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Maria Lueje Huerta con MUNICIPALIDAD DE PUERTO AYSÉN Rol: C1559-12

Consejo para la Transparencia, 23/11/2012

Se dedujo amparo en contra de la Municipalidad de Puerto Aysén, fundado en que no dio respuesta a la solicitud de información referente a la copia de la carpeta de extracción de las empresas individualizadas, así como las actas de fiscalización de la extracción efectuada frente a la propiedad arrendada por una de las empresas. El Consejo acoge el amparo, toda vez que la causal de secreto opuesta por el tercero (acceder a información que el requirente ya tiene en su poder), corresponde ser probada por quien la alega, ya que las simples afirmaciones resulten insuficientes para acreditar la configuración de la causal de secreto o reserva.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Requiere entrega


Descriptores analíticos:

Tema Industria (Productividad)
Materia Funciones y actividades propias del órgano
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 



Consejeros:

  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime), Presidente
  • Jorge Jaraquemada Roblero (Ausente)
  • José Luis Santa María Zañartu (Unánime)
  • Vivianne Blanlot Soza (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C1159-12

Entidad pública: Municipalidad de Puerto Aysén

Requirente: Maria Lueje Huerta

Ingreso Consejo: 13.08.2012

En sesión ordinaria Nº 391 del Consejo Directivo, celebrada el 23 de noviembre de 2012, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1159-12.

VISTO:

Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285, Nº 19.880, N° 18.695, y N° 11.402; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: Doña Maria Lueje Huerta, el 14 de junio de 2012, mediante presentación dirigida al Sr. Director de Obras de la Municipalidad de Puerto Aysén, vino en reiterar su solicitud de copia de la carpeta de extracción de Lueje e Hija S.A. y de la Sociedad Finlez y Ruiz, así como “las actas de fiscalización de la extracción efectuada frente a la propiedad arrendada por Lueje e Hija S.A., en el sector Balseo km. 20”.

2) RESPUESTA: La Municipalidad de Puerto Aysén, mediante correo electrónico de 23 de julio de 2012, indicó a la solicitante, en lo que interesa, que “en relación a la entrega de las copias de carpetas, éstas deben ser solicitadas mediante la Ley N° 20.285, por carta dirigida a la Sra. Alcaldesa”.

3) AMPARO: El 13 de agosto de 2012, doña Maria Lueje Huerta dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Puerto Aysén, fundado en que no se da respuesta a lo solicitado, vulnerándose con ello todos los plazos establecidos.

4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, trasladándolo mediante el Oficio N° 3.137, de 28 de agosto de 2012, al Sr. Director de Obras de la Municipalidad de Puerto Aysén, señalándole al efecto que en atención a la materia objeto de la solicitud de información presentada por la reclamante, procedería conferirle el traslado en virtud de las potestades desconcentradas que le otorga la Ley General de Urbanismo y Construcciones y la Ley Orgánica de Municipalidades.

La Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Aysén, a través del ORD. N° 1.651, de 14 de septiembre de 2012, presentó sus descargos, señalando, en síntesis que:

a) Con fecha 24 de julio de 2012 la Sra. María Elena Lueje Huerta ingresó una solicitud de acceso a la información pública en la Oficina de Partes del Municipio, “único documento ingresado por la vía formal al amparo de la Ley N° 20.285 sobre acceso a la información pública” por el que requería, “copia de carpeta de extracción de áridos de Sociedad Finlez y Ruiz Ltda., aprobada el 01/02112, de Lueje e Hija S.A., así como también respuesta a solicitudes de fiscalización de extracción de áridos en sector km. 20, de abril del presente año, en terreno frente a la propiedad que mantengo arrendada a Bienes Nacionales”. Señala que dicho requerimiento fue respondido mediante Oficio N° 0072, de 21 de agosto de 2012, dando respuesta a los requerimientos formulados, siendo notificada de ello a la solicitante mediante correo electrónico de 24 de agosto de 2012, cuya copia se adjunta, y por Correos de Chile.

