en todas sus partes y, en consecuencia, deje sin efecto la Decisión Final CPLT antes señalada, y en su lugar, resuelva que se rechazan los amparos deducido por doña Jeannette Gajardo González, con costas en caso de oposición.

Segundo: Que la reclamante en apoyo de sus alegaciones, acompañó los siguientes documentos:

1.- Copia de Decisión Final CPLT, correspondiente a la decisión final de Amparos Roles C6574-19 y C6782-19, en sesión ordinaria N° 1115, del Consejo Directivo del H. Consejo para la Transparencia, de fecha 21 de julio de 2020.

2.- Copia de correo electrónico de notificación de la Decisión Final CPLT de parte de Oficina de Partes H. Consejo para la Transparencia a apoderado de Financoop, de fecha 28 de julio de 2020.

3.- Copia de expediente amparo CPLT rol C6782-19, donde consta Formulario Caso; Apelación Jeannette Gajardo; Solicitud de acceso a la información de doña Jeannete Gajardo; Ord. 7705 SEREMI Economía RM y oposición Financoop, de fecha 12 de septiembre de 2019.

4.- Copia de expediente amparo CPLT rol 6574-19, donde consta Formulario Caso; Solicitud de acceso a la información de doña Jeannette Gajardo; Ord. 7705 SEREMI Economía RM y oposición Financoop, de fecha 12 de septiembre de 2019.

5.- Copia de Descargos y Observaciones de Financoop, en causa CPLT rol C6782-19, presentado el día 10 de enero de 2020.

6.- Copia de Descargos y Observaciones de Financoop, en causa CPLT rol C6574-19, presentado el día 10 de enero de 2020.

Tercero: Que, evacua el informe requerido David Ibaceta Medina, abogado, chileno, Director General Suplente y representante legal del Consejo para la Transparencia, corporación autónoma de derecho público, domiciliado en calle Morandé N° 360, piso 7, Santiago, quien solicita el rechazo del reclamo.

Inicia sus alegaciones dando cuenta de los hechos objeto de los amparos materia del presente reclamo, reproduciéndolos en los mismos términos que la reclamante; agregando que el Consejo Directivo admitió a tramitación los amparos deducidos y confirió traslado de éstos al Sr. Subsecretario de Economía y al tercero involucrado, la Cooperativa de Ahorro y Crédito para el Desarrollo Financoop Ltda.; ttraslados evacuados oportunamente, haciendo valer sus respectivos descargos.

Refiere el Consejo, acogió parcialmente la Decisión de Amparo Roles C6574-19 y C6782-19, y que las consideraciones tenidas en cuenta se ajustan a derecho, por lo que el Reclamo de Ilegalidad debe ser rechazado al no haberse incurrido en ninguna ilegalidad en su adopción.

Agrega que, en cuanto al objeto de la controversia, no obstante que en el amparo la reclamante esgrimió la causal de reserva prevista en el Art. 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en esta sede judicial sostiene únicamente que la información reclamada en el amparo, que obra en poder de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, no es de carácter pública, sin efectuar invocaciones sobre el carácter secreto o reservado de la información requerida en los amparos.

Sobre el particular, indica que la información solicitada es pública de conformidad a lo dispuesto en los artículos 5°, 10° y 11 letras a), c) y d) la Ley de Transparencia y artículo 109 de la Ley General de Cooperativas, habiendo sido aportada a la administración por así disponerlo la normativa sectorial, e integrando procedimientos administrativos de fiscalización, de modo que, su aplicación no contraviene el artículo 8° inciso segundo de la Constitución Política del Estado.

En relación al marco normativo aplicable a la presente controversia, hace presente que el artículo 1° del Decreto con Fuerza de Ley N° 5, de 2003, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que fija texto refundido, concordado y sistematizado de la Ley General de Cooperativas, establece "Para los fines de la presente ley son cooperativas las asociaciones que de conformidad con el principio de la ayuda mutua tienen por objeto mejorar las condiciones de vida de sus socios y presentan las siguientes características fundamentales: Los socios tienen iguales derechos y obligaciones, un solo voto por persona y su ingreso y retiro es voluntario; Deben distribuir el excedente correspondiente a operaciones con sus socios, a prorrata de aquéllas; deben observar neutralidad política y religiosa, desarrollar actividades de educación cooperativa y procurar establecer entre ellas relaciones federativas e intercooperativas; y, también tender a la inclusión, como asimismo, valorar la diversidad y promover la igualdad de derechos entre sus asociadas y asociados."

