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Arcadio Segovia Salazar con SEREMI DE BIENES NACIONALES REGIÓN DE COQUIMBO Rol: C256-10

Consejo para la Transparencia, 15/07/2010

Se solicita amparo en contra SEREMI de Bienes Nacionales por denegar solicitud de acceso a información relativa a una regularización de título de propiedad. El Consejo acogió el amparo ya que estimó que el tercero involucrado, al momento de oponerse –de manera extemporánea- y al evacuar sus descargos, no invoca la eventual perturbación de algún derecho determinado que se ocasionaría con la publicidad de la información pedida ni la forma en que ello se verificaría, todo lo cual no permite dar por configurada la afectación de derechos ni la causal contemplada en el art. 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Totalmente


Descriptores analíticos:

Tema Otros, especificar
Materia
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • Juan Pablo Olmedo Bustos (Unánime)
  • Roberto Guerrero Valenzuela (Ausente)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C256-10

Entidad pública: Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, Región de Coquimbo

Requirente: Arcadio Segovia Salazar

Ingreso Consejo: 04.05.2010

En sesión ordinaria N° 166 de su Consejo Directivo, celebrada el 15 de julio de 2010, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C256-10.

VISTOS:

Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la Ley N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y, los D.S. N° 13/2009 y 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Don Arcadio Segovia Salazar el 2 de abril de 2010, solicitó a la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Coquimbo (en adelante también Seremi de Bienes Nacionales, Región de Coquimbo) fotocopia simple del expediente administrativo N° 042SA378865, a nombre de don Román Arturo Flores Villalobos, por una regularización de título de propiedad efectuada por la empresa contratista Vertex y Cía. Ltda., particularmente en la propiedad ubicada en la localidad denominada Huatulame, comuna de Monte Patria, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo.

2) RESPUESTA: Mediante Resolución Exenta N° 1782, de 16 de abril de 2010, del Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Coquimbo, se deniega dicho requerimiento, por los siguientes fundamentos:

a) Los documentos solicitados contienen información que puede afectar derechos de terceros, particularmente los derechos de don Román Arturo Flores Villalobos, por lo que dicha solicitud de información fue notificada a éste a través de Ordinario N° 2044, de 7 de abril de 2010.

b) Don Román Arturo Flores Villalobos presentó con fecha de 14 de abril de 2010 una carta oponiéndose a la publicación o comunicación de la información solicitada, toda vez que estima que dicha comunicación le acarrearía una grave perturbación y afectaría sus derechos como propietario del inmueble descrito, ya que son datos sensibles respecto de los bienes que componen su patrimonio, por lo que dicha información se debiese mantener en reserva. Agrega que la debida publicidad del procedimiento de regulación se cumplió a cabalidad en las oportunidades correspondientes establecidas en la ley.

3) AMPARO: Don Arcadio Segovia Salazar dedujo amparo a su derecho de acceso a la información el 4 de mayo de 2010 en contra de la Seremi de Bienes Nacionales, Región de Coquimbo, fundado en que se le habría denegado la información requerida y señalando principalmente que:

a) Según consta de la misma Resolución Exenta N° 1782, se informó al tercero afectado por Ordinario N° 2044 el día 7 de abril de 2010, es decir al 4° día hábil de ingresada la solicitud de información, plazo que sobrepasa ampliamente el plazo que estipula el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Transparencia. Si bien la Resolución señala que el requerimiento de información ingresó con fecha 02.04.10, en realidad fue el día 1°, toda vez que el 2 de abril era feriado. No obstante, aún en el caso que se considerara ingresada el día 2, la comunicación a tercero se realizó fuera del plazo, es decir, no se realizó dentro de los 2 días hábiles de ingresada la solicitud.

b) Por otra parte, aunque se estimara que el día 7 de abril no se envió la comunicación, sino que se notificó al tercero interesado, su oposición se encuentra fuera de plazo, toda vez que ingresó a Oficina de Partes con fecha 14 de abril de 2010, lo que supera los 3 días hábiles que establece el artículo 34 del Reglamento. Por todo esto, indica, el amparo debiese ser acogido.

c) Agrega que en el año 1992, don Román Arturo Flores Villalobos compró los derechos hereditarios que sus hermanos tenían en la sucesión de su padre, salvo los suyos –dado que se encontraba fuera del país- y de una sobrina, derechos que comprenden la parcela cuyo saneamiento se efectuó el año 2008 en el expediente N° 042SA378865, tal como consta en fotocopia de compraventa que adjunta. Hace una semanas se encontraba en conversaciones con don Román Arturo Flores Villalobos, ya que éste quería comprar sus derechos hereditarios, sin informarle que ya había efectuado el saneamiento sobre la misma parcela por la cual él quería comprarle sus derechos y en la que ambos son comuneros. Por todo esto, señala, son sus derechos los que se ven afectados por la no entrega de la información solicitada y no, por tanto, los de don Román Arturo Flores Villalobos, por lo que no correspondía la denegación de información al amparo de la Ley de Transparencia toda vez que no existen derechos de terceros que se vean afectados.

