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Francisco Contreras Arce con MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA Rol: C248-10

Consejo para la Transparencia, 23/07/2010

Se formuló amparo por denegación de acceso a la información alegando no haber recibido respuesta a su solicitud de información por parte del Ministerio del Interior, que consistía en acceso y copia de la propuesta de anteproyecto legislativo que regula los temas de extranjería, al que se hace mención en el documento disponible en su sitio web denominado “Evolución de la gestión gubernamental desde 1990”. Además, solicita que el envío de la información así como cualquier notificación. El Consejo no ve de qué manera la entrega del anteproyecto de ley podría afectar el debido cumplimiento de sus funciones, particularmente tratándose de un texto elaborado por un Gobierno anterior a la actual administración que, por tal razón, no compromete a ésta, debiendo considerar, a mayor abundamiento, que la reclamada expresó en la audiencia aún no haber definido el curso de acción que adoptará en esta materia. En el caso particular en análisis resulta pertinente destacar que la información requerida recae en un tema de alta relevancia pública, tanto por la trascendencia social que revisten los temas migratorios como por la necesidad de incorporar los compromisos internacionales sobre la materia, por lo que el interés público exige facilitar el control social de esta información. Por todo lo señalado precedentemente, considerando sus particulares circunstancias, se deberá acoger el amparo interpuesto y requerir a la Subsecretaría del Interior que haga entrega del anteproyecto de ley requerido y que ha denegado.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente


Descriptores analíticos:

Tema Justicia
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Operacionales.Estudios o investigaciones.Documentos 

Sentencias o resoluciones sobre esta decisión:



Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Raúl Urrutia Ávila (Unánime), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • Juan Pablo Olmedo Bustos (Unánime)
  • Roberto Guerrero Valenzuela (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C248-10

Entidad pública: Ministerio del Interior

Requirente: Francisco Contreras Arce

Ingreso Consejo: 30.04.2010.

En sesión ordinaria N° 168 de su Consejo Directivo, celebrada el 23 de julio de 2010, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del reclamo Rol C248-10.

VISTOS:

Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; la Ley N° 20.285, de 2008, sobre acceso a la información pública; la Ley N° 19.880, del 2003, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285 y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Que el 18 de marzo de 2010 don Francisco Contreras Arce solicitó al Ministerio del Interior, acceso y copia de la propuesta de anteproyecto legislativo que regula los temas de extranjería, al que se hace mención en el documento disponible en su sitio web denominado “Evolución de la gestión gubernamental desde 1990”. Además, solicita que el envío de la información así como cualquier notificación al respecto le sea remitida al correo electrónico contrepomelo@hotmail.com.

2) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: Don Francisco Contreras Arce formuló amparo por denegación de acceso a la información el 30 de abril de 2010 ante el Consejo para la Transparencia, alegando no haber recibido respuesta a su solicitud de información.

Agrega como argumento de su amparo el que dicho documento ha sido solicitado en varias oportunidades anteriores al Departamento de Extranjería y Migración, obteniéndose sólo respuestas evasivas y verbales, siendo la más habitual el que dicho anteproyecto se encuentra "en estudio" o "en revisión". Indica que la última vez en que se solicitó públicamente dicho documento a la autoridad, fue con ocasión de la realización de un taller de trabajo de diversas organizaciones vinculadas a temas migratorios, el 6 de mayo de 2009.

Finalmente el requirente destaca que de las propiedades del documento (formato PDF) mediante el cual la autoridad anuncia la existencia del anteproyecto legislativo objeto de la solicitud, se desprende que éste habría sido creado el día 20 de septiembre de 2007.

3) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Que el Consejo Directivo de este Consejo, en su sesión ordinaria N° 147, de 11 de mayo de 2010, acordó admitir a tramitación este amparo trasladándolo, mediante Oficio N° 858, de 18 de mayo de 2010, al Sr. Subsecretario del Interior, quien evacuó respuesta mediante Oficio N° 6.434, de 1° de junio de 2010, señalando, en resumen, lo siguiente:

a) Que, en respuesta a la solicitud de información del Sr. Contreras se emitió el Oficio N° 3.520, de 24 de marzo de 2010, sin perjuicio de lo cual, reconoce la Subsecretaría del Interior haber cometido un error al remitir dicha respuesta al reclamante a un correo electrónico distinto al señalado por éste al efecto. Agrega que apenas tomó conocimiento del presente reclamo y se detectó el error, habría remitido el oficio respuesta a la dirección de correo electrónico correcta. Adjunta a su informe copia de correos y de oficio respuesta.

