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Javier García García con Consejo para la Transparencia Rol: 496-2020

Corte de Apelaciones de Santiago, 18/02/2021

Se interpone recurso de ilegalidad contra Consejo para la Transparencia. Corte rechaza en recurso.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechazado


Texto completo:

Santiago, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que ha comparecido don Danny Alexander Rayman Labrín, abogado, en representación convencional de don Javier García García, deduciendo reclamo de ilegalidad en contra del Consejo para la Transparencia, representado por su Director General don David Ibaceta Medina, por la Decisión de Amparo Rol C 3376-20, adoptada por su Consejo Directivo en sesión ordinaria N° 1124 de fecha 20 de agosto de 2020, notificada el 27 de agosto de 2020, fundándola en los siguientes hechos:

1. - El 18 de mayo de 2020, don Javier García solicitó a la Presidencia de la República, lo siguiente: "Número de reuniones del Presidente con ejecutivos y representantes de los principales medios de comunicación desde el 1 de octubre de 2019, fechas de dichas reuniones, así como el nombre de los Ministros y Subsecretarios que participaron en dichas reuniones".

2. - El 16 de junio de 2020, mediante correo electrónico, la Presidencia de la República respondió a la solicitud, señalando en síntesis, que "las reuniones de S.E. el Presidente de la República no son materia de registro en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos o acuerdos de esta entidad, ni tampoco se trata de información elaborada con presupuesto público. Lo anterior, puesto que no existe norma constitucional o legal que mandate a la Presidencia de la República a llevar un registro de la totalidad de actividades en las que participa S.E. el Presidente de la República. A mayor abundamiento, la normativa legal que regula expresamente reuniones entre autoridades y funcionarios de gobierno y particulares, Ley N° 20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, no incluye en los artículos 3° y 4° al Presidente de la República como sujeto pasivo de Lobby", haciendo mención a lo razonado por este Consejo en el amparo rol C-8265-19, y lo resuelto por el Tribunal Constitucional en causa rol N.° 2558-2013-INA, en el sentido de que no existe la obligación de elaborar información, agregando que "Sin perjuicio de que no existan actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos o acuerdos en que conste lo requerido, y que el Presidente de la República no sea una autoridad sujeto pasivo de la Ley de Lobby, la Dirección de Prensa de la Presidencia de la República mantiene permanentemente a disposición de toda persona la agenda de actividades de S.E. el Presidente de la República en su sitio web https://prensa.presidencia.cl/agenda.aspx".

3. - El 18 de junio de 2020, don Javier García dedujo amparo, ante el Consejo para la Transparencia, a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud.

4. - Mediante Ord. N° 513, de 29 de julio de 2020, la Presidencia de la República presentó sus descargos ante el Consejo para la Transparencia, y junto con reiterar lo señalado en su respuesta, agregó en síntesis, que "no existe norma constitucional o legal que obligue a la Presidencia de la República a llevar un registro de las reuniones que organiza o en las que participa S.E. el Presidente de la República, ya sean estas formales o informales", haciendo mención a lo resuelto por el Tribunal Constitucional en la sentencia rol 2558-2013-INA y en los artículos 3 y 4 de la Ley N.° 20.730, señalando que S.E. el Presidente de la República no se encuentra incluido como sujeto pasivo de Lobby.

5. - El 27 de agosto de 2020 mediante correo electrónico remitido por el Consejo para la Transparencia, se informa de la decisión tomada en la sesión ordinaria N° 1124 del Consejo Directivo, celebrada el 20 de agosto de 2020, rechazando en todas sus partes el amparo deducido.

6. - Atento lo anterior, deduce recurso de reclamación en contra de lo decidido por el Consejo por las siguientes consideraciones:

a. - En cuanto a las características de la información solicitada, señala que se requiere únicamente información relativa a las reuniones en que participó un funcionario público en el ejercicio de sus funciones legales, razón por la que esa parte considera que el requerimiento se refiere a antecedentes de carácter público; asimismo, la petición tiene un carácter preciso y se refiere a información de la que dispone el órgano y que puede ser suministrada sin un costo excesivo o gasto no previsto en el presupuesto institucional; además, para responderla, sólo se requiere de Presidencia de la República que acceda al documento o agenda utilizado por el órgano para organizar o planificar la disponibilidad horaria del Presidente de la República para asistir a distintas reuniones y eventos.