b) Respecto de los correos electrónicos enviados por la recurrente al Sr. Director de Obras, indica que fueron respondidos en su oportunidad, no obstante, señala que por el citado Oficio N° 0072, se entienden cumplidas las obligaciones del Sr. Director de Obras y en consecuencia de este Municipio.

c) Agrega que, mediante el citado Oficio N° 0072, la Municipalidad de Aysén remiten a la recurrente el expediente de extracción de áridos N° 07109, aprobada mediante Decreto Alcaldicio N° 2303 de 8 de octubre de 2009, a favor de la empresa Lueje e Hija Ltda. El plano no se adjunta por no contar con los medios tecnológicos para su reproducción, como tampoco se cuenta con dicho servicio en la ciudad de Puerto Aysén. No obstante, le indican que pueden requerir dichos servicios en la ciudad de Coyhaique, por un valor de $2.750 por metro lineal.

d) Respecto de la solicitud de expediente de extracción de áridos de la Constructora Finlez y Ruiz Ltda., le remiten el Decreto Alcaldicio N° 2.354, de 21 de agosto de 2012, por el cual se deniega la entrega de información en razón de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, por haberse deducido oposición de un tercero en tiempo y forma. Al efecto le adjunta copia de la oposición de 20 de agosto de 2012.

e) Finalmente, le adjunta informe de visita a terreno pozo lastrero km. 20, de fecha 10 de mayo de 2012, efectuado por el Inspector de Obras, dirigido al Director de Obras de este Municipio.

5) OPOSICIÓN DEL TERCERO INVOLUCRADO: El representante legal de la Constructora Finlez y Ruiz Ltda., mediante documento de 20 de agosto de 2012, dirigido a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Aysén, manifestó su oposición a la entrega de la información solicitada por la Sra. Lueje Huerta, señalando al efecto que la misma peticionaria solicitó a la Dirección de Obras Hidráulicas, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, una información similar a la que actualmente requiere, sobre todo desde un punto de vista técnico, pues su representada desarrolló un proyecto de extracción de áridos que cumple con elevados estándares de calidad, asumiendo la totalidad de los costos asociados a ello. De esta forma, estima que la solicitud de la Sra. Lueje tiene por objeto obtener información que ya tiene en su poder, la que afecta sus derechos de carácter comercial o económico. Dicha afectación se produce, a su juicio, pues la carpeta contiene información de dicha índole y en el permiso se indica la cantidad de áridos que pretende extraer, con lo que contando con dicho guarismo y otros antecedentes de carácter comercial que obran en dicha carpeta, la Sra. Lueje, con un pequeño ejercicio, puede conocer los flujos financieros de la sociedad que represento, lo que no se condice con los principios que inspiran la Ley de Transparencia. Además estima que la conducta de la Sra. Lueje de recabar antecedentes de la sociedad que representa, va más allá de lo razonable, lo que no es propio de actores de un mercado que desarrollan el mismo giro de extracción de áridos.

6) TÉNGASE PRESENTE DE LA SOLICITANTE: Mediante presentación ingresada el 3 de septiembre de 2012, la recurrente manifestó a este Consejo haber recibido la respuesta enviada por la Municipalidad de Aysén, respecto de la cual efectuó las siguientes observaciones:

a) En cuanto a la denegación de la carpeta de extracción de áridos de la Constructora Finlez y Ruiz Ltda., señala, en primer término, que no es efectivo que la Dirección de Obras Hidráulicas le haya proporcionado la información que solicita. Además, que no es de su interés acceder a datos de carácter financieros, toda vez que el fundamento de su solicitud es acceder a los datos técnicos específicos de esta carpeta.

b) En este sentido, manifiesta que tiene derecho a tener acceso a información de las condiciones en que se otorgó un permiso de extracción, por ser estos de carácter público y así constatar si sus derechos no han sido vulnerados, en tanto que se le ha negado una solicitud de ampliación de extracción de áridos y en paralelo se le ha otorgado a la Constructora Finlez y Ruiz Ltda., una autorización de extracción en el sitio colindante al suyo. Es por ello requiere saber bajo qué condiciones técnicas se otorgó dicha autorización y así verificar que su sociedad no ha sido discriminada en sus derechos.

