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Jorge Villablanca González con SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN Rol: C826-12

Consejo para la Transparencia, 12/10/2012

Se dedujo amparo en contra del Servicio Registro Civil e Identificación, fundado en la denegación de la información solicitada sobre la solicitud de posesión efectiva presentada por la sucesión de don Hernán Guzmán Durán y en otra, la correspondiente a la sucesión de doña Adela Arteaga Urrutia. En ambas requirió, en subsidio, los datos de los solicitantes y del inventario de bienes contenido en la misma. El Consejo rechazó el amparo ya que señaló que una mirada atenta de la regulación del procedimiento de posesión efectiva revela que la información que tiene carácter pública es bastante restringida. En efecto, si bien las posesiones efectivas se inscriben en un Registro Público sus formalidades, están establecidas en su reglamento. Este último señala los datos de la inscripción en su art. 33 y, en lo que interesa a este caso, no incluye todos los datos de los solicitantes y herederos ni tampoco el inventario de la masa hereditaria. Sólo los datos formales de resolución que concede la Posesión Efectiva, su extracto y los datos de su publicación y la “…constancia de haberse efectuado adiciones, supresiones o modificaciones al inventario o valoración de los bienes, según corresponda, y de su publicación”, así como la “de haberse declarado por el solicitante que las asignaciones que conforman la herencia se encuentran exentas o afectas al pago de impuesto de herencia”.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Rechaza


Descriptores analíticos:

Tema Justicia
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Ausente), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C826-12

Entidad pública: Servicio Registro Civil e Identificación

Requirente: Jorge Villablanca González

Ingreso Consejo: 05.06.2012

En sesión ordinaria Nº 380 del Consejo Directivo, celebrada el 12 de octubre de 2012, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C826-12.

VISTO:

Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285, Nº 19.880, N° 19.628 y N° 19.903; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; el D.S. N° 237/2004, del Ministerio de Justicia, que aprueba Reglamento sobre tramitación de posesiones efectivas intestadas, registro nacional de posesiones efectivas y registro nacional de testamentos; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Don Jorge Villablanca González hizo dos solicitudes de información al Servicio de Registro Civil e Identificación (en adelante, SRCeI), pidiendo en una la solicitud de posesión efectiva presentada por la sucesión de don Hernán Guzmán Durán y en otra, la correspondiente a la sucesión de doña Adela Arteaga Urrutia. En ambas requirió, en subsidio, los datos de los solicitantes y del inventario de bienes contenido en la misma. Dichos requerimientos fueron presentados los días 15 y 16 de mayo de 2012, respectivamente, dentro de un procedimiento de oposición a la concesión de estas posesiones efectivas, por cuanto el solicitante estima que dentro del inventario de bienes confeccionados por los herederos se habría incluido un bien de su propiedad.

2) RESPUESTA: El 30 de mayo de 2012, el SRCeI respondió a dicho requerimiento de información mediante la Carta SDPE N° 49-2012, de 30 de mayo de 2012, por la que le informan al solicitante que, habiéndose consultado a los solicitantes de la posesión efectiva de don Hernán Guzmán Durán, conforme dispone el artículo 20 de la Ley de Transparencia, doña María Guzmán Arteaga se opuso el 29 de mayo de 2012, manifestando que “…como heredera, me opongo a dar información de nuestra propiedad, porque nadie tiene derecho más que yo”, lo que impedía acceder a su petición.

3) AMPARO: El 5 de junio de 2012 don Jorge Villablanca González dedujo amparo en contra del SRCeI fundado en la denegación de la información solicitada. Hizo presente que las personas consultadas en relación a su solicitud de información jurídicamente no revisten la calidad de terceros, ya que eran partes directas del procedimiento administrativo de concesión de posesión efectiva, al igual que él, por cuanto ha invocado un interés legítimo (que el bien cuya posesión efectiva se pide sería de si propiedad, al haberlo adquirido mediante compraventa inscrita el 10 de septiembre de 1993). Además, la concesión de posesión efectiva es un acto público, pues se informa y publica en un registro público (Registro Nacional de Posesiones Efectivas), de modo que, “si el acto final es público, no tiene sentido que el acto que lo genera sea catalogado como privado”.