De la referida definición legal, se deduce una diferencia esencial entre una Cooperativa de Ahorro y Crédito, como Financoop y otras instituciones financieras, como los bancos; las cooperativas no son sociedades de capital, sino que sociedades formadas por personas que tienen un interés común, como, por ejemplo, de agua potable, de alcantarillado, de luz eléctrica, o como en este caso, de ahorro y crédito. Es decir, resultan necesarias para personas que requieren de financiamiento, y que normalmente no lo encuentran en el sistema financiero tradicional, quienes pueden optar a formar parte de una cooperativa que, en definitiva, les permita, con un capital propio, contar con un patrimonio para ser sujeto de crédito. De esta manera, los clientes de una cooperativa, corresponden a su vez a su propia cartera de socios

A su vez, el artículo 109, de Ley General de Cooperativas, dispone "corresponde al Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía "la supervisión del cumplimiento de las leyes aplicables a las cooperativas y de sus normas reglamentarias y especialmente fiscalizar el funcionamiento societario, administrativo, contable y financiero de las cooperativas de importancia económica. Para los efectos de esta ley, se entenderá por cooperativas de importancia económica, las cooperativas de ahorro y crédito, las cooperativas abiertas de vivienda y además todas aquellas cuyos activos sean iguales o superiores a 50.000 unidades de fomento.

Respecto de las cooperativas sometidas a su fiscalización, el Departamento de Cooperativas podrá:

1.- Controlar las operaciones y vigilar la marcha de estas cooperativas, con plenas facultades de inspección y revisión, pudiendo al efecto revisar los libros de contabilidad y sociales y documentación en general; requerir informes y antecedentes a sus representantes y efectuar comprobaciones y verificaciones materiales de las cuentas, gastos e inversiones, y requerir, en su caso, que en sus actas se deje testimonio o se inserten, parcial o íntegramente, sus comunicaciones"

Así mismo, el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política del Estado, señala "Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional."

Por su parte, el artículo. 5° de la Ley de Transparencia establece, "En virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado.

Asimismo, es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas"

A su vez, el artículo 10 del mismo cuerpo legal, preceptúa "Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado, en la forma y condiciones que establece esta ley.

El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales."

Lo anterior, se encuentra reforzado por la "presunción de publicidad" contenida en el artículo 11 letra c) de la misma ley, que establece: "...toda la información en poder de los órganos de la Administración del Estado se presume pública, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas."

En consecuencia, el hecho de que un documento, antecedente o información obre en poder de la Administración Pública hace que, en principio, tenga carácter público, sin importar su origen, y para descartar lo anterior deberá probarse la efectiva concurrencia de una causal de reserva al respecto.

Estas normas fijan, el punto de partida: si la información obra en poder de un organismo de la Administración Pública es, en principio, pública y para desvirtuar aquello, debe acreditarse que concurre una causal de secreto o reserva establecida en una ley de quórum calificado, como exige la misma norma constitucional

Indica que bajo los paramentos de la Ley de Transparencia, no solo es pública la información elaborada por un órgano de la Administración del Estado, sino también, aquella elaborada por privados que obra en poder de la Administración para el ejercicio de funciones públicas, pues diversas disposiciones de esta ley, expresamente señalan que es pública la información que obre en poder de la administración, "cualquiera sea su origen", no solo son públicos los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, que se identifican como decisiones formales de la Administración dictados en el ejercicio de una potestad pública, es decir, no solo aquellos que define el artículo 3° de la Ley N° 19.880, ya que la Constitución Política, en su artículo 8° señala "son públicos", no dice "solo son públicos". En consecuencia, la Carta Fundamental no establece que solo los actos administrativos sean objeto del derecho de acceso a la información, pues no establece un catálogo taxativo de información pública, sino que comprende "sus fundamentos y los procedimientos que utilicen" los órganos del Estado.

