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José Martínez Sagredo con CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAF) Rol: C1163-12

Consejo para la Transparencia, 16/11/2012

Se dedujo amparo en contra de la CONAF, fundado en haber recibido respuesta negativa a su solicitud sobre los criterios utilizados para mejorar los grados de aquellos trabajadores que cumplen funciones de responsabilidad, una nómina de los trabajadores indicados en el literal anterior, con indicación del “…año de ingreso a la Corporación, grado en propiedad anterior, grado en propiedad al cual fueron mejorados, grado que tienen actualmente asociado al cargo, criterio por el cual fueron mejorados y el monto presupuestario que implicará en el gasto una vez que deje el cargo de responsabilidad”; y, una nómina con el total de jefaturas que vieron mejorado su grado y que ya firmaron la cláusula anexa de su contrato. El Consejo acoge parcialmente el amparo ya que señaló que criterios utilizados para la mejora de grados, tanto en su respuesta como en sus descargos, CONAF señaló que éstos son: el nivel de compromiso, buen desempeño y responsabilidad asociada el cargo de jefatura en ejercicio. En consecuencia, este Consejo estima que la reclamada en esta parte ha satisfecho el objeto de la solicitud, indicando de manera precisa cuales fueron los criterios que utilizó para determinar el aumento de grados respecto de los funcionarios consultados, por lo que se rechazará el amparo en este punto y se acoge en lo restante solicitado.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente


Descriptores analíticos:

Tema Trabajo
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Ausente), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Unánime)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1163-12

Entidad pública: Corporación Nacional Forestal (CONAF)

Requirente José Martínez Sagredo

Ingreso Consejo: 10.08.2012

En sesión ordinaria Nº 389 del Consejo Directivo, celebrada el 16 de noviembre de 2012, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1163-12.

VISTO:

Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 29 de junio de 2012, don José Martínez Sagredo, Presidente del Sindicato Nacional de Profesionales de la Corporación Nacional Forestal, solicitó a dicho órgano –en adelante e indistintamente CONAF– la siguiente información:

a) Los criterios utilizados para mejorar los grados de aquellos trabajadores que cumplen funciones de responsabilidad;

b) Una nómina de los trabajadores indicados en el literal anterior, con indicación del “…año de ingreso a la Corporación, grado en propiedad anterior, grado en propiedad al cual fueron mejorados, grado que tienen actualmente asociado al cargo, criterio por el cual fueron mejorados y el monto presupuestario que implicará en el gasto una vez que deje el cargo de responsabilidad”; y,

c) Una nómina con el total de jefaturas que vieron mejorado su grado y que ya firmaron la cláusula anexa de su contrato.

2) RESPUESTA: El 30 de julio de 2012, la Corporación Nacional Forestal, mediante Carta N° 205/2012, respondió a dicho requerimiento, señalando en síntesis lo siguiente:

a) En lo referido a las mejoras de remuneraciones concretadas en junio del 2012, estas tuvieron por objeto, disminuir la brecha existente respecto de los grados de aquellos funcionarios que ejercen cargos de responsabilidad.

b) En el mismo sentido señaló, que los criterios utilizados para subir uno o dos grados a los funcionarios que asumieron cargos de jefatura son:

i. Atender al cargo y grado que poseen en la actualidad.

ii. Los trabajadores que asumieron cargos a contar del 1° de enero del 2011, sólo fueron objeto de mejora en un grado, con la excepción de dos funcionarios.

iii. Respecto de los funcionarios en grado 14 en propiedad, éstos solo podían subir 1 grado, gozando de grado 13 mientras desempeñen su cargo.

iv. Respecto de los funcionarios en grado 16, éstos pasaron a grado 15 mientras permanezcan en el desempeño de su cargo.

v. En lo referido a los funcionarios que asumieron cargos a partir del 1° de enero de 2012, no hubo mejora, con excepción de don Claudio Ilabaca Vergara, quien ascendió de grado 13 a 12, toda vez que asumió como Jefe Provincial y de doña Inés Cornejo González, quien asumió como Jefa del Departamento de Arborización Urbana, ascendiendo de grado 14 a 13, por tener cinco años de antigüedad en el grado y diez de antigüedad en el Servicio, cumpliendo con el criterio de antigüedad aplicado en los ascensos del mes de abril de año en curso.

vi. Asimismo y respecto de los criterios para otorgar grados a Gerentes, Fiscales, Directores Regionales y Jefes de Departamentos de la Oficina Central, el órgano indicó que su fundamento radica en el nivel de compromiso, el buen desempeño logrado y el mérito de asumir el desafío de desempeñarse en un cargo de jefatura. Todos los cuales fueron considerados por su Dirección Ejecutiva, para determinar los respetivos aumentos de grado.

