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Luis Fernando Romo Morales con GENDARMERÍA DE CHILE Rol: C237-10

Consejo para la Transparencia, 03/09/2010

Se formuló amparo en contra de Gendarmería de Chile, alegando no haber recibido respuesta a su solicitud de información sobre copia certificada de las deliberaciones y acuerdos que constan en el acta respectiva de los Consejos Técnicos, realizados en este Establecimiento Penitenciario, relativos a las opiniones de sus integrantes en lo referido al solicitante. El Consejo señaló que la base de datos en que estaría contenida la información sobre la orden de aprehensión o la orden de arraigo de un reclamante, al ser elaborada con fondo públicos y encontrarse en poder de la reclamada, constituye información pública, de acuerdo a los artículos 5º y 10° de la Ley de Transparencia y, a mayor abundamiento, como hemos precisado, se trata de datos personales solicitados por su titular, por lo que se acoge el amparo presentado.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente


Descriptores analíticos:

Tema Justicia
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 



Consejeros:

  • Raúl Urrutia Ávila (Unánime), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • Juan Pablo Olmedo Bustos (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C237-10

Entidad pública: Gendarmería de Chile

Requirente: Luis Fernando Romo Morales

Ingreso Consejo: 27.04.2010

En sesión ordinaria N° 179 de su Consejo Directivo, celebrada el 3 de septiembre de 2010, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C237-10.

VISTOS:

Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la Ley N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; Decreto N° 518/1998, del Ministerio de Justicia, que establece el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios y, los D.S. N° 13/2009 y 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 16 de marzo de 2010 don Luis Fernando Romo Morales, por intermedio del Alcaide del C.C.P. Punta Peuco, solicitó al Director Nacional de Gendarmería, la siguiente información:

a) Copia certificada de las deliberaciones y acuerdos que constan en el acta respectiva de los Consejos Técnicos, realizados en este Establecimiento Penitenciario, relativos a las opiniones de sus integrantes en lo referido al solicitante. Dichos Consejos Técnicos se habrían realizado en las siguientes fechas: 16 de diciembre de 2008, 18 de agosto de 2009, 24 de noviembre 2009 y 9 de febrero de 2010;

b) Copia de las presentaciones hechas por dicho Penal ante la Comisión de Libertad condicional, referidas al solicitante, correspondientes al primer y segundo semestre del año 2009.

Agrega como fundamento de su solicitud el hecho de que el beneficio carcelario de salida dominical, le habría sido negado 4 veces, sin expresión de causa y aludiendo al respectivo informe del Consejo Técnico donde se analizó su petición.

2) AUSENCIA DE RESPUESTA, AMPARO Y TÉNGASE PRESENTE: Don Luis Fernando Romo Morales formuló amparo por denegación de acceso a la información el 27 de abril de 2010 ante el Consejo para la Transparencia, alegando no haber recibido respuesta a su solicitud de información.

Sin perjuicio de lo anterior, mediante presentación de 11 de mayo de 2010, el Sr. Romo Morales comunica a este Consejo que, con posterioridad a la interposición del presente amparo, el 28 de abril de 2010, fue notificado extemporáneamente de la respuesta a su solicitud, negando el acceso a la primera petición y omitiendo pronunciarse respecto de la segunda.

La respuesta a la que hace referencia el solicitante consta en oficio ordinario N° 14.00.00729/2010, de 15 de abril de 2010, de la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile, que en resumen señala lo siguiente:

a) En cuanto las copias de las deliberaciones y acuerdos que constan en las actas respectivas de los Consejos Técnicos, celebrados los días 16 de diciembre de 2008, 18 de agosto y 24 de noviembre de 2009, y por último el 2 de febrero de 2010, en el C.D.P. y C.P.E. de Punta Peuco, relativos a las opiniones de sus integrantes, destaca que la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, contempla ciertas excepciones al principio de máxima divulgación o entrega de información, conocidas como causales de secreto o reserva.

b) En efecto, en las citadas reuniones de los Consejos Técnicos, se revisaron las solicitudes de otros internos, aparte de la del solicitante, configurándose la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 2, de la Ley N° 20.285, ya que contiene información que se encontraría dentro de la esfera de la vida privada de una persona, en atención a que conlleva una apreciación de juicio o valor sobre una persona determinada o claramente identificable, en la especie, los otros internos que postularon. Asimismo, la entrega de la información solicitada, atentaría contra la seguridad de los profesionales que emitieron un juicio determinado.