c) Por otra parte, señala que viene solicitando esta información desde hace más de 8 meses por oficina de partes de Municipalidad de Aysén sin obtener respuesta, hasta que en Junio se le requirió efectuar una nueva solicitud, haciendo expresa referencia a la Ley de Transparencia.

d) Respecto de los documentos de fiscalización de extracción ilegal de áridos, denunciada por ella a la Municipalidad de Puerto Aysén en reiteradas oportunidades, señala que se le ha enviado un documento fechado en mayo de 2012, que acompaña, y que no da cuenta ni de volúmenes de acopio, ni de localización así como tampoco de los trazos que existen en el cauce del río. Por tanto la información entregada no resulta oportuna en tanto que transcurrió largo tiempo entre la denuncia y la visita a terreno, ni suficiente por su carácter absolutamente general.

7) TRASLADO AL TERCERO INVOLUCRADO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, este Consejo acordó trasladar el presente amparo a la Constructora Finlez y Ruiz Ltda., como tercero interviniente en el presente amparo, lo que se materializó a través del Oficio N° 3.612, de 3 de octubre de 2012, con el objeto que presentara sus descargos u observaciones al presente amparo e hiciera expresa mención de los derechos que le asisten y que pudieran verse afectados con la publicidad de la información requerida.

Al respecto, el representante legal de la Constructora Finlez y Ruiz Ltda., mediante presentación ingresada a este Consejo el 29 de octubre de 2012, señaló en síntesis, lo siguiente:

a) En primer término señala que la sociedad que representa, con el objeto de formalizar y dar un sustento técnico a su giro, contrató los servicios de una empresa foránea, a fin de proponer, implementar y desarrollar un proceso de extracción de áridos desde el lecho del río, acorde con la normativa legal vigente. Proceso técnico que no estuvo ajeno a un sinnúmero de dificultades, a su juicio ocasionadas por la recurrente, quien a la sazón, arrendó al Ministerio de Bienes Nacionales una franja de terreno, que es colindante a aquella en que su representada explota su actividad.

b) A su vez, la Sra. Lueje, presentó a la Dirección de Obras Hidráulicas dependiente del Ministerio de Obras Públicas, una solicitud en la que pedía la carpeta presentada por su representada a dicha entidad y que guardaba relación con el citado proyecto del Km 20, referida. Aclara que, pese a sus aprehensiones y sólo por tratarse de un proyecto técnico y de largo plazo, no formuló oposición a dicha solicitud, lo que en definitiva le permitió acceder a la totalidad de la información, primando para su parte el interés en mantener las buenas relaciones con sus colindantes.

c) Posteriormente, la Sra. Lueje presentó una solicitud a la Municipalidad de Aysén, en que solicita la carpeta presentada respecto de la extracción de áridos en el Km20; que en definitiva, no es más que la misma información que le fuera entregada por la Dirección de Obras Hidráulicas, lo que a todas luces nos parece más que el ejercicio al derecho a la información un abuso del mismo y que claramente se aleja del espíritu de la Ley de Transparencia.

d) En definitiva, a la Sra. Lueje, pese a sus dichos, nada se le ha denegado, pues todo lo que solicita ya obra en su poder, por lo que la acción por ella deducida es absolutamente improcedente.

e) A mayor abundamiento, la carpeta que entrega mi parte a la Municipalidad de Aysén, difiere de la entregada a Obras Hidráulicas, solo en un aspecto de carácter estrictamente comercial y propio de la explotación del giro de la sociedad, cual es, contener una estimación de los áridos a extraer durante el año calendario en que se presentó, pues sobre la base de dicha información es que mi parte paga los correspondientes tributos o derechos municipales para el desarrollo de su giro.