El artículo 3° de la Ley de Transparencia, dispone que: "La función pública se ejerce con transparencia, de modo que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y decisiones que se adopten en el ejercicio de ella"

Asimismo, el artículo 4° inciso segundo de la misma ley, señala que "El principio de transparencia de la función pública consiste en respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la Administración, así como la de sus fundamentos, y en facilitar el acceso de cualquier persona a esa información, a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley."

Agrega que, la información solicitada a la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, en el ejercicio del derecho de acceso a la información, cuya entrega se determinó sobre la base de lo preceptuado, en los incisos segundo de los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, entre otras disposiciones legales, es compatible con el régimen de publicidad y acceso a la información previsto en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política del Estado, pues la información requerida, no se ha hecho pública solo por obrar en poder de la referida Subsecretaría, como sostiene la requirente, sino porque, ha sido recabada en el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras, que la ley ha fijado para el control financiero, administrativo y contable de cooperativas de ahorro y crédito, utilizando dicha información como fundamento y antecedente basal para la adopción de decisiones públicas la información recopilada que es proporcionada por los agentes fiscalizados, constituye información que ha sido utilizada para adoptar decisiones administrativas en el ámbito del ejercicio de la potestad de fiscalización por parte de la División de Asociatividad y Economía Social Departamento de Cooperativas tendientes a verificar que el manejo administrativo, financiero y contable de Cooperativa Financoop, se ajuste a la normativa vigente, lo que en el presente caso resulta especialmente evidente, en atención a los antecedentes que se pasan a explicar: Con fecha 1° de septiembre de 2017, ante el Vigésimo Tercer Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago, el Departamento de Cooperativas (Decoop), representado por el Consejo de Defensa del Estado, demandó la disolución de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PARA EL DESARROLLO FINANCOOP, solicitando su disolución judicial forzada, en virtud de lo dispuesto por el art. 43 y las normas contempladas por el Capítulo V de la Ley General de Cooperativas. En síntesis, la demanda se fundó en que, a juicio de la actora, los balances y estados financieros de Financoop no reflejaban su realidad, toda vez que no se provisionó adecuadamente una parte de su cartera de créditos pendiente de cobro, encontrándose obligada normativamente a hacerlo conforme a la ley y la Resolución Administrativa Exenta (RAE) N° 1321, de fecha 11 de junio de 2013, del Decoop. Dicho procedimiento fue tramitado bajo el Rol N° C-20456-2017, del referido tribunal, cuya tramitación se encuentra actualmente concluida

Dicho procedimiento judicial concluyó mediante transacción suscrita con fecha 04 de enero de 2018, entre el Departamento de Cooperativas y Financoop, cuyo objeto principal fue poner término a la acción de disolución forzada impetrada por la autoridad sectorial y mantener la viabilidad de la Cooperativa. Entre otros puntos, Cooperativa Finacoop se obligó a: (b.iii) Adoptar todos aquellos acuerdos necesarios para la autorización y concreción de alguno de los siguientes procedimientos contenidos en la Ley 20.720 sobre Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas, a saber, 1) el Procedimiento Concursal de Reorganización Judicial contenido en el Capítulo III, o, en su defecto, 2) el Procedimiento Concursal de Liquidación contenido en el Capítulo IV, específicamente la modalidad Voluntaria; (c) Una vez desarrollada la Junta General de Socios descrita en el literal b) precedente, el Decoop, en el marco de lo dispuesto en los ya citados artículos 68 de la RAE N° 1321 y 117 de RLGC, y en ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley, fiscalizará a la Cooperativa, de manera preventiva, a fin de velar por el adecuado cumplimiento de los acuerdos de la referida Junta General.

La Cooperativa, se obliga desde ya a colaborar con dicho proceso de fiscalización

En forma paralela al procedimiento recién indicado, con fecha 24 de agosto de 2017, la Cooperativa Finacoop solicitó su Reorganización Judicial, procedimiento contenido en la Ley N° 20.720, que se radicó en el 30° Juzgado Civil de Santiago, bajo el rol C-22.908-2017. El 12 de enero del año 2018, la Corte de Apelaciones falló a favor de la Cooperativa, concediendo el inicio del Procedimiento de Reorganización Judicial, la publicación de dicha resolución fue efectuada en el Boletín Concursal con fecha 27 de enero de 2018, y la Junta de Acreedores aprobó, con fecha 15 de mayo de 2018, el Acuerdo de Reorganización Judicial

