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Gabriel Hernán Escobar Gutiérrez con HOSPITAL SAN CAMILO Rol: C283-10

Consejo para la Transparencia, 17/08/2010

Se solicita amparo en contra de Hospital por denegar solicitud de acceso a información correspondiente al personal paramédico de planta (Copias de contratos, grado de escalafón administrativo y copias de las últimas seis liquidaciones de sueldo). El Consejo acoge parcialmente el amparo y estima que la información contenida en las liquidaciones de remuneraciones solicitadas por el requirente, corresponde a información cuya divulgación afecta los derechos de terceros, configurándose una causal de secreto o reserva, conforme a lo dispuesto en el numeral 2 del art. 21 de la Ley de Transparencia.


Tipo de solicitud y resultado:

  • Parcialmente


Descriptores analíticos:

Tema Salud
Materia Gestión de personas
Tipo de Documento Documentos Oficiales.Documentos 

Legislación aplicada:


Consejeros:

  • Raúl Urrutia Ávila (Unánime), Presidente
  • Alejandro Ferreiro Yazigi (Unánime)
  • Juan Pablo Olmedo Bustos (Unánime)
  • Roberto Guerrero Valenzuela (Unánime)

Texto completo:

DECISIÓN AMPARO ROL C283-10

Entidad pública: Servicio de Salud Aconcagua – Hospital San Camilo

Requirente: Gabriel Hernán Escobar Gutiérrez

Ingreso Consejo: 13.05.10.

En sesión ordinaria N° 174 de su Consejo Directivo, celebrada el 17 de agosto de 2010, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C283-10.

VISTOS:

Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la Ley N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; el D.F.L. N° 29, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo; y, los D.S. N° 13/2009 y 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.

TENIENDO PRESENTE:

1) SOLICITUD DE ACCESO: El 6 de abril de 2010, don Gabriel Hernán Escobar Gutiérrez, solicitó al Director del Hospital San Camilo de la ciudad de San Felipe, dependiente del Servicio de Salud Aconcagua, la siguiente información correspondiente al personal paramédico de planta:

a) Copias de contratos (con fecha histórica de ingreso).

b) Grado de escalafón administrativo (actualizado).

c) Copias de las últimas seis liquidaciones de sueldo, del siguiente personal: funcionarios Leonardo Oyaneder, Rubén Pinares y Ester B. Muñoz Castillo.

2) RESPUESTA: Mediante Ordinario N° 655, de 21 de abril de 2010, el Director del Hospital San Camilo, dio respuesta a la solicitud anterior, señalando lo siguiente:

a) Según lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, los funcionarios cuya información se solicita se oponen a la entrega de los documentos solicitados, razón por la cual no se accede a la petición (letra a y c).

b) Según lo dispuesto en el artículo 7° letra d), la información solicitada en la letra b) se encuentra disponible en la página web www.minsal.cl.

3) AMPARO: Que don Gabriel Hernán Escobar Gutiérrez, formuló amparo por denegación de acceso a la información el 13 de mayo de 2010 ante el Consejo para la Transparencia, por haber recibido una respuesta negativa a la solicitud de información, fundada en la oposición de terceros.

4) DESCARGOS U OBSERVACIONES AL AMPARO DEL ORGANISMO RECLAMADO: Que el Consejo Directivo de este Consejo, en su sesión ordinaria N° 150, de 20 de mayo de 2010, acordó admitir a tramitación este amparo y conferir traslado al Servicio de Salud de Aconcagua, mediante oficio N° 932, de 26 de mayo de 2010. En respuesta al mismo, mediante Ordinario N° 1267, recibido el 8 de junio de 2010, la Sra. Directora del Servicio de Salud Aconcagua, formuló sus descargos u observaciones al presente amparo, en los siguientes términos:

a) Primero, admitida a trámite la solicitud de información se advirtió que entregar la información requerida en las letras a) y c) podría afectar los derechos de los funcionarios indicados en ella, motivo por el cual, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, el Director del Hospital San Camilo comunicó a estos tres funcionarios del tenor de la petición y el derecho que les asistía para oponerse.