c) A mayor abundamiento, agrega que la Ley de Transparencia, en su artículo 23, señala que debe existir un índice de los actos y documentos que el órgano o servicio califique de secretos o reservados. Es así que se encuentra declarado como secreto o reservado la reunión del Consejo Técnico, celebrado el 18 de agosto de 2009, en virtud del oficio ordinario N° 1346, de 21 de octubre del mismo año.

d) En consecuencia, la reserva precedentemente señalada, a juicio de Gendarmería, se encontraría fundada en virtud de la Ley N° 19.628, sobre Protección a la Vida Privada, que en su artículo 2 letra g), señala que son datos sensibles, aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como, los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estado de salud físicos o psíquicos y la vida sexual; en concordancia con el artículo 21 N° 1, 2 y 5 de la Ley de Transparencia y, artículo 1° Transitorio de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública.

Finalmente cabe agregar que en la misma presentación el reclamante impugna la respuesta recibida de parte de Gendarmería, alegando, en resumen, la falta de fundamento legal de las causales de reserva invocadas, solicitando que en definitiva este Consejo acoja el amparo y declare infundados e ilegales los fundamentos planteados para negar acceso a la información y disponer la entrega de la misma.

3) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo, en su sesión ordinaria N° 146, de 3 de mayo de 2010, acordó admitir a tramitación este amparo trasladándolo, mediante Oficio N° 815, de 12 de mayo de 2010, al Director Nacional de Gendarmería de Chile, quien mediante ordinario N° 14.00.00960/2010, de 19 de mayo de 2010, presentó sus descargos u observaciones, señalando principalmente lo siguiente:

a) Que el reclamo presentado por el Sr. Romo Morales, es totalmente infundado, toda vez que el 15 de abril de 2010, mediante Oficio Ord. N° 729 (el que se adjunta), estando dentro del plazo legal establecido en la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, se dio respuesta al solicitante, señalando que Gendarmería de Chile no podrá entregar lo solicitado, por cuanto se configuran las causales de secreto o reserva contempladas en el artículo 21 N° 1, letra b), 2 y 5 en concordancia con la Ley 19.628, sobre Protección a la Vida Privada, en su artículo 2, letra g).

b) Por otra parte, fundado en el concepto de Seguridad Penitenciaria, la reclamada argumenta que resulta estratégicamente inadecuado que los internos tengan acceso a información relativa a las actas de los Consejos Técnicos, toda vez que éstas contienen la individualización de los funcionarios y profesionales que intervienen en ella, los antecedentes procesales de los internos, el informe psicológico, que dice relación con la conciencia del delito, del mal causado con su conducta y de la disposición al cambio, de modo que se procure, por una parte, constatar que el interno responda efectiva y positivamente a las orientaciones de los planes y programas de reinserción social, el informe social que se refiere expresamente a las posibilidades del interno de contar con medios o recursos de apoyo o asistencia y, por último, los votos de cada uno de los intervinientes. Asimismo, los antecedentes que se envían a la Comisión de Libertad Condicional dicen relación con la misma materia precedentemente señalada, información que indudablemente afecta la seguridad y la eficiencia del sistema, como también la seguridad de las personas intervinientes.

c) Al respecto, agrega que se debe aplicar lo que en doctrina comparada se denomina un test de daño, consistente en realizar un balance entre el interés de retener la información y el interés de divulgarla para determinar si el beneficio público resultante de conocer la información solicitada es mayor que el daño que podría causar su revelación.

d) En este caso concreto, la divulgación de los contenidos que se encuentran en las actas del Consejo Técnico y del Tribunal de Conducta, a juicio de la reclamada, produciría un daño en el debido cumplimiento de las funciones de cada recinto, por cuanto el distorsionado y mal manejo en el uso que un interno u otra persona pueda hacer de la información, puede implicar un atentado a los principios de seguridad y orden que, como se ha indicado, son base para el buen funcionamiento de la seguridad y orden interno en los establecimientos penitenciarios. Asimismo, afectaría el derecho a la seguridad de las personas que emiten un juicio y una deliberación con respecto a un interno.

e) Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, en sus descargos Gendarmería de Chile, adjunta el Acta de Sesión del Consejo Técnico de Punta Peuco de diciembre de 2008, agosto y noviembre de 2009, y de febrero de 2010, y Acta del Tribunal de Conducta del primer y segundo semestre de 2009.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, en primer lugar, el reclamante alega no haber recibido respuesta oportuna de parte de Gendarmería de Chile. A su turno, la reclamada informa que habría remitido el oficio respuesta N° 729, de 15 de abril de 2010, con esa misma fecha, mediante carta certificada, de lo que da cuenta el registro de Correos de Chile. Por último, a mayor abundamiento, consta en los antecedentes tenidos a la vista el “acta de entrega” de 28 de abril de 2010, en virtud de la cual el Sr. Alcaide del Centro de Cumplimiento Penitenciario (en adelante C.C.P.) Punta Peuco, hizo entrega al reclamante de un sobre cerrado que señala contener el oficio ordinario N° 729.

2) Que, en atención a lo anterior, este Consejo deberá tener por cumplida la obligación de dar respuesta en tiempo oportuno por parte de Gendarmería de Chile, sin perjuicio de recomendar a la reclamada, instruir a sus centros penitenciarios a fin de tomar las medidas conducentes a acelerar la entrega de la correspondencia relativa a las respuestas de solicitud de acceso a la información.

3) Que, en cuanto al fondo del asunto, la solicitud planteada dice relación con la obtención de copia certificada de las deliberaciones y acuerdos que constan en el acta respectiva de los Consejos Técnicos, realizados en el C.C.P. Punta Peuco, relativos a las opiniones de sus integrantes en relación con el solicitante, además de copia de las presentaciones hechas ante la Comisión de Libertad Condicional, en el periodo señalado.

4) Que, en respuesta a la solicitud anterior, Gendarmería invocó la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1, letra b) y N° 2, de la Ley de Transparencia. La segunda causal fundada en el hecho de que los informes solicitados dan cuenta de información que se encuentra dentro de la esfera de la vida privada de una persona, relativa al juicio o valor que emite respecto de otra persona claramente identificable, además de atentar contra la seguridad de los profesionales que emitieron los informes. Respecto a la primera causal, la reclamada basa su fundamento en que se vería afectada la seguridad penitenciaria, además del buen funcionamiento de la seguridad y orden interno en los recintos penitenciarios.

5) Que al respecto cabe citar la disposición del artículo 103, del Reglamento de Establecimientos penitenciarios, que en cuanto a la salida dominical señala lo siguiente “[l]os internos condenados, previo informe favorable del Consejo Técnico del respectivo establecimiento penitenciario y a partir de los doce meses anteriores al día en que cumplan el tiempo mínimo para optar a la libertad condicional, podrán solicitar autorización al Alcaide para salir del establecimiento los días domingos, sin custodia, por un período de hasta quince horas por cada salida”.

6) Que, a continuación, el Reglamento antes citado, en su artículo 118, dispone que “[e]l Jefe de Establecimiento será asesorado por un organismo colegiado que se denominará Consejo Técnico, que él presidirá. El Consejo Técnico estará integrado, además, por el Jefe Operativo y por los oficiales penitenciarios, personal de vigilancia, profesionales y funcionarios a cargo de áreas y programas de rehabilitación y del normal desarrollo del régimen interno”… “El Jefe del Establecimiento podrá invitar a las sesiones del Consejo a miembros de la comunidad, representantes de organismos comunitarios, o a personas vinculadas con los temas a tratar. El Jefe del Establecimiento será responsable de la marcha general del Consejo Técnico y del efectivo desarrollo de sus labores.”

7) Que, cabe tener presente que la información solicitada en el presente amparo, en aplicación de los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, serían, en principio, públicos, toda vez que se trata de documentos que dan cuenta de los fundamentos para la adopción de resoluciones de un órgano de la Administración del Estado.