Expresa que la solicitud tiene un carácter tan sumamente acotado que difícilmente puede suponer una afectación al debido cumplimiento de las funciones de la Presidencia de la República, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional y se relaciona con información de relevancia e interés público, ya que se refiere a la actividad de la máxima autoridad pública en el ejercicio de sus funciones durante un contexto de crisis social.

b. - En relación a la improcedencia de las causales alegadas por la Presidencia de la República, señala que lo argumentado por ésta no es óbice para responder a la solicitud de información que se ha cursado atento que el artículo 5° de la Ley de Transparencia califica lo que se debe entender por información pública, resultando indiferente si ésta ha sido o no elaborada con presupuesto público o no tiene forma de acta, resolución, contrato, acuerdo o expediente.

Por otra parte, la no aplicación de las exigencias de la Ley N° 20.730, que regula el lobby al Presidente de la República no exime al citado órgano del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley N° 20.285 de Transparencia, en concreto, las relativas al acceso a información de carácter público, ello por cuanto si bien está eximido de obligaciones puntuales, como un específico registro de agenda pública y la exigencia de transparencia activa de su contenido, nada de esto tiene que ver con las obligaciones de transparencia referidas en el artículo 11 y siguientes de la antedicha ley.

Precisa que la ausencia de obligación legal de realizar un registro de actividades no implica que dicho organismo no cuente con un registro de estas características, el que en tal caso tiene el carácter de información pública; añade que si bien se alude al sitio web, su contenido no satisface el requerimiento, en cuanto en ella solo se incluyen algunas de las actividades presidenciales.

Hace presente asimismo que si bien la entidad requerida menciona en su respuesta el artículo 21 de la Ley de Transparencia, lo invoca sin referencia a ninguno de sus numerales, debiendo deducirse que podría tratarse del N° 1 letra c) de dicho articulado, el que cabe también desestimar toda vez que éste se refiere a requerimientos de carácter gen érico en relación a un elevado número de actos administrativos, cuyo no es el caso.

c. - Respecto de la improcedencia de los fundamentos planteados por el Consejo para la Transparencia, señala que en relación a la obligación legal relativa a la publicidad de las actividades de las autoridades públicas, el CPLT confunde la naturaleza y alcance de las eximentes de publicidad de la Ley N° 20.730 del Lobby, con las exigencias del derecho de acceso a la información contenidas en la Ley N° 20.285 de Transparencia.

Precisa que su representado dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la negativa de la Presidencia de la República a responder a su solicitud y no un reclamo por incumplimiento de las obligaciones de transparencia activa.

Seguidamente, en cuanto a la invocación por parte del CPLT de la excepción de obligación de publicidad que establece el artículo 8° de la Ley de Lobby, indica que su aplicación resulta improcedente, ya que, como afirma dicha entidad, la Presidencia de la República no es sujeto pasivo obligado por dicha ley, en consecuencia no son de aplicación ni las obligaciones ni las eximentes contenidas en la Ley N° 20.730 del Lobby.

Expresa que el CPLT enmarca su decisión dentro de las causales de reserva que establece el N° 1 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, por considerar que "resulta plausible sostener que la publicidad de la información solicitada afecta el debido cumplimiento de las funciones de S.E. el Presidente de la República"; razonamiento que resulta incongruente, en primer lugar porque relaciona la causal de reserva del artículo 21 N° 1 con la protección de los bienes jurídicos a los que se refiere el artículo 8 de la Ley N° 20.730 del Lobby "el interés general de la Nación o la seguridad nacional", los cuales tienen cabida dentro del N.° 3 del artículo 21 en lugar del N° 1 y, por otra parte, porque la Presidencia de la República, en sus descargos, no invoca expresamente ninguno de las causales de reserva del artículo 21, ni se refiere al resguardo de la seguridad de la nación, en el contenido de su respuesta sólo se refiere a situaciones que pueden suponer la distracción indebida de los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales.