f) En resumen, el tercero señala que el proyecto de extracción de áridos del Km 20, presentado por su parte tanto a la Dirección de Obras Hidráulicas como a la Municipalidad de Aysén, contiene una información de carácter técnica, sobre la base de un proyecto cuya ejecución comprende un lapso de tiempo de diez años, que está amparada en estudios técnicos, que importaron un elevado costo para su sociedad. Toda esta información ya la posee la Sra. Lueje, por habérsele entregado por la Dirección de Obras Hidráulicas. En su opinión, sólo es dable asumir que lo que ella pretende es lesionar o conculcar los derechos de su representada y, específicamente, porque se accedería a información estrictamente comercial, que dice relación a la cantidad de áridos que se van a extraer este año calendario en virtud de un proyecto a largo plazo. Con ello obtendrá una estimación de lo que mi parte va a extraer y como ambas sociedades desarrollan la misma actividad, con una simple operación aritmética, tendrá un monto estimado de lo que la sociedad que represento espera obtener como ingresos para este año comercial y creernos fehacientemente que este no ha sido el espíritu del legislador.

g) Finalmente, señala que no se debe desatender la especial circunstancia que la Sra. Lueje, es socia de un actor que participa en el mismo acotado mercado de la sociedad que represento.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, en primer término, resulta improcedente que la Municipalidad de Aysén frente a la solicitud de información formulada por la recurrente el 14 de junio de 2012, la que fue dirigida al Sr. Director de Obras de la Municipalidad de Puerto Aysén, haya requerido al reclamante que solicitara nuevamente los documentos “mediante la Ley N° 20.285, por carta dirigida a la Sra. Alcaldesa”; toda vez que, según lo ha manifestado este Consejo en la decisión de amparo Rol C1171-12, las solicitudes dirigidas al Director de Obras del municipio constituye un canal válido para efectuar solicitudes de información que, de ser formuladas, igualmente el alcalde se encuentra en la obligación de responder. Además, en la copia de la solicitud de acceso de la peticionaria, figura un timbre de recepción de la Oficina de Partes y OIRS del municipio, por lo que consta que finalmente la solicitud de acceso, no obstante estar dirigida al Director de Obras, se presentó por el medio habilitado al efecto.

2) Que, al respecto, la Instrucción General N° 10, sobre procedimiento administrativo de acceso a la información, dictada por este Consejo, señala expresamente en su numeral 1.2 letra b) que, para efectos de individualizar el órgano administrativo al cual se dirige la solicitud de información, no será necesario identificar al jefe superior del servicio, cuestión que no es sino aplicación del principio de facilitación previsto en el artículo 11, letra f) de la Ley de Transparencia. De esta forma, se representará tal circunstancia a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Aysén, por cuanto dicha actitud ha significado una dilación indebida en la tramitación de la solicitud de acceso presentada por la Sra. Lueje Huerta.

3) Que, en cuanto al fondo del asunto, de conformidad con lo señalado por la peticionaria en su presentación de 3 de septiembre de 2012, el amparo de la especie se circunscribe únicamente a la carpeta de extracción de la Constructora Finlez y Ruiz Ltda., y a las actas de fiscalización de la extracción efectuada frente a la propiedad arrendada por Lueje e Hija S.A., en el sector Balseo km 20; entendiendo que el requerimiento referido a la carpeta de extracción de la sociedad que representa, se encuentra satisfecho con los documentos proporcionados por la reclamada en su Oficio N° 0072, de 21 de agosto de 2012. No obstante ello, habiéndose proporcionado tales antecedentes una vez transcurrido el plazo de 20 días hábiles, cabe señalar que dicha respuesta fue entregada en forma extemporánea.

4) Que, el artículo 11 de la Ley N° 11.402, sobre obras de defensa y regularización de las riberas y cauces de los ríos, lagunas y esteros, dispone que: “La extracción de ripio y arena de los cauces de los ríos y esteros deberá efectuarse con el permiso de las Municipalidades previo informe favorable de la Dirección General de Obras Públicas”. En el mismo sentido, el artículo 5° literal c), de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, recoge lo antedicho, al establecer como atribución de los municipios el administrar los bienes nacionales de uso público incluido el subsuelo, dentro de las cuales se encuentra la prerrogativa de otorgar las autorizaciones de extracción de áridos.