8) Que, en el presente análisis corresponde tener presente el criterio que reiteradamente ha planteado este Consejo, en diversas decisiones (A47-09, A91-09, A181-09, C434-09, C95-10, entre otras) en cuanto a que la esfera de la intimidad de los servidores públicos es más delimitada, precisamente en virtud de la función que ejercen, no obstante en este caso se invoca el derecho a la seguridad de dichos funcionarios, pero no se acredita el modo en que dicho derecho se vería afectado, limitándose el Director de Gendarmería a señalar que divulgar dicha información podría afectar el derecho a la seguridad de quienes emiten un juicio y una deliberación con respecto a un interno.

9) Que, de acuerdo a los antecedentes tenidos a la vista en el presente amparo, se ha podido establecer que, por lo general, las actas de cesión del Consejo Técnico contienen la individualización de diversos funcionarios de Gendarmería, tales como el Alcaide del Centro de Cumplimiento Penitenciario Especial (CCPE) Punta Peuco; el Jefe de Régimen Interno; un asistente social, un psicólogo, una abogada; un paramédico y el Secretario del Consejo Técnico.

10) Que este Consejo ha señalado en diversas oportunidades que cuando se alega una causal de secreto o reserva, consecuencia de la cual se extinga la obligación de hacer entrega de información pública, corresponde a quien la invoca acreditarla, lo que en este caso no ha ocurrido, toda vez que Gendarmería de Chile se limita a invocar dicha causal, mas no aporta antecedentes que avalen la suficiencia de la misma.

11) Que, además, en el caso concreto en análisis, este Consejo no ve de qué manera la comunicación de la información requerida, en particular los nombres de los diversos funcionarios públicos intervinientes en el procedimiento de emisión de informe del Consejo Técnico, podría afectar sus derechos, en especial su derecho a la seguridad, toda vez que éstos actúan en la elaboración y confección de tales documentos precisamente en su condición de funcionario público.

12) Que, a mayor abundamiento, el interés público y el necesario ejercicio del control social de los informes que se evacúen respecto de una solicitud de beneficios como la salida dominical, en este caso, es mayor que el posible riesgo que pudiera ocasionar la comunicación de esta información al reclamante.

13) Que, por otra parte, dado que parte de la información requerida se refiere al propio reclamante, este Consejo entiende que dicha solicitud se realiza en ejercicio del denominado habeas data. Así, el artículo 12 de la Ley N° 19.628 establece que uno de los derechos del titular de los datos personales es exigir a quien sea responsable de un banco, que se dedique en forma pública o privada al tratamiento de datos personales, información sobre los datos relativos a su persona, su procedencia y destinatario, el propósito del almacenamiento y la individualización de las personas u organismos a los cuales sus datos son transmitidos regularmente. Este derecho es también conocido como derecho de acceso del titular de datos personales y se comprende dentro del habeas data.

14) Que, analizada la legislación y los antecedentes del presente amparo, en este caso se puede estimar que, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Nº 19.628, la solicitud realizada por el reclamante puede ser amparada por la Ley de Transparencia, por las siguientes razones, toda vez que estamos frente a una solicitud de información –de datos personales- que obran en poder de un órgano de la Administración del Estado:

a) Que, en primer lugar, de acuerdo a lo prescrito por los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, dicha información obra en poder de un órgano de la Administración del Estado para cumplir con una de sus finalidades propias, cual es el aprobar o rechazar las solicitudes de indulto que se le presenten por las personas privadas de libertad.

b) Que procede aplicar lo ya decidido por este Consejo respecto de los amparos C494-09 y C337-10, en los cuales se estableció que la base de datos en que estaría contenida la información sobre la orden de aprehensión o la orden de arraigo de un reclamante, al ser elaborada con fondo públicos y encontrarse en poder de la reclamada, constituye información pública, de acuerdo a los artículos 5º y 10° de la Ley de Transparencia y, a mayor abundamiento, como hemos precisado, se trata de datos personales solicitados por su titular.

c) Que, asimismo, respecto de dicho amparo se estableció que la solicitud de acceso buscaba aclarar la existencia de una supuesta orden de aprehensión asociada al nombre del reclamante, ante lo cual se justificó acoger el reclamo, por tratarse de un solicitud de datos personales del reclamante, según la definición del artículo 2°, letra f) de la Ley N° 19.628, es decir, “relativos a cualquier información concerniente a personas naturales identificadas o identificables”, amparada también por el artículo 12 de la misma ley.

d) Que de la misma manera refuerza el criterio adoptado por este Consejo en este caso, lo resuelto en el amparo C134-10, en cuanto a que este requerimiento se encuentra amparado por la Ley de Transparencia, según los fundamentos ya expuestos.