d. - En lo que cabe a las omisiones en el razonamiento del Consejo para la Transparencia, anota que según su propia jurisprudencia no basta con invocar una causal de secreto o reserva para eximir al órgano reclamado del cumplimiento de su obligación de entregar la información requerida, sino que, además, debe indicar los hechos que la configuran y aportar los antecedentes que acrediten la afectación a los bienes jurídicos respectivos, circunstancias que no se advierten en la especie; precisa que en el presente caso Presidencia de la República no especificó ni detalló de qué manera la entrega de los antecedentes requeridos podría generar la afectación alegada, o la manera en que se vería perjudicado otros bienes jurídicos protegidos, lo cual no ha sido impedimento para que el Consejo para la Transparencia determine la aplicación de la reserva de publicación del artículo 21 N° 1, en una conducta que resulta contradictoria respecto a las exigencias de razonamiento que esta entidad aplica a otros órganos de la administración, y cita al respecto jurisprudencia.

Indica que siendo el mandato de publicidad la regla general y la reserva una excepción que debe ser interpretada en forma restrictiva, se exige que el órgano acredite indubitadamente la concurrencia de la reserva de la información de conformidad con la legislación, aludiendo al respecto a lo resuelto por la Excma. Corte Suprema.

e. - Sostiene, además, vulneración de derechos reconocidos en los tratados internacionales, precisando que la decisión reclamada del Consejo para la Transparencia supone una vulneración de derechos contenidos tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), al no cumplir con las exigencias que se derivan del artículo 19 de dicho Pacto, como tampoco con lo previsto en el artículo 13 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (CADH), para restringir el derecho de acceso a información pública.

Culmina su reclamación, solicitando se acoja el presente reclamo y en consecuencia, se deje sin efecto la resolución adoptada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, correspondiente a la decisión amparo rol C3376-20, y en su lugar se resuelva que se acoge íntegramente el amparo deducido por don Javier García García en contra de Presidencia de la República.

Segundo: Que don David Ibaceta Medina, Director General Suplente y representante legal del Consejo para la Transparencia, informa en cuanto a los hechos:

1. - Que el reclamante, Javier García García, el 18 de junio de 2020, solicitó a la Presidencia de la República la información que detalla, ya aludida precedentemente en el reclamo.

2. - Luego, la Presidencia de la República por medio de correo electrónico de 16 de junio de 2020, respondió el requerimiento de acceso, señalando en síntesis, que "las reuniones de S.E. el Presidente de la República no son materia de registro en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos o acuerdos de esta entidad, ni tampoco se trata de información elaborada con presupuesto público. Lo anterior, puesto que no existe norma constitucional o legal que mandate a la Presidencia de la República a llevar un registro de la totalidad de actividades en las que participa S.E. el Presidente de la República. A mayor abundamiento, la normativa legal que regula expresamente reuniones entre autoridades y funcionarios de gobierno y particulares, Ley N° 20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, no incluye en los artículos 3° y 4° al Presidente de la República como sujeto pasivo de Lobby ". Hizo mención a lo razonado por el Consejo en el amparo rol C8265-19, y lo resuelto por el Tribunal Constitucional en causa rol N° 2558-2013-INA, en el sentido de que no existe la obligación de elaborar información, agregando que "Sin perjuicio de que no existan actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos o acuerdos en que conste lo requerido, y que el Presidente de la República no sea una autoridad sujeto pasivo de la Ley de Lobby, la Dirección de Prensa de la Presidencia de la República mantiene permanentemente a disposición de toda persona la agenda de actividades de S.E. el Presidente de la República en su sitio web https://prensa.presidencia.cl/agenda.aspx ".

3. - Con fecha 18 de junio de 2020, don Javier García García dedujo amparo a su derecho de acceso en contra de Presidencia de la República, fundado en la respuesta negativa a la solicitud.