4) SUBSANACIÓN DEL AMPARO: El Consejo Directivo de este Consejo, mediante el Oficio N° 2.172, de 18 de junio de 2012, solicitó a don Jorge Villablanca González, que subsanara su reclamación de amparo en el sentido que acompañara copia de las solicitudes de acceso y de la respuesta entregada por el organismo reclamado. Mediante correo electrónico de 20 de junio de 2012 el reclamante remitió a este Consejo copia de los documentos solicitados y, además, de la demanda reivindicatoria interpuesta en contra de María Guzmán Arteaga y otros, así como la copia de la inscripción de dominio de la propiedad.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, trasladándolo mediante el Oficio 2.433, de 10 de julio de 2012, al Sr. Director Nacional del SRCeI, requiriéndole referirse a las causales de secreto o reserva que a su juicio haría procedente la denegación de la información, proporcionara copia de los datos de contacto de los terceros, acompañara los documentos relativos al procedimiento de notificación y oposición y señalare si ha dado respuesta a la solicitud de información presentada por el peticionario en relación a la posesión efectiva de doña Adela Arteaga Urrutia. El Sr. Director Nacional del SRCeI presentó los siguientes descargos u observaciones a través del Oficio N° 485, de 31 de julio de 2012:

a) Atendido que el documento solicitado contenía datos de carácter personal, tanto del causante como de sus presuntos herederos, y en ese entonces se estaba tramitando la posesión efectiva del Sr. Durán Guzmán Durán, el requerimiento fue notificado la solicitante de la misma, aunque aún no se hubiera declarado heredero a nadie. En efecto, en dicha solicitud se consignan datos tales como el RUT y el domicilio de las personas mencionadas, así como el inventario de los bienes del causante, lo que dice relación con el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, conforme al cual se puede denegar total o parcialmente el acceso a la información “Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de... la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico”, situación que en opinión de ese Servicio, se configura en la especie.

b) Dicha consulta, según consta en los documentos que se acompañan, fue respondida el 29 de mayo del año en curso, mediante la cual la solicitante de posesión efectiva, se opuso a la entrega de la información requerida, por lo que, habiéndose cumplido con los presupuestos del artículo 20 incisos 2° y 3° de la Ley de Transparencia, procedió a denegar la información requerida por el recurrente, mediante Carta respuesta N° 49-2012, de fecha 30 de mayo de 2012.

c) Del mismo modo, y tal como se puede apreciar de los antecedentes adjuntos a su presentación, tratándose de la solicitud de información realizada respecto de la causante doña Adela Arteaga Urrutia, ella fue contestada a través del ORD. N° 50, de 28 de junio de 2012, denegando igualmente la información solicitada en razón de que “la Ley N° 19.903, sobre Procedimiento para el otorgamiento de la Posesión Efectiva de la herencia, no contempla la posibilidad de que un tercero requiera copia de una solicitud de posesión efectiva, tanto así que, una vez afinado dicho procedimiento y según el Titulo VII del Reglamento Sobre Tramitación de Posesiones Efectivas Intestadas, que establece los tipos de documentos que pueden otorgarse y las personas que pueden requerirlos, prescribe en su artículo 40 que el Certificado de Posesión Efectiva, que posee información respecto del causante, sus herederos, y bienes incorporados por éstos en el inventario sólo puede ser otorgado a los herederos, sus representantes legales, o mandatarios”.

6) TRASLADO AL TERCERO INVOLUCRADO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, este Consejo acordó trasladar el presente amparo a la solicitante de posesión efectiva, en su calidad de tercero interviniente en el presente amparo, lo que se materializó a través del Oficio N° 2.786, de 6 de agosto de 2012, con el objeto que presentara sus descargos y observaciones, y solicitándole que hicieran expresa mención a los derechos que le asistirían y que pudieran verse afectados con la publicidad de la información requerida. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha efectuado presentación alguna ante este Consejo con tal objeto.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, consta que el organismo reclamado, el 30 de mayo de 2012, procedió a dar respuesta al solicitante únicamente respecto de la solicitud presentada el 15 de mayo de 2012, referida a la posesión efectiva del Sr. Guzmán Durán, la que fue denegada por oposición de terceros. Ahora bien, tratándose de la segunda solicitud, de 16 de mayo, el solicitante interpuso un amparo el 5 de junio del presente año por falta de respuesta, siendo que el SRCeI tenía plazo para responder hasta el 14 de junio de 2012, de modo que el amparo, en esta parte, es extemporáneo, circunscribiéndose este caso sólo a la primera solicitud.