15) Que, por todo lo señalado precedentemente, este Consejo acogerá el amparo y requerirá, por tanto a Gendarmería de Chile que haga entrega de toda la información solicitada, a saber, copia certificada de las deliberaciones y acuerdos que constan en el acta respectiva de los Consejos Técnicos, relativos a las opiniones de sus integrantes, sin tarjar los nombres de los funcionarios públicos que hayan intervenido en el procedimiento administrativo relativo a la elaboración del acta de sesión del Consejo Técnico, y copia de las presentaciones hechas ante la Comisión de Libertad Condicional, en el periodo señalado, solo en lo referido al reclamante don Luis Fernando Romo Morales.

16) Que, en último término, cabe llamar la atención de la reclamada en cuanto a la calificación de secretos o reservados que habría realizado en virtud del artículo 23 de la Ley de Transparencia, de los antecedentes en que consta la reunión del Consejo Técnico, celebrado el 18 de agosto de 2009, materializado en virtud del oficio ordinario N° 1.346, de 21 de octubre del mismo año. Al respecto, cumple este Consejo con reiterar las directrices impartidas mediante Instrucción General N° 3, para una adecuada aplicación del artículo 23 antes citado, aclarando en primer término que “[l]os órganos o servicios de la Administración del Estado deberán abstenerse de dictar actos o resoluciones que creen o especifiquen otras categorías de actos secretos o reservados, para los efectos del Índice del artículo 23 de la Ley, diferentes de las precedentemente señaladas. A este respecto, debe tenerse presente que, conforme al artículo 8° de la Constitución Política de la Republica, solo por ley de quórum calificado puede establecerse la reserva o secreto de los actos o resoluciones de los órganos del Estado” (punto 3 de la Instrucción en comento). A lo anterior se suma, en lo que al presente amparo interesa, lo señalado el punto 2 de la misma Instrucción N° 3, el que “[l]as resoluciones denegatorias (que resuelvan los procedimientos administrativos de acceso a la información)deberán incorporarse una vez que se encuentren firmes, es decir, cuando: / a) Habiendo transcurrido el plazo para presentar la reclamación a que se refiere el artículo 24 de la Ley, esta no se hubiere presentado; / b) Habiéndose presentado la reclamación anterior, el Consejo hubiere denegado el acceso a la información sin que se interpusiere el reclamo de ilegalidad en el plazo contemplado en el artículo 28 de la Ley, / c) Habiéndose presentado el reclamo de ilegalidad, la Corte de Apelaciones confirmare la resolución denegatoria del órgano o servicio de la Administración del Estado”. En atención a lo analizado, especialmente lo resuelto en la presente decisión, procede que Gendarmería de Chile actualice la información contenida en su índice de actos y documentos calificados como secretos, que en el caso de la reunión del Consejo Técnico, celebrado el 18 de agosto de 2009, deberá extraerse del mismo.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I) Acoger parcialmente el reclamo de don Luis Fernando Romo Morales en contra de Gendarmería de Chile, por los fundamentos señalados precedentemente.

II) Requerir al Director Nacional de Gendarmería:

a) Haga entrega al reclamante, en el domicilio consignado al efecto, previo pago de los costos directos de reproducción, de copia de los informes solicitados y relativos a su persona, en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

b) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la dirección postal de este Consejo (Morandé N° 115, Piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III) Requerir al Director Nacional de Gendarmería instruir a sus centros penitenciarios a fin de tomar las medidas conducentes a agilizar la entrega de la correspondencia relativa a las respuestas de solicitud de acceso a la información, a fin de respetar los plazos consagrados en la Ley de Transparencia.

IV) Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente acuerdo a don Luis Fernando Romo Morales y al Sr. Director Nacional de Gendarmería de Chile.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Raúl Urrutia Ávila y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Juan Pablo Olmedo Bustos. No firma el Consejero Olmedo por no estar presente al momento de la firma. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.