b) Mediante el Oficio N° 3.520, antes citado, la autoridad requerida, en base a lo dispuesto en el artículo 21, número 1, letra b), de la Ley 20.285, sobre acceso a la información pública, denegó el acceso a la información requerida.

c) Fundamenta tal denegación, en primer lugar, en que, conforme a lo dispuesto en el citado artículo, se podrá denegar el acceso a la información cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido. Este artículo, además, señala como ejemplo que la publicidad, comunicación o conocimiento afecta el debido cumplimiento de las funciones del órgano cuando el objeto de la solicitud trata de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquélla sean públicos una vez que sean adoptadas.

d) Agrega que un mensaje a través del cual el Presidente de la República da inicio a la tramitación de un proyecto de ley, constituye una medida o política de la autoridad. Así, un proyecto de ley sobre temas de extranjería constituye una decisión de la autoridad que expresa una medida o política en la materia. Por su parte, un anteproyecto de ley constituye un antecedente del respectivo proyecto. De ahí, que el anteproyecto de ley como el que requiere mediante su solicitud constituye un antecedente de una medida o política en materia de extranjería, todo lo cual justificaría la denegación, sin perjuicio de que estos antecedentes puedan ser públicos una vez que se resuelva si se presentará o no el proyecto de ley respectivo.

4) CONVOCATORIA A AUDIENCIA: En sesión ordinaria N° 162 de este Consejo Directivo, celebrada el 2 de julio de 2010, se acordó celebrar una audiencia en este caso, conforme al art. 25, inciso final, de la Ley de Transparencia, notificando a las partes de su fecha de realización a través del oficio n° 1214, de 5 de julio de 2010, y señalando en él que la audiencia versaría especialmente sobre los siguientes hechos:

a) La manera específica en que se produciría la afectación del debido cumplimiento de las funciones de la Subsecretaría requerida con la publicidad de la información solicitada;

b) En qué medida la propuesta de anteproyecto solicitada constituía un antecedente previo que fundará, directa y necesariamente, la política que se pretende adoptar en materia de migración y extranjería;

c) La relación de causalidad entre dicha propuesta de anteproyecto y la adopción de tal política;

d) El grado de certeza respecto de la adopción de la política anunciada, consistente, según lo ha afirmado la reclamada, en la presentación de un proyecto de ley en temas migratorios y de extranjería.

Finalmente, y sin perjuicio de lo anterior, se requirió a la Subsecretaría del Interior para que remitiera a este Consejo, en forma previa a la realización de la audiencia decretada, copia de la propuesta del anteproyecto legislativo solicitado por el peticionario, en las condiciones que establece el artículo 26 de la Ley de Transparencia.

5) TÉNGASE PRESENTE DEL SOLICITANTE: Que mediante presentación de 14 de julio de 2010, don Francisco Contreras Arce, asistido por don Alberto Urzúa Toledo, ayudante de la Clínica de Acceso a la Información Pública de la Universidad Alberto Hurtado, considerando la respuesta al traslado entregada por la Subsecretaría del Interior, solicita se tenga presente lo siguiente:

a) Que el Ministerio del Interior no controvierte la existencia de la propuesta del anteproyecto legislativo, sino más bien la reconoce derechamente, no obstante lo cual, deniega la entrega de la información solicitada.

b) Que aún así, no fundamenta la denegación aplicando una prueba de interés público que contrarreste el principio de máxima divulgación. Ni siquiera explica, ni convence, cómo afecta la entrega del documento requerido el debido cumplimiento de sus funciones, sino que “simplemente se limita a clasificar el anteproyecto de ley dentro de la información susceptible de ser reservada dentro de la causal del artículo 21 (1) (b) de la Ley de Transparencia”.

