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DIPROMED SA con SERVICIO DE SALUD CONCEPCIÓN Rol: C729-12

Consejo para la Transparencia, 31/08/2012

Se dedujo amparo en contra del señalado órgano del Servicio de Salud Concepción, fundado en la denegación de la información solicitada sobre los procesos de licitación ID 1213-288-LP11 e ID 1213-287-LP11, sobre “Camas Hospitalización Hospitales de la Red” y “Equipamiento salas post-operados HGGB y HTC”, respectivamente, ambos adjudicados a la empresa MEDITEC S.A. El Consejo señaló que lo requerido no son documentos destinados a respaldar la posición del órgano ante una controversia de carácter jurídico, razón por la cual deberá desestimarse la hipótesis de secreto alegada por el Servicio. En efecto, la denegación de la documentación solicitada únicamente obstaculizaría que la contraparte adquiera medios de prueba sobre hechos que no consta que formen parte del juicio pendiente, por lo tanto, su reserva no encuentra justificación en la protección del debido cumplimiento de las funciones del Servicio.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente


Descriptores analíticos:

Tema Justicia
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Decisiones o sentencias citadas en documento:


Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C729-12

Entidad pública: Servicio de Salud Concepción

Requirente: DIPROMED S.A.

Ingreso Consejo: 16.05.2012

En sesión ordinaria Nº 369 del Consejo Directivo, celebrada el 31 de agosto de 2012, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C729-12.

VISTOS:

Los artículos 5º, inciso 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del año 2000 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 23 de abril de 2012, la empresa DIPROMED S.A., representada por don Rodolfo Postigo Colosía, solicitó al Servicio de Salud Concepción, en adelante indistintamente el Servicio o SSC, la siguiente información respecto de los procesos de licitación ID 1213-288-LP11 e ID 1213-287-LP11, sobre “Camas Hospitalización Hospitales de la Red” y “Equipamiento salas post-operados HGGB y HTC”, respectivamente, ambos adjudicados a la empresa MEDITEC S.A.:

a) Si se ha efectuado pago anticipado por las mercaderías licitadas;

b) En caso de respuesta afirmativa a la solicitud anterior, solicita copia del documento que respalda dicho pago y de la boleta de garantía que cauciona dicho anticipo;

c) Si se ha otorgado prórroga para la entrega de las mercaderías adjudicadas;

d) En caso de respuesta afirmativa a la solicitud anterior, solicita enviar copia del documento o acta que la concede;

e) La o las fechas de entregas de las mercaderías adjudicadas, enviando la o las actas de entrega que avalan dicho acto, las actas de recepción conforme, de revisión material y de funcionamiento de dichos bienes, “debidamente suscritas y certificadas por el servicio de salud”;

f) Copia de la o las guías de despacho y/o facturas de MEDITEC S.A., debidamente recepcionadas;

g) “La o las guías u órdenes del transportista, como sus datos completos, tales como: nombre, RUT, domicilio y contacto telefónico o electrónico”; y,

h) Si se han aplicado multas por parte del servicio a la adjudicataria; y

i) En caso de respuesta afirmativa a la solicitud anterior, él o los documentos de respaldo de su aplicación, como también de su pago.

2) RESPUESTA: Mediante correo electrónico del 25 de abril de 2012, el Servicio requerido respondió a la citada solicitud, denegando el acceso a la información pedida, basado en la causal de secreto o reserva del artículo 21 Nº 1, letra a, de la Ley de Transparencia. Argumentó que dicha causal se aplicaría ya que las licitaciones consultadas fueron objeto de reclamos, por parte de la empresa requirente, DIPROMED S.A., ante el Tribunal de la Contratación Pública, los cuales fueron ingresados bajo los roles 261-2011 y 262-2011.

3) AMPARO: El 16 de mayo de 2012, don Rodolfo Postigo Colosía, en representación de la empresa DIPROMED S.A., dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la denegación de la información solicitada. En particular expresó lo siguiente:

a) La información solicitada es pública, por cuanto los procesos de licitación aludidos se llevaron a efecto según lo dispuesto en la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, específicamente, conforme a su artículo 5°, inciso 2°, que obliga a realizar licitaciones públicas cuando las contrataciones superen las 1.000 UTM. Asimismo, cita el artículo 19 de la referida ley, que dispone la creación de un sistema de información de compras y contrataciones de la Administración, de acceso público y gratuito.

b) La entrega de la información requerida “en nada afectaría las funciones del órgano (…) por cuanto se trataría de información y documentos de carácter objetivo que importan a su vez el cumplimiento de la normativa obligatoria por parte del adjudicado y no del Servicio”. La información requerida dice relación con actos que el adjudicatario ha debido cumplir conforme a las bases de la licitación y no con actos del Servicio, por lo que no podría invocar la causal de afectación del debido cumplimiento de las funciones del órgano.