En dicho contexto, es posible concluir que la información solicitada indiscutiblemente constituye fundamento de procedimientos de fiscalización llevados por la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño para comprobar los requisitos necesarios a fin de autorizar la operación de Cooperativa Financoop; y adicionalmente, verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos por dicha entidad en el marco de la transacción suscrita con fecha 02 de febrero de 2018, en el marco de la tramitación judicial en causa sobre disolución forzada seguida ante el 23° Juzgado Civil de Santiago, Rol C-20.456-2017 y Rol C-22.908-2017, del 30° Juzgado Civil de Santiago, precisamente en el ejercicio de sus facultades de control y fiscalización, es que la División de Asociatividad y Economía Social Departamento de Cooperativas requirió a la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PARA EL DESARROLLO FINANCOOP, las actas de las sesiones mensuales del consejo de administración aludidas en la solicitud de información y sobre la base de su análisis, revisión y estudio, se han tomado decisiones de autoridad en el contexto de un procedimiento administrativo de fiscalización, que obran en un expediente del mismo carácter, por lo que no se vulnerado el inciso 2° del Art. 8 de la Constitución, en relación con lo previsto en los artículos 5° y 10° de la Ley de Transparencia

Finaliza solicitando tener por evacuado el informe, y por efectuados los descargos y observaciones al Reclamo de Ilegalidad deducido en contra del Consejo para la Transparencia y en consideración a los fundamentos de hecho y de derecho esgrimidos, se sirva rechazarlo en su totalidad, por no concurrir ilegalidad alguna en la decisión reclamada, resolviendo en definitiva mantener o confirmar la Decisión de Amparo Rol C6574-19 y C6782-19 de este Consejo.

Cuarto: Que, en apoyo de sus alegaciones, la reclamada acompañó los siguientes documentos:

1.- Decisión de Amparo roles C6574-19 y C6782-19 adoptada por el Consejo para la Transparencia el 21 de julio de 2020.

2.- Solicitud de acceso a la información de 05 de agosto de 2019 formulada por doña Jeannette Gajardo González a la a Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño.

3.- Oficio ordinario N° 7705, de 16 de septiembre de 2019, por medio del cual, la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, denegó la entrega de lo pedido, en virtud de la oposición del tercero interesado.

4.- Amparos deducidos con fecha 23 de septiembre y 1° de octubre de 2018, por doña Jeannette Gajardo González, en contra de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño.

5.- Correo electrónico de 18 de noviembre de 2019, a través del cual la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño evacuó sus descargos a los amparos roles C6574-19 Y C6782-19.

6.- Presentación de fecha 10 de enero de 2020, mediante la cual COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PARA EL DESARROLLO FINANCOOP evacuó descargos al amparo C6574-19 Y C6782-19.

7.- Correo electrónico de 07 de julio de 2020, mediante la cual se llevó a cabo una gestión oficiosa.

Quinto: Que, evacuando descargos Jeannette del Carmen Gajardo González, en su calidad de tercero interesado, pide el rechazo de reclamo, argumentando el día 05 de agosto de 2019 doña Jeannette Gajardo González solicitó ante la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, la siguiente información: "(...) copia de las actas de las sesiones mensuales del Consejo de Administración de la Cooperativa Financoop durante el período que comprende septiembre de 2018 a julio de 2019 ".

Agrega que con fecha 12 de septiembre de 2019, Cooperativa de Ahorro y Crédito para el Desarrollo Financoop, se opuso a la entrega de lo requerido por la causal de reserva del artículo 21 N° 1 , letra a), N° 2, y N° 5, de la Ley de Transparencia.

El artículo 21 N° 1 a) de la ley N° 20.285: "Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes:

1.-. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente...a) Si es en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito o se trate de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales".

Refiere que esta causal no se cumple, debido a que el sentido del artículo 21 N° 1 letra a) es que sea en desmedro de prevenir, investigar y perseguir un crimen o simple delito y precisamente ese podría ser la motivación de la solicitante, prevenir un delito, por lo que con mayor razón no opera la reserva; por lo que la interpretación que le otorga la reclamante Cooperativa Financoop es incorrecta.