b) Con esto, dentro de plazo, los tres funcionarios ejercieron su derecho y manifestaron su oposición a la entrega de la información, fundada en las razones indicadas en cada documento de respuesta, que en copia se acompañan.

c) A continuación, mediante Oficio N° 655 del Director del Hospital San Camilo, se le dio respuesta al Sr. Escobar, en el sentido que se negaba acceso a la información a que se refieren las letras a) y c) de su presentación, por existir oposición fundada de los funcionarios involucrados, haciendo presente que la información requerida en la letra b) de su presentación, estaba disponible en la página web del Servicio.

d) Finalmente, dicha Dirección de Salud solicita rechazar el amparo al derecho de información requerido por don Gabriel Escobar Gutiérrez ante este Consejo, en atención a que oportunamente se le habría entregado la información disponible, negándole acceso respecto de aquella en que los funcionarios involucrados formularon oposición, quedando el establecimiento en ese momento impedido de poner a disposición del recurrente los antecedentes por él solicitados, conforme lo dispuesto en el inciso 3° del arto 20 de la Ley 20.285.

5) DESCARGOS U OBSERVACIONES AL AMPARO DE LOS TERCEROS INVOLUCRADOS: Además del traslado conferido al órgano reclamado, el Consejo Directivo de este Consejo, confirió traslado a los terceros involucrados, esto es, los funcionarios respecto de los cuales se solicitó copia de sus liquidaciones de sueldo, doña Ester Muñoz Castillo, don Leonardo Oyaneder Leiva y don Rubén Pinares Saavedra, a través de los oficios N° 933, 934 y 935, respectivamente, todos de 26 de mayo de 2010. Los mencionados funcionarios evacuaron sus respectivos traslados, remitiéndolos por intermedio de la Directora (S) del Servicio de Salud Aconcagua, según Ordinario N° 1.325 de 8 de junio de 2010, ingresado a este Consejo el 16 de junio de 2010, planteando en ellos los argumentos que a continuación se describen:

a) La funcionaria doña Ester Muñoz Castillo, solicita se consideren los descargos hechos ante el Servicio de Salud Aconcagua en abril 2010, según los cuales se opone a la entrega de la información bajo los siguientes argumentos:

i. La información podría ser mal utilizada por el solicitante,

ii. Por considerar que se trata de información de carácter personal y reservada, referida a temas que no le incumben al solicitante;

iii. Que si bien estuvieron casados, actualmente se encuentran divorciados según consta en Certificado del Registro Civil que se adjunta, de tal manera que no tendría obligaciones ni temas pendientes con el solicitante;

iv. Con respecto a la letra c, esta información se encuentra disponible en la web del Servicio de Salud de Aconcagua (Gobierno Transparente.)

b) Por su parte, los funcionarios don Leonardo Oyaneder Leiva y don Rubén Pinares Saavedra, se oponen igualmente a la solicitud que hiciera don Gabriel Hernán Escobar Gutiérrez con fecha 16 de abril de 2010, específicamente lo pedido en las letras a) y c), reiterando los argumentos entregados en la oposición presentada ante el Servicio de Salud Aconcagua, los que se resumen en:

i. En lo que se refiere al contrato de trabajo, no existe ninguna relación legal ni jurídica que los una al solicitante.

ii. En cuanto a las copias de sus liquidaciones de sueldo, no existe juicio laboral, ni familiar, ni civil, que justifique dar esta información.

iii. Se trataría de documentos que no prestarían ninguna utilidad al solicitante, además de tener como finalidad causar molestias y hacer mal uso de ellos.

iv. Con respecto al grado de Escalafón Administrativo actualizado, se encuentra disponible en la página web del Servicio de Salud Aconcagua, (Gobierno Transparente).

v. Por último, el Sr. Pinares relata que la persona del solicitante lo estaría amedrentando desde hace 15 años, asegura que lo conoce, pero no existe ninguna relación con él y por eso cualquier información suya es injustificada en sus manos y puede mal utilizarla.