c) Aclara el reclamante en su presentación que no basta con encuadrar la información solicitada dentro de una causal de reserva o secreto, sino que además, debiera la autoridad requerida por una petición de acceso a la información acreditar la efectividad de encontrarse en un proceso de toma de decisión que resuelva la materia en cuestión y, además, demostrar que la información requerida forma parte de dicho proceso, sin perjuicio de fundamentar la invocación de una causal de reserva o secreto esgrimiendo el interés público que existe en contra de la divulgación de la información requerida y con ello justificar el mantenimiento de la reserva o secreto de ésta. En efecto, la comprobación de encontrarse en medio de una discusión de una medida, política o programa, no se ha efectuado por el reclamado, y sin duda que resultaría al menos dudoso sostener que dicho proceso de toma de decisión lleva a lo menos 3 años de duración, tomando como referencia la fecha de creación del archivo PDF que contiene el documento titulado "Evolución de la Gestión Gubernamental desde 1990: Desarrollo del fenómenos de las migraciones en Chile".

d) A continuación cita una serie de informes de distintas organizaciones, en base a los cuales fundamenta la importancia de materializar la modernización de la legislación migratoria, junto con entregar argumentos en apoyo de la conveniencia de abrir el debate a la ciudadanía en la elaboración de políticas y medidas por parte de la autoridad.

e) Finalmente reafirma la idea de que existe un interés público superior en favor de la divulgación del anteproyecto de ley sobre extranjería, pues su conocimiento permite la participación pública y el debate científico-jurídico, la rendición de cuentas y la transparencia. Agrega que además debe considerarse que:

i. La información relativa a un anteproyecto de ley no consiste en comunicaciones entre funcionarios públicos, ni entre Ministros, ni entre éstos y aquellos, en consecuencia, sus características son netamente formales tanto en la presentación como en el contenido. Por lo tanto la información requerida es mucho menos sensible en su naturaleza que las comunicaciones entre funcionarios y/o Ministros, ya que la información no contiene sus opiniones personales, ni contiene diferencias internas sobre sus puntos de vista.

ii. No se halla en un anteproyecto de ley alguna naturaleza intrínsecamente sensible, inclusive desde el momento en que fue creado. Por una parte, el anteproyecto se ha destinado a un público más amplio que los funcionarios y autoridades del Ministerio del Interior, como lo demuestra su circulación a través de listas de distribución. Por otra parte, aunque fuera la información en cuestión de alguna forma sensible, dicha sensibilidad se reduce con el paso del tiempo. Por lo tanto, debe considerarse también a la luz del tiempo transcurrido desde que se produjo la naturaleza y el contenido del anteproyecto de ley, si verdaderamente se justifica retener dicha información.

iii. Esta información podría aumentar la comprensión del público en cuanto a la doctrina jurídica y legislación comparada con la que el Gobierno basa su toma de decisiones.

Finalmente, agrega que a su juicio en este escenario de investigación y discusión resulta fundamental, pertinente y de la mayor relevancia el que las diferentes organizaciones de la sociedad civil que trabajan en temas migratorios, que conocen su realidad y que pueden dar una opinión fundada al respecto, tengan acceso al anteproyecto de ley objeto de este procedimiento.

6) ANTECEDENTES ACOMPAÑADOS POR LA SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR: Mediante Oficio N° 8635, de 20 de julio de 2010, el Sr. Subsecretario del Interior, en respuesta a la solicitud formulada por este Consejo, remitió copia del Anteproyecto de Ley de Migración, destacando que se trata del anteproyecto que obraba en dicha Secretaría de Estado al momento de la solicitud de autos, que fue elaborado por la administración anterior y remitido al Ministerio de Relaciones Exteriores durante el primer semestre de 2009.

7) REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA: La audiencia convocada se realizó en la sesión ordinaria N° 168, celebrada de este Consejo Directivo de esta Corporación el 23 de julio de 2010, con la participación, por una parte, de la abogada doña Macarena Rodríguez Atero y el habilitado de derecho don Alberto Urzúa Toledo, actuando en representación del requirente de amparo don Francisco Contreras Arce, y, por otra parte, del egresado de Derecho don Manuel Antonio Pérez Saavedra, quien representó presencialmente al Subsecretario del Interior, acompañando todos ellos poder extendido en los términos del artículo 22 de la Ley Nº 19.880. Asistió igualmente, la Jefa del Departamento de Extranjería y Migración, doña Carmen Gloria Daneri Hermosilla. A esta sesión no concurrió, por encontrarse ausente, el Consejero don Roberto Guerrero Valenzuela.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, en forma previa a abordar el fondo del asunto discutido, cabe hacer presente las siguientes consideraciones de hecho:

a) En primer lugar, el documento al que hace mención el requirente denominado “Evolución de la Gestión Gubernamental desde 1990” (texto disponible en http://www.extranjeria.gov.cl/filesapp/migraciones.pdf), corresponde a una referencia histórica y política del desarrollo del fenómeno de las migraciones en Chile en el periodo que va desde el año 1990 al de la redacción del mismo, esto es, el 20 de septiembre de 2007, resaltando primeramente que “la visión del Gobierno de Chile en materia migratoria se enfoca a regular la inmigración de manera que beneficie tanto a los inmigrantes como a las comunidades de origen”. Destaca a continuación el hecho de que “en los más importantes foros internacionales, se ha analizado la relación de este fenómeno con el respecto de los Derechos Humanos,…, dando un importante lugar a la contribución de los Estados para combatir los efectos negativos que fenómenos de esta envergadura pueden producir tanto para sus protagonistas, como para las sociedades involucradas, si no existe una regulación del fenómeno por parte de los agentes estatales y una sociedad civil atenta a apoyar a los protagonistas de estos procesos.”

b) El mismo documento, luego de hacer una caracterización de la Inmigración en Chile y un análisis de la gestión migratoria a nivel gubernamental desde el año 1990, explicita, bajo el título de “Principales elementos de la Gestión Migratoria Actual”, los compromisos que en esta materia adquirió la ex Presidenta Michelle Bachelet, donde uno de sus componentes esenciales fue el “impulso de una nueva legislación de extranjería, que incorpore compromisos internacionales suscritos por Chile”. El texto en comento, en su parte final añade que “en lo relativo a la promoción de la modernización de la institucionalidad, legislación y gestión migratoria en Chile, la gestión [sic] ha estado centrada en el desarrollo de iniciativas legislativas, tanto en el ámbito de las migraciones como del refugio, de manera de responder explícitamente a los requerimientos que se han establecido en el Programa de Gobierno para el periodo 2006-2010”. Por último reconoce que “contamos con propuestas de anteproyecto legislativo, tanto para regular el tema de extranjería como de refugio, que en la actualidad diversos organismos gubernamentales revisan y perfeccionan, y que tiene como finalidad la modernización del sistema inmigratorio en Chile” (todo lo destacado es nuestro).

c) En el mismo orden de ideas, cabe hacer presente que mediante oficio GAB. PRES. N° 9, de 2 de septiembre de 2008, la ex Presidenta Bachelet impartió instrucciones a una serie de ministerios y servicio públicos, sobre la “Política Nacional Migratoria”, y dentro del apartado referido a la “Modernización de la gestión migratoria”, destaca la creación del Consejo de Política Migratoria, encargado entre otras materias, de generar propuestas que regulen los efectos de la migración. A continuación señala el documento que “se generarán sistemas eficientes de respuesta a las demandas de los inmigrantes residentes en Chile, a través de la modernización tanto de la legislación migratoria como de otras normas no migratorias pero que tengan incidencia en el fenómeno”, agregando a continuación que “en virtud de lo establecido en el Programa de este Gobierno, se propondrá una nueva Ley de Migración, en acuerdo con los principios expuestos en esta política, con el fin de adaptar la legislación vigente a los nuevos modelos de desarrollo definidos para el país, especialmente, los referidos a la integración y complementación económica.”

d) Finalmente, este último documento citado entrega al Ministerio del Interior, a través del Departamento de Extranjería y Migración (dependiente de la Subsecretaría del Interior), actuando como secretaría técnica del Consejo de Política Migratoria, elaborar “una estrategia intersectorial de implementación de los principios establecidos en esta Política”.