d) Asimismo estima que el Seremi de Bienes Nacionales, Región de Coquimbo, al denegar la entrega de la información sobre el saneamiento no cumple con lo prescrito por las normas legales, puesto que el D.L. N° 2695/1979, del Ministerio de Tierras y Colonización, que fija las normas para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz y para la constitución del dominio sobre ella, no contiene ninguna disposición que establezca el secreto del procedimiento administrativo, por lo tanto rige lo dispuesto en la Ley N° 19.880, particularmente en su artículo 16, que establece el principio de transparencia y de publicidad al prescribir que “El procedimiento administrativo se realizará con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en él. En consecuencia, salvo las excepciones establecidas por la ley o el reglamento, son públicos los actos administrativos de los órganos de la Administración del Estado y los documentos que le sirvan de sustento o complemento directo o esencial”.

e) Señala que, además, existe un principio general en nuestro derecho que establece que todos los expedientes que han sido finiquitados, incluso en los Tribunales de Justicia, son públicos, incluidos los del Tribunal Constitucional y los de la antigua justicia penal, por lo que al no existir en el D.L. N° 2695 ninguna disposición que obligue al secreto, no cabe dicha denegación.

f) Por otra parte, la expresión de causa dada por don Román Arturo Flores Villalobos en nada corresponde a las causales de secreto o reserva que establece el artículo 21 de la Ley de Transparencia. De la misma manera, no es cierto que se hayan cumplido los procedimientos que establece la ley, puesto que no se pusieron los carteles ni los avisos radiales que establece el artículo 11 del D.L. N° 2695. Una de las razones por las que se requiere el acceso al expediente es para conocer si se cumplió cabalmente con el procedimiento allí establecido.

g) Por último, y a mayor abundamiento, señala que el artículo 9 del D.L. N° 2695 establece que se presumirá dolo cuando el interesado haya reconocido dominio ajeno mediante un acto o contrato escrito, lo que ocurre en el contrato de compraventa que se acompaña, en el que don Román Arturo Flores Villalobos compra parte de los derechos hereditarios, y por ese mero hecho reconoce los derechos de los demás herederos, por lo que son aplicables las penas contempladas en artículo 473 del Código Penal, lo que permite anular la asignación.

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo, acordó admitir a tramitación este amparo trasladándolo, mediante Oficio N° 897, de 19 de mayo de 2010, al Seremi de Bienes Nacionales de la Región de Coquimbo, solicitándole, en particular, que acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de notificación de don Román Arturo Flores Villalobos, esto es, copia del oficio a través del cual se le notificó la solicitud, él o los documentos que acrediten tal notificación y la copia del escrito a través del cual dicho tercero ejerció su derecho de oposición. Dicho Servicio no respondió el traslado dentro del plazo establecido en el inciso 2° del artículo 25 de la Ley de Transparencia.

5) DESCARGOS DE TERCERO INTERESADO: Mediante Oficio N° 960, de 28 de mayo de 2010, dirigido a don Román Arturo Flores Villalobos, se notificó el amparo interpuesto y se le confirió traslado de éste, solicitándole, en particular, que al momento de formular sus descargos haga mención expresa de los derechos que le asisten y que pudieran verse afectados con la publicidad de la información requerida. Éste respondió mediante escrito ingresado el 8 de junio de 2010 y por el cual señala, principalmente, que:

a) Es efectivo que se opuso a la entrega de la información solicitada por estimar que vulnera su derecho de propiedad al entregar información relativa a sus bienes.

b) Agrega que el proceso de regularización de que se da cuenta cumplió con todos los requisitos establecidos por la Ley y los plazos para oponerse a éste se encuentra prescritos.

c) Por último, señala que, respecto de los dichos del reclamante, estos son absolutamente falsos y maliciosos, ya que nunca ha conversado con él para comprarle supuestos derechos sobre su propiedad, de la cual es el único y exclusivo dueño, y respecto de la cual nunca ha reconocido dominio ajeno. Agrega que los derechos que compró a la familia Segovia se realizó en el entendido que le conferían la totalidad de los bienes señalados en dicha compra y por eso desde ese momento ha ejercido el dominio con todo el ánimo de único señor y dueño, descartando la posibilidad de compartir sus bienes con terceras personas.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, en la especie, lo solicitado es información relativa a un expediente administrativo de solicitud de saneamiento de título de dominio presentado por un tercero, que en este caso, se opone a la entrega por estimar que con la comunicación de esta información se afectarían su derecho de propiedad.