c) En lo relativo a la nómina de trabajadores que ejercen cargos de responsabilidad y que experimentaron mejoras en sus remuneraciones, señaló que ésta será aportada en una mesa de trabajo creada para tal efecto, de conformidad a lo acordado con los participantes de dicha instancia, atendida la extensión y cantidad de información que da cuenta el listado que la contiene.

d) Finalmente, señaló que en lo referido al monto presupuestario que implicará el gasto una vez que el trabajador deje el cargo de responsabilidad, no le es posible hacer entrega de dicha información, toda vez que la determinación de lo consultado depende del cese en sus servicios del personal que ejerce cargos de responsabilidad, personal que en más de un cincuenta por ciento de los casos se ha mantenido en sus cargos por más de cinco años.

3) AMPARO: El 14 de agosto de 2012, el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la CONAF, fundado en haber recibido respuesta negativa a su solicitud.

4) SUBSANACIÓN DEL AMPARO: El Consejo Directivo de este Consejo, mediante Oficio N° 3.139, de 28 de agosto de 2012, solicitó al reclamante, conforme a lo previsto en el artículo 46, inciso segundo, del Reglamento de la Ley de Transparencia, subsanar su amparo, indicando de manera clara y detallada la información que el órgano reclamado no le habría entregado. El requirente, mediante presentación de 29 de agosto del año en curso, señaló que el 5 de junio pasado CONAF publicó en su intranet un comunicado informando los criterios utilizados para el aumento de grados de 113 funcionarios a partir del 1° de abril del presente año, señalando igualmente que la nómina de todos los trabajadores objeto de dicho aumento se encontraba a disposición de los trabajadores en la Gerencia de Desarrollo de las Personas. Dicho comunicado, en su punto 2, expresó que se implementaría una política de mejoramiento de grados respecto de todas las jefaturas del organismo a contar del mes de junio del 2012. De conformidad con lo anterior, su solicitud de información se encuentra referida a los funcionarios que ocupan cargos de “jefatura”.

5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: En virtud de lo anterior, el Consejo Directivo de esta Corporación, admitió a tramitación este amparo, trasladándolo mediante el Oficio N° 3.305, de 5 de septiembre de 2012, al Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal, quien evacuó sus descargos y observaciones, mediante Oficio N° 536/2012 de 3 de octubre de 2012, reiterando lo ya señalado en su respuesta, agregando, en síntesis, lo siguiente:

a) Argumenta que CONAF es una corporación de derecho privado, regida por sus propios estatutos, en virtud de los cuales, la normativa aplicable a sus trabajadores es la preceptuada en el Código del Trabajo, resultándole aplicable por consiguiente lo dispuesto en el artículo 154 bis del cuerpo legal citado, motivo por el cual debe mantener en reserva toda la información y datos privados de sus trabajadores.

b) De divulgarse la información solicitada se afectaría el debido cumplimiento de sus funciones, así como la privacidad de sus trabajadores.

c) Sin perjuicio de lo antes señalado, hace presente que las nóminas requeridas en la solicitud de información fueron exhibidas en las mesas sindicales realizadas entre su Dirección Ejecutiva y las organizaciones sindicales de la CONAF.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, en virtud de la subsanación efectuada por el reclamante, el presente amparo tiene por objeto la entrega de las nóminas y antecedentes relativos a las personas cuyos grados fueron mejorados en mérito de los nombramientos en cargos de jefatura, así como los criterios utilizados para ello por CONAF.

2) Que, respecto del literal a) del requerimiento, esto es, los criterios utilizados para la mejora de grados, tanto en su respuesta como en sus descargos, CONAF señaló que éstos son: el nivel de compromiso, buen desempeño y responsabilidad asociada el cargo de jefatura en ejercicio. En consecuencia, este Consejo estima que la reclamada en esta parte ha satisfecho el objeto de la solicitud, indicando de manera precisa cuales fueron los criterios que utilizó para determinar el aumento de grados respecto de los funcionarios consultados, por lo que se rechazará el amparo en este punto.

3) Que, respecto de los literales b) y c) del requerimiento, referidos a las nóminas de los funcionarios que experimentaron aumento de grado, la reclamada ha denegado tales antecedentes, en conformidad a las causales de reserva contempladas en el artículo 21 N° 1 y 2 de la Ley de Transparencia, en concordancia con lo prescrito en el artículo 154 bis del Código del Trabajo, que dispone la obligación por parte del empleador, de mantener reserva de toda la información y datos privados del trabajador a que tenga acceso con ocasión de la relación laboral.