2) Que, a modo de contexto, conviene destacar el marco normativo aplicable a las posesiones efectivas:

a) Ley N° 19.903, sobre Procedimiento para el otorgamiento de la posesión efectiva de la herencia y adecuaciones de la normativa procesal, civil y tributaria sobre la materia, previene que:

i. “Las posesiones efectivas de herencias, originadas en sucesiones intestadas abiertas en Chile, serán tramitadas ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, de conformidad a lo dispuesto en la presente ley. Las demás serán conocidas por el tribunal competente de acuerdo a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil” (artículo 1°).

ii. A su vez, los artículos 2°, 3° y 5° de dicho cuerpo legal, establecen que la posesión efectiva podrá solicitarse por cualquier persona que invoque su calidad de heredero a través de un formulario confeccionado para tal efecto y será otorgada por resolución fundada del Director Regional del Servicio de Registro Civil e Identificación, correspondiente a la oficina donde se hubiese iniciado el trámite. Dicha resolución, contendrá las mismas menciones requeridas para la solicitud, además del inventario y la valoración de los bienes. La individualización de los bienes raíces, sólo contendrá la remisión expresa de la foja, número, año y registro conservatorio de cada propiedad.

iii. Además, según los artículos 7° y 8°, una vez efectuada la publicación en extracto de la resolución que concede la posesión efectiva, se ordenará su inscripción en el Registro Nacional de Posesiones Efectivas, el que, según lo previsto en el artículo 13, es de carácter público.

iv. Por su parte, el inciso segundo del citado artículo 8° dispone que “El hecho de haberse inscrito la resolución en este Registro, será acreditado por el Servicio mediante un certificado que contendrá todas las menciones señaladas en el inciso tercero del artículo 5º -el que a su vez se remite a las menciones de la solicitud de posesión efectiva-, y, con su mérito, los interesados podrán requerir las inscripciones especiales que procedan, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 74 del Código Tributario”.

b) El D.S N° 237/2004, del Ministerio de Justicia, que aprueba Reglamento sobre tramitación de posesiones efectivas intestadas, registro nacional de posesiones efectivas y registro nacional de testamentos, dispone, en lo que interesa, lo siguiente:

i. “El procedimiento administrativo que regula el presente reglamento se llevará en una carpeta electrónica en la que constarán todas las actuaciones del Servicio, sin perjuicio que la Dirección Regional respectiva mantenga archivada la solicitud debidamente firmada y cuando procediere, los documentos presentados por el solicitante” (artículo 6º).

ii. Según lo previsto en el artículo 12, la solicitud de posesión efectiva deberá contener, a lo menos, lo siguiente: nombres, apellidos, Rol único nacional, profesión u oficio y estado civil del causante; número, año y circunscripción de la inscripción de defunción del causante; lugar y fecha de la muerte del causante; último domicilio del causante; nombres, apellidos, rol único nacional y domicilio de los herederos; calidades con que heredan; inventario valorado de los bienes del causante; declaración del solicitante de haberse aceptado o no la herencia con beneficio de inventario y firma del solicitante.

iii. Por otra parte, según lo establecido en el artículo 38, el Servicio de Registro Civil e Identificación informará a cualquier interesado sobre el estado de tramitación de la posesión efectiva, y sobre el hecho de haberse inscrito en el Registro Nacional de Posesiones Efectivas la resolución que la concede; agregando el artículo 40, que el certificado a que se refiere el artículo 8º, inciso 2º de la Ley Nº 19.903, sólo será otorgado a los herederos, sus representantes legales o mandatarios.

3) Que la solicitud de posesión efectiva es la presentación que da inicio a un procedimiento administrativo y sirve, además, de antecedente o fundamento para su finalización a través de la Resolución que concederá la posesión efectiva. En consecuencia, atendido lo dispuestos en el artículo 5º de la Ley de Transparencia es información pública a menos que esté sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otra Ley de quórum calificado que se ajuste a lo previsto en el artículo 8° de la Constitución.