Agrega que, tan incorrecto es lo aseverado por la reclamante, que si en el año 2017 (fecha de inicio del juicio) los socios y ahorrantes de la Cooperativa para el Desarrollo Financoop hubiesen tenido acceso a la información, por consiguiente, tomado conocimiento con la antelación necesaria y prudente que la Cooperativa Financoop tenía un déficit patrimonial de más de $13 mil millones de pesos; información que a mi representada le fue ocultada y que tomó conocimiento a raíz del juicio de disolución forzada. En dicho juicio de disolución forzada ROL 23.456-2017, del 23° Juzgado Civil de Santiago, caratulado "FISCO CON COOPERATIVA PARA EL DESARROLLO FINANCOOP", a raíz de una medida precautoria que retenía el 100% de sus ahorros, de esa manera se enteró tardíamente mi representada que tenía retenido el 100% de sus ahorros de años, es decir, cuando ya estaba judicializado por los representantes de la Cooperativa para el Desarrollo Financoop ¿Quién asumió la deuda -pérdida patrimonial?, los socios y ahorrantes quienes se vieron envueltos en un juicio de reorganización decidido por el Consejo de Administración, pues no les preguntaron a los socios y ahorrantes; Consejo de Administración - que decide reorganizarse a costa de los ahorros de 2.200 personas que con sus ahorros tuvieron que pagar las deudas contraídas por la Cooperativa ¿Dónde consta lo dicho? La prueba es el Acuerdo de Reorganización de fecha 15 de mayo de 2018 que detalla la forma cómo los socios y ahorrantes absorbieron las pérdidas patrimoniales, causa ROL 22.908-2017, del 30° Juzgado Civil de Santiago, esa es la justificación, del por qué es importante tener acceso a la información en este caso en concreto.

El artículo 21 N° 2 de la ley N° 20.285: "Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico".

Indica que, las resoluciones de los Amparos claramente señalan que toda información relativa a datos personales fue tarjada, por lo que no se cumple este requisito para acogerse a la reserva.

El artículo 21 N° 5 de la ley N° 20.285: "Cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8° de la Constitución Política".

Señala que no aplica respecto de la reclamante Cooperativa para el Desarrollo Financoop ninguna ley de quórum calificado. No siendo posible acogerse a la reserva legal. Así, como tampoco fundamenta en forma convincente este punto.

Hace presente que, con fecha 23 de septiembre de 2019 y 1 de octubre de 2019 interpuso dos Amparos ROL C6574-19 y ROL C6782-19, ante la negativa de acceso a la información en contra del Departamento de Asociatividad, señalando que la Cooperativa Financoop se ampara en el secreto bancario, en circunstancias que las Actas del Consejo de Administración no están amparadas en el secreto bancario. Pueden entregar perfectamente la información tarjando "la información sensible", y así cumplir con lo solicitado (...) Como socia y ahorrante de la Cooperativa Financoop estoy en el derecho a saber las decisiones que se toman con mi dinero, no soy un tercero ajeno, como indica la respuesta, soy socio y acreedor de la Cooperativa, por lo cual no soy ajena a ninguna decisión tomada por el Consejo (...)".

Agrega que, habiéndose otorgado traslado al tercero Cooperativa para El Desarrollo Financoop, quienes se oponen a la entrega de información señalando que "es información privada"; que "la solicitante mantiene causas judiciales con la cooperativa, razón por la cual la entrega de cualquier antecedente o documento puede afectar el correcto desarrollo de dichos procesos"

Señala que el reclamante no indica los roles de las causas ni mucho menos cómo la solicitud y entrega de información puede afectar dichos procesos y señalando entre otros motivos de confidencialidad y no exposición de información sin considerar que quien pide la información es socia y acreedora de la Cooperativa Financoop y además, tiene capitalizado el 40% de sus ahorros en dicha entidad, por lo que no es un tercero extraño, es parte, tiene cuotas de participación, derecho a voto entre otros derechos cooperativos, que incluye por cierto, el derecho a la información.