2) Que, por su parte y previo a la argumentación de fondo en base al cual se decidirá el presente amparo, respecto al término dentro del cual se ha dado respuesta a la solicitud de información, sin perjuicio de valorar la actitud de la reclamada, en orden a corregir el error en que incurriera al enviar su contestación a un correo electrónico distinto del señalado por el solicitante, se advierte que ésta fue dada, en los hechos, en forma manifiestamente extemporánea, de acuerdo al plazo contemplado en el artículo 14 de la Ley de Transparencia (aplica criterio planteado en decisión Rol C347-09), infringiéndose además el principio de oportunidad consagrado en el artículo 11, letra h), de la misma normativa antes citada, conforme al cual los órganos de la Administración del Estado deben proporcionar respuesta a las solicitudes de información dentro de los plazos legales, con la máxima celeridad posible y evitando todo tipo de trámites dilatorios, todo lo cual debe representársele a la Subsecretaría reclamada.

3) Que, consultado el requirente don Francisco Contreras Arce, respecto a la recepción de la respuesta de parte de la Subsecretaría del Interior a su solicitud de información, mediante correo electrónico de 30 de junio de 2010, éste confirmó haberla recibido, con posterioridad a la presentación del presente amparo, y que la respuesta entregada no respondía adecuadamente a la información requerida. Así las cosas, resulta pertinente pronunciarse sobre el fondo de la respuesta entregada por la autoridad requerida.

4) Que, como consideración preliminar, resulta necesario destacar que los antecedentes que se solicitan y que dan origen al presente amparo, corresponden a información que obra en poder de la reclamada y que ha sido elaborada con presupuesto público, por lo que al tenor del artículo 5° de la Ley de Transparencia son, en principio, públicos. Además, la letra c) del artículo 11 del mismo cuerpo legal establece como uno de los principios rectores del derecho de acceso a la información el principio de apertura o transparencia, conforme al cual toda la información en poder de los órganos de la Administración del Estado se presume pública, a menos que esté sujeta a las excepciones o limitaciones establecidas por leyes de quórum calificado.

5) Que, tal como se ha descrito en la parte expositiva de esta decisión y como fue reiterado en la audiencia llevada a cabo ante este Consejo, la Subsecretaría del Interior ha denegado la información requerida por el reclamante, esto es, una copia de la propuesta de anteproyecto legislativo que regula los temas de extranjería, al que se hace mención en el documento denominado “Evolución de la gestión gubernamental desde 1990”, invocando la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia que establece que cuando la publicidad, comunicación o conocimiento de la información afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas. En tales términos, la reclamada ha señalado que el anteproyecto de ley constituye un antecedente del respectivo proyecto que, a su turno, constituiría una decisión de la autoridad que expresa una medida o política, en este caso en materia de extranjería, todo lo cual justificaría la denegación.

6) Que junto con los antecedentes reunidos en este proceso, resulta necesario resaltar lo establecido por este Consejo en casos similares, en cuanto a que deben concurrir dos requisitos copulativos para los efectos de configurar la causal de reserva invocada, (aplica criterio presente en decisiones recaídas en amparos A12-09, A47-09 y A79-09), a saber:

a) Que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política.

b) Que la publicidad, conocimiento o divulgación de dicha información afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano.

7) Que, con el propósito justamente de constatar la concurrencia en el presente caso de tales requisitos, este Consejo, conjuntamente con tener en consideración las presentaciones y antecedentes proporcionados por las partes, dispuso la realización de una audiencia pública al efecto. En dicha audiencia las partes asistentes argumentaron en torno a la oportunidad y medio a través del cual se dio la respuesta a la solicitud por parte de la Subsecretaría reclamada, expresando cada parte, además, según correspondiere, los fundamentos para dar o no por acreditada la causal de reserva invocada, pronunciándose especialmente sobre si el anteproyecto requerido constituía o no un antecedente previo para la adopción de alguna medida o política de la autoridad; sobre si dicha medida o política se adoptaría, y en qué medida se produciría, en su caso, la afectación del debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado.