Y CONSIDERANDO:

1) Que, para una mejor resolución de este amparo ha sido necesario realizar un análisis separado según cada una de las peticiones planteadas por don Gabriel Hernán Escobar Gutiérrez, en su solicitud de información.

2) Que, en relación al primer antecedente solicitado, esto es, las “copias de contratos (con fecha histórica de ingreso)” del personal paramédico de planta del Hospital San Camilo de San Fernando, cabe aclarar que, por tratarse de personas pertenecientes a la planta de funcionarios de un órgano de la Administración del Estado, su vínculo laboral no está formalizado por un contrato de trabajo, sino por un acto de la autoridad pública. Por ende, cabe entender que lo solicitado en este punto por el Sr. Escobar se refiere al decreto o resolución de nombramiento de cada uno de los funcionarios públicos a que se hace referencia, quienes ostentan la calidad jurídica de funcionarios de planta, es decir, aquellos cargos permanentes asignados por ley a cada institución (artículo 3, letra b) del Estatuto Administrativo), específicamente quienes se desempeñen como auxiliar paramédico del Hospital San Camilo de San Felipe.

3) Que, se ha de tener presente que este Consejo ha sentado como principio fundamental el que la esfera de privacidad del personal que trabaja para la Administración del Estado, es más reducida que la del resto de las personas, en virtud, precisamente, de las funciones que éstos ejercen. En este sentido cabe citar las decisiones de amparo A47-09, de 15 de julio de 2009, A58-09, de 4 de agosto de 2009 y A95-09 y A327-09, ambas de 6 de noviembre de 2009. Idéntico criterio se ha aplicado respecto de otros instrumentos de medición de desempeño (decisión A323-09, de 20 de noviembre de 2009), los registros de asistencia (decisiones A181-09, de 15 de julio de 2009, y C434-09, de 27 noviembre de 2009) y el currículum vítae de algunos funcionarios (decisión C95-10).

4) Que, en base a lo anterior, dado que los documentos solicitados corresponden a actos o resoluciones de un órgano de la Administración del Estado, que obran en su poder y han sido elaborados con presupuesto público, como es el caso, en virtud del principio de transparencia de la función pública, prima facie, son públicos, salvo que concurra una causal legal de reserva y, por tanto, este Consejo considera que procede ordenar su entrega al solicitante.

5) Que, en segundo lugar, respecto a la solicitud de informar el “Grado de escalafón administrativo (actualizado)” de los mismos funcionarios paramédicos de planta, dicha información forma parte de aquella que, en virtud del artículo 7° de la Ley de Transparencia, el Servicio debe mantener a disposición permanente del público, a través de su sitio electrónico. Así, mediante Ordinario N° 655, de 21 de abril de 2010, el Sr. Director del Hospital San Camilo, respondió al solicitante de información, en este punto, señalando que “la información solicitada se encuentra disponible en la página web www.minsal.cl”.

6) Que, no obstante lo anterior, analizado el contenido mismo de la respuesta, ésta no resulta suficiente para considerar entregada a cabalidad la información que específicamente se ha solicitado al servicio público reclamado. Lo anterior infringe lo prescrito en el artículo 15 de la Ley de Transparencia que dispone que: “Cuando la información solicitada esté permanentemente a disposición del público, o lo esté en medios impresos tales como libros, compendios, folletos, archivos públicos de la Administración, así como también en formatos electrónicos disponibles en internet o en cualquier otro medio, se comunicará al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a dicha información, con lo cual se entenderá que la Administración ha cumplido con su obligación de informar” (lo destacado es nuestro). Este Consejo estima que el simple señalamiento que hace el requerido de que la información se encuentra disponible en la página web del Ministerio de Salud, sin señalar mayores antecedentes que permitan al solicitante que acceda con facilidad al lugar específico en que ésta se encuentra, no cumple con un estándar mínimo de determinación, esto es, el señalamiento de la fuente, lugar y forma en que se puede tener acceso, que permita al solicitante encontrar la información de forma expedita. Dicha circunstancia infringe, asimismo, el principio de facilitación, consagrado en el artículo 11 letra f) de la Ley de Transparencia y el artículo 15 de su Reglamento (aplica lo resuelto anteriormente en decisión de amparo Rol C197-10). Por lo anterior, se ordenará al Servicio reclamado a que, sin perjuicio de haber hecho referencia genérica al sitio web del Ministerio de Salud –donde se encuentra disponible la información, aunque de manera dificultosa– indique específicamente al reclamante la fuente, lugar y forma en que se puede tener acceso, de una manera expedita, a la información requerida.