4) Que el SRCeI deniega la entrega de la solicitud reclamada por contener datos de carácter personal, tanto del causante como de sus presuntos herederos, tales como el RUT, el domicilio y el inventario de la masa hereditaria, lo que configuraría la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. Por ello procedió a comunicar este requerimiento de información a la heredera que había solicitado la posesión efectiva conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, quien se opuso a la entrega de la información.

5) Que el artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia permite denegar total o parcialmente la información solicitada “cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico”; agregando, el artículo 7° N° 2 del Reglamento que se entiende por tales “aquellos que el ordenamiento jurídico atribuye a personas a título de derecho y no de simple interés”.

6) Que, no obstante lo señalado, una mirada atenta de la regulación del procedimiento de posesión efectiva revela que la información que tiene carácter pública es bastante restringida. En efecto, si bien las posesiones efectivas se inscriben en un Registro Público sus formalidades, al tenor del art. 13 de la Ley N° 19.903, están establecidas en su reglamento. Este último señala los datos de la inscripción en su art. 33 y, en lo que interesa a este caso, no incluye todos los datos de los solicitantes y herederos ni tampoco el inventario de la masa hereditaria. Sólo los datos formales de resolución que concede la Posesión Efectiva, su extracto y los datos de su publicación y la “…constancia de haberse efectuado adiciones, supresiones o modificaciones al inventario o valoración de los bienes, según corresponda, y de su publicación”, así como la “de haberse declarado por el solicitante que las asignaciones que conforman la herencia se encuentran exentas o afectas al pago de impuesto de herencia”.

7) Que si bien en forma previa a la Ley N° 19.903 los inventarios de bienes se protocolizaban en Notarias, lo que les daba completa publicidad, dicha protocolización fue eliminada por ésta. En el Mensaje del S.E. el Presidente de la República con el que se inició la discusión de dicho Proyecto de Ley se indicó que “…el inventario de los bienes estará contenido en la misma solicitud y hará relación de todos los bienes raíces y muebles de la persona que ha fallecido, incluyendo su tasación…”, agregando que el proyecto “…elimina la actual obligación de protocolizar inventarios, quedando resguardada la publicidad en relación con los bienes de la sucesión toda vez que, al encontrarse el inventario contenido en la respectiva resolución, en definitiva podrá ser conocido a través de la correspondiente inscripción”. Luego, el acceso a esta información quedó diferido al momento de la inscripción de la resolución que concede la posesión efectiva y no al de la tramitación de esta solicitud.

8) Que, por su parte, el extracto de la resolución que se publica sólo consigna el nombre del/la causante, el de los/as heredero/as y, en su caso, cónyuge sobreviviente, y la fecha de concesión, sin indicar siquiera los R.U.T. del causante, así como del solicitante y los herederos.

9) Que, en el presente caso hay que considerar que a la fecha de la solicitud el procedimiento aún no estaba finalizado, de modo que aún no se había emitido por parte de la reclamada la resolución que concede la solicitud, así como tampoco se había publicado e inscrito.

10) Que, la situación patrimonial de las personas es parte de la esfera privada de las personas y de revelarse, al menos durante la etapa en que se tramita la solicitud, afectaría su autodeterminación informativa, por lo que en principio debe reservarse del conocimiento de terceros restringiéndose el acceso a la información disponible en los extractos publicados y en los registros a que se ha hecho mención.

11) Que, por último, debe advertirse que el inciso tercero del artículo 8° de la Ley N° 19.903 previene que “En todo caso, el conservador de bienes raíces devolverá al requirente la solicitud de inscripción de un inmueble, si los datos de su individualización contenidos en el certificado no coinciden con los de la inscripción vigente, para que proceda de conformidad a lo dispuesto en el artículo siguiente”. Esto evita que pudiese quedar en la indefensión quien estuviera afectado por una situación como la que se ha planteado en este caso.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Rechazar el amparo deducido por don Jorge Villablanca González, en contra del Servicio Registro Civil e Identificación, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Jorge Villablanca Gonzalez, al tercero que intervino en este procedimiento y al Sr. Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley Nº 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia que su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi no concurre al presente acuerdo.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia, don Enrique Rajevic Mosler.