8) Que, teniendo presente lo anterior, cabe consignar, respecto a la primera de las exigencias previstas en el literal a) del considerando 6), que este Consejo estima que debe existir un vínculo preciso de causalidad entre el antecedente o deliberación previa –en este caso la propuesta de anteproyecto legislativo–, y la resolución, medida o política a adoptar por la Subsecretaría del Interior, de manera tal que sea claro que la primera originará la segunda. En la especie, la reclamada ha sostenido que el anteproyecto de ley constituye un antecedente previo a la adopción de una medida o política pública, la que consistirá en la presentación de un proyecto de ley, a través de un mensaje del Presidente de la República, sobre materias de extranjería. No obstante ello, a juicio de este Consejo, dicha alegación no resulta suficiente para dar aplicación a esta causal, no sólo porque no se ha justificado con meridiana claridad que el citado anteproyecto sea un antecedente previo que necesariamente originará y fundará la referida política, de adoptarse ésta, sino porque dicha causal también supone que exista cierto grado de certidumbre respecto de la adopción de la resolución, medida o política dentro de un plazo prudencial, incluso si la decisión consistiese, al final, en no hacer nada. No entenderlo así llevaría a que los fundamentos de la decisión fuesen indefinidamente reservados, lo que pugna con el sentido de la Ley de Transparencia y los principios de su artículo 11. En otras palabras, la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 1 letra b) no puede quedar sometida a una condición meramente potestativa, esto es, no puede depender de la mera voluntad o discrecionalidad del órgano requerido.

9) Que, además, la Subsecretaría debía acreditar qué daño concreto y específico le causaría al debido cumplimiento de sus funciones la difusión de esta información, lo que en este caso tampoco se ha verificado, particularmente teniendo en consideración que este Consejo convocó a la partes a una audiencia con tal objeto. A mayor abundamiento, no se ve de qué manera la entrega del anteproyecto de ley podría afectar el debido cumplimiento de sus funciones, particularmente tratándose de un texto elaborado por un Gobierno anterior a la actual administración que, por tal razón, no compromete a ésta, debiendo considerar, a mayor abundamiento, que la reclamada expresó en la audiencia aún no haber definido el curso de acción que adoptará en esta materia. Es más, la ausencia de tal definición hace que no sea factible acreditar "...una causalidad clara entre los antecedentes que se quiere reservar y la adopción de una decisión en base a aquéllos, de manera que ésta última se vaya a producir y no sea solamente una posibilidad cuya probabilidad de concreción sea incierta", como exigió este Consejo en la decisión sobre la reposición presentada en el amparo A79-09, de 10 de junio de 2009.

10) Que, en el caso particular en análisis resulta pertinente destacar que la información requerida recae en un tema de alta relevancia pública, tanto por la trascendencia social que revisten los temas migratorios como por la necesidad de incorporar los compromisos internacionales sobre la materia, por lo que el interés público exige facilitar el control social de esta información. Es más, su entrega y conocimiento, más que afectar las funciones del órgano reclamado puede incluso beneficiarlas, –tal y como reconoció la Administración anterior al formular los lineamientos generales sobre la política migratoria en Chile– en cuanto permitiría transparentar las gestiones que el Gobierno se encuentra realizando en relación con la adopción de las medidas necesarias para corregir las problemáticas que en materia migratoria y de refugio se han podido constatar en los últimos años.

11) Que por todo lo señalado precedentemente, considerando sus particulares circunstancias, se deberá acoger el amparo interpuesto y requerir a la Subsecretaría del Interior que haga entrega del anteproyecto de ley requerido y que ha denegado.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTS. 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

1) Acoger el amparo interpuesto por don Francisco Contreras Arce en contra de la Subsecretaría del Interior, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte considerativa de esta decisión.

2) Requerir a la Subsecretaría del Interior que entregue al solicitante la información pedida dentro del plazo de 5 días hábiles, contados desde que quede ejecutoriada la presente decisión con copia a este Consejo, sea a la dirección Morandé N° 115, Piso 7°, comuna y ciudad de Santiago o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, con el fin de verificar el cumplimiento de esta decisión.

3) Requerir a la reclamada que, en lo sucesivo, dé cumplimiento al plazo dispuesto en el artículo 14 y a las demás disposiciones de la Ley de Transparencia.

4) Encomendar al Director General de este Consejo notificar el presente acuerdo a don Francisco Contreras Arce, a doña Macarena Rodríguez Atero, a don Alberto Urzúa Toledo, al señor Subsecretario del Interior y a la Jefe del Departamento de Extranjería y Migración dependiente de dicho Ministerio.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Raúl Urrutia Ávila y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi y don Juan Pablo Olmedo Bustos. Se deja constancia que el Consejero don Roberto Guerrero Valenzuela no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.