4) Que, en relación a lo sostenido por la reclamada en virtud de lo dispuesto por el artículo 154 bis del Código del Trabajo, cabe reiterar lo ya concluido por este Consejo con ocasión de su decisión de amparo Rol C203-10, relativa a un procedimiento de amparo entre las mismas partes, según la cual:

a) Siguiendo lo señalado por la Contraloría General de la República en su dictamen N° 2404, de 19 de enero de 2004, “el artículo 154 bis del Código del Trabajo sólo establece un deber general del empleador de resguardar o cautelar la información relativa a la vida privada de sus trabajadores y de los datos personales de los mismos, en los términos propios de la Ley N° 19.628, de protección de la vida privada, pero específicamente en el ámbito laboral y en concordancia con el artículo 5° del mismo Código, según el cual «el ejercicio de las facultades que la ley le reconoce al empleador, tiene como límite el respeto a las garantías constitucionales de los trabajadores, en especial cuando pudieran afectar la intimidad, la vida privada o la honra de éstos»”

b) Teniendo presente que de conformidad con el principio de publicidad consagrado en el artículo 8° de la Constitución, y lo dispuesto por los artículos 5°, 10 y 21 de la Ley de Transparencia, las causales de reserva o secreto deben interpretarse restrictivamente y respetando el principio de proporcionalidad. De ello se concluye “…que la redacción del artículo 154 bis del Código del Trabajo no pueda interpretarse en el sentido de establecer que toda información y datos privados de un trabajador que desarrolla funciones públicas a que tenga acceso el empleador con ocasión de la relación laboral sea secreta o reservada, pues ello representaría invertir, por vía interpretativa, la regla constitucional que exige al legislador establecer positivamente los casos de reserva y fundarlos en alguna de las causales del inciso 2º del artículo 8º…”.

c) En consecuencia, “no obstante la disposición del artículo 154 bis encuentra fundamento en la protección de la vida privada de los trabajadores -cuya afectación constituye una causal de reserva en los términos del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia-, en sí mismo este artículo no constituye un caso de reserva en los términos del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia”.

5) Que, en cuanto a las causales de reserva invocadas y contenidas en el artículo 21 N°s 1 y 2 de la Ley de Transparencia, este Consejo ha señalado que para verificar su procedencia, no basta que la información solicitada diga relación con los bienes jurídicos sobre los que éstas versan, pues debe además concurrir una expectativa razonable de dañarlo o afectarlo negativamente, afectación que debe ser presente o cierta, probable y específica para justificar la reserva (así, por ejemplo, decisiones Roles A96-09, A165-09, A193-09, C840-10, C850-10, C492-11 y C929-11), debiendo acreditarse dicho daño o afectación por quien los alega.

6) Que, en el presente caso, la reclamada sólo enunció la procedencia de las causales previamente señaladas, sin indicar los motivos en los cuales se sustentarían, lo que a juicio de este Consejo, no permite justificar su aplicabilidad. Especialmente, habiendo constatado que:

a) Según da cuenta el Acta N° 3/2012, adjuntada por CONAF a sus descargos, con ocasión de la mesa de trabajo llevada a cabo el 25 de septiembre del presente año, dicha entidad ya exhibió las nóminas requeridas al solicitante, circunstancia que resta consistencia a la denegación de información en este punto.

b) El contenido de las nóminas requeridas dice relación con antecedentes laborales de personas que se desempeñan en la Administración del Estado –a saber: cargo o función, remuneraciones y grados–, quienes desempeñan una función pública, y que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley de Transparencia, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 1.4 de la Instrucción General N° 4 de este Consejo, se trata de datos que debieron haberse publicado en su sitio electrónico.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 8°, 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo interpuesto por don José Martínez Sagredo en contra de la Corporación Nacional Forestal, por las razones precedentemente expuestas.

II. Requerir al Sr. Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal que:

a) Entregue al reclamante copia de las nóminas singularizadas en los literales b) y c) de la solicitud de información.

b) Cumpla dicho requerimiento dentro del plazo de 5 días hábiles, contados desde que quede ejecutoriada la presente decisión, bajo el apercibimiento de proceder conforme disponen los artículos 45 y siguientes de la Ley de Transparencia.

c) Informe el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Agustinas Nº 1291, piso 6º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

II. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión al Sr. Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal y a don José Martínez Sagredo.

En contra de la presente decisión, procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N°19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia que su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi no concurre al presente acuerdo.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia, don Enrique Rajevic Mosler.