4. - El Consejo Directivo acordó admitir a tramitación este amparo confiriendo traslado al Sr. Director Administrativo de la Presidencia de la República, quien por medio de oficio Ord. N° 513, de 29 de julio de 2020, presentó sus descargos, reiterando lo señalado en la respuesta otorgada al solicitante de información, indicando en síntesis, que "no existe norma constitucional o legal que obligue a la Presidencia de la República a llevar un registro de las reuniones que organiza o en las que participa S.E. el Presidente de la República, ya sean estas formales o informales", haciendo mención a lo resuelto por el Tribunal Constitucional en la sentencia rol 2558-2013-INA y en los artículos 3 y 4 de la Ley N° 20.730, señalando que S.E. el Presidente de la República no se encuentra incluido como sujeto pasivo de Lobby. Acto seguido, agregó que "Así las cosas, las reuniones en que pudiere participar de S.E. el Presidente de la República son situaciones de hecho, cuyo objeto y fin puede variar caso a caso, y que en definitiva no se reflejan posteriormente en un documento o acta, salvo que la Constitución o las leyes así lo requieran", haciendo mención a la causal de reserva del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, atendida la potencial afectación de las funciones de la institución.

5.- Por Decisión de Amparo Rol C3376-20, adoptada con fecha 20 de agosto de 2020, el Consejo para la Transparencia rechazó el Amparo por Denegación de Acceso a la Información deducido en contra de Presidencia de la República, decisión por la cual el señor García, con fecha 11 de setiembre de 2020 dedujo Reclamo de Ilegalidad.

Seguidamente, en cuanto al fondo, hace presente las consideraciones tenidas en cuenta por el Consejo en pos de la legalidad de su decisión, indicando:

a. - En cuanto al objeto de la controversia que motivó la interposición del reclamo de ilegalidad; señala que ésta ha quedado circunscrita a determinar si el Consejo obró o no conforme a derecho al rechazar el amparo deducido por don Javier García García, al considerar procedente la causal de reserva del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, por afectación al debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado, respecto de información relativa al número de reuniones sostenidas por S.E. el Presidente de la República, con ejecutivos y representantes de los principales medios de comunicación desde el 1 de octubre de 2019, fechas de dichas reuniones, así como el nombre de los Ministros y Subsecretarios que participaron en dichas reuniones, acogiendo de este modo las alegaciones expresamente efectuadas en el procedimiento de amparo por el órgano requerido.

b. - Respecto a la resolución fundada de rechazo, expresa en lo puntual, que tal como consta del contenido de la resolución recurrida, el rechazo del amparo se fundó en el análisis armónico de las normas contenidas en la Ley de Transparencia y aquellas relativas a las autoridades públicas que detentan la calidad de sujetos pasivos en la Ley de N° 20.730, que obliga a dichos sujetos pasivos a dejar registro público de las reuniones que sostienen, temas a tratar, asistentes, entre otras, pudiendo concluir razonadamente que fue el propio legislador quien se abstuvo de incluir al Presidente de la República, entre dichas autoridades, excluyendo además de dicha normativa, reuniones que afecten la seguridad nacional y el interés general de la nación.

Precisa que por ello se sostuvo en la decisión que no existe obligación legal relativa a la publicidad de las reuniones efectuadas por la máxima autoridad del país, al tenor de lo que establece el artículo 1° de dicha ley, lo que fue congruente con la razón dada por la Presidencia de la República al responder la solicitud de información.

Manifiesta que la única información que se encuentra amparada por las disposiciones de dicha ley se refiere exclusivamente a actas, resoluciones, expedientes, contratos, o acuerdos que se encuentren en poder de los órganos públicos, cualquiera sea su denominación, origen, fecha de creación o procesamiento, y siempre que exista materialmente; por lo tanto, por más que el reclamante sostenga que le deben ser entregados los antecedentes requeridos, lo cierto es que esa exigencia se encuentra siempre referida a información o antecedentes existentes que se encuentren en poder de la Administración del Estado, con lo cual queda demostrado que no es efectivo que este Consejo confunda la naturaleza y alcance de las eximentes de publicidad de la Ley N° 20.730, con las exigencias del derecho de acceso a la información contenidas en la Ley de Transparencia, al no existir obligación alguna relativa a la publicidad de las reuniones efectuadas por la máxima autoridad del país.

c. - Acerca de que las reuniones sostenidas por el Presidente de la República, objeto de la solicitud de acceso a la información, no deviene en pública por el solo hecho de obrar en poder del órgano recurrido de amparo; refiere que, en subsidio de lo antes reseñado, la misma Presidencia señaló que aun de existir la información requerida, no solo debía ser elaborada, sino que además resultaría aplicable la causal de reserva del artículo 21 N° 1, atendida la potencial afectación de funciones del órgano.

