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Marcos Correa Pérez con SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES (SP) Rol: C970-12

Consejo para la Transparencia, 10/10/2012

Se dedujo amparo en contra de la Superintendencia de Pensiones, fundado en que le fue denegada la información de su solicitud sobre evaluación del desempeño u otro equivalente que efectúe evaluación del personal de la SP, de todos los funcionarios que conforman el nivel directivo de la SP (Superintendente, fiscal, jefes de unidad o división). Para los funcionarios indicados, el detalle de las ausencias, permisos con goce de sueldo y sin goce de sueldo, licencias, u cualquier otro tipo de ausencia tipificada por el área de recursos humanos de la institución, indicando cantidad de días por período”. El Consejo señaló que se acoge el amparo, por no haber respondido al requirente dentro del plazo legal a la solicitud de información que le da origen, no obstante tener por entregada la información requerida en forma extemporánea.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Da por entregada


Descriptores analíticos:

Tema Trabajo
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 


Consejeros:

  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Ausente), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C970-12

Entidad pública: Superintendencia de Pensiones

Requirente: Marcos Correa Pérez

Ingreso Consejo: 06.07.2012

En sesión ordinaria N° 379 de su Consejo Directivo, celebrada el 10 de octubre de 2012, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C970-11.

VISTO:

Los artículos 5° inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la Ley N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y, los D.S. N° 13/2009 y 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 29 de mayo de 2012 don Marco Correa Pérez requirió a la Superintendencia de Pensiones –en adelante también SP– la siguiente información en relación a los años 2009, 2010 y 2011:

a) “Evaluación del desempeño u otro equivalente que efectúe evaluación del personal de la SP, de todos los funcionarios que conforman el nivel directivo de la SP (Superintendente, fiscal, jefes de unidad o división).

b) Para los funcionarios indicados, el detalle de las ausencias, permisos con goce de sueldo y sin goce de sueldo, licencias, u cualquier otro tipo de ausencia tipificada por el área de recursos humanos de la institución, indicando cantidad de días por período”.

2) RESPUESTA: La SP respondió a la antedicha solicitud mediante ORD. N° 15.055, de 26 de junio de 2012, a través de la cual señaló, en síntesis, lo siguiente:

a) Respecto del primer punto comprendido en la solicitud (letra a), los funcionarios consultados no se encuentran sujetos a calificación profesional interna, al ser funcionarios de exclusiva confianza. Sin perjuicio de ello, parte de los funcionarios consultados se encuentran adscritos al sistema de Alta Dirección Pública quienes pueden ser identificados en el sitio web institucional, en el tópico referido a dotación de personal, en el link: http://www.spensiones.cl/transparente/planta_historico.htlm. Conforme lo establece el Reglamento que regula la formulación y funcionamiento de los convenios de desempeño para los altos directivos públicos establecidos en el párrafo 5° del Título VI de la Ley N° 19.882, la evaluación del cumplimiento de las metas y desempeño suscritos por aquellos funcionarios, es información que obra en poder de la Dirección Nacional del Servicio Civil.

b) Respecto del segundo punto comprendido en la solicitud (letra b), señala adjuntar un cuadro en formato Excel que contiene los antecedentes requeridos.

3) AMPARO: El 06 de junio de 2012 el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la SP, fundado en que le fue denegada la información comprendida en la letra a) de su solicitud, argumentando al efecto lo siguiente:

a) Los funcionarios adscritos al Sistema de Alta Dirección Pública (SADP) se encuentran sujetos a evaluaciones de desempeño, ya que firman con su superior jerárquico convenios de desempeño, que cumplen la doble función de orientar y evaluar el desempeño de esos funcionarios, teniendo cada uno de ellos una duración de 3 años. En dichos convenios se incluyen las metas anuales estratégicas de desempeño del cargo y los objetivos o resultados a alcanzar, con los correspondientes indicadores, medios de verificación y supuestos básicos en que se basa el cumplimiento de los mismos. A su vez, el alto directivo debe informar a su superior jerárquico el grado de cumplimiento de las metas y los objetivos, correspondiendo al ministro del ramo o al jefe superior de servicio, según corresponda, determinar el cumplimiento de los objetivos acordados.