7) Que, en tercer lugar, corresponde analizar la solicitud acerca de las copias de las últimas seis liquidaciones de sueldo, de los funcionarios Leonardo Oyaneder Leiva, Rubén Pinares Saavedra y Ester Muñoz Castillo. Revisado el sitio electrónico del Servicio de Salud Aconcagua, el día viernes 10 de agosto a las 12:38 hrs, este Consejo constató que las personas mencionadas en la solicitud de información son funcionarios del Hospital San Camilo, todos ellos auxiliares paramédicos, de la planta técnica del Servicio de Salud Aconcagua.

8) Que, previa comunicación de la autoridad requerida, los funcionarios respecto de quienes se solicita la información se opusieron a la entrega de sus liquidaciones de sueldo de los últimos seis meses, bajo los fundamentos detallados en la parte expositiva de la presente decisión, que en resumen, dicen relación con la afectación de su derecho a la protección de su vida privada.

9) Que, en primer lugar cabe señalar que las liquidaciones de remuneraciones entregadas por el Hospital San Camilo dependiente del Servicio de Salud Aconcagua, a sus funcionarios, que dan cuenta del detalle de las mismas, corresponde a documentos que, por encontrarse en poder de la Administración y haber sido elaborados con presupuesto público, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, tienen, en principio, el carácter de información pública, salvo la concurrencia de alguna causal legal de reserva. Existiendo oposición a la entrega de esta información de parte de terceros que alegan ver afectados sus derechos, y atendida la información específica que contienen las liquidaciones de remuneraciones tenidas a la vista, resulta necesario realizar un análisis detallado de aquellas, a fin de determinar si contienen información que, en los hechos, pudiera vulnerar la adecuada protección de la vida privada de sus titulares.

10) Que el Servicio de Salud Aconcagua ha acompañado al presente procedimiento, en virtud de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, copia de las liquidaciones de remuneraciones de los funcionarios antes individualizados, constatando que los mencionados documentos dan cuenta de información relativa al periodo pagado, los días trabajados, nombre y RUT del funcionario, nombre de la A.F.P e institución de salud a la cual se encuentra afiliado, además del grado, escalafón, antigüedad en el cargo, cargas familiares, horas extraordinarias, haberes y descuentos practicados.

11) Que conforme a la Ley de Transparencia y a su Reglamento, los órganos de la Administración sujetos a la aplicación de dichas normas, deben mantener a disposición permanente del público y actualizados, a través de sitios electrónicos, “La planta de personal y el personal a contrata y a honorarios, con las correspondientes remuneraciones”. En el caso de los funcionarios de planta y a contrata, debe consignarse la escala de remuneraciones que le corresponda, en la que, además, se debe indicar la remuneración bruta mensualizada, que equivale a la suma mensual de las remuneraciones y asignaciones que, para cada grado o cargo con jornadas, tiene derecho a percibir el funcionario en razón de su empleo o función en forma habitual y permanente.