2) Que, en este caso, lo requerido es información pública de acuerdo a lo establecido en los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se trata de determinadas piezas y antecedentes de un procedimiento administrativo tramitado ante la reclamada, al parecer concluido, tal como ya se señaló respecto de los amparos A140-09 y C396-09.

3) Que, por su parte, el artículo 20 de la Ley de Transparencia establece que “Cuando la solicitud de acceso se refiera a documentos o antecedentes que contengan información que pueda afectar los derechos de terceros, la autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, requerido, dentro del plazo de dos días hábiles, contado desde la recepción de la solicitud…deberá comunicar mediante carta certificada, a la o las personas a que se refiere o afecta la información correspondiente, la facultad que les asiste para oponerse a la entrega de los documentos solicitados, adjuntando copia del requerimiento respectivo. / Los terceros afectados podrán ejercer su derecho de oposición dentro del plazo de tres días hábiles contado desde la fecha de notificación. La oposición deberá presentarse por escrito y requerirá expresión de causa…” (lo destacado es nuestro).

4) Que según se desprende de los antecedentes, aunque no se los tuvo a la vista debido a la falta de respuesta a este Consejo por parte de la reclamada, la solicitud de información ingresó al servicio el día 02.04.10 y se procedió a enviar el oficio que contenía la comunicación de la solicitud a dicho tercero, siendo notificado el día 07.04.10, presentando éste su oposición, por escrito, el día 14.04.10, esto es, al 5° día hábil de su notificación, es decir, fuera del plazo establecido en la norma precitada.

5) Que, por su parte, el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia establece la siguiente causal de secreto o reserva: “Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico”, a lo que el numeral 2 del artículo 7° del Reglamento agrega, “Se entenderá por tales aquellos que el ordenamiento jurídico atribuye a las personas, en título de derecho y no de simple interés”.

6) Que, es del caso tener presente que este Consejo ha estimado que la solicitud de un expediente administrativo referente a un proceso de regularización de bienes raíces (así, por ejemplo, ver amparo C396-09), no se ve cómo su conocimiento pudiera comprometer la seguridad o los derechos de carácter comercial o económicos de un tercero solicitante de dicha regularización o saneamiento, habiendo concluido el procedimiento administrativo respectivo.

7) Que, por otra parte, transparentar dicho procedimiento y las piezas y antecedentes que obran en él, en nada perturbaría la decisión que ya ha sido adoptada por dicha Secretaría Regional. Por el contrario, las afirmaciones efectuadas por dicho tercero más bien se podrían ver reforzadas, antes que debilitadas, con la publicidad del expediente administrativo solicitado.

8) Que, en el caso que nos ocupa, el tercero involucrado, al momento de oponerse –de manera extemporánea- y al evacuar sus descargos, no invoca la eventual perturbación de algún derecho determinado que se ocasionaría con la publicidad de la información pedida ni la forma en que ello se verificaría, sino que se circunscribe a hacer alegaciones genéricas que no son objeto de controversia en esta sede, todo lo cual no permite dar por configurada la afectación de derechos ni la causal contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. Que, además, las puras afirmaciones realizadas por el tercero son insuficientes para estimar que exista un riesgo serio, inminente y cierto de afectación de sus derechos y, en definitiva, para dar por acreditada la configuración de esta causal de secreto o reserva.

9) Que, por lo demás, la disponibilidad pública de la información solicitada permite a los ciudadanos ejercer un control social sobre los actos de la Administración Pública.

10) Que, no obstante de tratarse en su gran mayoría de información pública, la revisión de expedientes similares al requerido ha permitido constatar a este Consejo que, por lo general, estos contienen cierta información que constituyen datos de carácter personal, de conformidad con lo previsto en la Ley N° 19.628, tales como el RUT, domicilio, teléfono, entre otros antecedentes, del solicitante y sus familiares, cuya divulgación debe protegerse.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I) Acoger el reclamo de don Arcadio Segovia Salazar en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Coquimbo, por los fundamentos señalados precedentemente.

II) Requerir al Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Coquimbo:

a) Cumplir el presente requerimiento haciendo entrega del expediente administrativo requerido, protegiendo debidamente los datos personales allí contenidos, particularmente el RUT, domicilio y teléfono del solicitante y sus familiares, de acuerdo a lo prescrito por la Ley Nº 19.628, en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia

b) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la dirección postal de este Consejo (Morandé N° 115, Piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III) Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente acuerdo a don Arcadio Segovia Salazar y al Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Coquimbo.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Raúl Urrutia Ávila y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi y don Juan Pablo Olmedo Bustos. El Consejero don Roberto Guerrero Valenzuela no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.