Con fecha 2 de julio del presente se acoge parcialmente el Amparo deducido por doña Jeannette Gajardo y le solicita a la reclamante Cooperativa Financoop que entregue la información solicitada esto es: "copia de las actas de las sesiones mensuales del consejo de administración de dicha Cooperativa realizadas desde septiembre año 2018 al mes de julio año 2019, tarjando en forma previa, toda la información anotada en los considerandos 8) y 9), precedentes, más los datos personales de contexto, como por ejemplo, el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono, entre otros". En conformidad a lo resuelto, deberá reservarse toda aquella información de naturaleza económica y comercial, en particular, negociaciones con terceros, estados financieros mensuales, información económica sobre el acuerdo de reorganización judicial, proyecto plan de negocios 2019, transferencias de cuotas de participación, honorarios varios, provisión de montos y devoluciones de primas, estrategia de negocios 2019 - presupuesto, estrategias judiciales de carácter económicas, plan o estrategia comunicacional, información estratégica del comité de riesgo operacional, del comité de inversiones, de auditoría, y del comité de crédito, contratos con terceros, y negocios potenciales, recursos destinados a dotación, capital suscrito y pagado en concreto, proyecto créditos pensionados, proyecciones comerciales y dietas de unidades u órganos internos, todo lo cual en su conjunto, en caso de publicarse develaría aspectos acerca del desarrollo de su actividad económica, pudiendo acceder a antecedentes de gestión y de la estructura de negocios de la empresa, lo que en definitiva constituye un bien económico estratégico. Por lo tanto, el amparo respecto de esta parte de la información contenida en las actas requeridas fue rechazado, por la causal de reserva consagrado en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

Que de la lectura del recurso de ilegalidad presentado por la reclamante Cooperativa

Financoop se advierte que pretende tener una autonomía que no es tal, ya que las cooperativas se encuentran sometidas a la fiscalización del Departamento de Cooperativas (DECOOP), que conforme lo dispone el artículo 109 de la Ley General de Cooperativas, el Decoop detenta "la supervisión del cumplimiento de las leyes aplicables a las cooperativas y de sus normas reglamentarias y especialmente fiscalizar el funcionamiento societario, administrativo, contable y financiero de las cooperativas de importancia económica.

Hace presente que, ella no sólo es socia de la Cooperativa para El Desarrollo Financoop, sino que además es acreedora, como lo señala el propio Acuerdo de Reorganización judicial llevado a cabo ante el 30° Juzgado Civil de Santiago, ROL 22.908-2017.

Agrega que el oponerse a la entrega de la información solicitada por la socia y acreedora de la cooperativa, no sólo importa una restricción al ejercicio de un derecho, sino además, un abuso, entorpeciendo el recurrente el acceso a la información solicitada y en consecuencia, no concurre la causal invocada por la recurrente en cuanto a la reserva, pues en razón de los argumentos expuestos, ella es parte como socia y acreedora de la Cooperativa

Financoop y en tales calidades, tiene derecho a acceder a la información que estime cumpliendo los requisitos legales, los que a todas luces se cumplen.

Reitera que, la información es pública cualquiera sea el origen, sea éste público o privado.

El artículo 8 inciso segundo de la Constitución Política de la República," Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional."

Por su parte, el artículo 5° de la ley N° 20.285, dispone, "En virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado.

Asimismo, es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas."

El artículo 10 de la ley N° 20.285, establece, "Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado, en la forma y condiciones que establece esta ley.

El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales

Así mismo, el artículo 109 de la Ley General de Cooperativas, dispone, "Corresponderá al Departamento de Cooperativas la supervisión del cumplimiento de las leyes aplicables a las cooperativas y de sus normas reglamentarias y especialmente fiscalizar el funcionamiento societario, administrativo, contable y financiero de las cooperativas de importancia económica, con excepción de aquellas cuya fiscalización, sobre las mismas materias, se encuentre encomendada por la ley a otros organismos. Para los efectos de esta ley, se entenderá por cooperativas de importancia económica, las cooperativas de ahorro y crédito, las cooperativas abiertas de vivienda y además todas aquellas cuyos activos sean iguales o superiores a 50.000 unidades de fomento.

Finalmente solicita que, el reclamo sea rechazado en todas sus partes en atención a que la decisión adoptada por el Consejo para la Transparencia se ajusta a derecho, ya que no ha incurrido en ilegalidad alguna, se entregue la información solicitada derechamente confirmando lo resuelto en el Amparo ROL C6574-19 y C678219 , con costas.