12) Que, por otro lado, la Instrucción General N° 4, sobre Transparencia Activa, regula, en el artículo 1.4, la forma en que debe practicarse la publicación de la información indicada precedentemente. A mayor abundamiento, en lo que interesa al presente amparo, la citada Instrucción señala que para informar la remuneración de los funcionarios de planta y a contrata “se consignará en el respectivo sitio electrónico la escala de remuneraciones que le corresponda, la que deberá tener una correlación con las plantas y grados o cargos con jornadas consignadas en las plantillas de funcionarios señaladas precedentemente. En la misma deberá hacerse mención expresa y desglosada de todas y cada una de las asignaciones contempladas para el cálculo de la remuneración mensual”… “También deberá informarse, en la columna antes señalada, si el funcionario tiene derecho al pago de horas extraordinarias en forma habitual y permanente, entendiéndose que se encuentra en esta situación si percibe el pago de horas extraordinarias durante 4 meses o más, en forma consecutiva. En dicho caso se indicará el número de éstas y el monto exacto percibido por este concepto en el mes informado.”

13) Que, de este modo, la información relativa al periodo pagado, nombre, grado y escalafón del funcionario, fecha de ingreso y los haberes, posee el carácter de información pública, ya que corresponde a información que los órganos de la Administración Pública deben informar en sus sitios electrónicos en cumplimiento de las normas de transparencia activa indicadas precedentemente. Por esta razón, dicha información, contenida en las liquidaciones de remuneraciones solicitadas, es de carácter público.

14) Que, en relación al resto de los antecedentes de que dan cuenta las liquidaciones en estudio, esto es, la información relativa al RUT de sus funcionarios, días trabajados, jornada de trabajo, pago de horas extras no permanentes y de cargas familiares, el nombre de la A.F.P e institución de salud a la cual se encuentran afiliados y los descuentos efectuados a sus remuneraciones, debe entenderse que ésta, en principio, es pública, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 5°, 10 y 11 letra c) de la Ley de Transparencia, a menos que se encuentre en alguno de los casos de excepción contemplado por dicha ley, y, por lo tanto, tenga el carácter de secreta o reservada, razón por la cual se hace necesario determinar si la información indicada en este considerando se encuentra en alguno de estos casos de secreto o reserva.

15) Que, este Consejo ha sido consistente en su opinión (en decisiones A10-09 y A126-09, entre otras) de considerar que el R.U.T. de los funcionarios es un dato personal obtenido de los propios interesados en acceder a la función pública (art. 13 del Estatuto Administrativo), y no directamente de un registro público, sólo para su tratamiento al interior del servicio público respectivo y no para su cesión a terceros, por lo que debe considerarse como información secreta o reservada, debiendo ésta tarjarse.

16) Que, el dato de los días trabajados por cada funcionario, la cantidad y monto de horas extraordinarias asignadas, dice relación directa con el desempeño de sus respectivas funciones así como con la contraprestación económica que percibe por ellas, de tal suerte que esta constituye información que debe ser proporcionada a quien así lo solicite, ya que permiten efectuar un debido control de la función pública y del destino de los recursos confiados al órgano requerido.

17) Que, por otra parte, cabe señalar que el pago de cargas familiares no constituye remuneración, y no es una contraprestación económica que el funcionario perciba por el ejercicio de su cargo y funciones públicas, sino que es un beneficio que se otorga a las personas indicadas en la letra b) del artículo 3° del D.F.L. N° 150/81, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que regula el Sistema Único de Prestaciones Familiares. Si bien es cierto que el pago de este beneficio se genera a partir de un hecho personal y particular del beneficiario, que dice relación con el parentesco que posee con un funcionario, dicho pago constituye un beneficio social financiado con fondos públicos, de tal suerte que es de interés público conocer si se paga correctamente, por lo que, en definitiva, se ha de considerar como información pública que debe ser proporcionada por el órgano requerido.

18) Que, siguiendo similar razonamiento al realizado por este Consejo en su decisión de amparo Rol C211-10, respecto de los descuentos que se pueden practicar a los funcionarios de la administración, estos pueden clasificarse en descuentos que la ley ordena; descuentos que la ley autoriza; y, descuentos de índole personal.