c) Por último, la información requerida sólo puede obtenerse invocando la Ley de Transparencia ya que no es posible requerirla en el marco de los reclamos presentados ante el Tribunal de Contratación Pública, toda vez que, de conformidad al artículo 24 de la Ley N° 19.886, el ámbito de competencia de éste se extiende únicamente a actos u omisiones ilegales y arbitrarias que tengan lugar entre la aprobación de las bases de la respectiva licitación y su adjudicación, ambos inclusive.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo mediante oficio N° 1.908, de 28 de mayo de 2012, al Director del Servicio de Salud Concepción, quien –a través de doña Antonieta Gavilán, abogada del Departamento Jurídico de dicho Servicio– presentó sus descargos y observaciones a través de correo electrónico de 18 de junio de 2012, señalando, en síntesis, lo siguiente:

a) Invoca nuevamente la causal de reserva establecida en el artículo 21 N°1 letra a) de la Ley de Transparencia, puesto que, la información solicitada se refiere a antecedentes necesarios para la defensa judicial del Servicio de Salud Concepción en causas roles 261-2011 y 262-2011, ambas vigentes en el Tribunal de Contratación Pública.

b) Entregar dicha información implicaría una grave desventaja procesal, ya que obligaría a dicho Servicio a develar argumentos jurídicos para su defensa judicial previo o fuera de las etapas procesales que establece la ley.

c) Por otra parte, agregó que el reglamento de la Ley de Transparencia en su artículo 7° establece un concepto de “antecedentes necesarios a defensas jurídicas”, los que –entre otros– serían “aquéllos destinados a respaldar la posición del órgano ante una controversia de carácter jurídico”.

d) Por último, manifestó que esta causal de reserva “sería sólo hasta el vencimiento de la etapa probatoria, por lo que luego serían públicos y estarían a disposición de la empresa”.

5) GESTIÓN OFICIOSA: A través de la revisión del sitio electrónico del Tribunal de Contratación Pública, este Consejo tuvo acceso a los escritos y resoluciones existentes en las causas roles 261-2011 y 262-2011, destacando a este respecto, el contenido de las acciones de impugnación deducidas por DIPROMED S.A. en contra de la resolución del Servicio de Salud Concepción que adjudicó las licitaciones antes mencionadas a la empresa MEDITEC S.A. y las contestaciones de dicho Servicio. En particular, DIPROMED S.A. alegó que habría existido arbitrariedad en cuanto al plazo de entrega de los bienes ofertados por el adjudicatario y señalado en las bases de las licitaciones como acreedor del puntaje máximo en ese ítem, a saber, un plazo de 45 días. Según el recurrente dicho plazo resultaba “irreal” e “imposible de cumplir” a menos que se conociera de antemano el ganador de cada una de esas licitaciones o bien que se prorrogaría dicho plazo, opción que –en todo caso– no estaba contemplada en las citadas bases. Por su parte, el SSC se opuso a la acción controvirtiendo las alegaciones del reclamante.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, conforme lo ha resuelto previamente este Consejo en sus decisiones a los amparos roles C603-09 y C16-10 , aquellas solicitudes que consistan en informar si se realizó o no una acción que habría acaecido en el pasado, como lo serían las indicadas en los literales a), c) y h) de la solicitud de acceso –relativas al pago anticipado de los bienes licitados, a la prórroga en la entrega de los mismos y a la aplicación de multas–, se encuentran amparadas por la Ley de Transparencia. Con todo, ello no implica que este Consejo estime que debían realizarse o no las acciones consultadas, pues no corresponde a este Consejo determinar la corrección administrativa de lo obrado por la autoridad —por acción u omisión— en la materia consultada. Lo anterior es sin perjuicio del análisis de la casual de secreto invocada por el Servicio.

2) Que, los restantes literales de la solicitud de acceso constituyen, en principio, información pública conforme los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, toda vez que consisten en actos de un órgano administrativo, información elaborada con presupuesto público y documentación que obra en poder del Servicio de conformidad con la ejecución de un contrato celebrado con un particular. Además, no habiéndose alegado la inexistencia de la información requerida, por parte del SSC, sólo cabe concluir que la misma obra en poder del órgano reclamado, conforme al artículo 5° ya citado.

3) Que, la causal invocada por el servicio reclamado es la prevista en el artículo 21 N° 1, letra a, de la Ley de Transparencia, esto es, que podrá denegarse el acceso a la información cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente, tratándose de “antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales”. Los que conforme al artículo 7° N° 1, letra a, del Reglamento de la Ley de Transparencia, corresponden, entre otros, a “aquéllos destinados a respaldar la posición del órgano en una controversia de carácter jurídico”.