Precisa que si bien en principio la información solicitada detentaría el carácter de pública por obrar en poder de la Presidencia de la República, aquello no resulta ser así, toda vez que el derecho fundamental a conocer información pública, implícitamente reconocido en el Art. 19 N° 12 de la Constitución, no es de carácter absoluto, ya que el inciso 2° del Art. 8° de la Constitución, como también el Art. 21 de la LT, establecen excepciones al derecho de acceso a la información pública, representadas por el establecimiento y consagración de causales de reserva o secreto.

Precisa que en el caso concurre una de las causales establecidas en la normativa citada, en cuanto se logró establecer que la publicidad de lo solicitado podría ocasionar afectación a uno de los bienes jurídicos protegidos por dichas normas, específicamente el debido cumplimiento de las funciones de Presidencia de la República, permitiendo configurar válidamente la causal de reserva prevista en el artículo 21 numeral 1 de la Ley de Transparencia, que fue alegada expresamente por Presidencia de la República durante el procedimiento de amparo Rol C3376-20.

d. - En relación a la configuración de causal de secreto o reserva, antes aludida, indica que sin prejuicio de haber sido expresamente señalada por la Presidencia, el Consejo se encuentra habilitado para declarar reservada información, cuando resulten aplicables causales al efecto.

Señala que el citado artículo 21 exige en cada una de sus causales un examen de "afectación" y considerando que el artículo 8° de la Constitución también exige, que para que ceda la publicidad y el acceso a la información pública frente al secreto o reserva deba "afectarse" algunos de los bienes jurídicos protegidos que ella menciona, se concluye que no basta que se invoque alguna de las causales de secreto o reserva del artículo 21 de la Ley de Transparencia, sino que, además de adecuarse a algunas de las hipótesis del Art. 8° de la Constitución, debe acreditarse una real y efectiva afectación de los bienes jurídicos que se protegen, tal como expresamente lo señaló la Excma. Corte Suprema, en los autos que cita.

Sostiene que en virtud de lo anterior no es posible compartir el razonamiento efectuado por la parte reclamante, en relación a la improcedencia de la aplicación de la causal de reserva del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, en su enunciado genérico, por no afectarse el debido cumplimiento de las funciones del organismo requerido de información, toda vez que tal afectación efectivamente se produce a consecuencia de la publicidad de dar a conocer información relativa a las reuniones sostenidas por la máxima autoridad, que se encuentra excluida de la aplicación de la normativa que en forma expresa confiere publicidad a las reuniones sostenidas por determinadas autoridades públicas.

Precisa que la Ley N° 20.730, en su artículo 8°, indica claramente que "Se exceptuarán de esta obligación aquellas reuniones, audiencias y viajes cuando su publicidad comprometa el interés general de la Nación o la seguridad nacional"; y dicha regulación, a juicio de ese Consejo, no puede ser sino interpretado como un antecedente normativo expreso, que otorga contenido específico a la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1 ya mentado, y que fue invocada expresamente por la Presidencia de la República durante la tramitación del amparo.

Finalmente, a más de hacer presente que no procede en el caso la condena en costas, solicita rechazar en su totalidad el Reclamo de Ilegalidad presentado, resolviendo mantener o confirmar la Decisión de Amparo Rol N° C3376-20 de ese Consejo.

Tercero: Que habiéndose observado que no se solicitó informe al tercero interesado, Presidencia de la República, atendida la circunstancia de haberse incorporado los antecedentes que dan cuenta del contenido de su respuesta negativa a la solicitud de información, misma de fecha 16 de junio de 2020, suscrita por el Director Administrativo de la Presidencia de la República, así como el texto íntegro en que dicho Director, Julio Maiers Hechenleitner, evacúa el traslado que le fuera conferido por el Consejo para la Transparencia, aunado a lo explicitado por ésta última entidad en relación a lo argumentado por el órgano en mención; considerando asimismo, que los comparecientes a Estrado, reclamante y reclamada, nada expusieron en torno a la situación que se observa y teniendo especialmente presente el estado actual del recurso y en aras de su resolución, se estará a los antecedentes referidos como suficiente informe, subsanándose de esta forma la falencia anotada.