Entre los primeros, se encuentran las cotizaciones de Salud, cotizaciones previsionales, descuentos por desahucio, e impuesto único (artículos 42 y 43 de la Ley sobre Impuesto a la Renta).

Por su parte, entre los descuentos que la ley autoriza, se encuentran los correspondientes al pago de cuotas de asociaciones gremiales, servicio de bienestar, cotizaciones voluntarias al Fondo de Pensiones (artículo 21 del Decreto Ley N° 3.500, de 1980), y las Cotizaciones voluntarias al Fondo de Salud.

Por último, los descuentos personales, corresponden a aquellos descuentos que el empleador realiza a petición expresa del funcionario para fines distintos a los señalados en forma previa.

19) Que, en la Instrucción General N° 4, Sobre Transparencia Activa, se establece como buena práctica publicar incluir en el sitio electrónico del órgano de la Administración “un link respecto de cada funcionario a un documento que contenga su remuneración mensual bruta y líquida, las asignaciones mensuales que le correspondan, el monto de cada una de ellas y los descuentos legales”, agregando que “para el cálculo de la remuneración líquida sólo se considerarán los descuentos legales de carácter estrictamente obligatorio, como por ejemplo, los que se efectúan por concepto de impuestos, cotizaciones previsionales y de salud obligatorias, etc.”, de lo que se desprende que los descuentos legales de carácter estrictamente obligatorio, como los señalados en la norma transcrita precedentemente, tienen el carácter de información pública, y, por lo tanto, si no es publicada en los sitios electrónicos respectivos, debe ser entregada a las personas que lo soliciten.

20) Que, para determinar si los demás descuentos a que se ha hecho referencia, esto es, aquellos que la ley autoriza y los personales, poseen o no carácter público, debe realizarse un análisis de ellos frente a cada caso en particular, de modo que no resulta procedente pronunciarse en términos genéricos respecto de ellos. Es así como este Consejo ha podido constatar que en las liquidaciones de remuneraciones que fueron solicitadas por el requirente al Servicio de Salud Aconcagua figuran descuentos por los siguientes conceptos: i) pago de cuotas del comité de bienestar; iii) cuotas de asociaciones gremiales; iv) pago de cuotas de créditos de consumo; v) ahorros voluntarios; y, vi) pago de cuentas.

21) Que, los descuentos realizados a los funcionarios por los conceptos señalados en el considerando precedente, así como el monto de los mismos, no guarda relación alguna con el desempeño de sus respectivos cargos públicos y de sus funciones, de modo que dichos descuentos no constituyen más que un dato de contexto que, por lo demás, se refiere a la esfera de la vida privada del funcionario y es un dato de carácter personal, en los términos establecidos en la letra f) del artículo 2° de la Ley N° 19.628, sobre Protección de datos de carácter personal. Por otro lado, la información relativa a los descuentos señalados provienen de fuentes no accesibles al público, ya que ha sido el propio funcionario quien ha solicitado al Servicio que efectúe dichos descuentos, por la que es plenamente aplicable a la especie lo dispuesto en el artículo 7° del citado cuerpo legal.

22) Que, en atención a lo razonado en el considerado precedente y la oposición planteada por los terceros afectados, este Consejo estima que la información relativa a los descuentos indicados en los considerandos 20) y 21), contenida en las liquidaciones de remuneraciones solicitadas por el requirente, corresponde a información cuya divulgación afecta los derechos de terceros, configurándose una causal de secreto o reserva, conforme a lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 21 de la Ley de Transparencia.

23) Que, el mismo criterio debe aplicarse respecto de la identificación de las Administradoras de Fondos de Pensión, como de las instituciones de salud a la cual se encuentren afiliados, ya que es información irrelevante para el control que la ciudadanía puede realizar respecto del ejercicio de la función pública que ejerce cada funcionario.