4) Que, aplicando el criterio sostenido por este Consejo en las decisiones recaídas en los amparos Roles C68-09, C293-09 y C380-09, la causal de reserva citada en el considerando precedente debe interpretarse de manera estricta, debiendo concluirse que la sola existencia de un juicio pendiente en que sea parte el órgano requerido no transforma a todos los documentos relacionados con él en secretos. Para que ello ocurra debe existir una relación directa entre los documentos o información que se solicita y el litigio que se sustancia y verificarse una afectación del “debido funcionamiento” del órgano en caso de revelarse aquéllos. Así, por ejemplo, se ha resuelto que:

a) Los documentos que dan cuenta de la estrategia jurídica del órgano reclamado, tales como minutas internas, informes técnicos o el expediente interno relativo al litigio, entre otros, son reservados por estimar que su comunicación afectaría la defensa jurídica en curso (decisión de amparo Rol C380-10, criterio ratificado en decisiones de amparos Roles C392-10, C648-10 y C787-10).

b) Los medios de prueba que el órgano quiere presentar en el juicio:

i) Son reservados de acreditarse la afectación señalada (p. ej., un Informe en Derecho) pero sólo hasta el vencimiento de la/s etapa/s probatorias, pues cerrada ésta ya no servirían a la defensa judicial del organismo (decisión de amparo Roles A68-09 y A293-09).

ii) Son públicos cuando no se acredita tal afectación, aunque con ello se persiga obstaculizar que la contraparte pruebe un hecho en un litigio pendiente (salvo que concurriese una causal de secreto diversa a ésta). En efecto, no puede admitirse que los juicios se resuelvan a favor del Fisco porque éste impida a sus contrapartes el acceso a información administrativa, ni mucho menos que esto fuera parte del “debido funcionamiento” estatal. Por el contrario, si de tales antecedentes se deriva una condena fiscal el debido funcionamiento estatal deberá traducirse en la correspondiente reparación (decisión amparo A380-09).

5) Que, se encuentra acreditada, en este procedimiento de amparo, la existencia de dos litigios pendientes en etapa de discusión ante el Tribunal de Contratación Pública, entre las mismas partes, ambos relacionados con los procesos licitatorios referidos por el reclamante en su solicitud. Sobre el particular, es necesario tener presente que, conforme al artículo 24 de la Ley N° 19.886, el Tribunal de Contratación Pública es competente para conocer de las acciones de impugnación contra actos u omisiones, ilegales o arbitrarios, ocurridos en los procedimientos administrativos de contratación con organismos públicos regidos por esta ley. Además, según precisa la citada disposición, dicha acción procederá contra cualquier acto u omisión ilegal o arbitrario que tenga lugar entre la aprobación de las bases de la respectiva licitación y su adjudicación, ambos inclusive.

6) Que, habiendo analizado el contenido de la solicitud de acceso, las competencias del Tribunal de Contratación Pública y los escritos presentados en el marco de los juicios pendientes antes mencionados, cabe concluir que no existe una relación directa entre la información solicitada y el litigio pendiente, toda vez que la información requerida se refiere a la etapa de cumplimiento o ejecución de lo ofertado por el ganador de las licitaciones aludidas, es decir, se trata de eventos o documentos generados con posterioridad a la adjudicación de dichas licitaciones. Adicionalmente, el SSC no ha entregado antecedente que permita fundamentar que la información solicitada devele los “argumentos jurídicos” del Servicio, como lo expuso en sus descargos; habida consideración de que la documentación requerida versa sobre la ejecución del contrato suscrito con el particular. Por lo tanto, lo requerido no son documentos destinados a respaldar la posición del órgano ante una controversia de carácter jurídico, razón por la cual deberá desestimarse la hipótesis de secreto alegada por el Servicio. En efecto, la denegación de la documentación solicitada únicamente obstaculizaría que la contraparte adquiera medios de prueba sobre hechos que no consta que formen parte del juicio pendiente, por lo tanto, su reserva no encuentra justificación en la protección del debido cumplimiento de las funciones del Servicio.

7) Que, a mayor abundamiento, al limitarse la decisión de este Consejo a reconocer el derecho de acceso a la información solicitada, esto no implica pronunciamiento alguno sobre el tema de fondo debatido en sede jurisdiccional, por lo que no se vulnera en caso alguno el artículo 76 de la Carta Fundamental.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por don Rodolfo Postigo Colosía, en representación de la empresa DIPROMED S.A., de 16 de mayo de 2012, en contra del Servicio de Salud Concepción, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir al Sr. Director del Servicio de Salud Concepción:

a) Hacer entrega al reclamante de la información solicitada y que fuera anotada en el N° 1 de la parte expositiva de este acuerdo.

b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Agustinas Nº 1291, piso 6º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente decisión al Sr. Sr. Director del Servicio de Salud Concepción y a la empresa DIPROMED S.A.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en los artículos 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. No procede, en cambio, el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y por los Consejeros don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia que la Consejera doña Vivianne Blanlot Soza no asiste a la presente sesión.

Certifica el Director General del Consejo para la Transparencia, don Raúl Ferrada Carrasco.