5) Que, según lo ha manifestado este Consejo en la decisión de amparo Rol C764-12, en lo referido al procedimiento de extracción de áridos, una vez recepcionado el proyecto por el respectivo municipio -el cual comprenderá las especificaciones técnicas y contractuales que rigen la extracción realizada por la respectiva empresa, así como la obras de mitigación contempladas hacia la comunidad-, será remitido para la revisión de su factibilidad técnica a la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, órgano que se limita a otorgar una asesoría técnica, para posteriormente reenviar los antecedentes tenidos a la vista a la Municipalidad de origen mediante oficio de la Unidad de Obras Fluviales, para su posterior aprobación mediante decreto municipal. Ello en conformidad a la normativa precitada, así como por lo establecido en el artículo 14 literal l) del D.F.L N° 850, del Ministerio de Obras Públicas, de 1998, toda vez que en base a dichos antecedentes el Director General de Obras Públicas podrá determinar zonas no afectas a la extracción de áridos.

6) Que, a juicio de este Consejo con la expresión “la carpeta de extracción de la Constructora Finlez y Ruiz Ltda.” a que hace referencia la solicitud, en razón de lo señalado en los considerandos precedentes, cabe entender que con ello se pretende acceder a los antecedentes del procedimiento administrativo que concluye con el otorgamiento del permiso de extracción de áridos por parte de la Municipalidad de Aysén, a favor de la citada empresa.

7) Que, establecido que la municipalidad reclamada otorgó un permiso de extracción de áridos a la constructora, lo que ha sido ratificado por esta última, cabe entender, a la luz de lo dispuesto en los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, que tanto dicho acto administrativo como todos sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, los procedimientos que se utilicen para su dictación, como asimismo la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, es de carácter publica, de modo que de no concurrir una causal de reserva por la que se vea impedida su entrega, ésta debería proporcionarse a la solicitante.

8) Que, a mayor abundamiento, en diversas decisiones este Consejo ha señalado que la información sobre el pago de derechos municipales es de carácter pública (decisiones de los amparos roles C472-10, C771-11 y C643-12, entre otras), al igual que la identidad de los deudores y el monto adeudado (decisión del amparo rol C403-11), de modo que aquellos elementos que sirven para determinar su cuantía, siendo antecedentes para otorgar un permiso y determinar el monto a pagar, son igualmente públicos, más aún considerando que a través de ello se permite el control social sobre dichas autorizaciones y patentes a fin de verificar que se hayan ajustado a las disposiciones correspondientes.

9) Que, sin perjuicio de lo anterior, el tercero involucrado se opuso a la entrega de la información, alegando la concurrencia de la causal prevista en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, fundado en que la peticionaria pretende acceder a información que ya tiene en su poder, la que afecta sus derechos de carácter comercial o económicos, toda vez que “en el permiso se indica la cantidad de áridos que se pretenden extraer con lo que contando con dicho guarismo y otros antecedentes de carácter comercial que obran en dicha carpeta, la Sra. Lueje, con un pequeño ejercicio puede conocer los flujos financieros de la sociedad”. Asimismo agregó que con dicha estimación es posible determinar el monto de los derechos municipales correspondientes que paga la empresa –en tanto se calculan sobre dicha base-, además de obtener el monto de los ingresos estimados para este año comercial.

10) Que, la jurisprudencia de este Consejo en forma reiterada ha resuelto que cuando se invoca una causal de secreto o reserva al derecho fundamental de acceso a la información (decisiones recaídas en los amparos Roles A7-09; A39-09 y A140-09, C198-10 y C1590-11, entre otras), por la que se extinguiría la obligación de entregar la información, corresponde que sea probada por quien la alega, ya que las simples afirmaciones resultan insuficientes para acreditar la configuración de la causal de secreto o reserva de que se trate. Además, según se ha manifestado en las decisiones de los amparos Roles C850-10, C492-11, C929-11, entre otras, la afectación debe ser presente o cierta, probable y específica para justificar la reserva alegada.