Sexto: Que el objeto de la controversia radica en determinar si, la información requerida por la señora Gajardo González a la SEREMI Economía RM, es información pública o por el contrario, corresponde a información privada, sujeta a reserva o secreto en los términos del artículo 21 de la Ley 20.285, como lo alega la reclamante.-

Séptimo: Que, para resolver la presente controversia, resultan relevantes tener presente la siguiente normativa:

1. El artículo 8° de nuestra Carta Fundamental, que dispone: "El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones". "Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional".

2. De la Ley de Transparencia, el artículo 1° prescribe: "La presente ley regula el principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo, y las excepciones a la publicidad de la información".

"Para los efectos de esta ley se entenderá por: (...) 5. Los órganos o servicios de la Administración del Estado: los señalados en el inciso segundo del artículo 1° de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado...".

El artículo 2 que, en lo pertinente, señala: "Las disposiciones de esta ley serán aplicables a los ministerios, las intendencias, las gobernaciones, los gobiernos regionales, las municipalidades, las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa".

"La Contraloría General de la República y el Banco Central se ajustarán a las disposiciones de esta ley que expresamente ésta señale, y a las de sus respectivas leyes orgánicas que versen sobre los asuntos a que se refiere el artículo 1° precedente".

Por su parte, el artículo 5° de la Ley de Transparencia establece, "En virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado.

Asimismo, es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas."

El artículo 7, que obliga a los órganos de la Administración del Estado, a mantener a disposición permanente del público, antecedentes actualizados, a lo menos, una vez al mes.

A su vez, el artículo 10 del mismo cuerpo legal, preceptúa "Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado, en la forma y condiciones que establece esta ley.

El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales."

El artículo 11 que dispone: "El derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado reconoce, entre otros, los siguientes principios

(...) f) Principio de facilitación, conforme al cual los mecanismos y procedimientos para el acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado deben facilitar el ejercicio del derecho, excluyendo exigencias o requisitos que puedan obstruirlo o impedirlo. g) Principio de la no discriminación, de acuerdo al que los órganos de la Administración del Estado deberán entregar información a todas las personas que lo soliciten, en igualdad de condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias y sin exigir expresión de causa o motivo para la solicitud.(...)".

3. El artículo 1° inciso segundo de la Ley 18.575, sobre Bases Generales de la Administración del Estado, que reza: "La Administración del Estado estará constituida por los Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, incluidos la Contraloría General de la República, el Banco Central, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, los Gobiernos Regionales, las Municipalidades y las empresas públicas creadas por ley".

4. El artículo 109 de Ley General de Cooperativas dispone, "corresponde al Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía "la supervisión del cumplimiento de las leyes aplicables a las cooperativas y de sus normas reglamentarias y especialmente fiscalizar el funcionamiento societario, administrativo, contable y financiero de las cooperativas de importancia económica. Para los efectos de esta ley, se entenderá por cooperativas de importancia económica, las cooperativas de ahorro y crédito, las cooperativas abiertas de vivienda y además todas aquellas cuyos activos sean iguales o superiores a 50.000 unidades de fomento.

Respecto de las cooperativas sometidas a su fiscalización, el Departamento de Cooperativas podrá:

1.- Controlar las operaciones y vigilar la marcha de estas cooperativas, con plenas facultades de inspección y revisión, pudiendo al efecto revisar los libros de contabilidad y sociales y documentación en general; requerir informes y antecedentes a sus representantes y efectuar comprobaciones y verificaciones materiales de las cuentas, gastos e inversiones, y requerir, en su caso, que en sus actas se deje testimonio o se inserten, parcial o íntegramente, sus comunicaciones"

5. En el ámbito internacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), en el artículo 13.1 dispone: "Libertad de Pensamiento y de Expresión. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección".

Octavo: Que, de una interpretación armónica de los preceptos citados anteriormente, aparece que la regla general, en materia de entrega de información pública, está regulada, entre otros principios, por los de publicidad y transparencia del ejercicio de la función pública, en virtud de los cuales, el acceso a dicho tipo de información, reconocido y protegido en la Carta Fundamental, comprende el derecho de recabar la información de los órganos públicos y la denominada transparencia activa, reconocida expresamente en el artículo 7° de la Ley de Transparencia, al determinar el carácter público de la información actualizada que debe estar siempre a disposición de las personas.