Cuarto: Que acorde lo anterior, en lo preciso, respondiendo la solicitud de información, la Presidencia de la República, basa su negativa a la misma aludiendo a lo señalado en el inciso 2° del artículo 5° y artículo 10, ambos de la Ley de Transparencia, en cuanto a lo que se establece como información pública, a saber, toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como toda información elaborada con presupuesto público’", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la citada ley o se trate de excepciones que otras disposiciones legales establezcan al especificado principio de publicidad.

En relación a lo expuesto, informa que las reuniones de S.E. el Presidente de la República no son materia de registro en tales elementos ni tampoco se trata de información elaborada con presupuesto público; ello puesto que no existe norma constitucional o legal que mandate a la Presidencia a llevar un registro de la totalidad de actividades en la que participa el Presidente.

A mayor abundamiento refiere que la Ley 20.730, que regula expresamente las reuniones entre autoridades y funcionarios de gobierno y particulares y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, no incluye, en los artículos 3° y 4° al Presidente de la República como sujeto pasivo de lobby; indica que este criterio ha sido aplicado por el Consejo para la Transparencia, al que cita, aludiendo seguidamente al Tribunal Constitucional; finaliza, manifestando que sin perjuicio de lo referido la Presidencia mantiene, permanentemente, a disposición de toda persona, la agenda de actividades del Presidente de la República en el sitio web que individualiza.

Seguidamente, al evacuar el traslado conferido por el Consejo para la Transparencia, ante el amparo deducido con ocasión de su respuesta a la solicitud de informar, duplica lo expuesto en aquella, reiterando que las reuniones en que participa S.E. el Presidente de la República no son materia de registro en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos o acuerdos de esa entidad, ni tampoco se encuentra en algún otro tipo de soporte documental referido por la Ley de Transparencia.

Precisa que lo anterior dice relación con que no existe norma constitucional o legal que obligue a la Presidencia de la República a llevar un registro de las reuniones que organiza o en las que participa el Presidente, ya sean estas formales o informales.

Reitera asimismo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, expresando que ha abordado la naturaleza de la obligación contenida en la Ley de Transparencia, concluyendo que dicha obligación corresponde a una de dar o entregar actos o documentos que la Administración del Estado tenga en su poder, no a que se elabore un informe de lo requerido por el solicitante; por tanto, el derecho a solicitar información supone la existencia del o los documentos que se piden.

Duplica seguidamente su argumentación en cuanto a que la Ley N° 20.730, que regula el lobby, no incluye al Presidente de la República como sujeto pasivo, lo que ha sido reconocido por el consejo para la Transparencia en el Amparo que cita.

Agrega a lo anterior, el rol fundamental de quien detenta el cargo de Presidente de la República, ya que acorde la Constitución Política, a él le corresponde el gobierno y la administración del Estado, extendiéndose su autoridad a todo lo que tenga relación con la conservación del orden público interno y la seguridad exterior del país, de acuerdo a lo prescrito por la Constitución y las leyes; así las cosas, las reuniones en las que pudiere participar, son situaciones de hecho, cuyo objeto y fin puede variar caso a caso, y que en definitiva no se reflejan posteriormente en un documento o acta, salvo que la Constitución o las leyes así lo requieran.

Anota que adicionalmente, aun cuando existiera la información requerida, resultaría aplicable la causal de reserva del artículo 21 N° 1, atendida la potencial afectación de las funciones del órgano. Es decir, la naturaleza misma de la información requerida (reuniones en que participa el Jefe de Estado) permitiría, dado el caso de existir registro de tales antecedentes, aplicar la causal de reserva contenida en el citado numeral y articulo de la Ley de Transparencia.