11) Que, la oposición de la empresa se fundamenta en que en el permiso se indica la cantidad de áridos que se pretende extraer y que los datos permiten determinar el monto de los derechos municipales y una estimación de las ganancias, todo lo cual no permite a este Consejo dar por acreditada, en los términos expuestos en el considerando precedente, la afectación alegada, por cuanto no ha explicitado concretamente los derechos económicos que se verían vulnerados con la publicidad de la información, así como tampoco ha indicado a qué información se refiere ni la forma en que su publicidad, comunicación o conocimiento podría afectar sus derechos, razón por la que habrá de desestimar la causal de reserva alegada. En consecuencia se acogerá el amparo respecto de “la carpeta de extracción de la Constructora Finlez y Ruiz Ltda.”.

12) Que, en lo que atañe a las actas de fiscalización de la extracción efectuada frente a la propiedad arrendada por Lueje e Hija S.A., en el sector Balseo km 20, la recurrente manifestó a este Consejo que en reiteradas oportunidades le han enviado un documento fechado en mayo 2012, el que, en su opinión, no da cuenta de las situaciones por ella alegadas, por lo que estima que “la información entregada no resulta oportuna en tanto transcurrió largo tiempo entre la denuncia y la visita a terreno, ni suficiente por su carácter absolutamente general”. Al respecto es preciso señalar que las alegaciones referidas a la oportunidad en que un determinado organismo efectúe sus labores de fiscalización, así como la evaluación del contenido de los documentos levantados al efecto, no es de competencia de este Consejo, en tanto no le corresponde calificar el actuar de los órganos de la Administración del Estado, de modo que tal requerimiento resulta improcedente en esta sede. Conforme a ello, se tendrá por satisfecho tal requerimiento, aunque en forma extemporánea, con la remisión del documento respectivo por parte de la entidad edilicia reclamada.

13) Que, por último, este Consejo rechaza la petición efectuada por el tercero involucrado en orden a que se oficiara a la Dirección de Obras Hidráulicas de la Undécima Región de Aysén, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, y se certifique como es efectivo que la información solicitada por la recurrente le fue entregada en su oportunidad, por cuanto ello resulta innecesario a la luz de lo resuelto precedentemente.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger el amparo deducido por Maria Lueje Huerta, en contra de la Municipalidad de Puerto Aysén, dando por entregada en forma extemporánea la información referida a la carpeta de extracción de la empresa que representa y las actas de fiscalización de la extracción efectuada frente a la propiedad arrendada por Lueje e Hija S.A., en el sector Balseo km 20, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.

II. Requerir a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Aysén, que:

a) Entregue a la reclamante copia de la carpeta de extracción de la Constructora Finlez y Ruiz Ltda., esto es, de todos los antecedentes del procedimiento administrativo que concluye con el otorgamiento del permiso de extracción de áridos por parte de la Municipalidad de Aysén, a favor de la citada empresa.

b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

c) Informe el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Agustinas Nº 1291, piso 6º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

III. Representar a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Aysén, que:

a) Al requerir a la solicitante que efectuara una nueva solicitud de información mediante la Ley N° 20.285, ha dilatado indebidamente la tramitación de la solicitud de acceso presentada, con lo que se ha vulnerado las normas contenidas en la Ley de Transparencia, específicamente los principios de facilitación y oportunidad, por lo que se requerirá que adopte las medidas pertinentes a efectos que no se reiteren situaciones como las acontecidas en el presente amparo.

b) Al no dar respuesta a la solicitud de la requirente dentro del plazo establecido en la Ley, se ha infringido lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley de Transparencia y el principio de oportunidad consagrado en la letra h) del artículo 11 del mismo cuerpo legal, razón por la cual deberá adoptar las medidas administrativas y técnicas necesarias a fin de dar oportuna respuesta a los requerimientos de información que se le presenten.

IV. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a Maria Lueje Huerta, al representante legal de la Constructora Finlez y Ruiz Ltda. y a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Aysén.

En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley Nº 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia que el Consejero don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo.

Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia, don Enrique Rajevic Mosler.