Noveno: Que, no constituye un impedimento el hecho que la información solicitada por la requirente consistentes en las actas de las sesiones mensuales del Consejo de Administración de la Cooperativa Financoop durante el período que comprende septiembre de 2018 a julio de 2019, desde que la información solicitada constituye y forma parte del fundamento de los procedimientos de fiscalización llevados por la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño para comprobar los requisitos necesarios, a fin de autorizar las operaciones de la Cooperativa Financoop y adicionalmente, verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos por dicha entidad en la transacción suscrita con fecha 02 de febrero de 2018, en el marco de la tramitación judicial, en causa sobre disolución forzada, seguida ante el Vigésimo Tercer Juzgado Civil de Santiago, Rol C-20.456-2017 y Rol C-22.908-2017, del Trigésimo Juzgado Civil de Santiago, y precisamente, en el ejercicio de sus facultades de control y fiscalización, conforme lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley General de Cooperativas, es que la División de Asociatividad y Economía Social Departamento de Cooperativas requirió a la Cooperativa de Ahorro y Crédito para el Desarrollo Financoop, las actas de las sesiones mensuales del consejo de administración aludidas en la solicitud de información y sobre la base de su análisis, revisión y estudio, se han tomado decisiones de autoridad en el contexto de un procedimiento administrativo de fiscalización, que obran en un expediente del mismo carácter, por lo que no se ha vulnerado el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución política del estado, en relación con lo previsto en los artículos 5° y 10° de la Ley de Transparencia y no existe impedimento para que la requirente, por medio de esta ley, pueda acceder a información que se encuentra en poder de un órgano público, por expreso mandato de los artículos 1, 2, 7 y 11 de la Ley N° 20.285, referidos en el motivo 7° de este fallo.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe hacer presente que la requirente, señora Gajardo González, no sólo es socia de la Cooperativa para El Desarrollo Financoop, sino que además, acreedora de la misma, en virtud del Acuerdo de Reorganización judicial llevado a cabo ante el 30° Juzgado Civil de Santiago, ROL 22.908-2017.

Así mismo, que la Decisión Final del H. Consejo para La Transparencia, precisamente, rechazó los amparos, en aquella parte relacionada con toda la información en su conjunto, en caso de publicarse develaría aspectos acerca del desarrollo de su actividad económica, pudiendo acceder a antecedentes de gestión y de la estructura de negocios de la empresa, lo que en definitiva constituye un bien económico estratégico.

Décimo: Que según lo analizado en los motivos precedentes, el acceso a las copias de las actas de las sesiones mensuales del Consejo de Administración de la Cooperativa Financoop durante el período que comprende septiembre de 2018 a julio de 2019, solicitado a la Secretaría Regional Ministerial de Economía, Fomento y Turismo de la Región Metropolitana, no está cubierta por secreto o causal de reserva, por cuanto ha sido aportada a la administración por así disponerlo la normativa sectorial, e integrando procedimientos administrativos de fiscalización que le corresponde por mandato legal.

En consecuencia, la decisión de amparo recurrida en este aspecto se ajusta a derecho, por lo que debe desestimarse el recurso.

Conforme lo razonado en los motivos precedentes, fundamentos y citas legales referidas y lo dispuesto en los artículos 28, 29 y 30 de la Ley de Transparencia, se rechaza, sin costas el reclamo de ilegalidad interpuesto por el abogado Rodrigo Ignacio Zegers Quiroga, en representación de Cooperativa Ahorro y Crédito para el Desarrollo Financoop, en contra de la Decisión Final recaída en los Amparos Roles C6574-19 y C6782-19, pronunciada por el H. Consejo para la Transparencia, en Sesión Ordinaria N° 1115, de 21 de julio de 2020.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

N° Contencioso Administrativo-436-2020.

No firma el Ministro señor Guillermo De La Barra Dunner, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por ausencia.

Pronunciado por la Novena Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Fernando Ignacio Carreño O. y Ministra Suplente Maria Ines Lausen M. Santiago, veinticinco de febrero de dos mil veintiuno.

En Santiago, a veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.