Precisa que en consecuencia, resultaría claro para esa Dirección Administrativa que entregar información sobre reuniones en la que pudiere ser partícipe el mandatario, en tanto no se enmarque en una actividad pública, afectaría el debido cumplimiento de sus funciones constitucionales de gobierno y administración por cuanto la publicidad de este tipo de información incidiría, tanto desde dimensiones logísticas y estratégicas, as í como sustantivas, en el proceso de toma de decisiones y acuerdos, a desplegarse en posibles reuniones del Presidente con autoridades, especialistas o profesionales de las respectivas disciplinas y representantes de la sociedad civil, quienes son actores esenciales en la labor de consulta, debate y priorización de políticas públicas a trabajar e implementar por el gobierno de Chile, proceso liderado por el Presidente de la República con la colaboración directa e inmediata de los Ministros de Estado.

Quinto: Que en primer término cabe dejar asentado que sostiene el reclamante respecto a la información solicitada, "Número de reuniones del Presidente con ejecutivos y representantes de los principales medios de comunicación desde el 1 de octubre de 2019, fechas de dichas reuniones, así como el nombre de los Ministros y Subsecretarios que participaron en dichas reuniones", que ésta dice relación, únicamente, con reuniones en las que participó un funcionario público en el ejercicio de sus funciones legales, razón por la que se debe considerar que el requerimiento se refiere a antecedentes de carácter público; indicando asimismo, que lo pedido se refiere a información de la que dispone el órgano y que puede ser suministrada sin un costo excesivo, ya que solo se requiere de la Presidencia de la República, que acceda al documento o agenda utilizada por el órgano para organizar o planificar la disponibilidad horaria del Presidente de la República para asistir a las reuniones o eventos.

Sexto: Que desde ya resulta necesario distinguir, en relación a lo anterior, que puntualmente lo pedido dice relación precisamente con el Presidente de la República, desempeño que conlleva especial relevancia y trato distintivo, requiriéndose a su respecto antecedentes precisos en cuanto participante de reuniones con terceros; asumiéndose por otra parte que la información existe, que se registra como tal en documentos o agendas en que se planifica u organiza la actividad presidencial.

Séptimo: Que cabe considerar, que el artículo 8° de la Constitución, en su inciso segundo prevé que: "Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo solo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquellos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de la personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional'. Por su parte, la Ley de Transparencia en el inciso final del artículo 4° establece que "El principio de transparencia de la función pública consiste en respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la Administración, así como la de sus fundamentos, y en facilitar el acceso de cualquier persona a esa información, a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley "; luego, en cuanto a la publicidad de la información de los Órganos de la Administración del Estado, en su artículo 5°, consigna: "En virtud del principio de transparencia de la función pública, los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quórum calificado" "Asimismo, es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas

A más de lo anterior, el artículo 10 de la Ley en comento, N° 20.285, dictamina: "Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado, en la forma y condiciones que establece esta ley. El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda la información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales. "

Octavo: Que en el marco expuesto supone, como sustrato esencial y primigenio, la existencia de la información requerida y, al respecto, la Presidencia de la República, en respuesta a la solicitud de información cursada por el ahora reclamante, es clara y categórica en afirmar que las reuniones de S.E. el Presidente de la República no son materias de registro en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos o acuerdos de esa entidad. Explicando al efecto que no existe norma constitucional o legal que mandate a la Presidencia a llevar un registro de las actividades en que participa el Presidente, aunque sin perjuicio de ello se mantiene, permanentemente y a disposición, de toda persona la agenda de actividades de aquel en el sitio web que individualiza.

Afirmación la precedente que luego duplica al evacuar el traslado conferido por el Consejo con ocasión del Amparo deducido, haciendo alusión a la sentencia Rol N° 2558-2013 INE del tribunal Constitucional, que en su consideración décimo primera establece que: "El derecho de acceso a la información, que regula la Ley N° 20.285, pone a la Administración en la obligación de dar o entregar los actos o documentos que ella tenga. No es un derecho a que la Administración elabore una información. Eso transformaría la obligación de dar en una de hacer. La imposición ya no sería entregar algo, sino hacer un informe. Eso excede o contraviene el derecho legal de acceso a los antecedentes que ya existen: actos, resoluciones, fundamentos, procedimientos. El acceso es a documentos que ya existen"

De aquí que si bien el reclamante enfatiza en su presentación en la circunstancia de que su petición se encuentra contenida en documentos o instrumentos ya existentes en el órgano, ello decae al tenor de lo expuesto por el requerido que desestima absolutamente la mantención de tales registros, de tal manera que el acceso solicitado pierde todo fundamento en cuanto se carece del sustento material que lo posibilite.