b) En el oficio de respuesta, la SP no proporcionó la información requerida al estimar que por ser funcionarios del SADP, los funcionarios consultados no se encuentran sujetos a calificación profesional, sin embargo, ello se contrapone con lo indicado en el punto anterior. Además, no invoca causales de secreto o reserva para denegar la entrega de los convenios de desempeño y evaluación, así como las métricas utilizadas para evaluar el cumplimiento de metas y objetivos.

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo mediante Oficio Nº 2.515, de 18 de julio de 2012, a la Sra. Superintendenta de Pensiones, solicitándole que al formular sus observaciones o descargos se refiriera únicamente a la solicitud indicada en literal a) del requerimiento de información, invocando en su caso, las causales de secreto o reserva que estimare procedentes. Mediante Ordinario Nº 18.216, de 2 de agosto de 2012, dicha autoridad formuló sus descargos y observaciones al presente amparo, señalando, en síntesis, lo siguiente:

a) La SP originalmente interpretó que la evaluación a la que se refería la solicitud estaba correspondía a una de naturaleza exclusivamente interna, independiente de aquélla realizada en el marco del Sistema de Alta Dirección Pública. Tal interpretación motivó la respuesta inicial en torno a la inexistencia de lo solicitado, cuyo sustento legal se encuentra en la normativa que rigen al organismo, esto es, el 16 del D.F.L. N° 101, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que establece el estatuto orgánico de la actual SP, su organización y atribuciones, y que prescribe que a aquél organismo y a su personal no le son aplicables las normas generales o especiales que regulan la Administración del Estado, tanto centralizada como descentralizada, salvo lo dispuesto en el decreto ley N° 1.263, de 1975, y de cuyo tenor se desprende que el D.S. N° 1825 del Ministerio del Interior, que aprueba el Reglamento de Calificaciones del Personal afecto al Estatuto Administrativo, no resulta aplicable al personal de esta Superintendencia. En este sentido, no sólo los funcionarios pertenecientes al Sistema de Alta Dirección Pública sino todos los funcionarios de esta Superintendencia son de exclusiva confianza, no encontrándose sujetos a una calificación profesional interna. A mayor abundamiento, el artículo trigésimo noveno de la Ley N° 19.882 establece que los altos directivos públicos no le son aplicables las normas contenidas en el Título II, De la Carrera Funcionaria, de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, dentro del cual se contienen aquéllas referidas al sistema de calificaciones.

b) Por el contrario si la solicitud se entendiese referida a la evaluación profesional realizada al tenor de la Ley N° 19.882, no ha estado en la intención de la SP denegar esa información, ni menos informar que los funcionarios adscritos a dicho sistema por esa sola circunstancia no se encuentran sometidos a calificación profesional alguna, como erradamente parece haberlo entendido el reclamante a partir de la respuesta que le fue entregada. Es por ello que adjunta a sus descargos 10 Resoluciones Exentas de la SP que aprueban evaluaciones asociadas a convenios de desempeño, respecto de directivos del organismo que se encuentran adscritos al SADP , aclarando dos cuestiones al respecto. Primero, que con anterioridad a los nombramientos de los funcionarios adscritos al SDP, los cargos de la SP adscritos al sistema se continuaron desempeñando por sus titulares conforme a las reglas generales. Y segundo, que los Jefes de las Divisiones Financieras y Control de Instituciones sólo registran suscritos convenios de desempeño durante los meses de noviembre de 2011 y abril de 2012, no habiéndoseles evaluado a la fecha.

c) Con todo, no cabe a la SP pronunciarse sobre la entrega de los convenios de desempeño mismos que se aplican a sus directivos, como tampoco de sus simétricas, ya que no es posible concluir que la solicitud de información original incluyera tales antecedentes.