24) Que, en lo que respecta a la alegación realizada por los terceros en sus respectivas oposiciones, en cuanto a la falta de motivo razonable por parte del peticionario para contar con la información solicitada, es necesario tener en consideración el principio de la no discriminación, consagrado en la letra g) del artículo 11 de la Ley de Transparencia y en el artículo 16 de su Reglamento, en virtud del cual los órganos de la Administración del Estado no pueden exigir expresión de causa o motivo para la solicitud de información, de tal suerte que el hecho de que el requirente no indique cuál es el fundamento que justifica su solicitud, no impide proporcionársela, por lo que la alegación en comento, deberá ser rechazada.

25) Que, en virtud de lo razonado, este Consejo acogerá parcialmente el amparo deducido por don Gabriel Hernán Escobar Gutiérrez, y ordenará al Servicio de Salud Aconcagua entregar copia de los decretos o resoluciones de nombramiento en los respectivos cargos de la planta técnica, junto con copia de las liquidaciones de las remuneraciones de los funcionarios individualizados en su solicitud de información, tarjando toda aquella información relativa al RUT, a la singularización de la AFP y sistema de salud al que se encuentren afiliados los funcionarios, como también aquella relativa a los descuentos por cuotas del comité de bienestar, cuotas de asociaciones gremiales, pago de cuotas de créditos de consumo, ahorros voluntarios y pago de cuentas, ello en aplicación del principio de máxima divulgación y de divisibilidad consagrado en el artículo 11 letras d) y e) de la Ley de Transparencia. Además, ordenará dicho Servicio que indique específicamente al reclamante la fuente, lugar y forma en que se puede tener acceso, de una manera expedita, a la información referida al “Grado de escalafón administrativo (actualizado)” de los funcionarios paramédicos de planta consultados.

EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTS. 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:

I. Acoger parcialmente el amparo interpuesto por don Gabriel Hernán Escobar Gutiérrez, en contra del Servicio de Salud Aconcagua, por los fundamentos desarrollados previamente.

II. Requerir a la Sra. Directora del Servicio de Salud Aconcagua para que:

a) Entregue la información solicitada por don Gabriel Hernán Escobar Gutiérrez, a través de su solicitud de información de 6 de abril de 2010, proporcionando copia de los decretos o resoluciones de nombramiento en los respectivos cargos de la planta técnica, junto con copia de las liquidaciones de las remuneraciones de los funcionarios doña Ester Muñoz Castillo, don Leonardo Oyaneder Leiva y don Rubén Pinares Saavedra, correspondiente a los meses comprendidos entre octubre de 2009 y marzo 2010, ambos meses incluidos, tarjando toda aquella información relativa al RUT, a la singularización de la AFP y sistema de salud al que se encuentren afiliados los funcionarios, como también aquella relativa a los descuentos por cuotas del comité de bienestar, cuotas de asociaciones gremiales, pago de cuotas de créditos de consumo, ahorros voluntarios y pago de cuentas, previo pago de los costos directos de reproducción, en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.

b) Informar al solicitante don Gabriel Hernán Escobar Gutiérrez, en aplicación del artículo 15 de la Ley de Transparencia y en el mismo plazo anterior, con precisión la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a la información planteada en la letra b) de su solicitud de información.

c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la dirección postal de este Consejo (Morandé N° 115, Piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.

d) Se rechaza el amparo en cuanto a toda aquella información contenida en las liquidaciones de remuneraciones que, de acuerdo con lo argumentado precedentemente, se ha declarando como información reservada.

III. Encomendar al Director General de este Consejo notificar el presente acuerdo a don Gabriel Hernán Escobar Gutiérrez, a la Sra. Directora del Servicio de Salud Aconcagua, al Sr. Director del Hospital San Camilo de San Felipe, y a doña Ester Muñoz Castillo, don Leonardo Oyaneder Leiva y don Rubén Pinares Saavedra.

Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Raúl Urrutia Ávila y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, don Juan Pablo Olmedo Bustos y don Roberto Guerrero Valenzuela. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.