Noveno: Que a más de lo anterior, que por cierto se estructura como sustantivo, las restantes consideraciones del Consejo en orden a la decisión de rechazo del Amparo que fuera deducido, se advierten sintonizadas y conducentes.

En efecto, alude dicha entidad, sin que se observe confusión al respecto, y reiterando lo razonado anteriormente en el Amparo Rol C8265-19, a la Ley N° 20.730 del Lobby, que en sus artículos 3 y 4, y en su Reglamento, al detallar los sujetos pasivos obligados al cumplimiento de sus normas no incluye al Presidente de la República, por lo que no existe a su respecto obligación relativa a la publicidad de sus reuniones al tenor de lo estatuido en su artículo primero.

Indica además, que el inciso 2° del artículo 8 de la Ley en comento, que dice relación con los registros de agenda pública, consigna que: "Se exceptuarán de esta obligación aquellas reuniones, audiencias y viajes cuando su publicidad comprometa el interés general de la Nación o la seguridad nacional "; de tal manera que en virtud de ello y en atención a la materia consultada y al período requerido, resulta plausible sostener que la publicidad de la información solicitada afecta el debido cumplimiento de las funciones de S.E. el Presidente de la República, en su calidad de Jefe de Estado, que le corresponde el gobierno y la administración del mismo, al tenor de los dispuesto en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia.

Décimo: Que a la luz de los antecedentes examinados, la afirmación del reclamante en orden a que la Presidencia de la República en sus descargos, no invoca ninguna de las causales de reserva del artículo 21 ni se refiere al resguardo de la seguridad de la nación, como lo hace el Consejo para la Transparencia, no resulta acorde con el contenido del texto de descargo aludido, en el cual en forma precisa, acorde también se plasma en el considerando cuarto que antecede, consigna: "que aun cuando existiera la información requerida, resultaría aplicable la causal de reserva del artículo 21 N° 1, atendida la potencial afectación de las funciones del órgano..", vinculando seguidamente y en detalle tal causal con las reuniones cuya información es requerida.

Undécimo: Que finalmente, atento los antecedentes esgrimidos por la reclamada, Consejo para la Transparencia, cuyo basamento en torno a lo decidido en el Amparo recurrido dice relación con lo también señalado por el órgano requerido, todo lo cual se advierte congruente con la legislación que norma el acceso a la información pública y, considerando asimismo, que en lo sustantivo, lo que se advierte es que no se cuenta con la información solicitada, puesto que las reuniones del Presidente de la República no son materia de registro y no existe una norma, constitucional o legal, que mandate llevar un registro de la totalidad de las actividades en el que aquel participa; teniendo también en consideración que en el supuesto de haberla tendría carácter de reservada, cabe concluir que la decisión del Consejo para la Transparencia al rechazar el amparo de que se trata se ajustó a la legalidad y por ende no resulta procedente acoger el reclamo en contrario.

Por estas consideraciones y acorde, además, lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley N° 20.285, se rechaza, sin costas, el reclamo de ilegalidad presentado por Danny Rayman Labrín, en representación de Javier García García, en contra del Consejo para la Transparencia y en relación a la decisión de Amparo Rol C3376-20 de fecha 20 de agosto de 2020.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Contencioso Administrativo

N° 496-2020.

Redacción de la Ministro (S) señora Ocampo, quien no firma por estar haciendo uso de su feriado legal.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Jenny Book Reyes, conformada por la Ministra (S) señora Doris Ocampo Méndez y la Ministra (I) señora Paula Rodríguez Fondón.

Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Jenny Book R. y Ministra Suplente Paula Rodríguez F. Santiago, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno.

En Santiago, a dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.