5) GESTIÓN OFICIOSA: Mediante el Oficio N° 2.889, de 14 de agosto de 2012, este Consejo remitió al Sr. Marco Corea Pérez la información que la SP acompañó a su descargos, y le solicitó pronunciarse sobre si tales antecedentes satisfacen o no su requerimiento de información, concediéndole para tal efecto un plazo de 5 días hábiles, y haciéndole presente que en caso de no recibir tal pronunciamiento en el plazo indicado, este Consejo entendería que existe conformidad con la información remitida y procedería a resolver derechamente el amparo. El 19 de agosto el reclamante manifestó su disconformidad con los antecedentes remitidos, bajo el argumento que la SP habría omitido entregar las evaluaciones de desempeño referidas a su Fiscal y al Jefe de Auditoría Interna.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, el amparo de la especie se circunscribe a la información requerida en la letra a) de la solicitud, que se refiere, respecto de los años 2009, 2010 y 2011 a la: “Evaluación del desempeño u otro equivalente que efectúe evaluación del personal de la SP, de todos los funcionarios que conforman el nivel directivo de la SP (Superintendente, fiscal, jefes de unidad o división).” Tal información ha de presumirse pública al tenor de lo prescrito en los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, máxime si la reclamada no ha invocado a su respecto causal de reserva.

2) Que, atendida su amplitud y que no contiene distinción alguna sobre la materia, la solicitud en cuestión no puede sino entenderse referida a cualquier evaluación de desempeño aplicada a los directivos de la Superintendencia de Pensiones para los años 2009, 2010 y 2011, sea al interior del servicio o por alguna entidad externa, razón por la cual no resulta atendible lo señalado por dicho organismo en sus descargos en cuanto a haber otorgado inicialmente una inteligencia restringida a la solicitud, y que habría motivado los términos de la respuesta. Por lo demás, conforme al principio de máxima divulgación consagrado en el artículo 11 d) de la Ley de Transparencia “los órganos de la Administración del Estado deben proporcionar información en los términos más amplios posibles, excluyendo sólo aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales o legales”.

3) Que, en virtud de lo señalado por el requirente al responder la gestión oficiosa realizada por este Consejo, ha de concluirse que la controversia de la especie dice relación con las evaluaciones de desempeño de dos funcionarios que la Superintendencia de Pensiones no habría adjuntado a sus descargos para su remisión posterior al reclamante por parte de este Consejo, esto es, las correspondientes al Fiscal y al Jefe de Auditoría Interna de dicho organismo.

4) Que, de lo señalado por la SP en sus descargos, así como de la información que sobre dicho personal contiene el banner “gobierno transparente”/dotación de personal/dotación de planta de la página web del servicio (link: http://www.safp.cl/transparencia/2011/per_planta.html), se desprende que los dos funcionarios precedentemente señalados no han sido nombrados bajo el sistema de Alta Dirección Pública. Esto, junto a lo explicado por la SP en el punto 4 a) de lo expositivo, llevan a concluir que la antedicha información no existe en poder del organismo, por lo que no resulta posible a este Consejo exigirle la entrega de la misma; más bien debe concluirse que dicho organismo adjuntó a sus descargos (para su remisión al reclamante) aquella información sobre convenios de desempeño que obraba en su poder.

5) Que, con todo, dado que la entrega de la información requerida sólo tuvo lugar con ocasión de la tramitación del presente amparo, éste será acogido, no obstante lo cual se tendrá por entregada la información requerida en forma extemporánea.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger, por no haber respondido al requirente dentro del plazo legal a la solicitud de información que le da origen, el amparo deducido por don Marco Correa Pérez en contra de la Superintendencia de Pensiones, no obstante tener por entregada la información requerida en forma extemporánea.

II. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión al don Marco Correa Pérez y a la Sra. Superintendenta de Pensiones.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N°19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia que su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi no concurre al presente acuerdo.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia, don Enrique Rajevic Mosler.